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“El país les falló brutalmente a los jóvenes”

Las oportunidades que se brindan a los jóvenes para que puedan planear su vida, estudiar, trabajar y aportar a la sociedad, son muy escasas; cuando se implementan proyectos en pro de la educación superior muchas veces las ofertas son limitadas.
— Agencia de Noticias UN - Así lo afirmó, la politóloga María Emma Wills, doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad de los Andes, durante una charla organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Ante la evidencia de altas tasas de desempleo
y la falta de oportunidades, los jóvenes en Colombia
no tienen un futuro prometedor.
Foto: Brandon Pinto.
En dicho evento se analizaron las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril y que en la mayoría de las ciudades fueron protagonizadas por los jóvenes colombianos descontentos con el Gobierno y velando por derechos a la justicia, la igualdad, la educación, el empleo, la verdad y la paz, e intentando expresar que el futuro está en sus manos.

La falla se evidencia en las altas tasas de desempleo y en la deserción universitaria, pues desde 2016 el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) ha detectado una baja en el número de matrículas, incrementada por la pandemia de COVID-19 que obligó al cierre de los campus y espacios académicos presenciales.

Desde el 2016 el SNIES se ha detectado
una baja en el número de matrículas.
Foto: archivo Unimedios.
De otra parte, según el DANE el desempleo juvenil alcanzó en 2020 la histórica cifra de 3 millones de jóvenes desempleados, de los cerca de 11 millones en el país.

La académica reiteró que tales indicadores muestran que “se les falló a los jóvenes porque este es un país con falta de oportunidades, inclusión, educación y protección juvenil para que desarrollen el concepto de proyecto de vida y lo amplíen hasta la definición de buena vida que cada uno tiene”.

Agregó que “los jóvenes son la semilla del Acuerdo Final de Paz, pero lo que existe hoy es una profunda decepción hacia un Estado autoritario, que ve en las organizaciones del orden la mejor forma de solucionar las grandes brechas entre la sociedad y el Gobierno”.

El panorama es aún más desalentador cuando el 33 %
de los jóvenes son “ninis” (ni estudian ni trabajan).
Foto: archivo Unimedios.
Mirada autoritaria no es la solución

Durante su intervención, la politóloga Wills dijo que en Colombia hay dos miradas absolutamente contrarias sobre cómo organizar el poder y la autoridad en el país, entendiendo que las fuerzas públicas están para preservar los derechos de la sociedad y no de las esferas privadas.

“Hay una mirada autoritaria que propone que lo más importante para mantener el orden es la obediencia y seguir unas normas y leyes, así tu no creas en ellas”.

En su opinión, esta matriz cultural tiene su fundamento en un concepto de que la seguridad es esencial para que “podamos vivir juntos, sin matarnos”. Esto hace que se priorice la seguridad sobre otro tipo de aproximaciones a los conflictos que hay en Colombia.

Los jóvenes son la semilla del proceso de paz,
pero lo que existe hoy es una profunda rabia
hacia un Estado autoritario. Foto: Unimedios.
Indica que, de otro lado, hay una matriz que pone mucho más el énfasis en escuchar, si se quiere, a que el orden se sostenga sobre el consentimiento activo frente a la autoridad, en “esta segunda matriz vemos cómo para esas élites gobernantes lo fundamental es lograr y construir ese consentimiento y esas dos matrices, no hay puentes”.

Para la experta, se entiende que la mirada autoritaria ha dominado al país por mucho tiempo, y en momentos de grandes tensiones esa mirada no es la solución, lo fundamental es tener una seguridad sin homicidios, secuestros o violaciones.

Las fuerzas públicas están para preservar
los derechos de la sociedad
y no de las esferas privadas.
Foto: Brandon Pinto.
“Lo que se debe lograr es que, más que diálogos de negociación con una mirada autoritaria, lo que hay que hacer es convencer a los sectores de que la ruta que tenemos para resolver las diferencias tiene que la ruta reformista”.

Propone además que entre esas dos miradas se habiliten mesas de diálogo para encontrar puntos de acuerdos hacia un camino más democrático, por ejemplo con una mayor redistribución a través de las políticas públicas de salud y educación.
(Por: fin/PRC/dmh/LOF)
N.° 194

Sicarios matan a un concejal y ya son 95 líderes sociales asesinados este año

La víctima fue identificada como Rubén Darío Melo Delgado, de 43 años de edad, y falleció tras recibir varios impactos de bala.
El asesinato ejecutado contra el concejal Rubén Darío Melo Delgado se ha convertido en el número 95 registrado contra un líder social en Colombia durante el presente año.

La información fue detallada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) a través de Twitter, donde se informó que Melo fue víctima de dos sicarios que lo interceptaron a las 7:45 de la noche del jueves 15 de julio, en el barrio Popular de la ciudad de Armenia, en Quindío.

Melo, de 43 años, había sido electo concejal de Armenia por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) en 2019. De acuerdo a Indepaz, en esa zona hay presencia del grupo irregular armado denominado "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (AGC), que atentan contra personas que denuncian hechos de corrupción y realizan movilizaciones sociales a favor de la ciudadanía.

"Los hechos ocurrieron en un establecimiento público del barrio luego de que dos personas lo abordaron y le dispararon sin mediar palabra", confirmó a un medio local el comandante (e) de la Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia.

La Justicia de Paz de Colombia imputa a 10 militares y un civil por 'falsos positivos'

Los imputados estarían involucrados en el asesinato de por lo menos 120 personas en el Catatumbo.

Imagen ilustrativa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 militares y un civil por su presunta vinculación en los denominados 'falsos positivos', asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo con la institución, los imputados habrían tenido una participación determinante "en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión" en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander.

Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el objetivo de "aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar", precisó la JEP.


En concreto, por estos delitos, las 11 personas fueron imputadas por "crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Los imputados

Los imputados, identificados como máximos responsables de haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar, son:

- El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.

- Los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).

- El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña.

- El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15.

- El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Los otros imputados, "por haber contribuido de manera amplia y efectiva" en los delitos, señala la JEP, son:

- El capitán Daladier Rivera Jácome.

- El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz.

- El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN.

- El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15.

- El tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares (BRIM15 y BISAN).

Modalidad de los crímenes

De acuerdo con el comunicado de la JEP, se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.

La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales; mientras que la segunda consistió en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.


Las 120 personas asesinadas, señala la JEP, "tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi", explicando que las víctimas "fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno" y, además, "fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales".

Según la institución, los imputados actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil.

Estas personas "o aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la justicia transicional", señaló Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Estas imputaciones, informa la JEP, hacen parte del primero de por lo menos seis casos territoriales sobre 'falsos positivos' en Colombia; los otros hechos priorizados por la institución están en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.

En febrero pasado, la JEP elevó a 6.402 el número de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2006, los primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

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