Asegurado alcalde de San Gil por caso - Asovibrisas - proyecto urbanístico

Bucaramanga (Santander) - Un juez con función de control de garantías de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del Alcalde de San Gil, Álvaro Agón Martínez, (Coalición entre el Partido Conservador Colombiano, Partido Verde, Cambio Radical y Partido de Integración Nacional, PIN.) a quien la Fiscalía le imputó cargos por siete delitos. 

La audiencia de imputación se realizó el pasado 30 de junio, cuando el burgomaestre no aceptó cargos por fraude al sufragarte, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual, la no devolución de lo captado y prevaricato por acción.

Alianza Verde demandó el Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional

La demanda ante la Corte Constitucional fue presentada por los senadores Claudia López, Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto. "El Plan Nacional de Desarrollo es una amenaza para Colombia en un sector clave de la economía como el medio ambiente. Pone en riesgo a los páramos, que abastecen de agua al 70 por ciento de la población", dijo la senadora Claudia López.

La legisladora le recordó al presidente Juan Manuel Santos, la preocupación del Partido Alianza Verde frente al contenido y los alcances del Plan Nacional de Desarrollo. "Es una iniciativa que pone en riesgo el agua, la vida y la supervivencia de las futuras generaciones de colombianos", recalcó el senador Jorge Iván Ospina.

"El PND es un verdugo para el medio ambiente del país", subrayaron los senadores Claudia López, Jorge Iván Ospina y Jorge Prieto.

Colombia prepara medidas draconianas para combatir la minería de oro ilegal

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las guerrillas. El Gobierno estimó en unos 2.450 millones de dólares estadounidenses las recaudaciones anuales de distintas agrupaciones que no pagan impuestos.

actualidad.rt - Esta es una de las razones por las que las autoridades colombianas están dispuestas a aplicar medidas draconianas a quienes se dediquen a esta práctica. Se trata de penas de hasta 20 años de cárcel por el delito de extraer ilegalmente el metal precioso.

REVOCATORIA DE INSCRIPCIONES

Alto Comisionado de la ONU sobre matrimonio igualitario

…"Hemos querido recordar la obligación legal de proteger las uniones entre las personas y el derecho a fundar familia. El concepto de familia ha ido progresando y ya no sólo se habla de uniones entre personas de sexos opuestos con el fin de procrear, sino que los Estados cada vez han ampliado esta definición y muchos ya reconocen a las familias compuestas por personas del mismo sexo, por ejemplo hablamos ahora de familias monoparentales, o compuestas por personas de diferentes religiones, razas, etnias, entre otras, que también han sufrido y siguen sufriendo diferentes formas de discriminación en el plano legal o social. Colombia ha ido avanzando en este reconocimiento y tiene los estándares jurisprudenciales para continuar en un proceso que dé pasos progresivos que protejan a las parejas del mismo sexo contra injerencias en su privacidad, discriminación o violencia de cualquier tipo contra ellos y ellas.

Insistimos en la urgencia de seguir adoptando las medidas que prevengan, investiguen, sancionen y reparen toda forma de violencia, sea física, verbal, psicológica, económica y de cualquier otra índole que padezca una persona LGBTI o una pareja del mismo sexo., especialmente aquellas cometidas por autoridades públicas. Por este motivo, ampliar los reconocimientos de las uniones de personas del mismo sexo y protegerlas es un paso positivo en este sentido, ya que les blinda de posibles abusos y les permite reclamar ante el Estado todos sus derechos humanos, sin discriminación."…

PRONUNCIAMIENTO COMPLETO

Graves anomalías administrativas detectó la Contraloría General en la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Un desorden administrativo y gerencial de elevadas proporciones encontró la Contraloría General de la República al evaluar la gestión de la Unidad Nacional de Protección –UNP correspondiente a la vigencia 2014, particularmente graves deficiencias e irregularidades en materia de contratación. 

Reconocimiento y pago de bienes y servicios sin los debidos soportes, así como arrendamiento de vehículos blindados y corrientes sin respaldo presupuestal y contractual, son algunas de las anomalías que se pusieron en evidencia.

Se pagaron tiquetes aéreos, peajes, gasolina y viáticos a esquemas de seguridad y escoltas contratados por la UNP, pero en algunos casos tales pagos no están justificados plenamente.