Fiscalía capacitará a 3.000 policías de Vigilancia

En la jornada participan además las organizaciones de mujeres y la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 La Fiscalía Seccional Tolima, en los próximos cinco meses, capacitará en varias jornadas a los agentes de Policía de Vigilancia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

En las instalaciones del Comando de la Policía de Ibagué (Tolima) se llevó a cabo la primera capacitación, a la cual asistieron 40 servidores de esa institución.

Las jornadas tienen como objetivo garantizar la atención de casos de violencia intrafamiliar, identificación inmediata de casos con riesgo feminicida y mejoramiento en la judicialización de los casos.

Algunos de los temas abordados son la efectividad de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia basada en género, manejo de capturas en flagrancia y de las escenas de crimen de este tipo de delitos, además de la protección de los elementos materiales probatorios para la correcta judicialización de estos.

ICA levanta cuarentena en municipios de Arauca, a excepción de Tame

Luego de concluido el foco de fiebre aftosa presentado en la vereda Curipao, municipio de Tame, Arauca, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, levantó la medida de cuarentena que prohibía la movilización de animales en los municipios del departamento de Arauca, con excepción de Tame.

  Las medidas permiten la movilización desde y hacia los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Savarena, con destino a las plantas de sacrifico autorizadas por el INVIMA. Para el municipio de Tame, se mantiene la prohibición de animales dentro del municipio de manera indefinida, con el fin de evitar cualquier riesgo de diseminación de la enfermedad.

Luis Humberto Martínez Lacouture, gerente general del ICA, dijo que los ganaderos de Arauca, deberán solicitar la Guía Sanitaría de Movilización Interna de Animales, GSMI, con 48 horas de anticipación en la oficina de Instituto más cercana, con el objetivo de hacer una visita de inspección sanitaria previa y precintado de los vehículos.

Reporte de Netizen: Tribunal Colombiano exige la contraseña a la cuenta de Facebook de un periodista.

El periodista investigador colombiano William Solano está siendo procesado por difamación después de escribir varios artículos para el sitio de noticias independiente DCERCA sobre la corrupción administrativa en su municipio natal de Buga. Solano también ha recibido amenazas personales en respuesta a su trabajo.

En el juicio en curso del periodista, el fiscal del distrito local ha buscado acceso a las comunicaciones de Solano para identificar fuentes clave en su reporte, que hasta ahora han permanecido anónimos.

A finales de junio, un juez de Buga autorizó al fiscal de distrito a buscar la cuenta de Facebook de Solano. El fiscal ahora está exigiendo la contraseña de la cuenta del periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia dice que la orden viola las protecciones constitucionales para el anonimato de las fuentes de los periodistas y ha presentado una acción que intenta proteger a Solano de la búsqueda.

Los defensores de las libertades civiles en la Fundación Karisma de Bogotá también se han pronunciado firmemente en contra de la autorización de búsqueda, calificándola de violación de los derechos a la libertad de prensa y la privacidad, y señalando que ingresar a la cuenta Facebook del periodista dará a las autoridades acceso a mucha más información de la necesaria.Caso en sí:

· Cita original

... en el caso de William Solano, el fiscal de distrito estaba autorizado a acceder no sólo a la información relacionada con el caso en sí... sino también a acceder a cualquier tipo de información relacionada con otros artículos escritos por el periodista Con información personal y familiar (que no tiene nada que ver con el caso y debe permanecer fuera de las manos del estado).

También señalaron el hecho de que la estructura de Facebook no ofrece herramientas para distinguir entre mensajes y mensajes que son - y no son - relevantes para el caso, sin leer su contenido y por lo tanto potencialmente violando la privacidad de Solano.

La crisis de la Fiscalía a 25 años de su creación

Farid Samir
Benavides Vanegas*

Esta entidad se creó para investigar y acusar ante los jueces las conductas delictivas. Pero los fiscales generales han preferido dedicarse a formular políticas, a hacer política, a dar bandazos o a la figuración. Y hay también el fantasma de la corrupción.

Solución equivocada

razonpublica- Farid Samir Benavides Vanegas*.- La Fiscalía General de la Nación cumple 25 años en medio de una crisis causada por la captura del jefe de su Oficina Anticorrupción y al menos cincuenta funcionarios más. La respuesta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sorprendente porque su propuesta para luchar contra la corrupción no fortalecería a la entidad, sino que la debilitaría.

En efecto: el fiscal cree que la extradición es una buena manera de enfrentar actos de corrupción que han tenido efectos estrictamente nacionales. Esto recuerda la estrategia del gobierno nacional en la década de 1980, cuando usaba esta figura de cooperación internacional para combatir a los carteles de la droga. Esta estrategia solo produjo violencia y muerte, y puso a los jueces en la mira de los barones de la droga.

La crisis de la Fiscalía es un reflejo de la crisis de la administración de justicia en Colombia y en América Latina. En este artículo presentaré una breve historia de esta institución, de los retos que ha tenido que afrontar y de aquellos que le esperan bajo el posconflicto.

El origen

En 1979 el gobierno Turbay presentó una reforma constitucional que pretendía crear la Fiscalía General de la Nación como órgano encargado de la investigación y acusación de conductas delictivas. Por razones de forma, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la reforma. Desde entonces se exploró la posibilidad de crear una institución de esta naturaleza, que sirviera como órgano de investigación y permitiera la necesaria separación entre el acusador y el juzgador.

La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados contra los funcionarios de la rama judicial. La judicatura colombiana es la rama más débil del poder público, pero para los actores armados no era la menos peligrosa.

Esta violencia, sumada a los paros judiciales por impago de salarios, la falta de independencia económica y la gran fragilidad ante presiones externas –como la corrupción y las amenazas– hicieron necesaria una reforma radical de la administración de justicia.

La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados
contra los funcionarios de la rama judicial.

De este modo, con la revolución pacífica que supuso la Constitución de 1991 se reformó la administración de justicia mediante nuevas instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía reemplazó a los viejos juzgados de instrucción criminal y pretendía dotar de mayor racionalidad a la investigación penal al darle al fiscal general la posibilidad de organizar equipos y de centralizar algunas de las tareas para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso, así como la seguridad de los funcionarios.

Investigaciones como las que fueron llevadas a cabo en relación con las graves violaciones de los derechos humanos, la del proceso 8000 y la del robo del Banco de la República de Valledupar no habrían sido posibles bajo el viejo sistema.
La historia

Pero la gestión de la Fiscalía no ha estado exenta de controversias.

Ya desde el tiempo de Gaviria se recuerdan las acusaciones contra el Fiscal General Gustavo de Greiff por certificar la inexistencia de investigaciones contra unos miembros del cartel de Cali y la propuesta del propio fiscal de negociar con los narcotraficantes.

A ello se sumaba la existencia de una legislación que pretendía imitar el proceso acusatorio anglosajón en medio de la debilidad del aparato investigativo colombiano. Los artículos 37 y 37A del viejo Código de Procedimiento Penal permitían la negociación de la pena, pero no fueron usados para desmantelar las redes criminales –como en Estados Unidos, donde se premia al subalterno que delata a sus jefes–, sino para beneficiar al jefe que entrega a sus subalternos.

Con la elección de Alfonso Gómez Méndez comenzó una época caracterizada por el uso del poder de la entidad entre los congresistas. Si bien la Constitución indica que la Fiscalía puede participar en el diseño de la política criminal del Estado, con frecuencia se olvida que el encargado de dirigir dicha política es el gobierno nacional en tanto responsable de mantener el orden público y de garantizar la seguridad ciudadana.

Amnistía a otros 3.250 miembros de las FARC

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el decreto que concede la amnistía a otros 3.252 miembros de las FARC que cumplieron con su compromiso de dejar las armas. Con la aplicación de esa medida, ese país ya ha perdonado a más de 6.000 guerrilleros por la vía administrativa. Además, unos 1.400 han resuelto su situación jurídica en los tribunales, gracias a indultos o concesiones de libertad condicional. Por su parte, la ONU aprobó el envío de una nueva misión a tierras colombianas.

EN BARRANCABERMEJA SÍ HABRÁ VOTACIÓN PARA REVOCATORIA ESTE DOMINGO.

Para esta jornada democrática se instalarán 30 mesas, en 21 puestos de votación

El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia en ese municipio dejó sin efecto la medida provisional proferida sobre la suspensión de la jornada de votación.
En consecuencia, sí habrá jornada electoral este domingo 2 de julio en Barrancabermeja.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reactivó las acciones previstas en el calendario electoral correspondiente a la jornada de votación de este domingo 2 de julio, en ejercicio del mecanismo de participación para la revocatoria de mandato en ese municipio de Santander, informó hoy el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha.