APARTES DE LA DECLARACIÓN Ver DECLARACIÓN COMPLETA
"La
Contralora General de la República se permite informar a la opinión pública que
no existía en el pasado absolutamente ninguna enemistad personal con el señor
Eduardo Montealegre Lynett. Que precisamente en la emisora La W tuve ocasión de
precisar que el legítimo ejercicio de la profesión de abogado no puede ser
estigmatizado refiriéndose al mandato
que detentó de una EPS. ............
……
La Contralora General de la República no
hubiera recusado nunca al señor Fiscal General y al Vicefiscal, si
no tuviera copiosas pruebas de la existencia de un interés no legítimo.
Llama poderosamente la atención que los altos dignatarios del
Estado frente a la estrategia de desprestigio de una de esta institución
ninguno se hubiese pronunciado y por el contrario hubiesen guardado silencio.
…………..
Es
que lo que no puede suceder en un estado con el grado de desarrollo
institucional que en buena hora detenta el colombiano, es que no se cumplan las
decisiones del Procurador General de la Nación, que se aplace el cumplimiento
de las decisiones del Consejo de Estado proferidas en Sala Plena y finalmente,
que se haga caso omiso de las órdenes perentorias de la Corte Constitucional, todas dirigidas a asegurar el cumplimiento de
la Constitución y la ley en materia de salud de los colombianos. Todas estas autoridades lo mismo que la
Contraloría han coincidido luego de un riguroso examen probatorio en la
existencia de la defraudación al erario público por vía de la acción de algunos
actores de la salud.
…………………
Y
qué decir de la sentencia T 760 del 2004 en donde la Corte Constitucional,
identificó como un estado de cosas inconstitucional el inadecuado funcionamiento y la corrupción
que se ha apoderado del sistema General
de Seguridad Social. Precisamente las
actuaciones en el área de salud que la Contraloría viene adelantando no son una obsesión personal, no son un capricho, no se alimentan de ninguna animadversión al
Fiscal General de la Nación. Son más de 780 procesos en curso sin contar con
las decisiones archivadas por pago que arrojan resultados superiores a los $
800.000 millones de pesos.
…………………
Diferencias
personales son una presentación simplista del problema subyacente para con
quien se ha empeñado en preservar tanto los derechos humanos de los colombianos
como mi derecho legítimo al debido proceso. Y la institucionalidad colombiana
opta por la vía simplista de llamar a la cordura en presencia de semejante
problemática, como si fuera un problema personal¡¡¡¡. Muy seguramente no conoce
la situación que aquí se ha narrado.
La
afectación de la institucionalidad como consecuencia de episodios
desafortunados y desagradables que han tenido lugar entre un ente investigador
perteneciente a la rama judicial, cual es la Fiscalía, y el máximo organismo de
control fiscal que dirijo, deberían presentarse. Así hube de manifestarlo al
jefe de Estado, al menos en dos ocasiones, no sin antes precisar que obviamente
las investigaciones en mi contra deberían seguir su curso".
Bogotá,
11 de octubre de 2013
