Protección colectiva integral en los territorios. 1’300.000 personas beneficiadas.

La ruta de protección colectiva hace parte del Programa de Prevención y Protección que articula y coordina la Unidad Nacional de Protección. Desde la entidad, no sólo se gestionan las medidas de protección, sino que se realiza la adecuación de medidas complementarias con otras instituciones y en consenso con las comunidades, colectivos o grupos étnicos.

Estas medidas están encaminadas a la prevención de nuevos riesgos o a la mitigación de estos en el marco de lo colectivo. Desde la perspectiva de la seguridad Humana, este tipo de soluciones adquiere especial relevancia ya que se trata de responder a aquellos factores que aumentan la vulnerabilidad de la comunidad y fortalecer sus potencialidades de auto protección.

287 colectivos con protección a nivel nacional

Actualmente, 287 colectivos han sido beneficiados con más de 130 mil medidas de protección que incluyen vehículos, personas de protección, motos y accesorios para la dotación y fortalecimiento de las guardias indígenas (carpas, pañoletas, bastones, chalecos distintivos, botas, morrales, linternas doble propósito y gorras entre otros). Además, 84 colectivos están en proceso de implementación de medidas.

767 solicitudes de nivel de riesgo colectivo atendidas entre 2015 y 2024

La UNP es la encargada de realizar las evaluaciones de nivel de riesgo, con oportunidad, eficiencia y eficacia, pero, además, con aplicación de enfoques diferenciales, en respuesta a las solicitudes que recibe. Entre los años 2015 y 2024 se han atendido 767 solicitudes de evaluación de nivel de riesgo colectivo en el territorio nacional. De estas, se han concluido, es decir, han realizado todo el proceso, 485 y actualmente se encuentran activas, o sea, en curso, un total de 282 evaluaciones.

En este periodo la ruta de evaluación de nivel de riesgo colectivo ha tenido una cobertura de 28 de los 32 departamentos a nivel nacional donde se destacan por el mayor número de evaluaciones los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca. En la actualidad se encuentran en curso (activas) evaluaciones de nivel de riesgo colectivo en 23 departamentos.

Aproximadamente 1’300.000 personas beneficiadas con medidas de protección colectiva en 28 departamentos

Las 485 evaluaciones de nivel de riesgo a colectivos que se han culminado, presentan un impacto estimado sobre 1´300.000 personas que hacen parte de estas comunidades atendidas y fortalecidas en sus capacidades de seguridad y autoprotección. Cabe resaltar que estas cifras no son exactas, toda vez que los datos poblacionales de cada colectivo son fluctuantes.

En sintonía con el objetivo del Gobierno del Cambio de llegar a una paz total, la Unidad Nacional de Protección continuará atendiendo las solicitudes de protección de comunidades, colectivos o grupos étnicos, en articulación interinstitucional y comunitaria, implementando acciones de mejora continua en el proceso de evaluación de nivel de riesgo e implementación de medidas colectivas, camino a la excelencia como garantía del cumplimiento de la misión institucional, en beneficio de las poblaciones vulnerables de nuestro país.

Toda inversión requiere atención...

 

Productores de Boyacá aprenden con el ICA prácticas para prevenir plagas en sus cultivos citrícolas

Teniendo en cuenta el creciente desarrollo agrícola y la expansión de áreas destinadas al cultivo de especies frutales en San Mateo, Boyacá, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) llevó a cabo un evento de comunicación del riesgo fitosanitario, con el objetivo de capacitar a los productores sobre las plagas que impactan los cultivos de cítricos y otros frutales en esta región del norte del departamento.

Esta jornada se centró en la identificación preventiva de problemas fitosanitarios, con el fin de asegurar que la actuación de los diferentes entes relacionados con el sector agropecuario sea lo más oportuno y efectiva posible.

Durante la socialización se dieron a conocer las características, comportamiento y medidas de control de la plaga denominada, mosca de la fruta, de la cual es de vital importancia su vigilancia para mantener la sanidad de los cultivos frutales. También se socializó la sintomatología del HLB, una enfermedad devastadora para los cítricos, y las características del vector Diaphorina citri, junto con las estrategias de manejo de su población; además se dieron a conocer otras plagas endémicas como el ácaro tostador y otros chupadores de savia, que representan una amenaza constante para la producción de cítricos en la región.

De igual manera, se presentaron estrategias para mejorar el estatus fitosanitario de los cultivos, abordando problemas endémicos y promoviendo mejores prácticas de manejo fitosanitario para diversas clases de cultivos frutales.

“La participación en este evento fue esencial para productores, técnicos y todas las partes interesadas en el sector agropecuario, ya que proporcionó conocimientos y herramientas prácticas para enfrentar los desafíos fitosanitarios y asegurar una producción agrícola sostenible y de alta calidad”, aseguró Herberth Matheus Gómez, gerente seccional del ICA en Boyacá.

El municipio de San Mateo, está experimentando un incremento en las áreas establecidas con especies frutales debido a su diversidad climática y potencial agrícola. Con el apoyo de Asohofrucol, los productores locales están recibiendo extensión fitosanitaria para mejorar sus ingresos mediante certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y registros para exportación en fresco.

Hallazgos fiscales por más de 84 mil millones, por destinación indebida de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

La Contraloría General de la República, a través de su Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, realizó Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para la vigencia 2023. Como resultado, se determinaron diecisiete (17) hallazgos, de los cuales catorce (14) tienen presunta incidencia disciplinaria, uno (1) otra incidencia y seis (6) tienen incidencia fiscal por $84.898.866.209.

El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la destinación indebida de recursos del Fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 e indemnización por interés a las cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975, por $68.101.994.018, ocasionando detrimento fiscal, teniendo en cuenta que los recursos del Fomag son de destinación específica, de conformidad con la Ley 1995 de 2019, artículo 57.

Otros hallazgos de alta cuantía se establecieron al determinarse que con recursos del Fomag se pagó de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones, por lo cual se pagaron, respectivamente, sanciones moratorias por $8.991.067.608, así como intereses moratorios por $3.419.184.418 debido al incumplimiento de los términos establecidos en los artículos 177 del C.C.A. y 192 del CPACA.

Por otra parte, se evidenció pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y pagos indebidos de la mesada pensional a docentes y beneficiarios residentes en el exterior, con certificados de supervivencia vencidos, por $3.716.036.876.

En este ejercicio de control fiscal, al igual que en los adelantados en 2023, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales, por lo que, con los resultados obtenidos, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos.

José Daniel Rojas Medellín, nuevo ministro de Educación

Rojas se desempeñaba anteriormente como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“El nuevo ministro de Educación será Daniel Rojas en reemplazo de Aurora Vergara, a la que agradezco su trabajo y dedicación". Así lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

José Daniel Rojas Medellín es economista de la Universidad Santo Tomás. Anteriormente se desempeñaba como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), posee una amplia experiencia en formulación de proyectos, investigación, implementación y evaluación de políticas públicas poblacionales y seguimiento de políticas macroeconómicas.

Ha fungido, igualmente, como Gestor Territorial de Juventud en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), asesor en la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá y asesor en Políticas macroeconómicas en el Senado de la República.

Seguridad y confianza...