- Según un avalúo comercial retrospectivo realizado por el IGAC, a solicitud de la CGR, a la fecha de su adquisición (2012) el valor real del inmueble comprado por el FNA era $34.775 millones.
- El precio total de compra (por el terreno y construcción, sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a la suma de $70.713 millones. El detrimento patrimonial surge de la diferencia entre esta cifra y la que arrojó el estudio del IGAC.
- La operación se hizo con base en un avalúo que el Fondo contrató con la firma Valor S.A., donde se estimó que el edificio, que era propiedad de la empresa Siemens, costaba $79.268 millones.
- Para la Contraloría este avalúo comercial presentó notorias deficiencias: no se hizo un verdadero estudio de las condiciones de mercado y del valor del metro cuadrado de oficinas en la zona.
- No hubo un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable y se presentaron inconsistencias en la muestra de mercado inmobiliario que consultó la firma avaluadora.
- Además, el valor de este avalúo resulto ostensiblemente mayor frente a otros que solicitó posteriormente el FNA.
La Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por la suma de $35.937 millones de pesos en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), originado por sobrecostos en la adquisición del inmueble donde actualmente funciona esta entidad.
Se incumplió el principio de planeación contractual y se materializó una gestión antieconómica, consideró el organismo de control al analizar la operación materializada por la anterior administración de la entidad.
El daño patrimonial se deriva de las debilidades que se dieron en la estructuración del proceso precontractual, específicamente al no proveer un adecuado procedimiento para establecer un precio de referencia comparable.
Y se da también por inconsistencias en el proceso de homogenización de la muestra de mercado inmobiliario consultada por la firma avaluadora (Valor S.A.) para determinar el valor comercial del inmueble, lo que según concepto técnico de la Contraloría debilitó la objetividad que se requería para este fin e impuso un alto nivel de subjetividad.
El precio total de compra del inmueble (terreno y construcción sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a la suma de $70.713 millones, que comparado con el valor comercial retrospectivo determinado para la CGR por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC ($34.775 millones), genera un daño al patrimonio del Estado en la cuantía señalada ($35.937 millones).
Para la Contraloría es claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado, constituyen una vulneración al deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición del inmueble.
La Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras resolvió así una denuncia ciudadana presentada en el curso de la auditoría realizada al Fondo Nacional del Ahorro (vigencia 2015).
Este hallazgo administrativo tiene también connotación disciplinaria y, por lo tanto, será trasladado para lo de su competencia a la Procuraduría General de la Nación.
