Andesco resalta las propuestas del Departamento Nacional de Planeación – DNP en relación con la creación del Fondo Único de TIC y su correspondiente contraprestación de 1.95%

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones -Andesco- reconoce el importante avance en relación con la necesidad de generar y consolidar una política pública sectorial que promueva la inversión para lograr materializar los beneficios de la Economía Digital en Colombia como la que ha propuesto recientemente el Departamento Nacional de Planeación - DNP.


Andesco presentó al Gobierno Nacional una serie de propuestas Pro Inversión que van desde la convergencia, la promoción de la inversión, racionalización de los montos de las contraprestaciones, entre otros, los análisis realizados por el DNP coinciden con las propuestas mencionadas.
El DNP señaló que con la creación de un fondo único convergente, se reconoce la nueva realidad en la prestación de los servicios, elimina asimetrías y aumenta las eficiencias en cuanto a su planificación y administración.

Según Andesco; la unión de los Fondos de TIC y TV permite ampliar la base de recursos para el desarrollo de proyectos sociales. La reducción de la contraprestación al 1.95%, les permite a las empresas del sector direccionar nuevos recursos principalmente hacia la ampliación de la cobertura.

El informe del DNP también establece que la masificación de la economía digital generará impactos positivos a los hogares colombianos ahorrando hasta un 5,1% del PIB per cápita en compras online y la productividad podría aumentar hasta en un 2,6%. 

ONU Derechos Humanos inaugura Oficina en Montería

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inaugura nueva Oficina en Montería est 1 de septiembre con el fin de trabajar en esta zona del país directamente por el respeto y la protección de todas las personas. La Unión Europea apoya financieramente las operaciones de esta Oficina. 

Con una Oficina permanente en Montería, ONU Derechos Humanos fortalecerá su trabajo en la región. La Oficina ha realizado misiones al departamento de Córdoba durante 15 años, sin tener una presencia permanente hasta la fecha. Durante este tiempo esta labor se ha centrado en temas relacionados con monitoreo de casos de: amenazas a defensores de derechos humanos y asesinatos y amenazas contra pueblos indígenas (pueblo Zenú); seguimiento a las medidas cautelares para el pueblo indígena Emberá Katío; acompañamiento a diálogos entre comunidad y empresas sobre derechos humanos (Caso Cerro Matoso); y acompañamiento a procesos de conflictividad por la tierra y restitución de tierras.

La Oficina de ONU Derechos Humanos se encuentra en Colombia desde 1997 y tiene presencias en terreno en Mocoa (Putumayo); enTumaco y Pasto (Nariño); en Florencia (Caquetá); en Villavicencio (Meta); Cali (Valle); Quibdó (Chocó); Medellín (Antioquia); Barranquilla (Atlántico); Cúcuta (Norte de Santander); Barrancabermeja (Santander); Neiva (Huila); y Bogotá. Próximamente estará abriendo Oficinas en Apartadó y Arauca.

La Oficina tiene según su mandato funciones permanentes de monitoreo de la situación de derechos humanos, de asesoría a las autoridades y a la sociedad civil, de cooperación técnica al país, y de información sobre la situación y sobre los derechos humanos. Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC a las anteriores funciones se añadieron los siguientes puntos:

Dado el amplio contenido de derechos humanos en el Acuerdo de Paz, las partes negociadoras solicitaron el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (la Oficina) para la implementación del acuerdo, en colaboración con otras entidades. Específicamente, a la Oficina se le encomendó:

•   Incluir en los informes anuales del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sobre Colombia un capítulo especial sobre la implementación de los Acuerdos en materia de derechos humanos (punto 6.3.4); 

•   Acompañar la implementación del capítulo 5 del Acuerdo de Paz sobre los derechos de las víctimas (6.4.2);

•   Participar como invitada en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada del diseño y seguimiento de las acciones contra las organizaciones criminales (3.4.3);

El voto evangélico, el nuevo botín electoral

William Mauricio
Beltrán*

razonpublica-William Mauricio Beltrán*.- El movimiento evangélico y pentecostal viene ejerciendo una enorme influencia en la política y se ha convertido en un electorado muy apetecible. Uribe, Ordóñez y Morales se disputan estos votos, pero sus posibilidades son hoy bastante distintas.

 La “agenda moral”

En el contexto de la política local colombiana, de la victoria del “No” en el Plebiscito y, particularmente, del aporte que hicieron a este resultado las comunidades evangélicas y pentecostales (“los cristianos”, como equívocamente los registra la prensa), se pueden extraer algunas conclusiones que ayudarían a comprender las estrategias políticas que se desplegarán con miras a los comicios del próximo año.

Tal vez la más importante de estas conclusiones es el poder que tiene “la agenda moral” para aglutinar al electorado evangélico y pentecostal (en adelante, lo denominaremos evangélico). Los dos pilares más importantes de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI y su rechazo de toda iniciativa que permita despenalizar el aborto – lo cual incluye una actitud negativa frente a las sentencias de la Corte Constitucional que se han ocupado de estos asuntos-.
La apropiación de esta agenda moral es una estrategia política que ha otorgado éxitos recientes en América Latina (al respecto se puede seguir, por ejemplo, la trayectoria política de Marcelo Crivella en Brasil), ya que ella no solo logra aglutinar a las numerosas corrientes evangélicas y pentecostales, sino que ha dado lugar a lo que Spadaro y Figueroa han denominado un ecumenismo fundamentalista e integrista.
En otras palabras, esta agenda ha puesto en un mismo lado y convertido en aliados a antiguos y enconados rivales, los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas, gracias a que unos y otros consideran que el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI entraña una forma de decadencia social e implica el riesgo de una “epidemia”: la “homosexualización” de las nuevas generaciones.
Captura de una fuerza  dispersa 
Alejandro Ordóñez, candidato presidencial 
-Foto: Procuraduría General de la Nación
Aglutinar al electorado evangélico no es una tarea fácil, ya que este movimiento se caracteriza por su fragmentación y por la rivalidad de sus líderes en cuanto a lo religioso y lo político.
En el frente religioso, las diversas organizaciones evangélicas compiten por atraer nuevos fieles. En el frente político, algunas de estas organizaciones (especialmente las más ricas y multitudinarias) compiten por trasformar la lealtad de sus fieles en votos y, por esta vía, en poder político.
En la medida en que este movimiento religioso sigue siendo el de más rápido crecimiento en Colombia, seducir a sus miembros para lograr su apoyo en las urnas se ha convertido en una tarea que debe considerar cualquiera que aspire a un cargo de elección popular.
Los dos pilares de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos LGBTI y su rechazo de despenalizar el aborto

Es una escena recurrente ver a políticos profesionales desfilar por las multitudinarias congregaciones evangélicas en periodos de campaña electoral. Para atraer el voto evangélico, los políticos recurren con frecuencia a promesas y transacciones clientelistas que se concretan entre los candidatos y los líderes de las organizaciones evangélicas con apuestas o intereses en el campo de la política electoral, transacciones que ocasionalmente son registradas por la prensa.
Así mismo, todo candidato que incluya en su programa político la promoción de los derechos de las minorías sexuales debe también incluir en sus cálculos electorales la oposición que enfrentará por este sector de la población.

Ordóñez, Morales y Uribe tras el botín evangélico

Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas

En el Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas, que tiene como propósito erradicar este grave crimen en el mundo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recuerda al Estado la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales, aplicables tanto en escenarios de paz como en tiempos de guerra.
 La Oficina reitera la importancia de que Colombia ratifique la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, como un mecanismo urgente para proteger a todas las personas contra la desaparición forzada.
 “En este Día en el que honramos la memoria de quienes aún están desaparecidos queremos decirles a sus familiares que los acompañamos en la búsqueda permanente de sus seres queridos. Por esto valoramos la reciente creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), y esperamos que pronto entre en funcionamiento”, expresó Todd Howland, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
La UBPD tendrá como función principal la búsqueda, localización, identificación y, en caso de fallecimiento, la entrega digna de las personas desaparecidas. “La labor incansable de las víctimas y de las organizaciones sociales acompañantes ha sido indispensable para el diseño de este y otros mecanismos que tienen como objetivo garantizar sus derechos”, dijo Todd Howland.
 
Para dar respuesta a esta grave violación de los derechos humanos, la UBPD debe funcionar en coordinación con los demás mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), garantizando la participación efectiva de las víctimas en los territorios, la aplicación de enfoques diferenciales y el diseño e implementación de planes de búsqueda nacionales, regionales e individuales para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

ONU valora Proyecto sobre capacidad legal de personas con discapacidad

ONU Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, sobre capacidad legal de las personas con discapacidad

 “Invito a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La actual legislación colombiana sobre la capacidad legal limita los derechos de las personas con discapacidad, particularmente aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial y está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Colombia en el 2011. 
 
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que monitorea la implementación de la mencionada Convención, recomendó al Estado de Colombia en el 2016 derogar toda disposición del Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y adoptar medidas para proporcionar los apoyos que estas requieran para ejercer plenamente este derecho y tomar decisiones.
 
De acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, el Estado de Colombia, y en este caso particular el Congreso, tiene la obligación de modificar la legislación interna para que esté conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia.
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, “por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”, radicado recientemente ante el Congreso de la República. 
 
“Este proyecto propone remplazar las figuras de la interdicción (mediante la interdicción un juez declara que la persona no tiene la capacidad metal para actuar legalmente y se designa a otra persona para que lo represente) y la inhabilitación, por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás, puntualizó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

Fiscalía capacitará a 3.000 policías de Vigilancia

En la jornada participan además las organizaciones de mujeres y la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 La Fiscalía Seccional Tolima, en los próximos cinco meses, capacitará en varias jornadas a los agentes de Policía de Vigilancia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

En las instalaciones del Comando de la Policía de Ibagué (Tolima) se llevó a cabo la primera capacitación, a la cual asistieron 40 servidores de esa institución.
Las jornadas tienen como objetivo garantizar la atención de casos de violencia intrafamiliar, identificación inmediata de casos con riesgo feminicida y mejoramiento en la judicialización de los casos.
Algunos de los temas abordados son la efectividad de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia basada en género, manejo de capturas en flagrancia y de las escenas de crimen de este tipo de delitos, además de la protección de los elementos materiales probatorios para la correcta judicialización de estos.

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