El rol de las empresas en el conflicto de Colombia no puede ser ignorado.

AQ.- A medida que el país enfrenta décadas de violencia, los funcionarios corporativos de empresas como Chiquita también deben ser responsables.

POR TYLER GIANNINI, MACKENNAN GRAZIANO Y KELSEY JOST-CREEGAN*





Dominio Público / Pixabay
AQ.- Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos se reunió con el presidente Donald Trump en Washington, DC, el debate sobre la implementación colombiana del acuerdo de paz tomó el asiento trasero a otros temas, incluyendo la importancia de la cooperación económica continua.

"Somos y deseamos seguir siendo el mejor destino en América Latina para los negocios estadounidenses", comentó Santos en una conferencia de prensa conjunta.

En Colombia, sin embargo, las perspectivas de conflicto y de negocios han estado históricamente entrelazadas, y para que la paz y la cooperación económica progresen, el legado de los negocios de los Estados Unidos para alimentar el conflicto de décadas, debe ser abordado.
 Chiquita Brands International es un buen ejemplo. La empresa admitió haber pagado 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 al grupo paramilitar colombiano de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), famoso por los brutales ataques contra civiles de la época. Hoy, como Colombia trabaja para asegurar una paz duradera, es importante responsabilizar no sólo a quienes dispararon las balas, sino también a quienes ayudaron a pagar por ellas.

Aunque Chiquita como entidad corporativa se declaró culpable de financiar a las AUC en 2007, diez años más tarde, ni un solo funcionario corporativo ha sido acusado ni procesado, ni en los Estados Unidos ni en Colombia. Tanto el acuerdo de súplica como los documentos internos de la compañía obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington revelan que funcionarios corporativos de alto nivel diseñaron e implementaron esquemas de contabilidad complejos para Chiquita, con el propósito de oscurecer más de 100 pagos a la organización paramilitar.
 Año tras año, pago tras pago, la evidencia muestra que los funcionarios corporativos tomaron decisiones para proteger sus intereses y continuar financiando ilegalmente a las AUC, sin embargo ninguno de ellos ha sido considerado responsable.

Seis meses del Acuerdo Final: entre la estabilidad y la improvisación

No ha sido fácil desarrollar el Acuerdo de paz. Hay retrasos inexcusables y peligros al acecho. Pero también hay avances importantes y motivos para mantener el optimismo, en especial si se corrigen algunos errores.
Katherine Aguirre Tobón*




No alcanzaron seis meses

razonpublica-Katherine Aguirre Tobón*.- Se cumplieron seis meses de la firma del Acuerdo de paz con las FARC. La fecha del Día D +180 (mayo 31) marcaba un hito fundamental del avance del proceso. Sin embargo, el día pasó casi desapercibido.

Pero más allá de las críticas de la oposición y de las discusiones sobre la seguridad jurídica del proceso o sobre los incumplimientos de las partes, hay un hecho indiscutible: el cese al fuego se ha mantenido.

Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) no se han registrado ataques ni combates entre las FARC y la Fuerza Pública, de manera que no ha habido nuevas bajas y se han evitado cerca de 3 mil muertes con ocasión del conflicto.

Según el texto del Acuerdo de Paz, el Día D+180 debía marcar el fin de las zonas transitorias de normalización, así como la total dejación de las armas.

Esto estaría acompañado con el fin del cese del fuego y el cierre definitivo de las confrontaciones entre el Estado y el grupo insurgente. Ante la imposibilidad de cumplir estas metas en el plazo definido, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), ha decidido posponer las fechas del D+180.
Esto vino acompañado de una cascada de decretos presidenciales para “meterle el acelerador” a la implementación.

Junio 20 es la nueva fecha para concluir el proceso de dejación de armas, y el 1 de agosto se dará fin a la concentración de los miembros de las FARC para su posterior reintegración.

El plazo para el desmantelamiento final de los campamentos ha quedado en tres meses. Este es el nuevo cronograma.

Semanas antes del “Día D +180” sorprendía la excesiva confianza del Estado y de la ONU en que los tiempos se podrían cumplir.
Por eso esta declaración, aunque tardía, brinda cierta claridad sobre los pasos a seguir, aunque demuestra el alto nivel de improvisación de todo el proceso.

Casos como el ingreso de infantes de marina a una zona en Guaviare, así como la captura de Yimmi Ríos en Bogotá demuestra como procesos básicos aun no están refinados, poniendo día a día en fuerte riesgo la delicada paz en Colombia.

La importancia del cese del fuego

Pasar este período significa que se ha superado el momento más crítico del post-acuerdo. La experiencia internacional ha mostrado que el riesgo de recaer en el conflicto es muy alto. Según algunos estudios existe un 50 por ciento de posibilidades que el conflicto se reactive durante la década siguiente.
Este hecho se explica por las débiles condiciones de la paz debido a los asuntos de la agenda que aún no hayan tenido pleno cumplimiento.

En el corto plazo son especialmente preocupantes las disidencias que aún conservan sus armas y su presencia territorial, así como las rupturas del cese del fuego más o menos intencionales por cualquiera de las partes.

Contundente operativo contra la extorsión

Desarticulada estructura delincuencial “las gatas” dedicada a cobrar giros extorsivos mediante modalidad carcelaria.



En el mes de agosto del año 2015, se da inicio a un proceso investigativo por parte del grupo Gaula de la Policía Nacional, responsable de realizar cobros de dineros a través de diferentes empresas de giros a nivel nacional, los cuales eran producto de extorsiones en la modalidad carcelaria “suplantación de autoridad” e “integrantes de grupos al margen de la ley”.

Los investigadores llevaron a cabo la recolección de suficiente material probatorio consistente en fuentes humanas, inspecciones judiciales, cotejos dactilares y triangulación de llamadas, logrando detectar el accionar de esta organización en diferentes ciudades del territorio nacional, además se logra establecer los movimientos de dinero producto de extorsión al interior de la organización y la afectación al patrimonio económico del que fueron sus víctimas.

Las llamadas extorsivas realizadas a las víctimas fueron originadas desde el centro penitenciario “La Pola”, ubicado en el municipio de Guaduas (Cundinamarca). Liderado por un hombre apodado como “yiyo”, recluido en este centro penitenciario pagando una condena por el delito de hurto calificado y agravado, siendo este el responsable de realizar las extorsiones y encargado de coordinar el cobro de dineros producto del ilícito, así mismo era el que ordenaba como se distribuía el dinero dentro de la organización delincuencial.

Paros cívicos y laborales: los motivos y las respuestas

razonpublica-Boris Duarte*.- Ante la ola de protestas y movilizaciones sociales, el gobierno sigue respondiendo con una mezcla de represión, concesiones y promesas que incumple. Pero la firma de los acuerdos de paz podría hacernos entender que la protesta social es saludable.



Tratamiento represivo

Aun cuando en muchas sociedades existen normas que regulan el ejercicio de la protesta, muy pocas se comparan con los mecanismos, muchas veces violentos, de normalización y de control que restringen la protesta ciudadana en países como el nuestro.

En Colombia la protesta y el conflicto social son vistos y tratados por el Estado y las élites políticas como una amenaza e incluso como un “enemigo interno”. La legislación vigente – el nuevo Código de Policía, por ejemplo – no solo no garantiza la libertad de expresión sino que reprime y penaliza la protesta ciudadana como un delito.

Para muestra, dos botones. El pasado mes de marzo fue capturada Milena Quiroz, vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del César, acusada por la Fiscalía de Cartagena de organizar marchas “de alta peligrosidad al orden del Estado”. Huber Ballesteros fue capturado cuando encabezaba el paro agrario en 2013.

Estos casos son ejemplos, entre muchos, del tratamiento represivo que recibe la protesta ciudadana en Colombia, no obstante su definición oficial como un “Estado Social de Derecho” y su autoproclamación como una democracia en proceso de “apertura política”. Lo más grave es el hecho de que la Fiscalía trate una y otra vez de asociar las actividades de protesta social con las acciones de la insurgencia, y de este modo vincule la protesta ciudadana con los delitos de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.

Cada vez hay más protestas 
¿Es el ESMAD la fuerza que debería “controlar”
la protesta social en el posconflicto?
Foto: Policía Nacional de los Colombianos
Pero a pesar del control y de la estigmatización – legal e ilegal –, la protesta social en Colombia aumenta de manera progresiva. Su capacidad no debe medirse tanto por el número de participantes en las marchas o eventos en las calles -que suelen ser muy cambiantes- sino por su grado de influencia sobre los asuntos públicos del país.

Para empezar menciono algunas de las movilizaciones más importantes del pasado cercano:

 * La década que estamos viviendo comenzó con dos de las convergencias de movimientos sociales de izquierda más importantes de los últimos años - el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica- que recogieron el legado de una larguísima historia de protestas, y lanzaron sus propuestas en medio de sendas movilizaciones. En el año 2010 estos dos movimientos lograron la unión de numerosos organizaciones campesinas, indígenas, afro, estudiantiles, de mujeres, ambientalistas y urbanas de todo el país.

 * Las banderas principales de estos movimientos han girado alrededor del derecho a la tierra y la reforma agraria, la defensa de la riqueza natural, la solución política del conflicto armado, la reparación integral de las víctimas, y la soberanía popular.

 * En 2011 y 2012 tuvimos el paro nacional universitario y las masivas movilizaciones de estudiantiles encabezadas por la MANE, que contaron con el apoyo de los rectores de las universidades públicas y de las familias colombianas, y que lograron tumbar el proyecto de contrarreforma de la ley 30 que había sido presentado por el gobierno nacional y que buscaba privatizar la educación superior pública.

 * En 2013 la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y otras organizaciones conformaron la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La Cumbre Agraria, como se denominó este movimiento, convocó en 2014 el famoso paro agrario (que paralizó al país aunque a juicio del presidente Santos no existió).

 * El paro reclamaba mayor atención a la crisis del campo colombiano, lo cual obligó al gobierno a expedir el decreto 870 de 2014 para formalizar una mesa única de interlocución con las organizaciones de la Cumbre Agraria, y lo obligó además a destinar 250 mil millones de pesos mediante una línea especial con el Fondo de Fomento Agropecuario, para el fomento de la economía campesina, indígena y afro.

 * Pero no todas las protestas son convocadas por la oposición de izquierda. En 2014 el turno fue para los sectores influenciados por el uribismo, que convocaron marchas en las principales ciudades para protestar contra la “entrega del país” que el gobierno le estaba haciendo a las FARC. Estos sectores han sido muy activos y constantes, y aun cuando alguno de sus métodos sean muy discutibles (por ejemplo su idea de “resistencia civil”), no cabe duda de que han tenido una influencia decisiva, como ocurrió con el triunfo del “no” en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y con su oposición constante al desarrollo normativo de los acuerdos de paz en el Congreso.

 * Más recientemente, a mediados de 2016, los trasportadores lograron paralizar el país. Su protesta, que incluyó bloqueos de las principales vías del país, buscaba que el Estado controlara la sobreoferta de vehículos de carga, y bajara los costos sobre todo en los peajes y los combustibles, además de algunos programas sociales para los conductores y mayor seguridad en las vías.

 * En marzo del presente año, y gracias a las protestas de años atrás, se llevó a cabo una consulta popular que les dio la posibilidad a los habitantes de Cajamarca para rechazar la actividad minera en su municipio. Y en esto no están solos: en otros seis municipios de cinco departamentos, los ciudadanos votaron o se aprestan a votar contra proyectos auríferos, petroleros o hidroeléctricos que habían sido aprobados por el gobierno nacional.

 * No por menos conocidas debo dejar de mencionar las acciones de protesta de los artistas y trabajadores de circo que hace poco reclamaron una jornada de trabajo (sin precedentes en nuestra legislación), la baja en los impuestos a su actividad y mayor apoyo del Estado a su forma de subsistencia.

Finaliza ciclo 23 de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares

La Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH), termina su ciclo 23 el próximo 28 de mayo.
 En esta oportunidad los encuestadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) recorrieron 54 ciudades del país en las cuales recogieron información de los ingresos y de los gastos de los miembros de los hogares.

Para esta fase, el DANE contó con la colaboración de las alcaldías municipales de Pereira, Manizales, Itagüí, Apia y Acacias, las cuales socializaron el material promocional de la encuesta a través de sus canales institucionales y diferentes plataformas.

El lunes 29 de mayo inicia el ciclo 24 de la encuesta, con esta se actualizará la información relacionada con los recursos económicos recibidos por los colombianos, con la que se busca saber cuál es su fuente de ingreso y la forma en que son gastados estos ingresos, además de conocer la frecuencia de compra y los hábitos de consumo de los hogares.

El ICA actualizó normatividad en BPA para producción primaria de vegetales inocuos y seguros para el consumo humano

Las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, dictan los criterios de cumplimiento para fortalecer el sistema de aseguramiento de inocuidad en producción primaria, y facilita el ingreso de los productos al mundo.
Con el fin de que la producción agrícola nacional cumpla con las exigencias de calidad e inocuidad y sea competitiva en los mercados internacionales, el ICA emitió una nueva resolución mediante la cual actualiza los requisitos para la producción primaria en las fincas, y su certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA.

La nueva Resolución ICA 30021 de abril de 2017, establece los requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano. Así mismo la Entidad derogó la Resolución ICA 20009 de 2016, que regía estos temas.

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Asamblea de 3.000 jóvenes y Gobierno del Cambio, firman acuerdo.

Durante la Asamblea Nacional de Juventudes , que tuvo lugar en Ibagué el fin de semana anterior, los representantes de las diversas carteras...

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