Artículo de Todd Howland, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicado por El Espectador. http://www.elespectador.com/
Para muchas personas en Colombia, en los centros urbanos, el conflicto armado y los procesos de paz con la Farc y el Eln son cosas abstractas. Como estas personas creen que estos dos procesos no definen su vida y su muerte, ni la de sus seres queridos, politizan la paz.
Por Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Quizás estas personas no han pensado en los beneficios que les traerá la paz. Uno de ellos tiene relación con su salud y su derecho al agua potable. No hay nada que amenace más la salud que tomar agua de fuentes contaminadas.
La protección de las fuentes de agua, a través de la protección y la recuperación del medioambiente, es una tarea que beneficia a muchas personas en el mundo y que ayudaría a miles de colombianos de forma inmediata. Por más de 100 años, la ciudad de Nueva York ha protegido de manera vehemente las vertientes de agua para consumo propio. Allí, la mayor parte de la zona donde nace el agua está estrictamente protegida. Los agricultores que viven en la cuenca son apoyados para usar técnicas respetuosas del medioambiente y del agua.
En Colombia, por el contrario, no hay en muchos lugares protección de las fuentes de agua. El Departamento de Planeación Nacional dice, por ejemplo, que entre 1990 y 2013, el 58 % de la deforestación se dio en municipios con presencia del conflicto armado, y señala además que el 60 % de los ríos del país está potencialmente afectado por la extracción ilícita de minerales y el derramamiento de petróleo.
En Colombia no hay acciones suficientes para poner fin a la minería ilegal y para recuperar el medioambiente de las cuencas que abastecen de agua a muchos colombianos. La minería ilegal se asemeja al cáncer: se expande y afecta más y más las fuentes de agua.
Esta minería no sólo destruye el tejido social de las comunidades, sino que también es una gran amenaza para el derecho a la salud de todas las personas, incluso de aquellas que creen que la paz no tiene que ver con ellas o de quienes se oponen a la paz en Colombia.
Esta minería destructiva no debería ser considerada como un problema de algunas comunidades rurales, sino como una amenaza a las cuencas hidrográficas que proveen de agua a centros poblados que son cada vez mayores. Y aquí hablamos del agua no como un servicio o bien público, sino como un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas.
Con la firma de la paz, la desmovilización de las Farc debería facilitar mayor y mejor acción gubernamental frente a los riesgos generados por la minería ilegal. Esto se logrará a través de un proceso de reintegración exitoso, y al cumplirse la promesa de integrar a muchos de los miembros de este grupo al trabajo social, como parte de su compromiso con la justicia transicional.
En el país, los riesgos pueden convertirse en oportunidades, y la mejor forma de lograrlo es dejar de utilizar el actual aislamiento burocrático para la resolución de problemas y usar un sistema común de prevención de violaciones de los derechos humanos.
Minimizar la violencia que existe hoy y proporcionar un verdadero dividendo de la paz para las poblaciones rurales y urbanas se logra dando respuesta al problema de la minería ilegal y a las crisis de agua contaminada, a través de contribuciones concretas y medibles por parte de diversas entidades del Estado, de las empresas y de la reintegración de las Farc.
Aunque en las zonas urbanas de Colombia algunas personas no pueden percibir las consecuencias de la minería ilegal y del conflicto, sí pueden ver cotidianamente los beneficios del agua potable, y, en esa medida, apostar a la firma de la paz significa también apostar por el acceso al agua potable, por la protección del medioambiente y por el derecho a la salud.
