Con su anuncio de presentar objeciones a la
ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque deja claro que su uribismo
es menos 2.0 de lo que había mostrado: cambió de postura tras una intervención
pública de Álvaro Uribe y dejó atrás la búsqueda de no crear choques
institucionales para enfrentarse a una decisión ya tomada de la Corte
Constitucional.
Hasta ahora no había tomado ninguna decisión a la vez pública y tan importante que mostrara un reflejo de las posturas duras de Uribe
Por JUAN ESTEBAN
LEWIN | JUANITA VÉLEZ ·
Aunque Duque arrancó su discurso diciendo que
la decisión no buscaba un choque de trenes con la Corte y que no
significa que deje de implementar el Acuerdo de La Habana sí lo
pone en contravía de la Corte por el contenido de las objeciones y del proyecto
complementario de reforma constitucional que anunció. También es un golpe
al Acuerdo.
Es decir, uribismo puro y duro, a pesar
de los matices que había evidenciado hasta ahora en su Gobierno y de sus formas
conciliadoras.
Un uribismo puro y duro que se nota en
que hace menos de un
mes dijo que no objetaría esta ley porque no era legalmente
posible hacerlo, y que haya decidió objetar después de que Uribe dijo que dado
que no se podía eliminar la JEP había que objetar y buscando cambios contarios
a lo que ya decidió la Corte.
La pregunta por sus objeciones arrancó hace
un mes, antes de que se resolviera el capítulo anterior de la novela del
proyecto de ley, que se demoró en firmar el presidente uribista del Senado,
Ernesto Macías, y que luego envió a la Cámara sin algunos renglones.
Desde ese entonces hubo rumores de que el Gobierno
estaría pensando objetarla, para lo que tenía plazo hasta el lunes
11.
Hacerlo tenía sentido político pues desde
septiembre el uribismo dijo que le preocupaba la decisión de la Corte
Constitucional sobre ese proyecto, que revisó antes de su firma por ser una ley
estatutaria y en la que si bien solo tumbó algunos puntos, incluía varios de los que la endurecían.
Ese rumor se llenó de carne hace tres
semanas, cuando el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a
Duque pidiendo que la objetara en cuatro puntos:
· que la JEP investigue delitos de ejecución permanente que se empezaron a
cometer antes del 1 de diciembre de 2016 y siguieron después
· que la JEP pueda decidir qué desmovilizados mantendrán penas blandas y
no extradición a pesar de volver a delinquir
· que la Fiscalía supuestamente queda totalmente maniatada en los casos
que luego asuma la JEP
· Que la JEP solo investigará y procesará a los máximos responsables de
crímenes de guerra, no a todos sus responsables
Fue en ese entonces que Duque dijo que no
objetaría.
Luego Álvaro Uribe sumó otras críticas, sobre
los delitos contra menores y la supuesta casi prohibición de la extradición.
A eso la revista Semana, decenas de líderes
de opinión, organizaciones sociales y la misma JEP respondieron con la petición
contraria a Duque, firmarla como está.
La tensión se mantuvo a pesar de que lo más probable era que la objetara,
por sus críticas pasadas y el clima político, y se reforzó con la bomba que
publicó la Fiscalía sobre la corrupción de un fiscal de la JEP y su todavía
dudosa relación con el trámite de extradición de Jesús Santrich.
El viernes pasado varios medios dijeron que
Duque iba a objetar, como en efecto lo hizo anoche, además haciendo lo que está
en sus manos para abrir la puerta a cambios al Acuerdo, vía reformas
constitucionales.
Con eso llevó a la práctica lo que Uribe y
Martínez le pidieron que hiciera y, como dijo Héctor
Riveros en su columna, su imagen de moderado que mantiene cierta
independencia frente a Uribe quedó golpeada.
Las objeciones y el proyecto
Duque decidió objetar por inconvenientes seis
artículos (de 150), cada uno con cargas políticas y consecuencias prácticas, y
algunos con interrogantes jurídicos:
· El artículo 7, porque “no establece de manera clara la obligación
principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
· El inciso octavo del artículo 63 porque, según Duque “no determina el
alcance de la competencia al Alto Comisionado para la Paz para verificar la
lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se
sometan a un proceso de paz”
· El inciso tercero del literal j del artículo 79, porque “se trata de la
suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas
acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no
precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de
realizar”, dijo Duque.
· El artículo 2 del artículo 19, que habla “sobre la renuncia a la acción
penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra
en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción
penal es inconveniente porque constituiría impunidad.”
· El artículo sobre la extradición de personas por conductas posteriores a
la firma del Acuerdo. Duque dijo que “es inconveniente debido a que no precisa
lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la
Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.”
· El artículo 153 porque, según dijo “condiciona la extradición de otras
personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni
oportunidad para hacerlo”
Además de esas seis objeciones, anunció un
proyecto de reforma constitucional para abordar otros tres puntos: excluir del
trabajo de la JEP los delitos contra menores, eliminar de tajo todos los
beneficios de los desmovilizados que reincidan (aparentemente sea con el delito
que sea) y llevar a la justicia ordinaria todos los delitos de ejecución
continuada que se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre de 2016.
Ese último punto abre la puerta a que el
Congreso le meta la mano a las reformas constitucionales que implementaron el
Acuerdo, el mayor golpe que ha recibido hasta ahora.
Esas objeciones y el proyecto retoman todas
de Uribe, pero también se enfrentan en varios puntos a decisiones que
ya tomó la Corte sobre esta misma ley estatutaria, como el de
la reducción proporcional de los beneficios a los reincidentes, el del artículo
153 sobre extradición o el de delitos sexuales frente a menores.
Con eso, arranca un camino de debate y
tensión política que pondrá al Congreso a tomar una decisión de alto voltaje
político, pues será el momento de saber si ese uribismo duro tiene mayorías o
no.
