AQ.- A medida que el país enfrenta décadas de violencia, los funcionarios corporativos de empresas como Chiquita también deben ser responsables.
POR TYLER GIANNINI, MACKENNAN GRAZIANO Y KELSEY JOST-CREEGAN*
Dominio Público / PixabayAQ.- Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el presidente Donald Trump en Washington, DC,
el debate sobre la implementación colombiana del acuerdo de paz tomó el asiento trasero a otros temas, incluyendo la importancia de la cooperación económica continua.
"Somos y deseamos seguir siendo el mejor destino en América Latina para los negocios estadounidenses", comentó Santos en una conferencia de prensa conjunta.En Colombia, sin embargo, las perspectivas de conflicto y de negocios han estado históricamente entrelazadas, y para que la paz y la cooperación económica progresen, el legado de los negocios de los Estados Unidos para alimentar el conflicto de décadas, debe ser abordado.
Chiquita Brands International es un buen ejemplo. La empresa admitió haber pagado 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 al grupo paramilitar colombiano de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), famoso por los brutales ataques contra civiles de la época. Hoy, como Colombia trabaja para asegurar una paz duradera, es importante responsabilizar no sólo a quienes dispararon las balas, sino también a quienes ayudaron a pagar por ellas.
Aunque Chiquita como entidad corporativa se declaró culpable de financiar a las AUC en 2007, diez años más tarde, ni un solo funcionario corporativo ha sido acusado ni procesado, ni en los Estados Unidos ni en Colombia. Tanto el acuerdo de súplica como los documentos internos de la compañía obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington revelan que funcionarios corporativos de alto nivel diseñaron e implementaron esquemas de contabilidad complejos para Chiquita, con el propósito de oscurecer más de 100 pagos a la organización paramilitar.
Año tras año, pago tras pago, la evidencia muestra que los funcionarios corporativos tomaron decisiones para proteger sus intereses y continuar financiando ilegalmente a las AUC, sin embargo ninguno de ellos ha sido considerado responsable.