Un proyecto de ley y una polémica
declaración reabrieron el debate. ¿Está en peligro la libertad de expresión?
Víctor Solano*
Senadores
contra redes sociales
El pasado nueve de enero, el senador
de Cambio Radical Antonio Zabaraín afirmó en un debate del programa
radial Partida W que las
redes sociales deben ser “controladas”.
Pocos días atrás, Zabaraín había sido
noticia por su desatinada intervención durante el debate en el Congreso acerca de Odebrecht, que
despertó burlas e indignación y que llevó a muchos a preguntarse si el senador
estaría ebrio en el momento de hablar.
Esta vez el congresista volvió a ser
noticia por su polémica defensa del fiscal Martínez. Según Zabaraín, “hay que
ver qué se hace para controlar las redes sociales”, porque han sido el arma
predilecta de muchos antisociales” para poner “en tela de juicio la
honorabilidad” del Fiscal.
Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los
funcionarios públicos.
Antonio Zabaraín es además el ponente
de un proyecto de ley que “establece mecanismos para ejercer un mayor control
sobre la libertad de publicación de contenidos en la web”. El proyecto fue
presentado por el senador del Partido de la U, José David Name, según él, con el propósito de “proteger la honra y el buen
nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través
de las redes sociales”.
Más
ojos sobre los corruptos
Las propuestas de Name y Zabaraín
parecen intentos desesperados de complacer a un fiscal poderoso —o quizás de
congraciarse con sus jefes políticos—.
Pero recoger esos réditos tendría un
costo social muy alto. El proyecto de Name y las declaraciones de Zabaraín se
dan cuando todos los países del mundo quieren aprovechar el potencial de
internet, por ejemplo, para estimular el emprendimiento o para fortalecer las
instituciones promoviendo la participación ciudadana.
De hecho, las redes sociales pueden
ser una herramienta para hacer más transparente la gestión pública. Se trata de
un espacio donde los ciudadanos pueden hacer control político y veeduría a
todas las ramas del poder.
La corrupción nunca había sido tan
visible como ahora. Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre
los funcionarios públicos y, por lo tanto, implican un camino más estrecho para
los corruptos.
Eso es, precisamente, lo que le “da
alergia” a Zabaraín y a sus padrinos políticos, los Char, lo mismo que molesta
al senador Name en la misma Barranquilla, lo mismo que no les gusta a todos
quienes proponen regular las redes para evitar que los ciudadanos vigilen y
hagan denuncias.
Autoritarismo
y censura
Las redes sociales no son buenas ni
malas en sí mismas. Se trata de plataformas que los seres humanos utilizan para
comunicarse e interactuar entre ellos.
Por definición, las redes sociales
son un espacio de libertad. Por eso causa tanta molestia que un político hable
de “controlar” las redes sociales. Más aún si ese “control” tiene el propósito
de silenciar denuncias o, inclusive, de evitar las burlas de las que ha sido
víctima el mismo Zabaraín en todas las redes, en especial en Twitter.
La singular “propuesta” de los
senadores Name y Zabaraín es retrógrada y autoritaria. El deseo de controlar
las redes es propio de los regímenes totalitarios, que quieren controlar la
vida privada de sus ciudadanos.
Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017
que había que “poner orden” en las redes sociales.
En China, Cuba y Venezuela se han
tomado medidas para censurar o limitar las redes sociales. Con un tono similar
al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales para evitar que se convirtieran en
plataformas de odio “contrarevolucionarias”.
En un modelo político diametralmente
opuesto, el presidente Trump ha acusado a Google, Facebook y Twitter de tener un sesgo político. Paradójicamente, Trump ha
hecho de Twitter una de las principales armas para atacar a sus contradictores.
La
libertad de expresión: ¿en peligro?
Aunque algunos piensen que en el
fondo la propuesta de Name y Zabaraín tiene buenas intenciones, en realidad su
proyecto les daría “dientes” a los políticos para frenar las voces incómodas.
Name dice que su propuesta no
afectaría la libertad de expresión, porque exonera a “los periodistas” de esas
regulaciones. Probablemente el senador quería evitar enemistarse con los medios
de comunicación, que a menudo no se mueven si no “los tocan”. Sin embargo, el
proyecto deja muchas dudas, entre otras: ¿quién debe ser considerado
periodista? ¿Basta con escribir en un perfil que se es periodista?...
También hay el problema obvio de
saber quién determinará que una publicación debe ser censurada. ¿Quién tendrá
la responsabilidad y el poder de declarar que un cierto contenido es ofensivo y
que por tanto deberá ser excluido o sancionado? ¿Acaso será una empresa
proveedora de internet (ISP, por sus siglas en inglés)? ¿Acaso una nueva
entidad que soporte al ya existente CAI Virtual y que revise cada uno de los
contenidos?
Dirán algunos que eso se resuelve con
algún software de inteligencia artificial que analice esas
cantidades gigantescas de datos. Pero el problema siempre va a ser el criterio
para entender el contexto de las palabras. Un softwarepuede
ser una herramienta, pero nunca un juez.
Regular las redes sociales no solo es
ingenuo por el costo político, sino absolutamente innecesario. El marco
jurídico que existe basta y sobra. ¿Para qué inventarse un nuevo delito que se
llame “calumnia digital” o de “injuria virtual”, si ya existen los delitos de
calumnia y de injuria?
Actualmente, la calumnia y la injuria
no dependen del “lugar” específico donde sean difundidas. En su naturaleza, la
injuria es la misma en un papel, en un altoparlante, en un periódico, en una
emisión radial, en una serenata o en cualquiera de las plataformas digitales
conocidas.
No hacen falta más delitos, sino
mejores herramientas para entender los actuales delitos en el mundo digital.
Suelo decir que en Colombia tenemos problemas del siglo XXI, con leyes del
siglo XX y con jueces del siglo XIX. La mayoría de nuestros decimonónicos
jueces, fiscales y demás integrantes del aparato judicial cabalgan con pasos torpes
por los casos que hoy se les presentan, porque a muchos no les interesa
comprender el mundo de hoy.
No debemos caer en la trampa de que
las redes sociales deban “controlarse”, porque eso es una invitación vedada a
la censura. Es preferible trabajar intensamente en educar a los usuarios para
que entiendan que las redes no son tierra de nadie, que también allí se pueden
cometer delitos, que el anonimato es solo una ilusión y que no exime a nadie de
respetar al otro.
¿Son un riesgo las personas en las redes
sociales? Sí, todos somos un riesgo si usamos las redes mal, pero no por ese
riesgo hay que perder las oportunidades que nos ofrece la tecnología.
* Consultor en comunicaciones.
@Solano
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