El futuro del Acuerdo es incierto, pero hay tres caminos
previsibles. Dos de ellos –el de Duque y el de Vargas– son francamente
preocupantes.
razonpublica-Juan
Carlos Palou*.-
La incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz
es muy grande, pero están empezando a consolidarse algunas certezas electorales
que no auguran un futuro venturoso para el Acuerdo que busca poner fin
definitivo a un conflicto muy dañino para Colombia.
Al analizar los planteamientos de los varios
candidatos acerca del Acuerdo Final, se concluye que estamos ante tres rutas
posibles a saber:
- incumplimiento frontal,
- incumplimiento solapado, o
- cumplimiento parcial de lo
acordado.
Incumplimiento
frontal
Esta es la propuesta del Centro Democrático (CD)
que, en las palabras francas de Fernando Londoño consistiría en “hacer trizas” el
Acuerdo. Y en efecto: el senador José Obdulio Gaviria ya ha anticipado un referendo
para derogar la totalidad del Acuerdo Final.
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| Candidato Presidencial, Iván Duque. Foto- Conexión Capital |
Pero, para no asustar a los votantes del “centro”,
el candidato Iván Duque ha matizado la propuesta al decir que modificaría solo
tres aspectos del Acuerdo:
- Eliminaría
la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado delito conexo al
delito político y por lo tanto amnistiable;
- Eliminaría
el carácter voluntario de la sustitución de cultivos ilícitos para
convertirlo en forzoso;
- Impediría
la llegada al Congreso de los miembros de las FARC antes de haber sido
juzgados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Pero los tres “pequeños” cambios anteriores
contradicen la esencia del Acuerdo Final: la justicia transicional y la
participación política para los excombatientes.
1.
Impedir que el narcotráfico se considere conexo al delito político es convertir
a todos los miembros de las FARC en potenciales candidatos a la extradición.
Pero además hay que recordar que el Acuerdo no
propone una declaración general del narcotráfico como delito conexo, sino que
en cada caso el acusado debe demostrar que su delito buscaba financiar el
proyecto político-militar de la organización guerrillera y no el enriquecimiento
personal de los delincuentes.
2.
Eliminar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para pequeños
productores implicaría volver a las políticas de mano dura es decir, a la
persecución de campesinos, indígenas y afrocolombianos dedicados por necesidad
a cultivar coca, amapola y marihuana.
La erradicación forzosa y el posible regreso a la
fumigación tienen la ventaja de la eficacia simbólica: demuestran carácter y
compromiso del gobierno al infligir un castigo a esas poblaciones
“transgresoras”. Se tranquiliza así a la comunidad internacional y sobre todo a
Estados Unidos. Pero con seguridad la ineficacia de esta estrategia será la
misma que se ha demostrado en los últimos treinta años.
3.
Venir a exigir ahora que los candidatos del partido FARC al Congreso se sometan
primero a la Jurisdicción Especial para la Paz implicaría un cambio de fondo en
esta jurisdicción y pondría en entredicho las diez curules de las FARC.
¿Cómo
contener ese curso de acción del Centro Democrático?
- Internamente
ayudaría la movilización política de sectores sociales que ya han empezado
a recibir los beneficios de la paz o que ven en el Acuerdo una herramienta
para superar los rezagos más sentidos del sector rural.
- Internacionalmente
podría ayudar la presión de Naciones Unidas y de países prestigiosos que
han acompañado, valorado y apoyado el proceso y el Acuerdo de paz colombianos.
Bajo un gobierno de Duque se pondría a prueba la
eficacia de las salvaguardas jurídicas diseñadas para proteger el Acuerdo
-aunque algunas ya fueron desmontadas por la misma Corte Constitucional-. Pero
modificar esos blindajes implicaría trámites ante órganos donde el nuevo
gobierno no tendrá un control absoluto: el Congreso y la Corte Constitucional.
En todo caso, el uribismo tiene una larga tradición
de desconocer o manipular las demandas de los sectores populares. Es hábil
también para cooptar o intimidar a sus opositores políticos. Veremos entonces
cuál término reemplazaría al de “mermelada” en el argot político.
Sin embargo, si los costos políticos de la
destrucción frontal del Acuerdo son demasiado altos, Duque siempre podrá
recurrir al curso de acción alternativo: el del incumplimiento solapado.
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| Candidato Presidencia, Germán Vargas Lleras. Foto- Vicepresidencia de la República |
La desconfianza y la
conflictividad han aumentado con la implementación o, más bien, con su retraso.
Incumplimiento
solapado
Cualquier presidente que no tenga la voluntad real
de cumplir el Acuerdo, podrá sencillamente desmantelarlo de manera lenta,
persistente e imperceptible. Bastaría con aplicar una estrategia de mezquindad
en lo presupuestal y lo institucional para frustrar el desarrollo del Acuerdo.
Puede parecer paradójico, pero esta sería la
alternativa escogida por Vargas Lleras. Paradójico porque el carácter
desafiante de este candidato no lo hace proclive a las sutilezas propias de la
acción solapada. Pero en su larga trayectoria política ha demostrado que se
mueve bien en las aguas tempestuosas de la contradicción política. Hoy se le
endilgan muchos errores tácticos que explicarían su mal desempeño en las
encuestas de opinión, pero si llega a la Presidencia –cosa que no es impensable–
lo que hoy es considerado error será revaluado como sagacidad y acierto.
Lo que Vargas querrá preservar del Acuerdo es la
desmovilización de las FARC, y por ello deberá evitar que su mezquindad sea
argumento para que esa organización se declare en rebeldía y amenace con
retornar a la guerra. Esto es improbable como decisión colectiva, pero
inevitable en términos de individuos o facciones que se unan a las disidencias
de las FARC.
Para contrarrestar estas deserciones, Vargas podría
concentrarse en los procesos de reintegración, de modo que asegure la
permanencia de los exguerrilleros rasos en la legalidad, pero dejaría a un lado
otros aspectos estratégicos del Acuerdo. Tal sería el caso de la Reforma Rural
Integral y de la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.
- Ya
el fiscal general –tan afín a Vargas Lleras– ha
propuesto nada menos que la “refundación de la política antidrogas”,
término de ingrata recordación que en todo caso apunta a reforzar el
punitivismo.
- En
cuanto a la Reforma Rural Integral, es un hecho que Vargas Lleras, por su
origen social, no es tan cercano a los sectores terratenientes como Uribe.
Su conexión es indirecta y está mediada por sus controvertidos acuerdos
políticos regionales y locales. De ese comportamiento del candidato se
puede deducir que aspira a lograr lo que el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín le atribuye a Uribe: la
capacidad de gobernar con los actores políticos y sociales, legales e
ilegales. Estos últimos son furiosos defensores del statu
quo en el sector rural.
Con seguridad la mezquindad será perceptible, pues
muchos actores nacionales e internacionales con conocimiento profundo del
Acuerdo y con voces y conexiones poderosas ejercerán un control intenso sobre
la implementación. Esto permitirá desenmascarar la estrategia y hacerla ver
como un incumplimiento frontal, de modo que aumentarán los costos políticos
para el gobierno que lo haga.
Cumplimiento - parcial
La
historia muestra que ningún acuerdo de paz se cumple al pie de la letra.
Más allá de la voluntad o del compromiso del próximo gobierno, la
implementación siempre será parcial, aunque no por ello superflua o
insuficiente para consolidar la paz.
Los candidatos que proponen cumplir el Acuerdo son
Fajardo, De la Calle y Petro. Todos ellos aseguran que lo harán por convicción.
Afirmaciones creíbles, dada su trayectoria y el apoyo que manifestaron durante
el proceso de negociación con las FARC.
Pero Fajardo y Petro abrieron su campaña a otros
temas, aquellos que afectan a las poblaciones mayoritarias del país, que son
urbanas y distantes de la realidad rural. De la Calle, como exnegociador, es el
emblema de la defensa del Acuerdo.
De este modo, los partidarios del Sí han quedado
fragmentados y con pocas posibilidades de unirse antes de la primera vuelta. Se
podría decir que los partidarios del No tienen un proyecto político común:
oponerse al Acuerdo. Los partidarios del Sí dan por sentado el apoyo al Acuerdo
y se concentran en otros temas de la agenda: la corrupción, la educación, el
cambio climático.
Esa circunstancia deja huérfano al Acuerdo, entre
otras cosas porque el uribismo logró estigmatizarlo de tal forma que invocarlo
o defenderlo no despierta entusiasmo, sino pérdida de popularidad.
También hay que decir que el Acuerdo acumula ya una
doble pérdida de legitimidad: la derrota del plebiscito y la bajísima votación
obtenida por las FARC en las parlamentarias. Esta última circunstancia, aunque
desmonta la falacia de que las FARC se tomarían el país, hace que el Acuerdo
parezca la concesión de prebendas excesivas para una fuerza política tan
insignificante.
Y sin embargo cualquier persona que haya leído
serenamente el texto del Acuerdo sabe que este propone iniciativas para el
beneficio general de la población y que contiene propósitos que de cumplirse
modernizarían al país y lograrían una mayor integración campo-ciudad.
Pero se está empezando a desvanecer la esperanza de
que la implementación le devuelva legitimidad al proceso de paz. Hasta ahora la
desconfianza y la conflictividad han aumentado con la implementación o, más
bien, con su retraso.
Está por verse si el próximo cuatrienio continuará
la polarización en torno al cumplimiento del Acuerdo. Al parecer vamos en esa
dirección.
* Consultor independiente.
