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Asimismo, según el
informe, Human Rights Watch conoce de "evidencias
creíbles" en contra de los nueve militares. Actualmente, la Fiscalía
General de la Nación investiga a tres de ellos - Miguel
Eduardo David Bastidas, Diego Luis Villegas Muñoz
y Jorge Enrique Navarrete Jadeth - por presuntos
ejecuciones extrajudiciales. Los otros seis militares no están bajo
investigación, sin embargo, soldados que fueron sus subordinados si lo
están o ya han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales.
Según José Miguel Vivanco, director para
las Américas de Human Rights Watch, "al nombrar a estos generales, el
gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos
puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar". Además
afirmó que "las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones
serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no
designarlos en los puestos más importantes del Ejército."
LOS
ASCENSOS
El pasado 10 de diciembre, el Ejército Nacional
anunció el nuevo comandante del Ejército como Nicacio de Jesús Martínez
Espinel, quien fue comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de
2004 y enero de 2006. Durante este tiempo, fueron cometidos al menos de 23
ejecuciones por los soldados de esta brigada, es decir, subordinados de
Martínez. ")
Luego, el 21 de diciembre, el Comando del
Ejército Nacional designó a ocho de estos generales a cargos en el Estado
Mayor. En rondas de ascensos de años previos, cada uno de los militares fueron
señalados por la Human Rights Watch de estar posiblemente vinculados con
casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el
Ejército ya tendría conocimiento sobre los señalamientos en contra de los
militares.
En estos casos, los generales fueron
comandantes de unidades a las que se atribuye una cantidad significativa de
ejecuciones, e igualmente, hay varios procesos en donde los entonces comandantes
firmaron documentos que aprobaban operaciones o pagos de informantes que
realizaron ejecuciones extrajudiciales.
El informe sostiene que, de acuerdo con el derecho
internacional, los comandantes "deben ser penalmente responsables si sabían
o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban
cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y
razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos."
LOS
MILITARES IMPLICADOS
Nicacio
de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército.
Jorge
Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor.
Raúl
Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación
y Políticas.
Adolfo
León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del
Ejército del Futuro.
Diego
Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano.
Edgar
Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles.
Raúl
Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.
Miguel
Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada.
Marcos
Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera
Brigada.