La
lucha ciudadana contra el cambio climático ha dejado las calles para instalarse
en los tribunales. En diversos lugares del mundo, numerosos casos están
incrementando esta tendencia que cuenta ahora con un logro histórico en la
región. Un grupo de 25 jóvenes, de los 17 departamentos más afectados por el
cambio climático en Colombia, denunció la falta de acción del gobierno en
la deforestación de la Amazonía.
"Es
su compromiso frenar la deforestación en la Amazonía. Nuestra reclamación es
sencilla", dijo a DW César Rodríguez, director de Dejusticia, organización
de incidencia encargada de acompañar el proceso. Así argumentó que a falta de
datos del pasado año, según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam), en 2016, la tala del bosque aumentó un 44% en
relación en 2015. "En lugar de retroceder ha avanzado", criticó
recordando el compromiso de deforestación cero para el 2020. "El 2020 está
a la vuelta y la tendencia es contraria a lo que el gobierno se
comprometió", añadió.
La
demanda surge a raíz de un estudio comparativo que recoge litigios sobre la
falta de acción o ambiciones tímidas de países en cuanto a compromisos contra
el cambio climático se refiere. "Hay 800 casos en el mundo", apuntó.
Tomando
como base los casos de Urgenda (Holanda), en el que, por primera vez en el
mundo, los ciudadanos demandaron a su gobierno para reducir las emisiones en
carbono, así como el de jóvenes en Estados Unidos, que demandaron al gobierno
por violar su derecho constitucional a la vida, el litigio de la
Amazonía combina argumentos jurídicos y científicos e involucra a las futuras
generaciones. "Es una demanda sin precedentes en América Latina que
requería una argumentación y una estrategia novedosas", aseguró.
El
directivo colombiano se mostró satisfecho con el resultado de la demanda.
"La Corte acogió un conjunto de evidencias científicas como base para
establecer el vínculo empírico y jurídico entre deforestación, cambio climático
y violación de los derechos de las futuras generaciones", subrayó.
El
caso toma como referente la demanda de un grupo de niños contra la falta de
acción climática del gobierno de Estados Unidos.
Trabajando juntos
El
gobierno colombiano, que anunció que acata el fallo, tiene cuatro meses para
diseñar un plan eficaz de acción contra la deforestación y un pacto
intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. "Esta es una
responsabilidad de todo el Estado, pero más que el Estado, es una
responsabilidad de la sociedad colombiana", dijo el ministro de Ambiente
de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en un comunicado en el que apuntó que se
trata de una oportunidad para que Estado y sociedad colombianas lleven a cabo
acciones eficaces contra la deforestación y el cambio climático.
"El
Ministerio de Ambiente ya está formulando ideas sobre los primeros pasos a
tomar y nos ha contactado para participar en el proceso, en el que deberán
estar también los jóvenes demandantes, entidades científicas y comunidades
amazónicas", avanzó el directivo de la entidad. Asimismo, la organización
ya está trabajando en el diseño de un texto del Pacto intergeneracional para
que sea adoptado en los próximos meses. "Los jóvenes sienten que su
generación puede marcar una diferencia en la protección del planeta, mediante
acciones como la demanda exitosa", consideró Rodríguez.
Jóvenes al poder
Yurshell
Yanishey Rodríguez es una de ellos. "Es una manera de contribuir, un grano
de arena a todo proceso de construcción de personas más conscientes por el
medio ambiente y que tenemos que cuidar", dijo emocionada a DW.
Los
demandantes son de 17 municipios que hacen parte del listado del Ideam de las
regiones con mayor riesgo por cambio climático: Bogotá, Cali, Cartagena,
Itagüí, Quibdó y San Andrés y Providencia.
Estudiante
de último semestre de ingeniería ambiental, la joven nació y creció en
Providencia, la región del país con mayor riesgo por el cambio climático según
el Ideam. Este prevé que para 2070, la temperatura suba en 1,4 grados y las
lluvias se reduzcan 32%. "Las islas padecemos los efectos del cambio
climático", aseguró la joven enumerando algunos de ellos como el
blanqueamiento de corales por la acidificación de los océanos y el aumento de
las tormentas tropicales. "Son situaciones diferentes que han venido
pasando y que antes no ocurrían", lamentó. "Para el 2080 se prevé que
se haya perdido buena parte de la isla, por los efectos de la subida del nivel
del mar", alertó explicando sus motivaciones para participar en el
proceso.
Apasionada
del medio ambiente desde la infancia, la estudiante ha llevado a cabo una
pasantía en la isla de San Andrés el pasado año en la sede de la Universidad
Nacional de Colombia, en la que colaboró con una investigación sobre la
absorción de dióxido de carbono de los ecosistemas marinos y costeros y cómo
ayudan a contrarrestar el cambio climático. "Podemos hacer acciones que
mitiguen ese efecto y nos ayuden a adaptarnos al cambio climático de una manera
positiva, no de manera destructiva", consideró. Por este motivo, instó
a incentivar "el cambio desde nuestras comunidades" ya que
"lo que pasa en la Amazonía, tiene unos costos muy importantes para la
humanidad".
¿Sentando precedente?
Según
Michael Gerrard, director del Centro Sabin contra el Cambio Climático de la
Universidad de Columbia, este fallo "es uno de las más robustos en materia
ambiental que haya dictado un tribunal en cualquier parte del mundo".
"Vincula explícitamente deforestación, cambio climático y violación de
derechos humanos, incluyendo los de las nuevas generaciones, y declara un
ecosistema (la Amazonía) como "sujeto de derechos", lo que implica
que cualquier ciudadano puede exigir su protección independientemente de que
habite en esa región, y sin necesidad de mostrar que la deforestación afecta
comunidades específicas", explicó Rodríguez.
No
obstante, la decisión, de carácter vinculante, debe implementarse en un plazo
de cuatro meses, en plenas elecciones presidenciales. "En agosto de 2018,
Colombia tendrá cambio de Gobierno y si bien se está hablando de una decisión
obligatoria, que además de ser acatada por el gobierno central, deben acatar las
corporaciones de desarrollo de la región amazónica y las autoridades locales de
la Amazonía", aclaró a DW Hubert Gehring representante en Colombia de la
Konrad-Adenauer-Stiftung.
Sin
embargo, "los gobiernos locales de la región Amazónica no cuentan con
presupuestos robustos que les permitan implementar por sí mismos estrategias y
programas de envergadura", lamentó. Así, recordó que según las
distribuciones de los recursos del sistema general de participaciones (DNP),
para 2018, el departamento del Amazonas tiene asignado un presupuesto de
20.797.400 euros mientras que Antioquia obtuvo 333.861.000 euros.
Para
el representante de la fundación alemana, a pesar de la diversidad de población
en los departamentos, que es de 56.036 habitantes y 7.465.000
respectivamente, "si se le diera valor a la protección de un cuerpo de
biodiversidad tan rico y clave en la preservación de recursos naturales como el
Amazonas, quizás los presupuestos para la región aumentarían".
Autora: Judit Alonso
(RRR/LGC)
