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| Foto: Ministerio de Educación Nacional |
Autoridades académicas y representantes del Gobierno reiteraron el llamado a proteger a la comunidad y a garantizar condiciones de seguridad, respeto y convivencia.
El Ministerio de Educación solicitó acciones inmediatas para proteger a la comunidad de la institución universitaria luego de las denuncias sobre amenazas contra el rector de la institución y de los hechos de seguridad registrados en una de sus sedes.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, envió una comunicación al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al ministro del Interior, Armando Bendedetti, en la que pidió fortalecer las garantías de seguridad para estudiantes, docentes, trabajadores y directivos de la universidad, así como adoptar medidas de protección para el rector, Helberth Augusto Choachí González.
La solicitud se produjo después de que el rector denunciara públicamente amenazas contra su vida y de que el Consejo Académico de la institución suspendiera temporalmente las actividades presenciales en la sede de la calle 72, tras reportarse la presencia de personas armadas dentro del campus universitario.
En la carta, el jefe de la cartera educativa manifestó su preocupación por el impacto que pueden tener los discursos estigmatizantes contra las universidades públicas y advirtió sobre las consecuencias de construir narrativas que asocien a las comunidades académicas con escenarios de confrontación.
“El señalamiento estigmatizante contra las universidades públicas ya produjo consecuencias dolorosas en la historia del país”, afirmó el ministro Daniel Rojas Medellín, al recordar que el Caso 52 del Informe Final de la Comisión de la Verdad documentó hechos de violencia contra estudiantes, profesores y trabajadores universitarios durante el conflicto armado.
El Ministerio de Educación pidió al Distrito reforzar las medidas de protección en las sedes universitarias y reiteró que garantizar la seguridad de las comunidades académicas es una condición esencial para preservar el derecho a la educación, la convivencia y la autonomía universitaria.
De igual forma, solicitó al Ministerio del Interior activar de manera inmediata la ruta de protección colectiva contemplada en el Decreto 660 de 2018 y coordinar con la Unidad Nacional de Protección el fortalecimiento de los esquemas de seguridad para el rector de la institución.
La entidad informó además que remitió copia de la comunicación a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de activar mecanismos de investigación, seguimiento y garantías para la comunidad universitaria.
“El deber del Estado de proteger la vida y garantizar el derecho a la educación no admite dilaciones”, concluyó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
