Llegan más de 400.
En respuesta a los enfrentamientos entre el grupo armado Eln y la estructura 33 de las disidencias en la región del Catatumbo (Norte de Santander), y tras llevar a cabo acciones humanitarias y operativos militares, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el despliegue de unidades de la Fuerza Pública en zonas estratégicas.
Estas acciones buscan fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.
“Estamos evacuando a los líderes y firmantes del Catatumbo, perseguidos por el Eln; más de 400 hombres del Ejército Nacional refuerzan el pie de fuerza en los cascos urbanos y rurales", explicó el ministro.
Velásquez aseguró que, desde el inicio de la crisis, la Fuerza Pública ha trabajado para proteger a la población confinada y ha intensificado su presencia en las cabeceras municipales.
“Lo que se puede afirmar con confianza es que la respuesta está en marcha. Se están introduciendo nuevos componentes militares y policiales en la región, y todo apunta hacia el efectivo control del territorio, el cual debe estar a cargo de la Fuerza Pública", declaró.
En cuanto a la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior, Velásquez indicó que “este tema está siendo discutido en el Consejo de Ministros. Estamos evaluando qué medidas podrían implementarse en el marco de un estado de excepción y realizando el análisis correspondiente".
Durante el fin de semana, el ministro de Defensa viajó al Catatumbo y sostuvo reuniones con altos mandos militares en la Brigada 30 del Ejército, donde se definieron directrices para las operaciones en el terreno.
Enfrentamientos en el Guaviare
El titular de la cartera de Defensa también abordó los enfrentamientos en el departamento del Guaviare entre dos facciones de grupos armados residuales, lideradas por alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá'.
“El sector liderado por alias 'Calarcá' y el de alias 'Mordisco' compartían espacios territoriales, ya que ambos formaban parte del Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, la división interna ha generado enfrentamientos por el control del territorio y de las economías ilícitas", concluyó Velásquez.
La suerte del 13: expropiación o recuperación.
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| Participaron: el Segundo Comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Harry Ernesto Reyna, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina Ramírez, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, la ministra de Transporte, María Constanza García, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. |
En 1997, el entonces Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, titular del contrato de homologación y administrador del predio, firmó un contrato de arrendamiento con un grupo portuario, bajo un acuerdo que estuvo vigente durante 27 años y concluyó el pasado 6 de enero de 2025.
Este contrato, sin embargo, no correspondía a una concesión reglada conforme a las normas vigentes. Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) es el titular de esta infraestructura, lo que otorga al Gobierno la facultad de definir el momento y las actividades para las cuales podrá ser utilizada.
Desde hace un año, en el marco del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se identificaron alertas relacionadas con el componente ambiental del Muelle.
Este Consejo, en el que participan entidades como el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, evidenció presuntas irregularidades que llevaron a la toma de decisiones.
Entre ellas, se destaca que las características del puerto requerían una licencia ambiental y no solo un plan de manejo ambiental, como se gestionó originalmente.
Adicionalmente, una auditoría realizada por la Contraloría General durante 2023 reveló hallazgos sobre el estado de la infraestructura, irregularidades en la administración del contrato y deficiencias en la inversión destinada al mantenimiento y mejoramiento del muelle.
Estos hallazgos, junto con el análisis ambiental, sustentan las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional respecto a la reversión del Muelle 13 para garantizar su adecuado uso y recuperación en beneficio del desarrollo industrial del país.
El Gobierno nacional, desde el Plan de Desarrollo 2022-2026, así como en el CONPES 4118, estableció para el sector portuario la modernización y otras definiciones para sus puertos, así como la reindustrialización naviera.
En este caso, teniendo en cuenta el potencial que hay en el Pacifico, la ruta es impulsar la industria pesquera.
“Hay otras políticas públicas desde el Gobierno nacional como la descarbonización de nuestra economía. El puerto maneja o manejaba carbón térmico. También tenemos otras políticas relacionadas con el impulso de nuestra industria naviera para aprovechar esta infraestructura y apalancar el desarrollo de otras industrias en cumplimiento de las metas del Gobierno", agregó la ministra de Transporte durante la rueda de prensa.
No es cierto que se vayan a perder empleos
Sobre la situación de afectación al empleo, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, explicó que no es cierto que se vayan a perder empleos. El Muelle 13 es uno de 15 muelles que pueden resolver cualquier situación.
“Esa es la discusión que nosotros siempre hemos planteado: en los muelles de Buenaventura, el personal administrativo es el que tiene estabilidad laboral. Eso que dicen que se van a perder 500 empleos, 600 empleos, en este caso, no es tal, porque la dinámica de descargar un barco utiliza entre 40 y 60 trabajadores que son contratados a destajo cada tres días y no son trabajadores de planta, están rotando por todos los 15 muelles más, de acuerdo con la carga que esté llegando", enfatizó el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya.
ANLA no levantará medida de suspensión temporal
Se explicó cada una de las actuaciones del Gobierno nacional, basadas también en decisiones como la del Juzgado 2 del Valle de Cauca, que generó medidas cautelares y suspendió el instrumento ambiental, con el cual se solicitó la prórroga de Muelle 13. A su vez, el tribunal también tomó una decisión frente a los actos administrativos que hizo la ANI frente al muelle.
Según la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, en este caso, pese a que la empresa contaba con plan de manejo ambiental, requería licencia ambiental por el calado y volumen de las operaciones. Por lo tanto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no levantará la medida de suspensión temporal.
“Aquí hay un descontrol ambiental, hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular; por lo tanto, con ANLA, con base en lo que estamos definiendo y en la norma, responderemos las denuncias penales y disciplinarias frente a la situación de no haber controlado una operación de este calado y sus posibles afectaciones", afirmó la titular de la cartera ambiental.
Muhamad también hizo un llamado al nuevo Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para que revise a fondo la actuación de su delegado ambiental y agrario en esta situación.
“Yo no entiendo cómo, con las evidencias técnicas y jurídicas, el procurador delegado no está apoyando la actuación de las autoridades ambientales, sino, por el contrario, intercediendo en su posición a favor del operador portuario. El deber de la Procuraduría es prevenir posibles riesgos frente a los derechos colectivos al ambiente sano", subrayó Muhamad.
Presidente Petro suspende diálogos con el Eln tras “crímenes de guerra” en el Catatumbo
El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la suspensión de los diálogos de paz con el Eln debido a los recientes hechos de violencia en la región del Catatumbo.
En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: “Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El Eln no tiene ninguna voluntad de paz".
La decisión del jefe de Estado llega tras una serie de ataques atribuidos al Eln en el Catatumbo, donde se reportaron asesinatos de civiles y algunos firmantes de paz.
La jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln, Vera Grabe, se pronunció sobre la medida: “Se suspende el proceso hasta que Eln definitivamente piense si quiere caminar hacia la paz. Este país no aguanta más. Se requiere de una decisión por parte del Eln, si quiere con este Gobierno caminar en la paz". Pese a la suspensión, Grabe aseguró que se mantendrán las dinámicas humanitarias y los canales de comunicación abiertos “para que el Eln comunique lo que defina".
Por su parte, el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos con el Eln, fue enfático al señalar la gravedad de los hechos. “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento", afirmó Cepeda.
El senador también reiteró la exigencia de que el grupo armado defina su compromiso con la paz: “El Eln tiene que expresar de una vez por todas su intención y voluntad de llegar a la paz en este momento de la historia del país". Además, recordó que el grupo ha perpetrado crímenes similares en otras regiones como el Chocó, afectando gravemente a las comunidades.
“Con estas acciones, como las que están llevando a cabo el Eln en el Catatumbo, como las que ha llevado a cabo contra la población civil en el Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogo. Por lo tanto, está suspendida la negociación con el Eln", agregó Cepeda.
Camilo González Posso, jefe coordinador de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las Farc, también se refirió a la situación. “La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del Eln en siete municipios y de manera casi simultánea. Ha atacado objetivos de población civil, gente inerme, desplazando a familias que han sido amenazadas; asesinando a cinco firmantes de paz del 2016, que están produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación", explicó González Posso.
El jefe negociador calificó los hechos como “un atentado contra el proceso de paz, contra los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones, buscando las transformaciones territoriales".
González Posso hizo un llamado al país a solidarizarse con las víctimas, los firmantes de paz y los delegados de la mesa de diálogo que trabajan en las regiones afectadas.
En el mismo sentido, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lamentó que los actos violentos del Eln interrumpan los esfuerzos por construir una paz estable. En su cuenta de X, señaló: “Lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el de Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el Eln es una decisión difícil, pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano".
Puntos clave de la nota firmada por Colombia y Estados Unidos con relación al TLC
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| Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acordaron y firmaron una nota interpretativa del Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre los dos países desde 2012.
El acuerdo se logró durante la reunión bilateral que sostuvieron el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes, y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.
En ese encuentro se formalizó la firma de la Decisión 9 de la Comisión de Libre Comercio, en la que ambos Estados suscribieron la nota interpretativa sobre algunos aspectos del Capítulo 10 del TLC.
El Capítulo 10 del TLC es el que aborda lo relacionado con inversiones, específicamente en lo que tiene que ver con las disputas entre inversionistas y Estados.
De acuerdo con el ministro Luis Carlos Reyes, “esta aclaración es importante tanto para las expectativas de los inversionistas, como para los compromisos de los Estados y para la resolución de controversias por parte de jueces y autoridades nacionales, y árbitros internacionales".
Puntos clave
Estos son los puntos clave de la nota interpretativa del Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC):
- La nota no modifica el texto original del Tratado, es decir, mantiene las mismas protecciones.
- Logra un mayor balance entre los intereses de los Estados y los inversionistas, beneficiando a las sociedades de ambos países.
- No se afectan los incentivos a la inversión extranjera directa que pueda llegar de Estados Unidos a Colombia.
- La nota interpretativa aclara los compromisos de protección que asume cada Estado ante malas interpretaciones que se puedan presentar en el marco del TLC, “que pueden derivar en demandas frívolas o abusos por parte de inversionistas que buscan sacar partido".
- Reafirma el derecho que tiene cada país de emitir nuevas regulaciones en cumplimiento legítimo del desarrollo de sus políticas públicas y en defensa del interés público, como, por ejemplo, la protección al medio ambiente.
- Ratifica que si las inersiones no se ajustan a las normas internas del país receptor, no se beneficiarán de la protección. Esto excluye la protección de inversiones ilícitas.
- Defiende la soberanía de los jueces y autoridades colombianas, al establecer explícitamente que los tribunales de inversión no son una segunda instancia de las decisiones internas de cada país, con lo cual no pueden revisar el fondo de las decisiones emitidas por los jueces y autoridades nacionales.
- Reitera que los inversionistas tienen la carga de demostrar sus reclamaciones y acreditar que estas no obedecen a meras expectativas o a posibles daños futuros o hipotéticos, como ya le ha ocurrido a Colombia, sino que se sustentan en evidencias objetivas y concretas.
- La nota aclara las reglas de no discriminación a inversiones extranjeras y hace explícito que estas no implican que cualquier trato diferente es discriminatorio, y que los inversionistas no serán sometidos a un trato discriminatorio basado en su nacionalidad.
- Reafirma que los inversionistas tampoco pueden usar estas reglas para elegir 'a la carta' las protecciones que más les convienen dentro del portafolio de tratados de inversión suscritos por cada una de las partes.
- La nota va en línea con directrices de los dos últimos gobiernos de Estados Unidos, con solicitudes hechas desde el Congreso estadounidense sobre el tema, con discusiones que se han dado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en las Naciones Unidas, con sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y con los intereses y necesidades planteadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La declaración, lejos de destruir los incentivos a la llegada de inversión extranjera, los refuerza para aquellas inversiones que tienen vocación de beneficiar tanto a los inversionistas como a la sociedad colombiana que las acoge", puntualizó el ministro Luis Carlos Reyes.
Estados Unidos es el principal país de origen de inversión extranjera. Hasta el tercer trimestre del 2024, según datos de la balanza de pagos del Banco de la República, el capital extranjero desde ese mercado en Colombia ascendía a US$4.163 millones, cerca del 42 % del total.
También es el principal socio comercial de Colombia. Representa el 29 % de las exportaciones totales del país al mundo y el 31,6 % de las de bienes no minero energéticas. Y participa con cerca del 26 % de las importaciones de bienes totales.
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