Carta al Senado buscando impedir la prohibición del asbesto

“Prefieren salvar su negocio en vez de cuidar la salud de los colombianos”

Greenpeace rechaza carta de Ascolfibras al Senado que busca impedir la prohibición del asbesto

Como “una maniobra desesperada y vergonzosa que atenta contra la salud de todos los colombianos” calificó la ONG ambientalista Greenpeace una reservada carta (1) que la Asociación Colombiana de Fibras (Ascolfibras) envió al presidente del Senado y que pretende ejercer lobby sobre los congresistas a fin de poner trabas al proyecto legislativo que busca prohibir el uso y comercialización de asbesto en Colombia, sustancia tóxica que cada año es responsable de la muerte de más de 300 personas en el país.

En la misiva dirigida al presidente del Senado -fechada el 30 de abril y a la cual tuvo acceso Greenpeace-, Jorge Hernán Estrada, presidente ejecutivo de Ascolfibras, plantea que “debemos rechazar el linchamiento y condena mediática que sin fundamento se ha querido hacer contra alguna de las empresas que se han atrevido con argumentos a cuestionar el proyecto en cuestión”.

“Estamos sorprendidos e impactados por la falta de empatía que revela esta carta con la salud de los colombianos y el dolor de los familiares de las víctimas de la mortal sustancia. Para Ascolfibras no es suficiente el testimonio de los familiares de víctimas ni los contundentes estudios internacionales que dan cuenta de sus nefastas y mortales consecuencias. ¿Qué más necesitan para entender que no pueden seguir muriendo más de 300 colombianos cada año por culpa del asbesto? Esperamos que ninguno de estos desesperados intentos de lobby sobre los congresistas influya en la necesidad de prohibir de una buena vez la sustancia en el país. Está en sus manos la oportunidad de hacer historia y librar a Colombia del asbesto”, dijo Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace en Colombia.

Notas: 1- Carta de Ascolfibras al presidente del Senado

Medicamento para tratar acné afecta el hígado e induce al suicidio

La recomendación que hace el Centro de Información en Medicamentos es retirar el producto del mercado

La gran mayoría de medicamentos que se venden en el país se pueden adquirir sin fórmula médica

El uso de tretinoína debe hacerse bajo estricto control de un médico

En el mundo existen reportes de varios casos que sustentan los riesgos de usar este producto

El Invima recomienda hacer valoraciones hepáticas con intervalos de un mes

El consumo de isotretinoína puede provocar un estado depresivo que llevaría hasta el suicidio

Agencia de Noticias UN.- Alrededor de 12 marcas comerciales continúan comercializando tabletas producidas con isotretinoína, cuyo uso se asocia con daños permanentes en el hígado y alteraciones en procesos mentales relacionados con depresiones.

Puesto que el sistema nervioso central funciona a partir de impulsos y transmisión química que activan neurotransmisores a cargo de estimular o deprimir el sistema, si el equilibrio entre los dos se rompe, –por el uso de este medicamento– se desencadenan enfermedades como esquizofrenia y trastorno depresivo bipolar, entre otros.

Así lo explica el profesor José Julián López, director del Centro de Información en Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.). “Para el caso específico de la isotretinoína, se produce un estado de depresión que se expresa en una ideación suicida, asociada con la falta de interés por las actividades cotidianas”, puntualiza el profesor López, para quien bastaría con interrumpir el tratamiento para revertir este tipo de afectaciones.

Riesgos durante el embarazo

Es sabido que cuando una mujer embarazada toma estos medicamentos el feto corre el riesgo de sufrir malformaciones congénitas asociadas con un crecimiento anormal del cerebro, tales como microcefalias.

No obstante a que la gravedad de las afectaciones puede variar según la etapa de gestación, sus efectos son más terribles si el medicamento se consume durante el primer trimestre de embarazo, y también es la causa de malformaciones como labio leporino (fisura labial) o deficiencia en el desarrollo de tejido neurológico.

Registraduría inició los sorteos para la designación de jurados de votación

Del 3 al 7 de mayo los sorteos se realizarán en los demás municipios del país.

Desde el 30 de abril la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el sorteo de jurados de votación en Bogotá y las demás capitales de departamento. En los demás municipios el país se sorteará del 3 al 7 de mayo.

Para efectuar los sorteos de jurados de votación, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó en todo el país a entidades públicas, universidades, instituciones educativas, y empresas del sector privado las listas de sus funcionarios y empleados para conformar las bases de datos, de las cuales se efectuará la escogencia de los jurados de votación.

Se recibieron 2.151.809 nombres de ciudadanos provenientes de los siguientes sectores: Empresa privada 726.116; entidades públicas 518.324; instituciones educativas 868.732; y campañas políticas 38.637.

Los sorteos de jurados de votación se realizan con el acompañamiento de representantes de los partidos y movimientos políticos, y con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.

Para las 96.657 mesas de votación que funcionarán en las elecciones presidenciales serán designados en forma aleatoria 579.942, más 57.994 de personas disponibles para atender las eventuales ausencias de los inicialmente nombrados.

538.000 estudiantes en 4 departamentos y 12 municipios sin cobertura de PAE

La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.

 De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica,  Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.

Para el ente de control resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el municipio de Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia anterior hasta el pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo proceso de contratación para la vigencia 2018.

Los casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación de los operadores del programa.

De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.

En Montería, el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo proceso tomará como mínimo 20 días hábiles.

Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.

Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Cárcel para nueve personas que estarían involucradas en el desfalco a las finanzas del hospital de Buenaventura

FGN.- Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario fueron cobijados 9 de los 10 procesados por la supuesta apropiación de cinco mil ciento cuatro millones de pesos ($5.104.000.000) destinados al mejoramiento de la infraestructura del único hospital de Buenaventura.

El Juzgado Séptimo de control de garantías de Buenaventura aceptó la argumentación de la Fiscalía, que imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad en documento privado.

Los hoy procesados fueron capturados el 16 de abril del año en curso por investigadores de la Dijin de la Policía Nacional en Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), y Popayán (Cauca).

Los hechos

Los contratos investigados tenían por objeto mejorar las zonas de hospitalización de adultos, cirugía, imagenología, pediatría, nutrición y despensa de la institución.

Estos contratos fueron suscritos con la Unión Temporal MC Asociados, cuyo representante legal es Carolina Moreno Caicedo, por valor de nueve mil novecientos noventa y cuatro millones de pesos ($9.994.000.000).

Durante las labores investigativa se pudo establecer ausencia de diseños, planos arquitectónicos, estudios técnicos estructurales y de vulnerabilidad sísmica; además, quedó en evidencia la poca experiencia de la empresa y la supuesta falsificación de documentos de varios de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin de acreditar recorrido en la ejecución de obras.

Seguimiento

En junio de 2016 se firmó el contrato para las mejoras locativas del Hospital Luis Ablanque de la Plata. El 2 de octubre de 2017, el alcalde Eliécer Arboleda Torres inauguró las obras de remodelación. Esa misma noche llovió en el lugar y la cubierta, que estaba recién instalada, se derrumbó. Esta obra fue reparada y el 21 de marzo de este año volvió a precipitarse.

Según la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el contrato suscrito con la mencionada Unión Temporal no habría cumplido con los requisitos legales. Esto también habría ocurrido con el contrato de interventoría firmado el 29 de junio de 2016 por el alcalde de Buenaventura con la empresa INGCSE-A LTDA., representada legalmente por Orlando Ocoró González, por valor de cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pesos ($464.000.000).

Los procesados son:

Eliécer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura

Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de gobierno

Juan Carlos González Cortez, secretario de infraestructura Vial

Félix Riascos Brome, secretario de salud

Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica

Carolina Moreno Caicedo, representante legal de MC. Asociados

Orlando Ocoró González, representante legal de INGCSE-A LTDA firma interventora

Karina Moreno Caicedo, representante legal de INGEMEDI S.A.S.

Víctor Gabriel Parra Jurado. Miembro de la Unión Temporal MC. Asociados.

Harry Mosquera

MAP/JARG

Fiscalía entregó cuerpo de víctima de desaparición forzada en Manizales

FGN.- En ceremonia solemne, la Fiscalía General de la Nación entregó los restos de José Heriberto Ramírez Llanos, quien fue encontrado muerto el 22 de marzo de 1988, en la finca Taparcal, en la vereda La Inmaculada de Palestina (Caldas).

Luego del procedimiento científico, se estableció el perfil genético de los restos recuperados y su plena identidad, por lo que fue posible hacer una entrega digna a sus familiares, en cumplimiento de los protocolos que establece la ley.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en el momento de su desaparición, Ramírez Llanos tenía 16 años de edad. Quedó demostrado en el proceso que integrantes de un cuerpo de seguridad del Estado lo sacaron a la fuerza de un restaurante en Manizales (Caldas), y se lo llevaron con rumbo desconocido junto a otro joven.

La Fiscalía entregará el cuerpo de la otra persona involucrada en estos hechos en diligencia que se cumplirá en junio del año en curso.

Hay que precisar que los restos de estos dos jóvenes fueron exhumados con fines de identificación, en cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 79/11.

 PAAM/JARG