Buenos
días, damas y caballeros,
Quisiera
iniciar con un sincero agradecimiento al Gobierno de Colombia por la invitación
a realizar una misión oficial, la cual se llevó a cabo del 20 de noviembre al 3
de diciembre. Deseo felicitar al Gobierno de Colombia por su excelente
cooperación y esfuerzos para garantizar una visita fructífera. Estoy agradecido
por la oportunidad de reunirme con representantes de alto nivel de la
Presidencia, varios ministerios, gobernadores e instituciones estatales. Estoy
agradecido con todas las personas que se tomaron el tiempo para reunirse
conmigo y compartir sus valiosas experiencias y perspectivas; así como con
aquellas que ayudaron a organizar esta visita.
Antes
de continuar, me gustaría pedirles que me acompañen en un minuto de silencio en
memoria de José Antonio Navas, líder social de ASCAMCAT quien fue asesinado en
el Catatumbo, y Alba Edilma Cuevas, quien fue asesinada en Cúcuta durante mi
misión. Nuestro minuto de silencio honra también a todos aquellos que fueron
asesinados en Colombia mientras defendían los derechos humanos.
[minuto de silencio]
[minuto de silencio]
Como
Relator Especial, observador (externo) internacional y yo mismo, como defensor
de derechos humanos, quiero expresar mi admiración y mi mayor respeto por todos
los defensores y las defensoras de derechos humanos con quienes me he reunido y
por todas aquellas que no tuve la oportunidad de reunirme durante las últimas
dos semanas. Es difícil para una persona extranjera comprender totalmente los
terribles efectos de un conflicto armado de más de 50 años y las profundas
cicatrices que ha dejado tanto a nivel individual como colectivo. Muchas de las
personas que he conocido aquí han sufrido tragedias personales, han sufrido el
desplazamiento, o la pérdida de seres queridos. Estoy profunda y verdaderamente
conmovido por la forma en que estos defensores han logrado convertir la
adversidad en una búsqueda de justicia social y un cambio positivo. Me iré de
Colombia teniendo en mente todos estos innumerables relatos de solidaridad,
coraje y resiliencia.
El
propósito de mi visita, que se acordó con el gobierno, es doble:
- determinar,
bajo un espíritu de cooperación y diálogo, si el Estado colombiano ha
podido proporcionar un entorno seguro y propicio para los defensores y las
defensoras de derechos humanos en todo el país.
- Y guiar los esfuerzos
de la nueva administración para mejorar la protección de los defensores y
las defensoras y mitigar los riesgos a los que se enfrentan.
Por lo tanto, me he centrado principalmente en
evaluar algunos de los elementos básicos de ese entorno seguro y favorable, a
saber: un marco jurídico e institucional propicio; el acceso a la justicia; una
institución nacional independiente y sólida de derechos humanos; políticas y
mecanismos de protección eficaces que den atención particular a los grupos en
riesgo y apliquen un enfoque de género; actores no gubernamentales que respeten
y apoyen la labor de los defensores y las defensoras; y una comunidad de
defensores y defensoras sólida y dinámica.
Como no quería limitar mi visita a Bogotá, viajé
a Cúcuta, Hacarí, Medellín, Apartadó, Santa Marta, Riohacha, Cali y Popayán. Y
también sostuve amplias conversaciones con defensores de Tumaco. Como
resultado, tuve la oportunidad de reunirme con numerosos defensores y
defensoras de derechos humanos, de los cuales cerca del 60% fueron mujeres.
Esto reforzó mi impresión de una sociedad civil activa, vibrante, dinámica y
comprometida en Colombia. Me he reunido con un gran número de familias de
personas desaparecidas, así como con defensores y defensoras que han sido
detenidos arbitrariamente, con líderes y lideresas comunitarios, personas
indígenas y afrodescendientes que han afirmado haber sido privados o
desalojados por la fuerza de sus tierras, defensores, defensores de cuestiones
sensibles como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e
identidad de género.
¿Quiénes son los defensores y las defensoras de
los derechos humanos? – La Declaración de la ONU sobre los defensores de los
derechos humanos.
Como tal vez saben, los Estados han acordado una
muy vasta y amplia definición de las personas defensoras de los derechos
humanos, que ha sido consagrada en la Declaración de los Defensores de Derechos
Humanos, adoptada por consenso en diciembre de 1998. Durante mi visita, tuve la
oportunidad de referirme a esta definición. Aunque comprendo los fundamentos
históricos del concepto de líderes sociales en Colombia, recuerdo que para la
ONU, los líderes y lideresas sociales son defensores de los derechos humanos
junto con todos aquellos que, individualmente o con otros, actúan para promover
o proteger los derechos humanos de manera pacífica, a nivel nacional e
internacional. Son miembros de organizaciones de la sociedad civil,
periodistas, bloggers,
informantes y activistas políticos que abogan por los derechos de libertad de
expresión, libre derecho de reunión, y ambiente seguro y saludable. No
necesitan pertenecer a una organización registrada para ser defensores y
defensoras de los derechos humanos. Pueden ser mujeres y hombres comunes, que
creen en la universalidad de los derechos humanos y actúan para defenderlos.
Son agentes de cambio, que preservan la democracia, asegurando que permanezca
abierta, plural y participativa. Defienden los principios del Estado de Derecho
y la buena gobernanza. Sin los defensores y las defensoras de los derechos
humanos y su invaluable contribución, nuestras sociedades serían mucho menos
libres y menos bellas. Y por eso recordé muchas ocasiones en las que hubo la
necesidad de tener un reconocimiento formal del papel positivo de los defensores
y las defensoras de los derechos humanos al más alto nivel del Estado y por
parte de los propios gobernantes.
Hoy, me limitaré a las observaciones y
recomendaciones preliminares sobre algunos de los puntos principales que se
elaborarán en mayor detalle en el informe, una vez que revisé totalmente los
materiales y documentos que reuní durante la visita. Presentaré mi reporte
final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en una de sus
sesiones futuras.
Contexto
Mi visita a Colombia se llevó a cabo después de
un cambio de gobierno bastante reciente y
en medio de protestas a nivel nacional por parte de estudiantes, sindicatos,
camioneros y personas indígenas. Me dijeron que la campaña electoral puso al
descubierto profundas divisiones en torno al proceso de paz a ambos lados del
espectro político. Afortunadamente y en comparación con ocasiones anteriores,
se registraron muy pocos incidentes violentos.
También
coincide con el segundo aniversario de un trascendental acuerdo de paz que puso fin a
más de cinco décadas de conflicto armado entre el gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 10.000 combatientes
de las FARC entregaron sus armas y se consolidaron en 26 zonas territoriales
específicas, iniciando su transición a la vida civil. Algunos de sus
principales líderes ahora ocupan escaños en el Congreso y el Senado. A las
víctimas se les han proporcionado mecanismos para la verdad, la reparación y la
justicia. Esto sin lugar a dudas es un logro significativo. El Acuerdo de Paz
tiene un enfoque basado en los derechos humanos y establece mecanismos
especializados para la protección de los defensores y las defensoras de los
derechos humanos y las comunidades rurales. A lo largo de los 5 capítulos se
incorporan disposiciones basadas en género, asegurando una participación
igualitaria y un sub capítulo sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, a pesar de los inmensos esfuerzos realizados,
dos años más tarde, la implementación efectiva del Acuerdo de Paz no se ha
logrado y está plagada de retos, algunos de los cuales podrían estar
relacionados con la falta de recursos suficientes y la deficiente coordinación
interinstitucional. Otros pueden estar relacionados con la falta de apoyo
político suficiente de algunos sectores.
Lamentablemente, el panorama nacional sigue estando marcado
por amenazas, violencia de género y ataques letales contra los defensores y las
defensoras de los derechos humanos, causando un fuerte impacto en la sociedad
civil. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó,
Nariño, Putumayo registran altas tasas de homicidios, que incluyen a los
defensores de los derechos humanos.
Esta tendencia negativa está ligada a la persistencia de
factores estructurales. La desmovilización y salida de las FARC-EP dejaron un
vacío de poder en muchas de las regiones rurales. La falta de una presencia
integral del Estado y los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz han
permitido que grupos armados ilegales y grupos delictivos entren en las zonas y
se apoderen de las economías ilícitas, lo que ha dado lugar a un aumento de la
violencia. La falta de acceso a servicios básicos (por ejemplo, salud y
educación), la pobreza y la alta tasa de desempleo impiden que las comunidades
se integren en la economía legal, lo que aumenta sus niveles de riesgo.
Me preocupó profundamente saber que muchas personas
defensoras de los derechos humanos de base rural han sido asesinadas por apoyar
políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos (PNIS). Aunque no pude viajar a Tumaco personalmente, tuve la
oportunidad de hablar con algunos líderes y lideresas comunitarios de esta
parte del país. Me sorprendió la situación crítica en Alto Mira y Frontera, en
parte debido a la lenta implementación del programa y a acción estatal
inadecuada. Al delegar responsabilidades a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal,
la participación política se está sustituyendo por intimidación, extorsión,
desplazamiento forzado y asesinato.
Muchos presidentes de la Juntas de Acción Comunal están
siendo obligados por los grupos armados ilegales, a extorsionar a los
beneficiarios del Programa. Pueden obedecer, huir o ser asesinados. Si cumplen,
corren el riesgo de ser procesados por colaborar con los mismos grupos armados
ilegales.
Los excombatientes que han abandonado el proceso de
reintegración son frecuentemente el blanco de ataques y son asesinados. En su
último informe al consejo de Seguridad, la Misión de Verificación de la ONU se
refirió a 71 de estos casos desde la firma del acuerdo de paz hasta finales de
septiembre de 2018.Posteriormente, los medios de
comunicación han tenido conocimiento de otros casos. La prevención de nuevos
actos de violencia y la promoción de la paz dependen de la reintegración
efectiva de los excombatientes a la sociedad, el reconocimiento de las
violaciones cometidas en el pasado, el sufrimiento de las víctimas y la
devolución de sus tierras, y abordando las desigualdades estructurales y la
marginación política en la base del conflicto.
Los diálogos de paz
preliminares con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están congelados
desde agosto de 2018. Los intentos de la Iglesia Católica, la comunidad
internacional, los actores de la sociedad civil y, más recientemente, de la
Comisión de Paz del Senado de reanudar las negociaciones han sido inútiles .
Esto agrava la situación de riesgo de las comunidades indígenas y rurales en
ciertas regiones como Chocó, Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, que
se ven atrapadas en el fuego cruzado mientras el ELN, grupos disidentes y otros
grupos criminales luchan por el control. Me dijeron que el 11 de noviembre 450
personas indígenas incluyendo niños, del Chocó, una de las zonas más marginadas
del país, llegaron a Bogotá para protestar por el creciente deterioro de las
condiciones de seguridad en sus territorios, la necesidad de reanudar las
conversaciones con el ELN y el incumplimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales.
El
Catatumbo, una zona en el Norte de Santander (de unos 200.000 habitantes)
particularmente afectada por la violencia, registra los mayores niveles de
desplazamientos internos del país. Según la Defensoría del Pueblo (NHRI) 35.000
personas han sido desplazadas por la fuerza (desplazamientos masivos) este año.
Los frecuentes combates entre el ELN y el EPL tienen un alto costo para las
comunidades y los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Es muy
diciente que durante el corto período de tiempo que duró mi visita allí, dos
defensores de los derechos humanos fueron asesinados, una mujer y un hombre,
ambos eran representantes de la Junta de Acción Comunal. Me sorprendió escuchar
que 5 líderes campesinos de la misma organización han sido asesinados en lo que va del 2018.
Cabe mencionar que en el contexto colombiano, el
conflicto social suele intensificarse en las zonas donde se llevan a cabo
mega-proyectos, especialmente los relacionados con presas e industrias
extractivas, a menudo en zonas habitadas principalmente por personas indígenas.
Es poco probable que dicha tendencia cambie hasta no resolver las desigualdades
estructurales. En los últimos años, la mayoría de las movilizaciones sociales
han sido organizadas por colectivos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
Evaluación general: ¿Existe en Colombia un
entorno seguro y propicio para los defensores y las defensoras de los derechos
humanos?
Durante la primera reunión organizada por el
gobierno, el Viceministro de Relaciones Exteriores y el asesor presidencial
sobre Derechos Humanos invitaron a los ministros e instituciones estatales
claves a reunirse conmigo para presentar y discutir los elementos importantes
de un nuevo Plan de Acción para la prevención y protección de los defensores y
defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas.
Dicho plan, conocido como el “Plan de Acción Oportuna”, fue presentado como una
prioridad fundamental de la nueva administración. El Asesor del Presidente
aclaró que este plan sienta las bases para desarrollar una política integral
sobre el tema, que su desarrollo involucraría a la sociedad civil y a los
defensores y defensoras de los derechos humanos y que se consultaría a tales
actores durante todo el proceso. Asimismo, el asesor del Presidente declaró que
la comunidad internacional también sería parte del proceso. En mi opinión, la
presentación fue muy ambiciosa y, en todas mis discusiones con los miembros del
gobierno, pude evidenciar una clara voluntad política de hacer frente a las
causas de la violencia extrema en contra de los defensores y defensoras de los
derechos humanos. Escuché atentamente el plan del gobierno para garantizar una
presencia integral de instituciones del Estado en los territorios, más allá de
un enfoque meramente militar o de seguridad pública.
Espero que esta misión y mis recomendaciones ayuden
al gobierno a desarrollar y fortalecer aún más una política nacional sobre los
defensores y defensoras de los derechos humanos.
Durante mi visita escuché innumerables
testimonios de violencia extrema y generalizada en contra de líderes y
lideresas sociales y comunitarios, campesinos modestos, indígenas y
afrocolombianos, así como en contra de mujeres defensoras de los derechos
humanos. Estos testimonios me conmovieron profundamente, pues algunos de ellos
fueron relatados por familiares de personas desaparecidas que mostraron
retratos de sus familiares y declararon estar en búsqueda de la verdad, de
justicia y de reparación.
Muchos de los testigos informaron que los
defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia se desempeñan
en un ambiente violento y peligroso. En particular, destacaron la promoción de
la sustitución de cultivos ilícitos y la restitución de tierras como ámbitos de
riesgo extremo. Los reclamantes de tierras y líderes y lideresas comunitarios
son blancos de amenazas por parte de distintos grupos armados que los acusan de
“aliarse con sus enemigos”, obligándoles a abandonar sus hogares para salvar
sus vidas.
Generalmente, los perpetradores de estos abusos
son desconocidos para las víctimas, aunque se presume que son miembros de
grupos armados ilegales (como ELN o el EPL) o grupos disidentes de las FARC-EP,
así como otro grupos del crimen organizado. En
algunos casos, se sospecha que estos grupos tienen lazos con gobiernos locales
o con servicios de seguridad, o con grupos armados organizados. Los incesantes
ataques contra defensores de los derechos humanos en todo el territorio
colombiano evidencian una situación de riesgo verdaderamente terrible para las
personas defensoras de los derechos humanos.
Los
defensores y las defensoras de los derechos humanos están en peligro en la
mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques,
amenazas, la criminalización de su trabajo y la falta de acceso a la justicia.
Su estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más
altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas
de difamación que buscan desacreditar su trabajo asociándolos con la oposición
política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos
antipatriotas, criminales e incluso traidores.
Asimismo,
escuché varios testimonios de defensores y defensoras que dicen haber sido
amenazados por empresas internacionales y nacionales, en particular las de los
sectores minero e hidroeléctrico. Adicionalmente, escuché alegatos de
connivencia entre empresas y políticos, a veces de muy alto nivel.
Aunque
la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue fortalecida y sus métodos de trabajo
fueron modificados, recibí numerosos ejemplos de falta de respuesta o de
medidas de protección insuficientes para los defensores y defensoras de
derechos humanos en áreas rurales o remotas.
Luego
de estudiar cuidadosamente la información brindada por el Gobierno, la sociedad
civil y otras partes interesadas, lamento concluir que, a pesar de una nueva y
ambiciosa visión para desarrollar una política integral sobre la prevención y
protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, líderes y
lideresas sociales y periodistas en Colombia, particularmente en zonas rurales,
estos actores actualmente no pueden desempeñar sus labores en un entorno seguro
y propicio.
Por
todo lo anterior, exhorto enfáticamente al gobierno a mirar esta declaración de
final de misión con mis conclusiones preliminares desde tres perspectivas:
- Como una
evaluación global de la situación de los defensores y las defensoras de
derechos humanos en Colombia y del impacto de la falta de una política
integral sobre prevención y protección;
- Como una herramienta guía para que el gobierno
desarrolle un enfoque ante la seguridad humana colaborando y consultando
con sus beneficiarios (a saber, los grupos en situación de riesgo);
- Como un conjunto de recomendaciones concretas y ágiles
que envía un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre el
inicio de una nueva era de protección y prevención.
Marco legislativo e institucional
Según la Constitución Colombiana, los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconozcan los
derechos humanos gozan de estatus constitucional y, por consiguiente,
prevalecen en el orden legal nacional, conforme lo dispuesto en los artículos
53, 93, 94, 102 (2), y 214 (2) de la Constitución.
A noviembre de 2018, Colombia ha ratificado casi
todo los Tratados de Derechos Humanos relevantes. Sin embargo, aún no ha
ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Si bien Colombia es un estado miembro del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas las formas de discriminación
contra la mujer (OP CEDAW por sus siglas en inglés), no reconoce la competencia
del artículo 8 y 9, que le permitirían al Comité de la CEDAW iniciar una
investigación confidencial sobre presuntas violaciones graves.
Recomendación
Ratificar estos instrumentos y reconocer el
procedimiento de comunicación estipulado en los artículos 8 y 9 del OP CEDAW le
daría a los defensores y las defensoras de los derechos humanos herramientas
importantes para ampliar la rendición de cuentas y garantizar un mundo libre de
tortura, así como realizar los derechos de las mujeres, las personas con
discapacidad y los derechos económicos, sociales y culturales.
Colombia también ha ratificado la Convención No.
169 de la OIT y avalado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (a pesar de que inicialmente se abstuvo).
Adicionalmente, la Constitución de Colombia también reconoce el principio de
igualdad y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y
afrocolombianos, mientras que consagra específicamente los
derechos y la autonomía de los pueblos indígenas, así como los derechos de la población
afrocolombiana. Colombia también ha incorporado en su legislación nacional el
derecho a consentimiento previo, libre e informado, lo cual aplica tanto a los
pueblos indígenas como afrocolombianos, tal como la Corte Constitucional lo ha dispuesto
de forma reiterada y consistente. El 5 de mayo de 2017, la Corte Constitucional
estableció que las consultas previas son vinculantes. El 15 de noviembre de 2018, la Corte
Constitucional reforzó el derecho a consulta previa a través de otra sentencia
(SU-123/18) en la que se establece claramente su carácter irrenunciable.
El acuerdo Escazú adoptado en marzo de este año
incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de
personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos
humanos en asuntos ambientales. Hasta el momento, 16 países de la región de
Latinoamérica y el Caribe han firmado el Acuerdo .
Colombia no lo ha firmado (aun).
Debo expresar mi preocupación por una nueva iniciativa legislativa que se encuentra en discusión en el Congreso sobre el Derecho a Consulta Previa de los grupos étnicos, la cual no fue consultada con los grupos afectados y que representaría un grave retroceso .
Debo expresar mi preocupación por una nueva iniciativa legislativa que se encuentra en discusión en el Congreso sobre el Derecho a Consulta Previa de los grupos étnicos, la cual no fue consultada con los grupos afectados y que representaría un grave retroceso .
Estoy convencido de que la tutela es un mecanismo
constitucional importante para asegurar que el Estado cumpla con las
obligaciones en materia de derechos humanos. Es más, se ha convertido en la
herramienta principal para prevenir y proteger de las violaciones de los
derechos humanos por parte de las autoridades públicas e individuos
responsables de la prestación del servicio público, además de ser una
herramienta fundamental para las organizaciones de derechos humanos y
defensores en su derecho humano al trabajo. Sin embargo, la acción de tutela interpuesta
por la Brigada 17 del ejército contra la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó es muy preocupante.
Por desgracia, el uso de la tutela por parte
del ejército en este caso establece un precedente peligroso y puede tener
efectos colaterales no solo en para silenciar y criminalizar la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó, sino también para evitar que otros defensores de
los derechos humanos denuncien presuntas violaciones a los derechos humanos.
Continuare observandomuy de cerca el fallo de la Corte y la situación de la
comunidad de San José de Apartadó.
Recomendaciones:
- Invito al gobierno a
firmar la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras
personas que trabajan en las zonas rurales, así como a firmar el
Acuerdo Regional para el Acceso a la Información, la Participación Pública
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Latinoamérica y el
Caribe firmado en Escazú en marzo de 2018.
- Instar al gobierno a
ratificar oportunamente la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, para fortalecer los
esfuerzos de la justicia transicional.
- Desarrollo institucional
El Estado, con participación de la sociedad
civil, ha hecho notables esfuerzos para establecer un marco institucional para
la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Esto se
vio aún más fortalecido por algunas disposiciones del Acuerdo de Paz.
Del
marco institucional existente cabe destacar los siguientes procesos y espacios
de diálogo por su relevancia para los defensores de derechos humanos. :
- El Proceso nacional y las mesas de garantías nacional y departamentales
para la labor de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas
sociales y comunales;
- La Mesa por la
protección a la Vida;
- La Comisión Intersectorial de Garantías para las
Mujeres, Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos ;
- La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad:
- El Programa Integral de Seguridad y Protección para las
Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y
- Lineamientos para la protección efectiva de los derechos
de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones,
integrantes de movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y
líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a quienes participen
activamente en esta condición en la implementación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.
A Colombia le urge elaborar y adoptar una
política pública integral que busque prevenir violaciones de los derechos
humanos de los defensores y las defensoras, así como medidas que ataquen las
causas estructurales de la situación de riesgo de los defensores y las
defensoras. Por lo tanto, celebro el lanzamiento del Pacto por la Vida en Apartado,
en agosto, así como la declaración pública del Presidente Iván Duque de que “la
protección de los defensores y defensoras de derechos humanos estará a la
vanguardia de su gobierno”. Posteriormente, el 19 de noviembre, el Presidente
firmó el Decreto 2137, por medio del cual se creó la Comisión Intersectorial
para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO). La Comisión estará encargada
de articular, guiar y coordinar los distintos programas de protección y
recursos de las diferentes entidades gubernamentales involucradas en la prevención y protección individual y
colectiva de los defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes y
lideresas sociales, organizaciones comunitarias y periodistas.
La Comisión estará integrada por 7 representantes del Gobierno.
El plan contempla tres vías de acción
principales, a saber: a) el refuerzo interinstitucional, b) la acción
territorial estratégica y c) la estrategia para eliminar la estigmatización.
Recibí información sobre esta iniciativa en la primera reunión organizada por
el gobierno, apenas unos días luego de la adopción formal del PAO.
El PAO es una evidencia clara de la voluntad de
reestructurar y articular una política pública para proteger a los defensores y
las defensoras de derechos humanos, el cual me parece un elemento clave para
mejorar la eficiencia de las medidas existentes. Sin embargo, tal como se
mencionó en esta reunión, la participación de la sociedad civil, la Defensoría
del pueblo, la Procuraduría y en el desarrollo del Plan es crucial. Asimismo,
la coordinación entre la Comisión del PAO y otros foros de diálogo donde la
sociedad civil puede dialogar directamente con entidades del Estado es
fundamental. Es importante que el PAO no debilite o debilite los mecanismos de
protección ya establecidos. Construir
sobre la base de acuerdos, mecanismos y políticas existentes será fundamental
para garantizar que todas las partes interesadas tengan confianza en el
proceso.
Cada defensor y defensora de derechos humanos con
quienes hablé mencionó la necesidad de una presencia integral por parte del
Estado en las regiones. Aunque las fuerzas armadas y las operaciones de
seguridad pública son una intervención necesaria en los territorios más
afectados por grupos ilegales, no pueden ser la única respuesta del Estado y
deberían ir de la mano con otras medidas, tales como el acceso a la educación,
acceso a la justicia, salud, infraestructura programas sociales y la
implementación de acuerdos previos. Me complació escuchar de las autoridades
gubernamentales que esta será una prioridad clave del PAO.
La futura campaña gubernamental contra la
estigmatización de los líderes y lideresas sociales es una iniciativa positiva.
Esta campaña debería dirigirse a las diversas partes interesadas, incluir la
plena participación de la sociedad civil y garantizar tolerancia cero hacia
declaraciones difamatorias por parte de funcionarios públicos.
También me gustaría aplaudir los esfuerzos de la
Procuraduría General de la Nación, en la adopción de la Directiva 002 de 2017,
así como otras iniciativas de los gobernadores locales en coordinación con la
Defensoría del Pueblo para enfrentar la violencia contra los defensores y las
defensoras de los derechos humanos. Haré comentarios más exhaustivos sobre este
punto en mi informe al Consejo de las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos.
- Tendencias generales
- Patrón constante de un alto
número de asesinatos, ataques, amenazas y otras violaciones contra los
defensores y las defensoras de los derechos humanos con altos niveles de
impunidad
En Colombia, ser defensor o defensora de los
derechos humanos es una ocupación de alto riesgo. Los datos disponibles de las
instituciones del Estado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos y la sociedad civil muestran cifras alarmantes que hasta ahora no han
disminuido. Aunque la tasa general de homicidios en Colombia desde la
aprobación del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 ha disminuido ,
se ha producido un aumento evidente de los asesinatos de defensores y
defensoras de los derechos humanos, incluidos líderes y lideresas sociales. En
palabras del Defensor del Pueblo, “un defensor o una defensora de los derechos
humanos es asesinado en Colombia cada tres días, desde 2016, lo que representa
un total de 343 defensores y defensoras hasta el 22 de agosto de 2018.
Los defensores y las defensoras de los derechos
humanos están sujetos a amenazas, intimidación, desplazamiento y desaparición
forzada, y sus familias también se convierten en blanco de estos actos. Las
amenazas pueden ser recibidas por medio de panfletos, llamadas telefónicas,
mensajes de WhatsApp y a través de terceros. “Somos Defensores” ha documentado
un aumento en las amenazas e intimidación contra los defensores y las
defensoras, con 952 amenazas contra defensores y defensoras desde 2016. En el
caso de las defensoras de los derechos humanos, ellas también están expuestas a
violaciones específicas a su género, incluida la violencia de género, tanto en
su comunidad como en sus organizaciones y por parte de actores externos. Sin
duda, estas violaciones no se denuncian lo suficiente. Recibí testimonios
conmovedores de mujeres que estaban siendo amenazadas con ataques contra sus
hijos.
¿Dónde están en mayor riesgo?
Los defensores y las defensoras de las zonas rurales están en mayor riesgo, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto y en las zonas con una presencia histórica de las FARC-EP. Tras su desmovilización, el Estado no asumió su responsabilidad de garantizar la protección de la población civil. Estas regiones tienen ahora diversos grupos armados organizados que luchan por el control del territorio y de las economías ilegales, lo que contribuye a la violencia y al desplazamiento forzado. Según diversas fuentes (sociedad civil, ONU y Defensoría del Pueblo), las cifras más altas de asesinatos y otros ataques y violaciones se han registrado en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander, seguidos de Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá .
Los defensores y las defensoras de las zonas rurales están en mayor riesgo, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto y en las zonas con una presencia histórica de las FARC-EP. Tras su desmovilización, el Estado no asumió su responsabilidad de garantizar la protección de la población civil. Estas regiones tienen ahora diversos grupos armados organizados que luchan por el control del territorio y de las economías ilegales, lo que contribuye a la violencia y al desplazamiento forzado. Según diversas fuentes (sociedad civil, ONU y Defensoría del Pueblo), las cifras más altas de asesinatos y otros ataques y violaciones se han registrado en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander, seguidos de Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá .
¿Defensores y defensoras de los derechos humanos,
que están en mayor riesgo?
Los defensores y defensoras más expuestos son principalmente campesinos, pueblos indígenas, afrocolombianos y mujeres que promueven activamente el acuerdo de paz (reforma rural y restitución de tierras, así como la sustitución de cultivos ilícitos), así como aquellos que exigen derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. A menudo son líderes sociales en sus comunidades, miembros o presidentes de asociaciones y movimientos sociales, y ejercen funciones públicas al nivel más bajo de la estructura territorial, en las Juntas de Acción Comunal. Son los que defienden su tierra (“el territorio”), derechos ambientales y colectivos, que se oponen a la explotación de los recursos naturales por parte de actores legales e ilegales.
Los defensores y defensoras más expuestos son principalmente campesinos, pueblos indígenas, afrocolombianos y mujeres que promueven activamente el acuerdo de paz (reforma rural y restitución de tierras, así como la sustitución de cultivos ilícitos), así como aquellos que exigen derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. A menudo son líderes sociales en sus comunidades, miembros o presidentes de asociaciones y movimientos sociales, y ejercen funciones públicas al nivel más bajo de la estructura territorial, en las Juntas de Acción Comunal. Son los que defienden su tierra (“el territorio”), derechos ambientales y colectivos, que se oponen a la explotación de los recursos naturales por parte de actores legales e ilegales.
¿Quiénes son los autores y quién está detrás de
los ataques?
Con base en los testimonios recibidos, los perpetradores de los asesinatos, amenazas, intimidaciones y otros ataques suelen ser desconocidos para las víctimas y sus familias, por ejemplo cuando se utilizan “sicarios”, los autores están enmascarados o las amenazas son anónimas o se atribuyen a grupos desconocidos (por ejemplo, Águilas Negras). Sin embargo, los testimonios señalaron a miembros de los grupos armados organizados, autoridades públicas y actores no estatales presentes en las zonas. A menudo se plantearon preguntas y estas aún se mantienen sobre los autores intelectuales detrás de los ataques.
Con base en los testimonios recibidos, los perpetradores de los asesinatos, amenazas, intimidaciones y otros ataques suelen ser desconocidos para las víctimas y sus familias, por ejemplo cuando se utilizan “sicarios”, los autores están enmascarados o las amenazas son anónimas o se atribuyen a grupos desconocidos (por ejemplo, Águilas Negras). Sin embargo, los testimonios señalaron a miembros de los grupos armados organizados, autoridades públicas y actores no estatales presentes en las zonas. A menudo se plantearon preguntas y estas aún se mantienen sobre los autores intelectuales detrás de los ataques.
Reconozco los progresos realizados en materia de
jurisprudencia y fortalecimiento del marco normativo e institucional para la
protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en
Colombia en los últimos años. No obstante, estos avances no han dado lugar a un
entorno más seguro para los defensores y las defensoras. Persisten grandes
desafíos, y es necesario hacer más en el actual escenario posterior al acuerdo
de paz. La impunidad generalizada es una de las áreas que es necesario abordar
con urgencia.
Recomendaciones
Invito al gobierno a adoptar un enfoque de prevención más integral, haciendo hincapié en las causas subyacentes de los ataques de una manera multidimensional, lo que incluye abordar las causas estructurales.
Invito al gobierno a adoptar un enfoque de prevención más integral, haciendo hincapié en las causas subyacentes de los ataques de una manera multidimensional, lo que incluye abordar las causas estructurales.
- En mi opinión, el Gobierno
debe dar prioridad a la lucha contra la corrupción en todos los niveles
del territorio, la delincuencia organizada y, en particular, la situación
actual donde los grupos armados organizados gobiernan de
facto los
territorios.
- Insto al Gobierno a que
inicie un proceso de investigación de las fuerzas de seguridad del Estado
y una fuerte campaña contra la corrupción a todos los niveles del Estado,
con el apoyo de la comunidad internacional, incluida la Organización de
Estados Americanos.
Falta de reconocimiento público y estigmatización
de los defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y las defensoras de derechos
humanos en Colombia operan en un entorno de seguridad, social, político y
económico extraordinariamente complejo. Los dirigentes políticos no solo
deberían apreciar la complejidad de la defensa de los derechos humanos en
Colombia y sus riesgos asociados, sino que deberían usar su autoridad para
garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos sean
promovidos, respetados y protegidos. Una sociedad democrática abierta debería
valorar sus contribuciones esenciales a la participación política, la libertad
de expresión y a una cultura y sociedad florecientes.
Desafortunadamente, he recibido un listado de
pronunciamientos estigmatizantes de dirigentes políticos, funcionarios públicos
y personas influyentes, que tienden a estigmatizar y marginar a los defensores
y las defensoras de los derechos humanos. Etiquetar a los defensores y
defensoras de los derechos humanos como guerrilleros de
este o aquel grupo, terroristas, anti-desarrollo o informantes (llamados
“sapos”) aumentan gravemente su exposición a riesgos y violaciones. Debe quedar
claro que ellos no son asesinados por amoríos, sino por implementar la paz,
oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la
corrupción, la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades.
Me impresionaron los comentarios del Gobernador
de Antioquia, Luis Pérez, en los que asociaba a activistas sociales, con grupos
armados ilegales, cuestionando así su honestidad y veracidad y sugiriendo que
se les enjuiciara por protestar pacíficamente. Dichas observaciones generan un
entorno en el que las amenazas y violencia contra los defensores y defensoras
de los derechos humanos parecen legítimas.
Recomendaciones
- He pedido respetuosamente que
el Gobernador Pérez publique una declaración para declarar su apoyo a los
defensores y las defensoras de los derechos humanos y espero que esté de
acuerdo de hacerlo
- También aliento a todos los
dirigentes políticos a que reconozcan públicamente el papel vital de los
defensores y las defensoras de los derechos humanos, incluidos los líderes
y lideresas sociales, en la promoción de la paz, el desarrollo sostenible
y los derechos humanos.
- Recomiendo que en la próxima
reunión de todos los gobernadores se den instrucciones para abstenerse de
este tipo de declaraciones públicas y que los gobernadores den
instrucciones similares a su administración local.
Criminalización de los defensores y las
defensoras de derechos humanos
Parece estar surgiendo un nuevo patrón de
criminalización o de montaje judicial contra los defensores y las defensoras de
los derechos humanos, donde se les acusa de pertenecer al grupo armado
organizado ELN, o de hacer colusión con este grupo. En estos casos, las pruebas
parecen ser débiles y se basan en testimonios individuales de personas que
pueden haberse visto beneficiadas con una reducción de penas por cooperar con
la fiscalía/las investigaciones. Los defensores y las defensoras de los
derechos humanos con quienes me reuní durante mi visita a La Guajira destacaron
esta ocurrencia en la Serranía del Perijá. Esto es muy problemático en una
democracia moderna y es contraproducente para los esfuerzos de consolidación de
la paz en curso. Se han reportado otros casos similares en Cauca y en la región
de Nariño. Seguiré de cerca la evolución de estos procedimientos judiciales.
También escuché testimonios de la criminalización
de defensores y defensoras en el contexto de la protesta social. En estos
casos, los defensores y las defensoras podrían ser procesados por el crimen de
rebelión, concierto para delinquir, terrorismo, obstrucción de carreteras
públicas, intento de homicidio, etc. Los defensores y las defensoras del medio
ambiente se han visto particularmente afectados y criminalizados por su
participación en asambleas pacíficas contra proyectos de minería y negocios y
para la defensa del medio ambiente.
Lamentablemente, en la mayoría de los procesos
judiciales contra defensores, estos son detenidos y sometidos a detención
preventiva. También me preocupa el artículo 34A recientemente incorporado al
Código Penal. Este artículo prevé una pena de 6 a 10 años de
prisión a quienes presten asesoramiento jurídico y de otro tipo para servir a
los propósitos de los grupos organizados delictivos o armados, a menos que se
conceda esto en el contexto de la defensa jurídica. El artículo no solo es
vago, sino que otorga facultades discrecionales a los fiscales y los jueces.
Ciertamente, podría utilizarse contra organizaciones de derechos humanos y
abogados que presten asesoramiento jurídico a los movimientos sociales y a los
defensores y defensoras de los derechos humanos.
Recomendaciones
- Los jueces, fiscales y
funcionarios públicos deben recibir la capacitación necesaria en derechos
humanos y sobre la declaración de las Naciones Unidas de los defensores y
las defensoras para evitar su criminalización.
- También invito a revisar el
artículo 34A.
Alto nivel de impunidad en los ataques contra
defensores
Durante la visita me reuní con el Fiscal General
para comprender los esfuerzos y resultados de la Fiscalía en la identificación
y enjuiciamento a los autores intelectuales y materiales de los ataques contra
defensores y defensoras. Acojo con satisfacción el establecimiento de la Unidad
Especializada para la investigación y procesamiento de los delitos contra
defensores y defensoras de los derechos humanos y los lineamientos establecidos
en la Directiva 002 de 2017 del Fiscal General. Me complace ver que la directiva
aclara la definición de defensores y defensoras de los derechos humanos de
conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y
Defensoras y en la debida diligencia y el proceso de investigación, que
requiere adoptar como primera hipótesis el hecho de que los defensores y las
defensoras son asesinados en relación con su labor en materia de derechos
humanos.
También se me informó de la decisión del Fiscal
General de dar prioridad a la investigación de 213 casos de asesinatos
reportados por la OACDH desde 2016. De los 213 casos de asesinatos documentados
por la OACDH y priorizados por la Fiscalía General:
- En 20 casos de los 213, el autor o los autores han sido
procesados y condenados. Así pues, se ha aclarado el 9,3% de los
casos.
- En los 193 casos restantes: en el 20% de los casos, el
proceso judicial está en curso, en el 14% de los casos hay al menos una
persona con cargos, y en el 9% de los casos hay una orden de arresto.
Entiendo que los esfuerzos deben centrarse ahora
en detener y revertir la preocupante tendencia del elevado número de asesinatos
y ataques contra defensores y defensoras desde el acuerdo de paz, así como en
la prevención y la mitigación de los riesgos. Sin embargo, para fines de
rendición de cuentas, el Gobierno y las instituciones estatales pertinentes
deben velar también por la pronta investigación y el procesamiento de los
asesinatos y ataques a defensores y defensoras en años anteriores. Según Somos
Defensores, desde 2010 se han producido al menos 3607 ataques contra defensores
y defensoras, entre ellos 2646 amenazas, 609 asesinatos, 328 intentos de
homicidio, 22 desapariciones y 2 casos de violencia sexual. Estos crímenes y violaciones de los derechos
humanos no pueden ser ignorados, y los responsables, incluidos los autores
intelectuales, deben ser llevados ante la justicia.
Recomendación:
- Animo a la Fiscalía General a
que coopere con la Oficina del Defensor del Pueblo (INDH) y explore
opciones para complementar su registro de casos asesinatos de personas
defensoras con los casos verificados por la Defensoría, que son más
numerosos.
- La Fiscalía General debe
avanzar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra
defensores que ocurrieron con anterioridad a la firma de los acuerdos de
paz.
- La Unidad Especializada para
la investigación y el procesamiento de los delitos contra personas
defensoras y los excombatientes debe recibir el apoyo financiero y
personal adicional para fortalecer su capacidad y respuesta.
- El Procurador General también
debería dar prioridad a la vigilancia y sanción, según proceda, de la
conducta inadecuada y de los ataques de los funcionarios públicos contra
defensores y defensoras en todo el territorio.
Reducción del espacio cívico y criminalización de
la protesta social
Mi visita tuvo lugar en el contexto de las
movilizaciones sociales lideradas por estudiantes a nivel nacional, en las que
se pedía la preservación de un modelo de educación pública y su mejora. Los
testimonios que recibí describieron el uso excesivo de la fuerza por parte de
la policía, así como la presencia de infiltrados violentos que no formaban
parte del movimiento estudiantil. Solo en Bogotá, 95 personas fueron detenidas
en el contexto de la manifestación del 15 de noviembre, 13 de las cuales
resultaron en procesos judiciales.
También comprendí que los espacios de diálogo
logrados, y los eventuales logros, solo fueron posibles después de una larga y
difícil lucha y movilización de la sociedad civil, defensores y defensoras de
los derechos humanos y gente del común, a menudo a un alto costo. A modo de
ejemplo está el caso de las movilizaciones sociales anteriores en Buenaventura
en 2017. He escuchado la frustración de sindicatos, campesinos, dirigentes
afrocolombianos e indígenas por la falta de compromiso, progreso y resultados
de los gobiernos sucesivos, que sistemáticamente incumplen con las acciones
acordadas, para la desolación de la sociedad civil y de los defensores y las
defensoras de los derechos humanos. La reciente aprobación del nuevo Protocolo
sobre el derecho a la Protesta Social por parte del Ministerio del Interior es
un paso positivo.
Recomendaciones
- Insto al Gobierno a que
intensifique los esfuerzos para impedir el uso excesivo de la fuerza por
miembros de las fuerzas de seguridad y para que garantice que toda
denuncia de uso excesivo de la misma sea investigada con prontitud, de
manera plena e imparcial, y para que los autores sean debidamente
procesados y castigados.
- En particular, la legislación
vigente y la práctica establecida sobre el papel de la policía en el
contexto de las manifestaciones deben ajustarse a los Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a
las normas relativas a la libertad de asociación, opinión
y expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos.
Institución Nacional de Derechos Humanos –
Defensoría del Pueblo
Me han causado gran impresión los numerosos
testimonios de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas que se
refieren a la Defensoría del Pueblo (INDH) como un mecanismo efectivo de
protección en todo el país, actuando con efectividad para garantizar y proteger
los derechos de los defensores y las defensoras. El mecanismo de alerta
temprana desarrollado por la Defensoría ha sido mencionado en varias ocasiones
como una herramienta efectiva para alertar sobre posibles e inminentes ataques
contra los defensores y las defensoras. No obstante, en varias de las reuniones
que tuvimos en diferentes regiones se puso de manifiesto la falta de respuesta
y de acción de las autoridades locales ante estas alertas, lo que constituye
una señal de que sencillamente se dedican a divulgar las señales de alerta
temprana sin hacer un seguimiento adecuado o vigilar la implementación de las
acciones.
Como parte de la arquitectura institucional del
Estado, la Defensoría del Pueblo juega un papel preponderante en garantizar un
ambiente seguro y propicio para los defensores y las defensoras. Recientemente,
la Defensoría ha sido re acreditada con el estatus A por el Subcomité de
Acreditación. Como una institución nacional de derechos humanos que cumple con
los Principios de París, el Defensor del Pueblo se encuentra en una posición
única para orientar y asesorar al gobierno en cuanto a sus obligaciones en el
marco de los derechos humanos y para garantizar que los principios y normas
internacionales se incorporen de forma adecuada en la legislación nacional y
transformadas en políticas públicas que incluyan a defensores de los derechos
humanos. La evidencia muestra que cuando el mandato de las instituciones
nacionales incluye la competencia para investigar las denuncias y suministrar
una protección efectiva, las instituciones pueden desempeñar un papel
preponderante en aquellos casos en los que los sistemas judiciales de los
Estados no puedan o se nieguen a juzgar sobre posibles violaciones contra los
defensores y defensoras.
Creo firmemente que las instituciones de derechos
humanos deberían expresar su apoyo a los defensores y las defensoras de los
derechos humanos y condenar los ataques contra ellos. Resalto el papel que el
Defensor del Pueblo ha tenido en ese sentido y lo llamo a continuar expresando
sus preocupaciones en lo que respecta a defensores y defensoras de los derechos
humanos.
Animo al gobierno a consultar sistemáticamente al
Defensor del Pueblo y a encomendarle a esta institución el monitoreo de la
implementación de todas las políticas sobre derechos humanos.
Durante mis reuniones, he recibido alegatos
convincentes de amenazas y difamaciones contra los representantes regionales o
miembros del equipo del Defensor del Pueblo. El gobierno debería adoptar una
política de tolerancia cero e investigar todas las denuncias de amenazas y
ataques contra representantes de la Defensoría del Pueblo, así como todas las
limitaciones y desafíos que puedan socavar de forma grave la independencia,
eficiencia, credibilidad e impacto de la institución. El gobierno debe proteger
legal y públicamente y además apoyar a todos los miembros y empleados de la
Defensoría cada vez que sea necesario.
Con el fin de asegurar la credibilidad del
trabajo del Defensor, el gobierno debería responder más oportunamente y garantizar
un seguimiento adecuado y la implementación de estas recomendaciones.
8. Unidad
Nacional de Protección - Programa de Protección de los Defensores de Derechos
Humanos
En 2011, mediante el Decreto 4065 , se creó la Unidad Nacional de Protección (UNP),
la cual asumió las funciones de protección desarrolladas desde 1997 al interior
del Ministerio del Interior y Justicia, y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS). La UNP es un organismo nacional de seguridad, que depende del
Ministerio de Interior, y encargado de analizar las solicitudes de protección,
realizar evaluaciones de riesgo e implementar medidas para personas y/o
colectivos que corran riesgo como consecuencia directa del ejercicio de sus
actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Entre las
poblaciones objeto del programa figuran defensores y defensoras de los derechos
humanos, sindicalistas, líderes o activistas de asociaciones comerciales,
líderes o miembros de grupos étnicos, periodistas o comunicadores sociales,
víctimas del conflicto armado y demandantes de tierras, entre otros actores.
Desde su creación, la Unidad Nacional de
Protección informó de que había adoptado medidas para 4367 defensores y
defensoras de los derechos humanos, en particular mediante la provisión de 4140
dispositivos de comunicación, 3360 chalecos antibalas, 423 botones de pánico,
3312 guardaespaldas, 616 vehículos blindados, 719 vehículos convencionales y 17
motocicletas. Otra medida material común es la provisión de subvenciones
temporales para la reubicación. Sin ignorar que a veces las medidas materiales,
la protección de la policía o la provisión de guardaespaldas pueden ser útiles
y necesarias para garantizar la seguridad de un defensor o defensora de los
derechos humanos, es imperativo que los Estados tengan en cuenta y apliquen
otras medidas de protección adaptadas a la realidad de la vida y a la labor de
defensores y defensoras, así como para adoptar medidas preventivas.
Muchos de los defensores y defensoras de los
derechos humanos con los que me reuní cuestionaron la eficacia de las medidas
de protección de la Unidad Nacional de Protección, en particular en lo que respecta
a su énfasis en atención individual y material; los retrasos en la evaluación
del riesgo y la posterior implementación de las medidas de seguridad acordadas;
así como la falta de un enfoque diferenciado y de uno preventivo y colectivo adaptado a la
realidad étnica del territorio y a sus formas tradicionales de auto gobierno.
Se me informó de los avances del Decreto 1066 de
2015 y de sus decretos de modificación , que han ampliado las respuestas de protección
de la Unidad Nacional de Protección para incluir un enfoque colectivo. También
se me informó que la Unidad Nacional de Protección ha adoptado recientemente
una hoja de ruta para la protección colectiva, que hasta la fecha ha evaluado
y/o aplicado medidas colectivas en 36 casos. Es necesario seguir promoviendo y
fortaleciendo el enfoque colectivo para que las medidas acordadas con los
defensores y defensoras se adapten a la realidad de los diferentes contextos y
grupos de defensores y defensoras en situación de riesgo en Colombia.
Durante
mis reuniones con el Director de la UNP y otros miembros del personal, observé
con satisfacción el plan para llevar a cabo una renovación y reestructuración
de la Unidad, sus rutas de protección y las medidas previstas. Esta es una
oportunidad única para realizar cambios estructurales, responder a los desafíos
actuales y asegurar una amplia participación de la sociedad civil en el diseño
de planes de trabajo y enfoques de género y étncios. También se deben
implementar herramientas de gestión para asegurar la implementación oportuna de
las medidas de protección.
Me
impresionaron las iniciativas creativas y eficaces lideradas por la sociedad
civil a nivel local, que les han permitido protegerse en los momentos más
complicados del conflicto armado y en donde la presencia del Estado ha sido muy
limitada o inexistente. Las iniciativas locales deben ser tomados en cuenta en
los esquemas de protección acordados con los defensores y las defensoras y sus
comunidades. Algunas de estas iniciativas aún deben ser plenamente reconocidas
o adoptadas por el Estado para funcionar y desarrollarse mejor. Ejemplo de
estas son la Guardia
Campesina y la Guardia
Cimarrona.
Tuve
la oportunidad de conocer la Guardia Indígena Nasa en el norte del Cauca, en mi
visita a Cxhab Wala Kiwe-Acin. También pude escuchar a las organizaciones de
campesinos y comunidades afrocolombianas, quienes relataron sus experiencias en
casos como los de los campamentos humanitarios en zonas particularmente
afectadas por los grupos armados ilegales y en la conciliación y mediación de
los comités creados por las Juntas
de Acción Comunales. Es imperativo consultar a los defensores y las
defensoras de los derechos humanos para garantizar que se adopte un enfoque
diferencial adecuado y que las estrategias de protección autónomas sean
plenamente reconocidas y fortalecidas.
A pesar de que el programa de protección existente ha contribuido a prevenir ciertas violaciones contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, no ha sido una herramienta para transformar el entorno en el que se desempeñan. Su enfoque en gran parte reactivo y material perjudica la efectividad de sus medidas de protección y expone a la Unidad Nacional de Protección a reducir su capacidad debido a un gran número de casos que continúan sin resolverse. También se me informó de casos en que los defensores y las defensoras que eran beneficiarios de esquemas de protección fueron atacados y, en algunos casos, asesinados. Es de crucial importancia mantener las iniciativas gubernamentales destinadas a proteger a defensores de derechos humanos mientras continúe la situación de riesgo. Por lo tanto, debería recibir el apoyo de todas las partes interesadas. También se debe alentar la cooperación y coordinación con gobiernos departamentales y presencia a nivel local, especialmente considerando que la mayoría de ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos se originan a nivel territorial.
A pesar de que el programa de protección existente ha contribuido a prevenir ciertas violaciones contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, no ha sido una herramienta para transformar el entorno en el que se desempeñan. Su enfoque en gran parte reactivo y material perjudica la efectividad de sus medidas de protección y expone a la Unidad Nacional de Protección a reducir su capacidad debido a un gran número de casos que continúan sin resolverse. También se me informó de casos en que los defensores y las defensoras que eran beneficiarios de esquemas de protección fueron atacados y, en algunos casos, asesinados. Es de crucial importancia mantener las iniciativas gubernamentales destinadas a proteger a defensores de derechos humanos mientras continúe la situación de riesgo. Por lo tanto, debería recibir el apoyo de todas las partes interesadas. También se debe alentar la cooperación y coordinación con gobiernos departamentales y presencia a nivel local, especialmente considerando que la mayoría de ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos se originan a nivel territorial.
Con
base en la información y los testimonios que recogí de las autoridades
estatales, defensores y defensoras de los derechos humanos y sociedad civil
durante mi visita, quiero abordar algunos de los desafíos claves identificados,
además de proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia del programa de
protección.
Desafíos
claves:
- La adopción de
un enfoque diferencial, que incluya los enfoques de género y étnico, sigue
siendo un trabajo en progreso que
requiere consolidación. Las mujeres defensoras han informado de una falta
de apoyo integral y, en general, los defensores han informado que sus
estrategias locales rara vez se reconocen y se toman en consideración al
acceder a las medidas de protección provistas por el Estado. Los informes
que llamaron mi atención también fueron elaborados por grupos y defensoras
y defensores que fueron incluidos en los esquemas de protección colectiva.
Una preocupación adicional es que las medidas inmateriales acordadas
siguen en un nivel de implementación baja.
- El objetivo central de un programa de protección es que
los defensores y las defensoras puedan ejercer su derecho a defender los
derechos humanos en las mejores condiciones posibles. En algunos casos,
las medidas de protección ofrecidas hasta el momento pueden presentar
dificultades adicionales e interferir con el trabajo de los defensores y
las defensoras de los derechos humanos. Esto es más notorio en la
provisión de guardaespaldas, protección policial y chalecos antibalas. Se
hace fundamental la provisión de medidas inmateriales que garanticen una
respuesta integral del Estado a los riesgos que enfrentan los defensores y
las defensoras de los derechos humanos, sus familias y comunidades. Es
importante tener en cuenta que la provisión de medidas individuales es
compatible con un enfoque colectivo cuando se adaptan para un contexto
específico de riesgo y de actividades de los defensores y las defensoras,
así como del territorio a proteger.
- En el pasado, los defensores y las defensoras no
recibieron respuesta oportuna a sus solicitudes de protección en algunos
casos. El caso del Sr. Porfirio Jaramillo Bogallo, asesinado en enero de
2017 en Urabá es ilustrativo de esta situación. Todavía hay muchos
informes de retrasos o cambios de última hora en la implementación de las
medidas acordadas. Además, los defensores y las defensoras que se
beneficiaban de un esquema de protección que después se les retiró
informaron que recibieron nuevos ataques y, en algunos casos, fueron
asesinados posteriormente.
- El proceso para acceder al Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección comienza con el diligenciamiento de un formulario de registro, que requiere que se envíe un conjunto de documentos mínimos junto con el formulario. Algunos defensores que conocí no pudieron presentar oportunamente una solicitud formal de protección debido a las dificultades para obtener dichos documentos. Es de particular preocupación que alguien que defiende los derechos humanos deba presentar una acreditación para respaldar su solicitud. Llamó mi atención que las mujeres defensoras de los derechos humanos, cuyo trabajo en muchos casos es subvaluado, pueden enfrentar obstáculos adicionales para cumplir con este requisito en particular. Esto también representa un desafío adicional para quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno, viven en áreas remotas o tienen menos contacto con organizaciones nacionales e internacionales.
- Algunos
defensores en riesgo se convierten en víctimas de desplazamiento interno
como mecanismo de autoprotección; son obligados a dejar el arraigo a sus
lugares de origen, sus formas de sustento y las garantías educativas de
sus hijos. El sistema actual parece carecer de un enfoque sistemático para
garantizar medios de subsistencia, asistencia médica o atención
psicosocial para estos defensores, lo cual representa mayor vulnerabilidad
para su situación. Los defensores me han expresado la necesidad de incluir
a los miembros de sus familias y particularmente a los niños en el
análisis del riesgo, entre otras necesidades. Se deben ofrecer medidas
adicionales de protección para garantizarla. Además, es pertinente adoptar
medidas de protección que aborden las necesidades socioeconómicas de los
defensores y las defensoras de los derechos humanos desplazados
internamente.
- La impunidad
de las violaciones contra defensores de derechos humanos y la falta de un
enfoque preventivo holístico limita la eficiencia de cualquier medida que
pretenda proteger a los defensores y las defensoras en el país.
Recomendaciones:
A la luz de los desafíos mencionados recientemente, insto al Estado colombiano a avanzar en áreas claves de trabajo de la Unidad Nacional de Protección, en particular:
A la luz de los desafíos mencionados recientemente, insto al Estado colombiano a avanzar en áreas claves de trabajo de la Unidad Nacional de Protección, en particular:
- Asegurar una
amplia participación de las personas defensores de derechos humanos en el
proceso de reestructuración de la Unidad Nacional de Protección, sus rutas
de protección y medidas previstas.
- Como parte de
la adopción de un enfoque más preventivo para proteger defensores, la
Unidad Nacional de Protección debe propender por planes de cooperación
reforzada para asegurar que las medidas de protección adoptadas vayan de
la mano con una investigación pronta, imparcial y exhaustiva.
- La necesidad
de limitar el papeleo excesivo y aparentemente innecesario para la
inclusión en el programa de protección, así como las demoras indebidas y
largos períodos de espera entre el momento en que se registra la primera
denuncia, el análisis de riesgo y la implementación real de las medidas.
Tales retrasos ponen a los defensores y las defensoras de los derechos
humanos en un riesgo aún mayor.
- Priorizar los
mecanismos de protección colectiva: dado que las situaciones de mayor
riesgo para defensores de derechos humanos se concentran en áreas no
urbanas con mayor fragilidad estatal y debilidad institucional.
- Defensores y defensoras de los derechos humanos en
riesgo
- Líderes sociales y comunales, defensores y reclamantes
de tierra, de los derechos económicos sociales y culturales y los y las
que promueven el acuerdo de paz.
Me
preocupó profundamente saber que muchos defensores y defensoras de los derechos
humanos en las zonas rurales han sido asesinados, amenazados, intimidados y
desplazados forzosamente por su labor en materia de derechos humanos. Su agenda
de derechos humanos es lo que los pone en peligro. Ellos defienden los derechos
humanos y protegen a sus comunidades de los diferentes grupos armados presentes
en sus zonas. En ausencia del Estado, no les queda otra opción que interactuar
con ellos. Se oponen a su presencia en la proximidad de sus comunidades, al
reclutamiento forzoso y a la explotación sexual de sus hijos e hijas.
Intervienen para salvar las vidas de aquellos que los grupos armados tienen
como objetivo y tratan de oponerse a la extorsión. Impulsan la implementación
continua del acuerdo de paz, la reforma rural y, en particular, el programa de
sustitución de cultivos ilícitos, en la medida de lo posible, poniendo en
peligro su vida.
Desde
el Estado, estos mismos defensores y defensoras exigen derechos económicos
sociales y culturales básicos, en particular el acceso a agua potable, escuela
primaria para sus hijos e hijas, atención básica en salud, electricidad y
carreteras. También insisten en la necesidad de que el Gobierno reanude
urgentemente los diálogos de paz con el ELN. Al hacer esto, los defensores y
las defensoras podrían ser etiquetados o incluso criminalizados como
colaboradores o miembros de este grupo armado organizado.
Los
datos y análisis disponibles corroboran lo que he evidenciado durante mis
visitas en los territorios. Los
defensores y defensoras de los derechos humanos más expuestos en la era
posterior al acuerdo son los líderes y lideresas sociales y comunitarios,
miembros o presidentes de las Juntas de Acción Comunales, incluidas las mujeres
defensoras de los derechos humanos, y los líderes y lideresas étnicos en zonas
con presencia de grupos armados ilegales. En particular riesgo se encuentran
los defensores y defensoras que apoyan las políticas derivadas del Acuerdo,
como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y que
reclaman la restitución de tierras.
Me conmovió profundamente el testimonio de una
defensora de los derechos humanos durante mi visita a Cúcuta. Como Presidenta
de la Junta de Acción Comunal, ha llevado a sus comunidades a poner en práctica
el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Como resultado de ello, dos de
sus hijos y ella misma han sido declarados objetivos militares por parte de los
grupos armados organizados que se oponen a este programa. Se enfrenta a la
difícil opción de volver a su comunidad y arriesgar su vida o de ser desplazada
forzosamente.
Este no es un caso aislado, sino más bien
ilustrativo y un ejemplo común de un destino compartido por muchos defensores y
defensoras de los derechos humanos debido a su intento de cambiar el statu quo en sus
comunidades.
Muchos de estos defensores y defensoras de los
derechos humanos en las zonas rurales pertenecen a diversas organizaciones y
movimientos locales y nacionales. Desde la firma del Acuerdo de Paz, algunos
movimientos sociales han sido especialmente atacados. Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de
Coca, Amapola y Marihuana (COCAM) registraron el mayor número de asesinatos. Me
reuní con los valientes defensores y defensoras de estas organizaciones durante
mi visita, así como con sus familiares, quienes pidieron encarecidamente que
los responsables fueran llevados ante la justicia. Asimismo, los movimientos
sociales étnicos, en particular Comunidades Construyendo Paz en los Territorios
(CONPAZ) y el Consejo Regional Indígena del Cauca, registraron el mayor número
de amenazas.
Mi
diagnóstico es que los defensores de los derechos humanos de las zonas rurales
con presencia de grupos armados organizados operan en un entorno coercitivo.
Están en la primera línea de la presión, las amenazas y los ataques de diversos
grupos armados, y enfrentan la desconfianza de funcionarios públicos y fuerzas
de seguridad del Estado que los consideran cercanos a dichos grupos armados, y
a menudo como colaboradores.
- Defensores y defensoras afrocolombianos
Me
reuní con varias redes y consejos comunitarios afrocolombianos durante mi
visita, tales como RECOMPAS, CNOA, Espacio Humanitario Puente Nayero, PCN,
Cococauca y CCAMYF, entre otros. Estos son algunos de los grupos más afectados
por el conflicto armado interno y, por lo tanto, por los efectos de los desplazamientos
forzados y los ataques. Además de la presencia de grupos armados en sus
territorios, los defensores y las defensoras y las comunidades afrocolombianas
se enfrentan a una discriminación institucional sistemática y a la presión que
ejercen las empresas nacionales e internacionales que tratan de explotar los
recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
Ha
llegado a mi conocimiento el hecho de que uno de los principales desafíos es la
falta de consultas gratuitas, previas e informadas, así como el aumento en el
número de asesinatos de quienes defienden sus territorios y su cultura.
El
año 2018 marcó el aniversario número 25 de la aprobación de la Ley 70 de 1993.
A través de esta Ley se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución
Política de 1991 y se reconocen algunos derechos de las comunidades
afrocolombianas del país; entre otras cosas, los bienes colectivos de las
comunidades negras basados en sus prácticas tradicionales de producción y sus
formas de vida. También establece mecanismos para la protección de su identidad
y cultura. La plena reglamentación de esta ley sigue pendiente, lo que impide
el pleno disfrute de los derechos de las personas afrocolombianas.
En
sus territorios hay amenazas tales como la minería ilegal y mecanizada, la
presencia de cultivos ilícitos, monocultivos, megaproyectos y la presencia de
diferentes actores armados. Ante estos problemas, las comunidades negras han
adelantado diferentes estrategias de control de sus territorios, para
fortalecer su autonomía y preservar sus formas de vida. Entre estas
estrategias, han construido la Guardia Cimarrona (fuerzas no armadas encargadas
de supervisar el cuidado y el control de los territorios), han llevado a cabo
días de erradicación manual de los cultivos ilícitos y han desarrollado
mecanismos para fortalecer sus organizaciones y preservar su identidad.
Recomendaciones:
Recomendaciones:
- Recomiendo
firmemente a las autoridades colombianas garantizar el derecho a la
consulta libre, previa e informada de las comunidades afrocolombianas y a
regular mecanismos eficaces de participación.
- Defensores que trabajan por los derechos de los pueblos
indígenas
Durante
mi viaje tuve la suerte de visitar el territorio de la Nasa en Cauca y reunirme
con defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Awa, Wayuu,
Wiwa, Nasa, Biri y Embera en otros departamentos. En la mayoría de los
casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente
relacionadas con la defensa de sus tierras y la protección del medio ambiente.
No vi en ninguna de estas personas a los insurgentes, criminales o
anti-desarrollo de los que se habla a menudo. En cambio, vi comunidades
pacíficas con una preocupación genuina por el futuro de sus hijos, ya que los
bosques que rodean a sus comunidades están desapareciendo, la tierra en la que
viven está siendo minada o el agua que beben está envenenada. Me conmovieron
especialmente los testimonios de los indígenas Wayuu en La Guajira.
He
escuchado muchos testimonios conmovedores de comunidades humildes y valientes
que hablan en contra de la violencia de los grupos armados ilegales, muchos de
los cuales se cree que operan en connivencia con las autoridades y empresas
locales. El despliegue de fuerzas militares también se describe como una
estrategia para intimidar a las comunidades en lugar de protegerlas de actores
no estatales, como las empresas de seguridad y los grupos armados ilegales. En
todos los departamentos que visité, me sentí consternado por el número de
conflictos en curso que afectan a las comunidades indígenas. A pesar de los
esfuerzos realizados por el Estado para reconocer los derechos fundamentales y
las libertades de los pueblos indígenas debido al desproporcionado impacto
causado por el conflicto armado, se ha avanzado poco en cuanto a resolver las
desigualdades estructurales y sus causas. En paralelo, se le han concedido
varias licencias de explotación al sector empresarial cerca o incluso dentro de
los territorios indígenas tradicionales.
Las
comunidades indígenas se encuentran entre los grupos de defensores que trabajan
por los derechos económicos, sociales y culturales en mayor riesgo. Son blancos
de ataques debido a que informan sobre actos de corrupción, defienden y
reclaman derechos al agua, al medio ambiente sano, a tierras y territorios. Sus
territorios se ven afectados por una serie de intereses económicos que van
desde proyectos de minería y energía, agroindustria y ganadería extensiva hasta
economías ilícitas. Junto con las prácticas discriminatorias que pueden afectar
la capacidad de los defensores de las comunidades indígenas para solicitar y
beneficiarse efectivamente de las medidas de protección, enfrentan represión,
que puede ir desde intimidación, acoso judicial, estigmatización, detención
arbitraria hasta tortura, asesinatos y desapariciones forzadas.
