Tribunal ordena mantener intervención a COOSALUD

El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la suspensión provisional que había dejado sin efectos temporales la intervención forzosa administrativa sobre la EPS Coosalud y ordenó restituir de manera inmediata la administración integral de la entidad a la Superintendencia Nacional de Salud, en una decisión que fortalece las acciones del Gobierno nacional para garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos.

Con esta determinación judicial, la intervención de la EPS continúa plenamente vigente y la Superintendencia Nacional de Salud retomará el control integral de la entidad para avanzar en las medidas orientadas a corregir las fallas administrativas, financieras y de prestación de servicios identificadas durante el proceso de vigilancia.

El fallo ordena además que los representantes legales de Coosalud restituyan de manera inmediata la administración de la EPS a la Supersalud y establece que la entidad deberá adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras “eficaces, oportunas e integrales" para superar las falencias estructurales advertidas por la Procuraduría General de la Nación y garantizar los fines de la intervención.

La decisión también dispuso que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República realicen un acompañamiento especial, permanente e integral al proceso de intervención, con el propósito de reforzar el seguimiento institucional y asegurar que las acciones implementadas protejan efectivamente a los usuarios del sistema de salud.

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Tras el fallo, la Superintendencia designará en las próximas horas un nuevo agente especial interventor, quien tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la medida de control, la continuidad en la prestación de los servicios y la protección del derecho a la salud de más de tres millones de afiliados de Coosalud en todo el país.

Actualmente, la EPS concentra el mayor número de afiliados en departamentos como Valle, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Santander y Magdalena, regiones donde la Supersalud mantendrá seguimiento especial para asegurar la continuidad en la atención y evitar afectaciones a los usuarios mientras avanza el proceso de intervención ordenado por el Gobierno nacional.

Tras proceso de investigación, Superservicios acuerda devolución de $8.700 millones a los usuarios de gas natural

Los usuarios de gas nat​ural afectados por los mayores cobros recibirán el beneficio entre junio y diciembre de 2026.

​En cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios logró un acuerdo con la empresa transportadora de gas Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), para la devolución de $8.700 millones a cerca de 2,6 millones de usuarios de ese servicio a quienes se les venía facturando un mayor valor desde 2023.

​De acuerdo con la entidad, se trata del primer Programa de Gestión Acordado con una transportadora de gas que les permitirá a los usuarios recuperar la devolución del excedente pagado vía factura, luego de que Progasur reconociera que aplicó una suma superior a la válidamente permitida por la regulación.

Los beneficiarios de esta decisión están ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca, y Norte de Santander.

Según el acuerdo alcanzado entre la SuperServicios y Progasur, esta compañía transportadora de gas aplicará la tasa de descuento regulada de 10,94%, corrigiendo el cobro superior que venía efectuando desde 2023. El ajuste rige de manera inmediata.

El Programa de Gestión Acordado se trata de una medida de control, que permite a las empresas implementar acciones pertinentes para la mejora de la prestación del servicio.

El acuerdo establece la devolución de $8.796'569.197, que corresponde a las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. Las devoluciones a los usuarios iniciarán en junio de 2026 y finalizarán el 31 de diciembre de 2026.

Así mismo, se informó que Progasur notificará a las distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata la devolución a los usuarios en la factura. La SuperServicios, a su turno, vigilará que cumplan con este traslado.

Estas actuaciones propenden por la protección de los derechos de los usuarios finales, garantizando que reciban un servicio bajo condiciones de equidad y eficiencia.

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Soluciones...

Fuerza Pública desplegará más de 400.000 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales

​“La violencia en las elecciones nos alej​a de la democracia y nos acerca a la barbarie”: MinDefensa Pedro Sánchez

A menos de una semana de que el país elija al próximo Presidente de la República para el periodo 2026–2030, el Gobierno nacional presentó un completo plan estratégico para asegurar la jornada electoral.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de policía, anunció el despliegue de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este dispositivo es blindar los 13.489 puestos de votación y asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y en paz.

Dentro de las medidas prioritarias se encuentra la protección a los 13 candidatos presidenciales y a sus familias, así como el acompañamiento a los eventos públicos de campaña. Para fortalecer estas acciones, el Gobierno Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien entregue información que permita anticipar posibles atentados contra los aspirantes.

Hasta la fecha, las autoridades ya han custodiado 625 actividades en plaza pública, coordinando esfuerzos entre las Fuerzas Militares, a cargo del 43% de los puestos de votación, y la Policía Nacional, que asumirá el 57% restante.

En la rueda de prensa, el ministro fue enfático al señalar el compromiso de las instituciones con el orden constitucional. Aseguró que “la Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia", un mensaje con el que buscó dar un parte de tranquilidad al país frente a las tensiones políticas de los últimos días y la volatilidad que se vive de cara a los comicios.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a rechazar cualquier manifestación violenta que pretenda sabotear la jornada electoral o sembrar el miedo entre los votantes. En un tono contundente, Sánchez advirtió sobre las consecuencias de los ataques y la desinformación en las redes sociales que buscan generar zozobra, manifestando textualmente que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie".

Durante la rueda de prensa recordó que sigue activa la 'Línea de Transparencia 157', una herramienta que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre delitos electorales, tales como el fraude o la compra y venta de sufragios. Esta estrategia ya arrojó resultados importantes durante las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, donde se recibieron 7.096 llamadas, se incautaron 3.759 millones de pesos en efectivo y se hicieron efectivas 88 capturas relacionadas con estas conductas ilícitas.

Finalmente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que, basándose en antecedentes históricos y denuncias recientes, se elaboró un mapa de prevención y seguridad electoral. Este diagnóstico permitió priorizar 67 municipios en todo el país que registran un mayor nivel de riesgo. En estos puntos clave se concentrarán dispositivos especiales y de atención institucional inmediata, diseñados para contener de forma oportuna cualquier acción que pretenda alterar la normalidad de las votaciones.

Supersalud destapa fallas en entrega de medicamentos en Cartagena

La SuperSalud verificó en Cartagena ​tiempos de entrega, condiciones de atención y reportes de medicamentos pendientes.

Filas desde la madrugada, largas esperas y fórmulas incompletas marcan el panorama encontrado por la Superintendencia Nacional de Salud durante visitas sorpresa a dispensarios de medicamentos en la capital de Bolívar, donde se evidenciaron dificultades en la atención a los usuarios.

Durante los recorridos, los equipos técnicos verificaron los tiempos de entrega, las condiciones del servicio y los reportes de medicamentos pendientes, especialmente en el punto de Audifarma Santa Lucía, operador que atiende a más de 249 mil afiliados de la EPS Mutual Ser en Cartagena.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, advirtió sobre el impacto directo de estas fallas en la vida de los ciudadanos: “Detrás de cada fórmula sin entregar hay un paciente angustiado. Aquí no estamos hablando de papeles ni de estadísticas; estamos hablando de personas que necesitan sus tratamientos para vivir", afirmó.

La situación, según la entidad, se repite entre los usuarios, quienes deben regresar varias veces para completar sus medicamentos, enfrentar extensas jornadas de espera y superar múltiples barreras en la atención, especialmente en el caso de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Quintero también fue enfático en exigir respuestas inmediatas a las entidades responsables: “Lo que encontramos no puede seguir convirtiéndose en paisaje. Hay personas esperando medicamentos esenciales y familias enteras desgastadas por trámites interminables. Las EPS y los operadores farmacéuticos tienen que responderle a la gente", señaló durante la visita.

El superintendente anunció que estos operativos continuarán en distintas regiones del país como parte del #Plan100, con el fin de garantizar el derecho a la salud. Asimismo, advirtió que, de persistir las irregularidades, se podrán iniciar acciones administrativas para asegurar que las entidades cumplan con sus obligaciones y se garantice una atención oportuna y digna a los pacientes.

El #Plan100 es una estrategia de la Supersalud que realiza operativos sorpresa en todo el país para verificar que los medicamentos sean entregados a los pacientes y sancionar irregularidades.

Presidente Petro defiende reducción de peajes y eliminación de fotomultas irregulares

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió este domingo la reducción de tarifas en peajes del departamento de Caldas y aseguró que su gobierno busca eliminar barreras económicas para la movilidad de los ciudadanos, especialmente en regiones históricamente afectadas por altos costos de transporte.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario destacó​​​ que la disminución en algunos peajes pasó de 18.000 pesos a 700 pesos y explicó que la medida hace parte de una visión orientada a garantizar la libre circulación de los colombianos y fortalecer la integración regional en el antiguo territorio del Viejo Caldas.

“Reduje los peajes de 18.000 pesos a 700 pesos en Caldas. Allá votan más por Uribe, pero eso no me importa porque es el corazón de Colombia y tiene el mejor sistema de educación superior de Colombia”, afirmó el jefe de Estado, quien además sostuvo que su administración está impulsando medidas sociales para beneficiar a adultos mayores cafeteros sin pensión en distintas regiones del país.

El mandatario también aseguró que su propósito es avanzar hacia un modelo de movilidad con menos restricciones económicas para la ciudadanía. “Quiero que no haya peajes en el viejo Caldas porque es el corazón de Colombia y para llegar al corazón no se ponen peajes de banqueros. El corazón no es del mercado sino de la vida”, expresó el presidente Petro.

En su post, el jefe de Estado relacionó esta política con la eliminación de sanciones de tránsito impuestas de manera irregular y señaló que, según cifras de su gobierno, se han anulado cerca de seis millones de procesos asociados a fotomultas.

La semana anterior, el Ministerio de Transporte reveló que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Transporte, puso freno a los cobros desproporcionados e irregulares mediante sistemas tecnológicos de tránsito, acción que se logró luego de una rigurosa auditoría con la que se destapó un esquema de presuntas fallas técnicas que compromete la validez de más de 7,5 millones de comparendos en todo el territorio nacional, marcando un hito en la fiscalización de estos sistemas automáticos.

El mandatario explicó que con estas medidas la intención es garantizar el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente por el territorio nacional. “No habrá peajes más en Colombia, no se restringe la libre circulación del pueblo. Ni peajes ni fotomultas porque lo que se debe hacer en Colombia es libertad y mucha. Eso dijo el Libertador Bolívar, y eso hago. Soy un emancipador”, concluyó el presidente de la República.

Colombia activa su ruta hacia la energía nuclear para enfrentar futuros fenómenos de El Niño

Colombia, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro​, traza su ruta hacia la energía nuclear para garantizar la seguridad energética del futuro.

El Ministerio de Minas y Energía presentó en Viena la hoja de ruta institucional y regulatoria que, en compañía de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), actualmente desarrolla para la incorporación de energía nuclear en Colombia, un paso hacia el fortalecimiento de la matriz energética nacional.

La exposición estuvo a cargo del jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del ministerio, Juan Carlos Bedoya, quien socializó la hoja de ruta que adelanta Colombia bajo los lineamientos de los acuerdos internaciones.

“Estamos construyendo una hoja de ruta seria, técnica y alineada con los más altos estándares internacionales para que el país pueda tomar decisiones informadas sobre su futuro energético y le permita enfrentar los efectos del cambio climático con un sistema resiliente que garantice la seguridad y confiabilidad para el abastecimiento energético de las y los colombianos”, afirmó Bedoya.

Durante la presentación se destacó que Colombia, desde hace décadas, ya ha firmado 24 tratados internacionales relacionados con el uso seguro del material radiactivo, seguridad radiológica, y no proliferación, fortaleciendo así la capacidad institucional del país para avanzar conforme a los estándares internacionales.

Asimismo, se resaltó el trabajo articulado entre el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería para consolidar la cooperación internacional, el diálogo técnico y el relacionamiento multilateral que requiere el país para avanzar en esta hoja de ruta energética.

La presentación también destacó la consolidación del Nuclear Energy Program Implementing Organization, mecanismo encargado de coordinar los análisis técnicos, regulatorios e institucionales necesarios para evaluar la viabilidad de la energía nuclear en el país.

Al respecto, el jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios explicó que actualmente el país avanza en el desarrollo de capacidades institucionales, revisión normativa, fortalecimiento regulatorio y cooperación internacional, elementos fundamentales para cumplir con la Fase 1 del enfoque metodológico de la IAEA.

“Colombia está dando pasos concretos para fortalecer su soberanía energética y construir capacidades técnicas que le permitan evaluar todas las alternativas de generación disponibles para enfrentar cada vez más los intensos efectos de Fenómenos de El Niño. Estas decisiones permitirán brindar soluciones para sectores de la agricultura, la industria, la salud y proveer servicios básicos como la desalinización de agua, exportación de productos agrícolas, entre otros”, agregó.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que esta evaluación hace parte de la estrategia integral del Gobierno nacional para diversificar la matriz energética, reducir vulnerabilidades frente a fenómenos climáticos y garantizar el abastecimiento energético de largo plazo para el país.

SuperIndustria alerta sobre proyecto que, según denuncia, legalizaría en créditos ‘ventas disfrazadas de educación financiera’

​Cielo Rusinque advirtió, a través de un mensaje en X​, que el proyecto “Compra Informado, Compra Protegido” legalizaría “ventas atadas disfrazadas de educación financiera” y pidió eliminar las disposiciones que, según señaló, encarecerían el crédito para los consumidores más vulnerables.​​

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, alertó sobre una disposición que avanza a cuarto debate en el Congreso de la República y que, según afirmó, permitiría condicionar el acceso a créditos a la compra obligatoria de cursos y servicios no solicitados por los consumidores.

“Este es un mensaje urgente que nos concierne a todos. ¿Sabían que el Congreso está a punto de legalizar que le cobren cursos obligatorios que usted no quiere solo para poder pedir un préstamo? Sí, así como suena, una venta atada, vestida de educación”, manifestó Rusinque.

La funcionaria explicó que meses atrás se había advertido sobre el proyecto denominado ‘Compra Informado, Compra Protegido’, iniciativa que busca modificar el Estatuto del Consumidor. Sin embargo, aseguró que la propuesta, presentada inicialmente como una herramienta para fortalecer los derechos de los consumidores, “terminó siendo exactamente lo contrario”.

Según indicó la funcionaria, en medio del cierre de la legislatura y de la coyuntura electoral, el proyecto incorporó “sin discusión pública y sin debate suficiente” una disposición que, a su juicio, legaliza las ventas atadas bajo el argumento de la educación financiera.

Rusinque sostuvo que el artículo 7 del proyecto permitiría exigir la adquisición de servicios educativos como requisito para acceder a créditos otorgados mediante mecanismos alternativos de financiación. “En la práctica, esto significa que quien necesite un préstamo tendrá que pagar cursos y servicios que nunca pidió”, señaló.

Asimismo, advirtió que el artículo 2 excluiría esos cobros del cálculo de intereses, lo que derivaría, según dijo, en créditos más costosos y en una mayor carga económica para los consumidores, especialmente para las personas más vulnerables.

La superintendente afirmó además que esta disposición contraviene el artículo 36 de la Ley 1480 de 2011, norma que prohíbe las ventas atadas. “El derecho del consumidor a elegir libremente no puede convertirse en moneda de cambio para favorecer a quienes hacen negocio de la necesidad ajena”, expresó.

De igual forma, aseguró que los principales afectados serían los ciudadanos de menores ingresos que no tienen acceso al sistema financiero tradicional y que podrían enfrentar mayores riesgos de endeudamiento por costos que calificó de “injustificados e innecesarios”.

“La SIC del cambio rechaza categóricamente estas disposiciones y exige su eliminación total del proyecto. No permitiremos que se legalice lo que hoy prohíbe la ley. No permitiremos tampoco que se encarezca el crédito bajo el disfraz de argumentos pedagógicos”, añadió.

Finalmente, la superintedente Rusinque hizo un llamado a la ciudadanía para exigir el retiro de la disposición cuestionada. “Que el trámite acelerado no sepulte nuestras garantías. El consumidor se respeta”, concluyó.