Así se calcula la plata por paciente en el Sistema de Salud colombiano, ¿por qué es un problema?

La UPC es un valor que determina el costo de la atención por cada afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 Fotos: archivo Unimedios.

La UPC se establece a partir de un estudio técnico que determina cuál puede ser el costo de la atención por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este rubro se le transfiere a la EPS para que atienda a esa persona. En 2024 el valor aproximado en el régimen subsidiado fue de 1.440.000 pesos y del contributivo de 1.250.000 pesos.

Economista Decsi Astrid Arévalo, investigadora del Grupo de Protección Social de
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.

“Las fuentes de información disponibles tienen 2 años de anterioridad, es decir que si queremos determinar el valor de la UPC en 2025, pero los datos recolectados son de 2023, y la estimación se está haciendo en 2024 la situación evidencia una complicación para establecer el costo real de la atención”, señala la economista Decsi Astrid Arévalo, investigadora del Grupo de Protección Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Sobre la composición de la UPC, la experta indica que esta tiene dos elementos: “funciona como un seguro, es más o menos equivalente al cálculo de una prima. Entonces, en el cálculo de la prima estaría: el valor del siniestro más los costos fijos, más los costos variables, más la utilidad. En el Sistema de Salud tendríamos que los costos fijos más los variables más la utilidad están sumados en un porcentaje de administración que se les reconoce a las EPS por hacer la gestión. Para el régimen contributivo el porcentaje es del 10 % y para el subsidiado del 8 %”, explica.

Se trata de establecer cuánto cuesta atender a la población, pero por supuesto no es lo mismo para personas adultas que para menores de edad, es decir que las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales requieren más atención y más asistencia en la prestación de servicios, y por lo tanto sale más caro.

Se trata es de establecer cuánto cuesta atender a la población, pero no es lo mismo
para personas adultas que para menores de edad, o en la ciudad que en el campo.

En ese sentido, para conocer el valor de la UPC se consideran aspectos como edad, sexo y ubicación del paciente, información que alimenta una matriz que también incluye el tipo de servicio y la fecha en que lo recibe, el diagnóstico, el tratamiento, los medicamentos, los dispositivos que le recomiendan, el lugar donde lo atienden, la entidad que lo atiende, el tipo de IPS, el tipo de contrato entre la EPS y la IPS, etc.

“Toda la información consignada es muy importante para calcular y saber cómo se ha comportado el Sistema de Salud. La matriz es más o menos de 56, o sea que se tendrían 56 agrupamientos, y es lo que reconoce el Gobierno para las EPS”, indica la académica.

Razones del sobrecosto

Otro elemento para calcular la UPC es cuál será el número de afiliados para el año que se está pronosticando, lo cual se relaciona con que hay nacimientos, muertes y emigración, es decir personas que salen del país, entre otros aspectos. “Hay que tener en cuenta que no todas las personas están afiliadas los 365 días, sino que salen y entran”, anota la académica.

En ese sentido, cada EPS presenta mensualmente su estado de afiliados, y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) calcula cuál sería el valor global en UPC para ese periodo y lo gira anticipadamente. Con ese dinero las EPS deben pagar las atenciones a la IPS.

“Cuando se creó el Sistema de Salud las EPS asumieron dos encargos importantes: (i) vigilar el riesgo epidemiológico, o sea estar atentas al perfil epidemiológico de la población, y (ii) velar por el riesgo financiero. Es decir que la EPS necesita conocer a su población, saber de qué se enferma, y hacer todos los planes requeridos para atender esas necesidades, y debe hacer los contratos con la IPS de modo que la plata alcance para atender a sus afiliados, tarea que no realizan juiciosamente”.

“Con este esquema nosotros hace rato que debíamos haber sabido cómo es y cómo evoluciona dicho perfil epidemiológico; la EPS debería saber cuál es su población que está en riesgo de sufrir qué tipo de enfermedades y podría anticipar y no esperarse a que la población llegue al hospital en un estadio cuatro de cáncer, por ejemplo”, explica la investigadora.

Las acciones de promoción y prevención de la enfermedad son muy

pocas y se realizan en pocas regiones, una situación que genera preocupación

en el mediano plazo.

En relación con el riesgo financiero, este se centra en los tipos de contratos firmados con las IPS y cómo se pagarán, ya sea de pago por capitación, que se pueden pagar anticipadamente, o por contra factura; “algunas EPS se tardan mucho tiempo, incluso más allá de los 180 días previstos para este tipo de trámites, por lo que el riesgo financiero se lo están trasladando a la IPS, que no suelen tener un músculo financiero para soportar el no pago de facturas”, cuestiona.

Así, aunque se trata de planear las atenciones a sus afiliados, es justamente esta situación la que está generando problemas de costos y sobrecostos en el Sistema de Salud del país.

¿Cuáles son los problemas del cálculo de UPC?

La economista Arévalo considera que el primer problema que se está presentando hoy es que no todas las EPS entregan su información; por ejemplo en el último año solo 15 lo hicieron, y de estas solo 8 tenían completa esta información, que se podría trabajar estadísticamente con los programas.

“Es decir, los cálculos se están haciendo con base en la información, en los lugares donde estén esas 8 EPS, y el resto de zonas no entran en el cálculo, no se sabe nada”.

“Al final para algunas zonas se establece un sobreprecio que no está basado en sus necesidades ni en su realidad; por tanto, reciben poco dinero para costos de transporte, por ejemplo; en esos lugares los medicamentos son mucho más costosos por el desplazamiento, muchas hay que ir en avión, en lancha, etc.

Otro problema se relaciona con los hallazgos del análisis adelantado en 2024 para la UPC de 2025, donde se encontraron datos exorbitantes. Por ejemplo, se encontraron casos de un solo paciente con 40.000 traslados en un mes; también había datos de medicamentos con sobreprecios.

Asimismo “se evidenció que las acciones de promoción y prevención de la enfermedad son muy pocas y se realizan en pocas regiones, una situación preocupante en el mediano plazo, ya que esto impactará en el incremento de las hospitalizaciones de los eventos de alto costo, lo que seguirá afectando al Sistema”, concluye la experta, quien ofreció sus aportes en la sección ABC de Periódico UNAL.

Presidente Petro pide a fiscales actuar frente al acaparamiento de medicamentos

Insu​lina sin distribuir hallada por la Supersalud en la bodega de un gestor
farmacéutico en Bogotá.

“Dije que estaban acaparando la insulina. Dicho y hecho. Descubrimos 113.000 unidades de insulina acaparadas", manifestó el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que se refirió a la auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la bodega de un gestor farmacéutico en Bogotá.

El mandatario consideró que “en la salud han crecido verdaderos vampiros", porque “acaparan para que no pase la reforma a la salud" y también “lo hacen para presionar a la Corte Constitucional para que se eleve la UPC (Unidad de Pago por Capitación)".

“La UPC no es insuficiente, simplemente se la roban", dijo y agregó: “No hay escape de medicamentos en Colombia, lo que hay es vampiros acaparando".​

El presidente Petro manifestó que en este caso “debe proceder la acción penal" y solicitó que “los fiscales actúen con sentido de justicia". ​

Resulta​dos de la auditoría

Cabe indicar que, en un comunicado de prensa, la Superintendencia Nacional de Salud reveló los resultados de la auditoría realizada en la bodega de una empresa farmacéutica ubicada en las afueras de Bogotá.

“El acta de auditoría revela que de una lista de 22 medicamentos de mayor demanda por los usuarios, ocho de estos tenían suficientes existencias", entre “los que se encuentra la insulina, medicamento que está en la lista de pendientes de los usuarios que acuden a los distintos puntos de dispensación de este gestor farmacéutico", precisó la Supersalud.

Según el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, “es incongruente que existiendo 113 mil unidades disponibles de un medicamento como la insulina, no se tengan unidades disponibles en los puntos de atención de los usuarios".

“No existe justificación alguna, ni de tipo administrativo ni por ninguna otra razón, para que estos medicamentos no estén disponibles para su entrega, y sí estén registrados como pendientes en las órdenes de los pacientes", aseguró el superintendente.

El funcionario precisó que, durante la auditoría, representantes de la gestora farmacéutica sostuvieron que las 113 mil unidades de insulina halladas en su bodega dependían de qué EPS se tenían asignadas para su entrega.

Frente a esto, la entidad de vigilancia y control recordó que “los trámites administrativos deben cumplir sus obligaciones y solventar las falencias que existan, sin que ello afecte o ponga en riesgo la salud de los afiliados al sistema de salud".

Finalmente, la Supersalud recalcó que la visita de auditoría “obedece a sus funciones de inspección y vigilancia, y al llamado del presidente Gustavo Petro para hacer de la supervisión algo mucho más estricto, teniendo en cuenta la situación que en estos momentos enfrenta el sistema general de seguridad social en salud".

Con respaldo del Gobierno productores de papa en Boyacá avanzan en asociatividad para mejorar precios y ventas

Productores pertenecientes a 50 asociaciones paperas de Boyacá dieron un paso importante hacia la creación de una asociación de segundo nivel que fortalezca el sector del cultivo, con el acompañamiento de la Dirección de Participación y Asociatividad de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), adscrita al Ministerio de Agricultura.

Este avance se dio en el marco de la primera Mesa Papera Asociativa, que tuvo lugar en la capital boyacense y en la que se abordaron temas de alto interés para el sector, como la necesidad de crear una federación que represente a los productores de papa del departamento ante los intermediarios, el establecimiento de compromisos que generen beneficios en materia de comercialización y precios, y el fortalecimiento de la comunicación entre las asociaciones y las instancias del Gobierno nacional.

En la mesa participaron productores paperos de los municipios de Turmequé, Cómbita, Siachoque, Ventaquemada, Belén, Tunja, entre otros.

Blanca Gladys Peña, representante de los paperos de la vereda El Porvenir, en Tunja, destacó la importancia de estos encuentros:

“Estas reuniones son muy importantes, puesto que, si no estamos afiliados, no vamos a tener ningún beneficio del Gobierno. Tenemos que estar en las asociaciones para poder recibir nuestros beneficios”.

Asociatividad fortalece al sector

El representante legal de la Asociación Agroindustrial y Pecuaria de la vereda Pozo Negro de Turmequé, Juan Carlos Herrera, considera que este es un proceso que se construye paso a paso.

“Como dijo nuestro presidente Gustavo Petro, la asociatividad debe ser un escalón de la agricultura y de la organización. Entonces, tenemos que organizarnos a ver si entre todos podemos gestionar y sacar proyectos adelante, porque, de manera independiente, es muy difícil impulsar proyectos de gran envergadura para el agro colombiano”, aseguró Herrera.

A su turno, Mauricio Arias, representante legal de la Asociación Agropecuaria Las Delicias del municipio de Siachoque, señaló que la asociatividad es fundamental para proteger al sector ante una eventual crisis.

“Yo quisiera que en Abastos nos asignaran una bodega para nosotros, los cooperados, y así llevar directamente nuestros productos al consumidor. Porque allá en Abastos, los intermediarios son los que manejan el dinero de los trabajadores del campo”, afirmó Arias.

En la mesa técnica también participaron jóvenes del sector papero, entre ellos John Fredy Fonseca, de la Asociación de Productores Rurales (Asopru), quien destacó el apoyo del Gobierno nacional.

“El tema de la asociatividad me parece muy importante y debe fortalecerse, siempre y cuando se adquieran compromisos, no solo de nosotros como sembradores de papa, sino también de la Agencia de Desarrollo Rural”, manifestó Fonseca. Y agregó: “Logrando la asociatividad, podemos expandirnos más”.

“Como productores de semillas, buscamos comercializarlas no solo en nuestro municipio, sino en toda la región. Por eso planteamos el tema de comercialización y precios, porque hay muchos productores que no tienen esa oportunidad y que buscan una semilla de buena calidad”, recalcó.

Finalmente, Wilson Gómez Úmbita, de la Dirección de Participación y Asociatividad de la ADR, resaltó que esta primera mesa técnica con asociaciones paperas sigue “los lineamientos del Gobierno nacional en el tema asociativo, con el fin de fortalecer el futuro de nuestro campo colombiano”.

Efectivo...

‘La Consulta Popular va, sí o sí’: ministro del Interior

“A nosotros ya no nos importa si la Reforma Laboral se hundió o no en el Congreso. El presidente de la República, junto con sus ministros, ya tomó la decisión de realizar una Consulta Popular, y esta va sí o sí".

Así lo manifestó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el siguiente paso es enviar al Senado de la República las 12 preguntas que debe contener la Consulta Popular. Luego de que el Senado se pronuncie, el presidente de la República tendrá un plazo de tres meses para convocarla.

“No hay fecha límite para presentar las preguntas, todo tendrá que ser acorde a los tiempos; ya tenemos estructuradas 11. No hay afán, lo importante es que queden bien hechas", señaló.

Frente a las movilizaciones sociales, el ministro resaltó que “la gente marchó de forma pacífica y alegre, expresando la voluntad del derecho de millones de trabajadores, de la clase obrera; un derecho que fue cercenado de forma tosca por parte del Congreso de la República".

Añadió que “lo que ama la democracia es siempre la movilización ciudadana, estudiantil, la capacidad de expresarse, que se haga con alegría y en paz como se hizo. Hoy, me le quito el sombrero al señor presidente de la República; como político, ciudadano y como ministro me le quito el sombrero porque es la única persona o dirigente político en este país que puede convocar en menos de seis días una marcha como la que se desarrolló en Barranquilla, Valledupar, Medellín, Cali, Bogotá y otras ciudades del país".

Finalmente, el ministro del Interior insistió en que lo primordial, y en lo que está concentrado el Gobierno nacional, es el tema de la Consulta Popular para cumplir la voluntad del pueblo colombiano.

Corte ordena medidas para garantizar retorno y reparación integral a víctimas de un Resguardo Indígena desplazado

La Corte Constitucional amparó los derechos a la representación política, al gobierno propio, al territorio colectivo, al debido proceso, al retorno y a la reparación integral colectiva del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo.

El Resguardo invocó el amparo debido a que sus comunidades se vieron obligadas a abandonar el territorio por cuenta del conflicto armado que padecieron y que se produjo a través de desapariciones forzadas y homicidios. La Corte, en su análisis, concluyó que los derechos de la comunidad fueron afectados, debido a la falta de concertación e implementación efectiva del plan de retorno y el plan de reparación colectiva del Resguardo, así como a la falta de articulación de entidades del orden nacional y territorial, y algunas deficiencias estructurales que enfrentan algunas entidades del Estado.

La Sala recordó que la jurisprudencia ha advertido que el desplazamiento forzado genera daños particulares en el caso de los grupos étnicamente diferenciados: además de los traumas que ocasiona individualmente a los integrantes de estas comunidades, provoca un perjuicio colectivo, que, de no conjurarse en debida forma, bien puede provocar la disolución de la comunidad y comprometer la conservación de su identidad cultural.

En el caso concreto, la Corte advirtió que la falta de seguridad en el territorio pone en riesgo el derecho al retorno y a la vida en condiciones dignas del resguardo. Con base en lo anterior, la Sala ordenó al Ministerio de Defensa formular, apoyar y hacer seguimiento a un plan de orden público sectorizado en las zonas del resguardo indígena que son ocupadas actualmente por la comunidad y respecto de las cuales no existen controversias con otros territorios.

Asimismo, le ordenó al Comando Central de las Fuerzas Militares que, en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas y la Unidad Nacional de Protección, elabore un protocolo de seguridad específico para garantizar las condiciones de seguridad dentro del territorio del resguardo.

Dicho protocolo deberá garantizar —de manera permanente y satisfactoria—la seguridad, no solo de los integrantes de la comunidad, sino también de los funcionarios que deban hacer visitas de campo para el cumplimiento de las órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá).

A la Unidad Nacional de Protección, la Sala le ordenó culminar el estudio de seguridad e implementar las medidas de protección que requieran a favor de los miembros del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari,

Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo.

Por otro lado, la Corte evidenció que el territorio del resguardo no ha sido delimitado en su totalidad, debido a falencias estructurales de las entidades encargadas de llevar a cabo esta tarea. Por tal razón, ordenó al Ministerio de Agricultura que, dentro de seis meses, evalúe la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Tierras para diseñar e implementar un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la agencia.

Asimismo, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que, una vez el Ministerio culmine su labor, diseñe e implemente un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la Agencia Nacional de Tierras, y culmine el procedimiento de delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, con respeto del enfoque étnico.

En materia de retorno, la Corte le ordenó a la UARIV que, en seis meses, concerte el plan de retorno actualizado de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo en conjunto con las autoridades del resguardo. Dicho plan debe cumplir con los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad.

Igualmente, la UARIV deberá iniciar las actuaciones requeridas para implementar el plan de retorno de la comunidad dentro de las zonas del territorio que han sido delimitadas por la mesa de trabajo. Y, entre otras cosas, diseñar un plan y un cronograma que permitan avanzar a las demás fases de la ruta de reparación integral colectiva.

Sentencia T-050 de 2025

M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

La Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004: esa Sala ha indicado que el conflicto armado amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país.

Opciones de retorno o reubicación: El Estado tiene el deber de garantizar a las víctimas de desplazamiento forzado la posibilidad de elegir entre regresar a su territorio de origen y la alternativa de ser reubicadas en un territorio con características similares.

El retorno de las comunidades indígenas: En el caso específico de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento, la Corte Constitucional ha establecido que el retorno forma parte de su derecho fundamental al territorio, debido a la estrecha vinculación que tienen con la tierra.

Los programas de reparación colectiva: El Estado tiene la obligación de implementar un programa institucional de reparación colectiva para promover los derechos de las personas afectadas por la violencia, así como también reconocer y dignificar a las víctimas.

Reforma Laboral generará 91 mil empleos anuales a partir de su implementación, revela ministro del Trabajo

Foto: César Carrión - Presidencia

“Los cálculos que nosotros tenemos en el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo es que la Reforma Laboral podría estar generando 91 mil nuevos empleos cada año una vez arranque su implementación”.

Así lo reveló este lunes el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al participar en La Agenda, espacio de la Presidencia de la República en el que participaron 25 medios de comunicación regionales, comunitarios y populares de distintos departamentos del país.

El titular de esta cartera explicó los beneficios que traerá la Reforma Laboral en la que se centrará la Consulta Popular convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuya primera gran movilización social se realizará este martes 18 de marzo en todo el país.

El ministro Sanguino manifestó que la Reforma busca corregir las injusticias generadas contra las clases trabajadoras mediante la política neoliberal puesta en marcha por distintos gobiernos, desde la década de 1990, conocida como ‘flexibilización del mercado laboral’, que –dijo– “ha significado el desmantelamiento de derechos adquiridos por los trabajadores”.

Precisó que esta política extendió la jornada laboral diurna hasta las diez de la noche, eximió a los empresarios del pago de recargos por horas extras, dominicales y festivos e impuso restricciones a los derechos de huelga y organización sindical.

Agregó que este modelo neoliberal “entronizó el contrato sindical, que desvirtúa y desnaturaliza el papel de las organizaciones sindicales, ahondó las brechas de género, envileció el trabajo, empobreció el salario de los trabajadores y tercerizó la fuerza laboral, sin resolver los problemas de informalidad”.

“Eso es lo que quiere corregir esta Reforma Laboral”, recalcó Sanguino al explicar que el argumento de los gobernantes que lideraron esas políticas era que “si flexibilizaban el mercado laboral aumentaba el empleo y crecía la economía”.

“Resulta que mientras empobrecían las condiciones laborales de la gente, aumentaba el desempleo y nuestra economía no crecía en los niveles que nos prometían los defensores de estas políticas neoliberales”, sostuvo.

Bloqueo institucional

El ministro del Trabajo reiteró que el bloqueo institucional en la Comisión Séptima del Senado, al pretender hundir irracionalmente la Reforma Laboral, “es un bloqueo contra la gente y no contra el gobierno”.

Enfatizó que “lo que ha hecho una exigua mayoría, porque son ocho de 14 senadores de la República en dicha Comisión, es bloquear una y otra vez estas reformas”.

“Lo hicieron con la Reforma a la Salud, cuya primera versión hundieron, de la misma manera y bajo el mismo modus operandi que están utilizando ahora frente a la Reforma Laboral. No pudieron hacerlo con la Reforma Pensional, a pesar de que lo intentaron. Ahora quieren hacerlo con la Reforma Laboral”, dijo.

Añadió que esos mismos congresistas “se han anticipado a decir, sin siquiera leer el articulado que viene de la Cámara de Representantes, que hundirán la Reforma a la Salud en su segunda versión”.

Manifestó que ante esta situación de bloqueo, como lo prevé la Constitución, “podemos acudir a los mecanismos de la democracia directa y participativa, es decir, a la voz del pueblo, porque el pueblo manda”.

“No vamos a dejar que ocho senadores de la República decidan sobre la suerte de 22 millones de colombianos y colombianas que componen nuestra fuerza laboral”, dijo.

“Como dijo el presidente, este no es ningún devaneo ideológico, este no es un capricho del presidente de la República. Esto nace del corazón de la gente, del clamor de la gente, que se expresó en el paro del 2019 y en el estallido social de 2021 y, por supuesto, en la primera y segunda vuelta presidencial de 2022”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

También es interesante: consultar el ABC de la Reforma Pensional aquí​

Con marchas y Día Cívico, se inicia proceso de Consulta Popular

“El día martes será día cívico porque se inicia la campaña por el sí”, dijo el presidente Gustavo Petro e indicó que la consulta popular se inicia ya y busca beneficiar a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras que necesitan dignidad, no solo a los asalariados sino también a los que no reciben salario.

El jefe de Estado se refirió al tema durante de entrega de la finca Anastasia, de mil hectáreas de tierra, para la ampliación del Resguardo de la Sierra Nevada de Santa Marta en beneficio de las comunidades indígenas.

En su intervención ante mamos y líderes de la comunidad arhuaca, de organizaciones de mujeres rurales y campesinas de la región, el presidente Petro precisó: “Como el martes va a ser la primera gran manifestación en toda Colombia y esperamos que los pueblos indígenas y que las mujeres por la reforma agraria y los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo, el martes será un día cívico”.

“Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley”, enfatizó.

Reiteró que “el martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico como lo será el día de las elecciones, pero este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión sin miedo y sin violencia, con alegría”.

El mandatario recalcó que la Policía Nacional y el Ejército “tienen la orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo, mientras no haya violencia, y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos, que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia”.

Sostuvo que “la consulta popular es para apoyar todo el pueblo trabajador de Colombia, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, que somos trabajadores, porque yo me considero trabajador. No es solo el trabajador asalariado, la trabajadora que recibe un salario, claro que sí, son la mitad más o menos del pueblo trabajador de Colombia, sino también para el trabajador y la trabajadora que no reciben salario”.

El presidente Petro recordó que, por ejemplo, “los indígenas en general no reciben salario, pero trabajan, llevan el alimento a su comunidad, levantan las casas de acuerdo a su arquitectura y, sobre todo, en función de la humanidad y de la vida, cuidan el agua, cuidan la tierra”, es decir, que trabajan día a día por Colombia.

“El día inicial de la consulta popular empiezan a configurarse los comités del sí, para que el Senado de la República diga sí por mayoría y no le dé la espalda al pueblo, porque o si no ese día se contradeciría completamente”, subrayó.

Consideró, asimismo, que una de las primeras preguntas de la consulta popular debe referirse a que, en términos laborales, el día termina a las 6:00 de la tarde.

“Es decir, que todo trabajo que se realice después de las 6:00 de la tarde, si es asalariado, debe tener un recargo o un sobresalario, porque son horas extras. Lo mismo cuando se trabaja sábado y domingo”, concluyó.

Seguridad y confianza...