Colombia avanza en su propósito de convertirse en exportador de hidrógeno verde

Representantes de sectores públicos y privados de Alemania y Colombia adelantaron el primer Diálogo Binacional sobre la política de reindustrialización basada en las energías renovables y el desarrollo del sector del hidrógeno verde.

Los dos países fortalecieron sus relaciones para acordar proyectos conjuntos, con el objetivo de implementarlos en los siguientes años de gobierno.

Participaron los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; de Minas y Energía; y de Relaciones Exteriores de Colombia, así como la Embajada de Colombia en Alemania y la Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI por su sigla en alemán).

El trabajo conjunto permitirá involucrar a Alemania en la transición energética y en la descarbonización de la economía colombiana, con miras a convertir a nuestro país en un exportador de energía limpia.

Al mismo tiempo, las acciones apoyarán la transformación de Alemania hacia una economía descarbonizada.

El término hidrógeno verde hace referencia al generado con energías renovables y de bajas emisiones como la eólica (generada por el viento) y electrólisis de agua, principalmente.

Previamente, como preparación para el diálogo se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo virtuales los días 17 y 18 de noviembre en la que los participantes identificaron que el foco de la articulación bilateral debe ser la "financiación para el intercambio”.

El destino de los recursos económicos se debe centrar en tres áreas: desarrollo tecnológico, capacidades técnicas e infraestructura, mediante un trabajo conjunto de las industrias colombiana y alemana con el fin de acceder a los fondos de financiación que ofrece la nación germana.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, indicó que es el momento para fortalecer y profundizar los vínculos bilaterales con el país europeo y su sector energético, con el objetivo de avanzar en la transición energética que busca el Gobierno de Colombia.

“Colombia cuenta con una combinación óptima de abundantes recursos, un potencial excelente para parques solares y eólicos, y acceso al agua, así como capacidad de exportar a países de gran demanda energética como Alemania”, dijo el ministro.

Y agregó que la idea es convertir a Colombia en un país exportador de energía limpia, produciendo grandes volúmenes de hidrógeno verde y los correspondientes derivados, como metanol y amoníaco.

“Lo que queremos es dar costos competitivos a partir de 2030 en un mercado local y a 2050 en el mercado internacional, generando cadenas de valor, manifestó.

Para la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, “las políticas públicas, los desarrollos tecnológicos y científicos, y el impulso industrial que tiene Alemania frente a los procesos de transición energética son referente para el impulso de la política de reindustrialización y para el progreso técnico que busca Colombia”.

“Desde el Gobierno Nacional, hemos identificado en el amoníaco verde una oportunidad importante para el despliegue de la Economía del Hidrógeno en Colombia, logrando un encadenamiento con la producción de fertilizantes, que aporten a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la productividad del sector agrícola del país. En este sentido, estamos trabajando para dar cumplimiento a la Hoja de Ruta del Hidrógeno que nos permita alcanzar las metas previstas a 2030”, explicó la ministra.

Por su parte, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, manifestó que “esta es una gran oportunidad para profundizar nuestras relaciones con Alemania y aumentar la inversión en proyectos de nuevas energías, incluidas las renovables y el hidrógeno, a través de mecanismos de financiación que ofrece el gobierno alemán. En nuestro objetivo de ser un actor clave en la transición energética de la región, Ecopetrol tiene gran interés en tener acceso temprano al desarrollo de nuevas tecnologías en Alemania y generar transferencia de conocimiento para su escalamiento en Colombia.”

Memorando de entendimiento

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, el Grupo de Energía de Bogotá y Promigas suscribieron un Memorando de Entendimiento donde se comprometieron a avanzar en una producción y un funcionamiento industrial sostenible en el país.

Las entidades trabajarán conjuntamente en el fortalecimiento del intercambio científico para mitigar las barreras técnicas concernientes a la transición energética ambiciosa y ordenada.

También acordaron avanzar en acciones internacionales, con socios estratégicos, destinadas a impulsar la reindustrialización basada en energías renovables.

Este esfuerzo demandará la búsqueda de países comprometidos con la transferencia de tecnología y conocimiento enfocados en desarrollar una industria sostenible, e interesados en la financiación a largo plazo de los procesos de transición energética.

Esta transición también debe enfocarse en generar empleos, fortalecer el capital humano y facilitar la inserción de las comunidades, por lo que se enfatizará en la importancia del rol del empleo y de las comunidades locales en el proceso de reindustrialización.

Finalmente, los firmantes se comprometieron a desarrollar conjuntamente un artículo para el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de impulsar la producción industrial del país con energías renovables y procesos de descarbonización.

Primeros acuerdos entre Gobierno y ELN.

Luego de haber perdido más de cuatro años en el proceso de paz el gobierno del Presidente Petro y la guerrilla del ELN retoman y avanzan por el camino del diálogo y los acuerdos para la Paz Total.


El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerraron este lunes la primera ronda de negociaciones en Caracas (Venezuela), luego de varias semanas de conversaciones. 

En una rueda de prensa desde el Hotel Humbolt, en el Parque Nacional Waraira Repano, las delegaciones dieron a conocer los acuerdos alcanzados en esta primera ronda.

Mayor participación ciudadana así como paridad de género, son las características principales del nuevo rumbo en las negociaciones. Los sectores sociales -campesinado, empresarios, organizaciones sociales y civiles- que en el país se han visto afectados por el conflicto tendrán asiento en la mesa de diálogo. 

Avances

Tras las primera semana de conversaciones, el Gobierno de Petro y el ELN anunciaron los tres primeros acuerdos del diálogo en Caracas sobre los países garantes y acompañantes; las acciones y dinámicas humanitarias; y la creación de un "equipo conjunto de comunicación" para informar de manera "objetiva, oportuna, clara y transparente" sobre el desarrollo y avance de las negociaciones.

En el primer acuerdo se ratificó a Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes y se invitó a Brasil, Chile y México para que asuman el mismo papel. Los gobiernos de Chile y México ya aceptaron la propuesta; mientras que el gobierno de Jair Bolsonaron aún no se pronuncia, por lo que podría darse una respuesta en enero próximo cuando asuma la Presidencia Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, se formalizaron como acompañantes al secretario general de la Organización de las Naciones unidas (ONU), a través de su representante especial en Colombia; y a la Conferencia Episcopal de Colombia. Igualmente acordaron invitar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que se unan al proceso, en calidad de acompañantes, y adelantar acciones diplomáticas con EE.UU. para conocer su disposición de participar en el diálogo.
De igual forma coincidieron en retomar el punto de los acuerdos correspondientes a la agenda establecida en marzo de 2016, respecto de las acciones y dinámicas humanitarias para realizar en corto plazo "procesos de alivios humanitarios" que será acompañado por la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia.

Las delegaciones acordaron invitar a la Convención Nacional Campesina de Colombia para integrarla a la mesa de diálogo y buscar acuerdos que apunten también a generar medidas económicas, sociales, políticas y de seguridad a favor de ese sector, que ha sido uno de los más castigados por el conflicto armado.

Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto

Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto

Las mayorías del Senado de la República aprobaron en sesión plenaria el acto legislativo número 033 de 2022 Senado, 002 de 2022 Cámara, que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y regularizar en Colombia la venta del cannabis para uso adulto.

Es el cuarto de los ocho debates que debe completar la iniciativa para convertirse en norma constitucional.

Al presentar el proyecto ante el pleno de la corporación, su ponente, la senadora María José Pizarro Rodríguez, Pacto Histórico, sostuvo que, “en Colombia se han gastado alrededor de 16 mil millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, ni el acceso, ni la presencia de grupos criminales. La guerra contra las drogas no ha cumplido su objetivo, es momento de cambiar el enfoque y regularizar el consumo adulto".

Y agregó la congresista Pizarro Rodríguez, que el tabaco y el alcohol son sustancias legales que causan más daño que el cannabis, “en Colombia, fallecen más de 20 mil personas al año por enfermedades atribuibles al tabaquismo, y una de cada 20 muertes en el mundo está relacionada con el consumo de alcohol. La Corte Constitucional señaló en 1994 que el porte y consumo son acciones dentro del ámbito privado y no afectan los derechos de las demás personas”, precisó.

Por su parte, la senadora Karina Espinosa, Partido Liberal, sostuvo: "La droga destruye nuestro país y causa violencia, por lo que en vez de apostar por la regularización, tenemos que educar a nuestros niños para cambiar nuestra sociedad".

De otro lado, el senador Alirio Barrera, Centro Democrático, rechazó el proyecto y argumentó, “es triste ver al Congreso legalizar lo ilegal, lo que daña la juventud, lo que va a dañar al país. Cuál es el afán de llevar la sociedad a un vicio; una ilegalidad disfrazada de legalidad. Quieren convertir a Colombia en paraíso de drogas; vamos a ser el puerto cocalero más grande del mundo. Nos van a hacer ver como la súper chimba, lo único que faltó fue que trajeran una muestra”.

El autor del proyecto, representante Juan Carlos Losada Vargas, Partido Liberal, sostuvo que es histórico el avance que ha tenido esta reforma constitucional, “vamos a tener otros cuatro debates de marzo a junio de 2023, para que esta reforma constitucional se perfeccione, y de esa manera haya en Colombia un mercado legal del cannabis, en el que no sea ilegal venderlo y comprarlo. Hoy, los colombianos tienen derecho a portar cannabis, a cultivarlo, pero no tienen el derecho a cultivar y vender una sustancia que es legal en todos los otros aspectos”.

Precisó el congresista Losada Vargas, que el cannabis lo van a poder adquirir las personas que sean mayores de 18 años. Cabe anotar que la iniciativa contó con el apoyo del Partido Liberal, del Pacto Histórico, la Alianza Verde, un sector del Partido de la U, y también de Cambio Radical; pero no contó con los votos del conservatismo, ni del Centro Democrático.

Definida la megaobra en el Canal del Dique. Regular inundaciones, proteger el medio ambiente.

Luego de escuchar a las comunidades, el Gobierno del Cambio adjudica la megaobra del Canal del Dique

Como una de las premisas del Gobierno del presidente Gustavo Petro de escuchar a las comunidades y luego de cumplirse en los últimos tres meses cerca de 20 mesas de diálogo, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, adjudica del proyecto de APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique, un proceso que se logra después de oír a los pobladores y tras un minucioso proceso de estructuración que duró cerca de siete años.

“La adjudicación del Canal del Dique fue nuestra prioridad desde el primer día, pero para lograr esto, sí o sí, queríamos escuchar a las comunidades. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro era fundamental atender las preocupaciones que tenían las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique. El Estado tiene una deuda histórica con la región, pues además de rescatar ecosistemas que venían en constante degradación, con esta iniciativa fluvial mitigaremos el impacto ante probables inundaciones”, indicó Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte.

Para lograr este objetivo, el Gobierno del Cambio cumplió con todas las etapas previas que incluyeron procesos de socialización con comunidades en al área de influencia del canal. Además, durante la estructuración se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, que tuvieron acompañamiento de Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República.

Incluso, estos procesos de diálogo y concertación se mantendrán durante toda la ejecución del proyecto. “Tenemos un profundo respeto por las comunidades y estamos cumpliendo con una de las solicitudes del presidente Gustavo Petro: que el proyecto fuera socializado con los pobladores. El compromiso de la ANI es que estos procesos sigan durante la preconstrucción, construcción y operación, porque vamos a crear oportunidades para los pobladores, garantizando su seguridad alimentaria, pero respetando su pasado y sus tradiciones”, dijo William Camargo Triana, presidente de la ANI.

Desde que inició el mandato del presidente Gustavo Petro se han llevado a cabo cerca de 20 mesas de diálogo con comunidades y líderes regionales a las que asistieron cerca de 1.000 personas. Estas jornadas arrancaron el 8 de septiembre con la visita que hizo el primer mandatario al municipio de Santa Lucía (Atlántico). Previamente, el 6 y 7 de septiembre, la ANI hizo mesas de trabajo en Suán, sede Universidad del Atlántico, Palacio de la Proclamación en Cartagena y la Casa de la Cultura en San Onofre (Sucre).

Otras 13 reuniones se hicieron, entre el 27 y el 30 de septiembre: Los lugares fueron: Campo de la Cruz, Casa de la Cultura de Repelón, Candelaria, Carreto, Manatí, Luruaco y Sabanalarga, en el Atlántico. También en: San Estanislao, San Cristóbal, Tierra Bomba, Caño del Oro, Calamar y Punta Arena, en Bolívar.

Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado del área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco de la ejecución del proyecto.

Generalidades del proyecto

Dentro de los trámites adelantados por la entidad, el proyecto contó también con aprobaciones de otras entidades del orden nacional como: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las cuales garantizaron los recursos para ejecutar las obras que inician con el proceso de preconstrucción y tienen una duración de 18 meses.

En esta etapa se adelantarán requerimientos técnicos, ambientes, sociales y prediales que permitan dar paso al proceso de construcción. En esta fase de preconstrucción, el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable.

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también el proyecto tendrá compuertas en Calamar.

La ejecución de estas obras, como su respectiva operación y mantenimiento, se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y según los cálculos estima la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.

La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios: ocho del Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez ubicados en el departamento de Bolívar: Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana; y uno en Sucre, San Onofre.

Este megaproyecto ambiental es una iniciativa de la que se viene hablando hace más de 50 años en el país y sus obras son primordiales porque, además de aliviar los problemas de sedimentación y riesgos de inundación que incluso hace más 12 años causaron una enorme tragedia al dejar más de 100 mil damnificados en la costa Caribe, beneficia el transporte de mercancías por sus aguas a los puertos del Caribe.

De hecho, con el proyecto se mantendrá el control de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas; también mejorará las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénaga-canal e impulsará la restauración de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

El canal del Dique es un proyecto estructurado conjuntamente por la ANI, el Fondo Adaptación y Cormagdalena, con el liderazgo del Ministerio de Transporte.

Desde lo técnico el proyecto contó con estudios y diseños definitivos a Fase III aportados por el Fondo Adaptación y elaborados por empresas del más alto nivel y reconocida experiencia internacional: Royal HaskoningDHV y Gómez Cajiao. También se contó con la asesoría técnica del Banco Mundial y la estructuración jurídica, financiera y de riesgos de Bonus Banca de Inversión. Gómez Cajiao adelantó el componente técnico.

Zurales, ecosistema de la Orinoquia que puede desaparecer

 

UN.- Este ecosistema propio de la región podría regular el clima y controlar los sedimentos, y además sería un depósito natural de carbono. Sin embargo, los productores locales lo ven como un riesgo y destruyen sus montículos para tener un terreno uniforme.

Presidente Petro. “proceso de paz urbano” en Buenaventura podría extenderse a otras regiones.

El Presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles que el Gobierno del Cambio apoyará la estrategia de convivencia ‘Buenaventura, potencia de la vida en Paz Total’, y planteó que este proceso de paz urbana, que ha derivado en una reducción considerable de homicidios en este puerto del Pacífico, se extienda a otras regiones del país con problemáticas de violencia.

“Vamos a meternos, por tanto, en este proceso inédito y a hacer las transformaciones que el mismo Gobierno necesita en su interior para cumplir con lo que se acuerde. Si aquí se cumple, esto se extenderá a Barranquilla, a Cartagena, a Montería, se extenderá a Tumaco, se extenderá a las barriadas populares de Medellín, de Cali, de Bogotá. Aquí nace un faro para alumbrar las posibilidades de Colombia”, resaltó el Jefe de Estado.


En el acto, que tuvo lugar en la plazoleta Bulevar de Buenaventura, el Mandatario destacó el hecho de que la ciudad complete 85 días sin homicidios ni enfrentamientos entre los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, dos grupos que han estado en conflicto desde hace meses por el control del narcotráfico y otras actividades ilegales como la extorsión o secuestro.

De hecho, les envió un mensaje de paz a los jóvenes que hacen parte de estos grupos ilegales: “Estaremos atentos al desarrollo de este proceso. Son 1.760 jóvenes a los que hoy les damos un abrazo, el gran abrazo de la paz”.

En el mismo sentido, subrayó que el Gobierno cobija este proceso en Buenaventura, el cual no tiene un origen de tipo político como ha ocurrido en el país con las organizaciones subversivas.

“El proceso inédito es que el Estado avala, cobija, protege un proceso de negociaciones entre dos agrupaciones que poco tienen de política en el sentido clásico de palabra, pero mucho de organización juvenil armada, excluida y violenta. Organizaciones que se han matado entre sí, que llevaron a Buenaventura a ser una de las ciudades más violentas del mundo, y que hoy apuestan e inician un proceso de confianza en un Gobierno que ha hablado de Paz Total”, manifestó el Mandatario.

Priorización de recursos

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió a la importancia de priorizar la inversión de los recursos del Estado para favorecer a los más vulnerables en los territorios.

“Lograr un proceso de emancipación de la región, yo creo que es la base de la pacificación real del Pacífico. Los jóvenes de los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, lo que van a terminar demandándonos son oportunidades” de educación, de ingresos y de hábitat digno, indicó el Presidente, quien agregó que eso implica priorizar los recursos para que lleguen “primero a la población más excluida de Colombia”.

El Presidente Petro estuvo en los actos de cierre del evento acompañado por la Vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; representantes de la comunidad internacional y miembros del Gobierno Nacional y regional.

¿Qué implica reconocer al campesino colombiano como sujeto de especial protección constitucional?

Colombia vive una revolución campesina. Y es que tras la asunción de Gustavo Petro como presidente, en agosto pasado, las piezas se han movido sistemáticamente para resarcir a un sector históricamente marginado y vulnerado: el campesinado colombiano.
Campesinos colombianos asisten al Congreso, en Bogotá, Colombia, el 5 de diciembre de 2022Twitter / @juanpabloszar

Orlando Rangel.- La semana siguiente a la toma de posesión de Petro, su Ejecutivo introdujo ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que pretende reconocer al campesino como sujeto de especial protección constitucional y, en consecuencia, garantizar su acceso a una vida digna en el campo.

"Que se sepa, que los campesinos llegaron al Congreso y van a defender los derechos de esta población", dijo en su momento el senador y presidente del Parlamento colombiano, Roy Barreras, quien agregó que la iniciativa es "un reto prioritario, porque beneficiará a más de seis millones de campesinos de Colombia".
La cuestión no quedó allí. A los pocos días, la Cámara de Representantes abrió la Comisión por el Campesinado Colombiano, para atender las demandas históricas de esa población y crear un marco jurídico sobre sus derechos.

En paralelo, más de 60 organizaciones campesinas entregaron un manifiesto a Petro con propuestas legislativas, políticas y económicas para la Reforma Agraria, su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la Dirección de Asuntos Campesinos en entidades del Estado.

Tras casi cuatro meses de gestiones, el proyecto radicado ante el Congreso por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, consiguió el lunes la cuarta aprobación,de los ocho debates necesarios, para reconocer al campesino como sujeto de protección constitucional especial.

¿Qué significa el reconocimiento?

"Este acto constitucional le impone al Estado el deber de garantizar de manera efectiva el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos a la población campesina", explicó López Montaño, quien estuvo presente en el cuarto debate legislativo y agradeció el avance del proyecto en el Senado.

La titular de Agricultura agregó que lo que está haciendo el Parlamento y el Ejecutivo "es aceptar por fin la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales".

López resaltó que Colombia está dando un paso más allá al incorporar los derechos campesinos al "bloque de la constitucionalidad", lo que implica que al ser parte del ordenamiento jurídico del país e incorporarse a la Constitución como ley, "se vuelve vinculante" y "el Estado está obligado a aplicar", por lo que deja de ser "una norma blanda".

El proyecto también busca dar a los trabajadores del campo el acceso progresivo a la tierra, así como garantizar sus derechos a la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, para mejorar su calidad de vida.

"La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado", comentó la ministra cuando se introdujo el proyecto al Congreso, en agosto pasado.

La iniciativa, además, aspira a proteger a las mujeres del campo, principales víctimas de "la violencia estructural y económica", que las somete a abusos por razones de género, como responsabilidades no remuneradas, restricciones educativas, de empleo, entre otras.

¿Por qué se hace la reforma?

El proyecto pretende modificar el artículo 64 de la Constitución y se considera necesario debido a la difícil situación que viven los campesinos colombianos, con niveles de pobreza multidimensional de 29,43 %, según el índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global) citado por el Ministerio de Agricultura.

Además, busca cambiar los niveles de concentración de la tierra, que según los datos actuales, 501 predios (0,01 %) concentran más del 44,52 % del área agropecuaria disponible; mientras el 48,5 % de los predios rurales tienen solo el 0,5 % de la tierra.

Otro punto es la educación, que muestra mayor rezago en el campesinado, pues en la mayoría de los departamentos, los campesinos alcanzan un máximo de ocho años de estudio, mientras que a nivel nacional la cifra está por encima de diez años.
Mientras el Parlamento hace las gestiones para lograr la reforma a la Constitución, así como crear una jurisdicción agraria y rural para resolver los conflictos por tenencia de tierra –acto legislativo que también avanza dentro del Congreso con cuatro debates aprobados–, el Gobierno se ha comprometido con el campesinado a realizar varias tareas para conseguir los cambios necesarios.

La importancia de los campesinos en Colombia es de tal magnitud que incluso el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron invitar al campesinado a participar en los diálogos de paz que adelantan en Venezuela.

¿Qué se está haciendo?

En la Convención Nacional de Campesinos realizada el fin de semana, la ministra López anunció cuatro compromisos que dirigirá desde el despacho de Agricultura para priorizar las demandas de ese sector.

El primer compromiso es sobre la implementación de la Reforma Rural Integral que deberá contar con el aporte de los campesinos, para que se construya de forma conjunta. Otro pacto es reconocer "la deuda histórica por el aporte del campesinado a la sociedad", que nunca ha sido compensado por el mercado.
Un tercer acuerdo es otorgar plenos derechos a los campesinos en la Constitución, con base en los términos de la declaración de la ONU de 2018, que es el trabajo que adelanta el Parlamento. Mientras que el cuarto compromiso es fortalecer y habilitar los mecanismos institucionales de participación, entre ellos la reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural.

Por su parte, Petro dijo en el encuentro con los campesinos, que Colombia requiere un movimiento nacional que sea capaz de soportar reformas fundamentales que necesita la sociedad, y que tiene como ejes "la tierra, el agua, la mujer, la democracia, la libertad, la paz, la producción de alimentos".
"Todos, temas que se relacionan unos con otros. No se puede hablar de paz sin hablar de la mujer campesina, como aquí bien lo han dicho. No se puede hablar de la mujer campesina sin hablar de la tierra o del agua o de la producción de alimentos. Que haya un sujeto, le dicen los sociólogos, un sujeto campesino en la vida política y social colombiana".

Para ello, agregó, se debe construir un Estado que sea capaz de ayudar al proceso de industrialización en la producción de alimentos, así como democratizar la tenencia de la tierra, que por años ha estado en manos de pocos.

Todo esto, dijo Petro, profundizaría la lucha contra el narcotráfico, que se aprovecha del "uso irracional de la tierra", mientras en paralelo se avanza hacia una "reforma agraria pacífica", que propone comprar los predios a precio comercial para evitar por procesos conflictivos como la estatización.

Proyecto que prohibe el Fracking pasa primera prueba en el Senado

La Comisión Quinta del Senado aprobó, en primer debate, la prohibición de una de las técnicas del Fracturamiento Hidráulico Multietapa (fracking) en el país. Pese a que es un avance, la decisión no brinda las herramientas necesarias para su prohibición y deja totalmente reducido el proyecto inicial que apoya, decididamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el gobierno en general.


“Este proyecto como fue aprobado no cumple la promesa de campaña del presidente, Gustavo Petro, que busca prohibir el fracking y los no convencionales”, aseguró la ministra, Susana Muhamad, durante el debate del proyecto.

La iniciativa legislativa inicial, que fue radicada en la primera semana del Gobierno del Cambio con el apoyo de más de 74 congresistas, incluye también la prohibición de la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales; la reformulación de la política de transición energética; la suscripción, adición u otorgación de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para dichas explotaciones. Estas medidas no fueron avaladas anoche.

“Aquí hubo un referendo democrático frente al tema del Fracking. Esta es una discusión que las comunidades de las zonas donde se propuso hacer Fracking han dado desde los territorios y que se convirtió en mandato popular en las elecciones del 2022. Dejo total claridad: el proyecto no quiere prohibir exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales”, puntualizó Muhamad


Las acciones plasmadas en la iniciativa que apoya el Minambiente también son apoyadas por más de 174.000 colombianos, quienes a través de sus firmas, avalaron en el mes de septiembre el proyecto de ley inicial.

Asimismo, frente a las dudas en materia de afectación fiscal, la ministra Muhamad sostuvo que “no hay afectación fiscal porque hoy, no existe este tipo explotación. No se encuentra en los cálculos del marco fiscal de mediano plazo ninguna reserva para ingresos fiscales que venga de estas actividades, no afecta la proyección financiera del Estado colombiano. Además, reiteró que no se afectarían actividades de yacimientos convencionales”.

En ese sentido, trabajar por un país que haga una transición social, económica y ambiental para hacerle frente a la crisis climática y el fortalecimiento de la democracia ambiental, son algunas de las razones por las que el Minambiente insiste en apoyar la iniciativa sin las modificaciones aprobadas hoy.
Ahora, el proyecto de ley será debatido en la Plenaria del Senado de la República, donde se abriría la posibilidad de sumar nuevos artículos que permitan llevar el proyecto a su idea inicial que busca prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales.

Al respecto. se recuerda que ciudades como Fusagasugá en Cundinamarca (2018) mediante el mecanismo de la Consulta Popular han prohibido el fracking en sus territorios.

¿Qué es el Fracking?

El fracking es la técnica con la que se realiza la inyección, en más de tres etapas, de un fluido compuesto por agua, propante y aditivos químicos, con el objetivo de generar o inducir fracturas en las rocas de los yacimientos no convencionales para facilitar el flujo de la formación productora.

“La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares” Presidente Petro

Presidente Petro advierte que las operaciones militares en el país no cesan hasta que haya voluntad de negociación por parte de grupos violentos


“La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares”, advirtió este martes el Presidente Gustavo Petro, al término de un Consejo de Seguridad Extraordinario, que se realizó en la sede del Ministerio de Defensa en Bogotá, durante el cual se adoptaron medidas especiales tras el ataque contra la Fuerza Pública en el departamento del Cauca.

Al respecto, el Jefe de Estado precisó: “Solo hay un proceso concreto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y se va a abrir (otro), el día de mañana, con unas formaciones que son diferentes, que es una experiencia nueva, inédita, que es con organizaciones de jóvenes armados, muy ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura, que son los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’”.

Explicó que este último es “un proceso de pacificación urbano y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia, no sin que haya un compromiso del Estado para resolver problemas sociales muy profundos, de muy público conocimiento, que se localizan en la ciudad en Buenaventura”.

A renglón seguido, el Presidente Petro ratificó que “en lo que resta, la posición es que la acción militar no cesa mientras haya una voluntad real de negociación; así que la Fuerza Pública no va a salir de la región caucana que desemboca en El Naya”.

Asimismo, en su declaración al término del Consejo de Seguridad Extraordinario, el Jefe de Estado lamentó la muerte de los integrantes del Ejército en el Cauca, que son jóvenes de entre 18 y 20 años de edad.


De acuerdo con el Presidente, la operación en la que murieron los uniformados es “de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó, de parte de la columna ‘Jaime Martínez’, que es de las Farc originales”.

En este sentido, el Jefe de Estado indicó que “el Consejo de Seguridad, además de lamentar la muerte de estos muchachos, tomó unas medidas de reacción, de acción, que se van a desencadenar en Putumayo, en la zona caucana que he mencionado y en Arauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento”.

Sobre estas operaciones que están en proceso, indicó que sus resultados se comunicarán posteriormente.

De igual manera, reiteró que “el Ejército no va a abandonar la zona en donde permanece en este momento en el Cauca, que es a la entrada de la región de El Naya, que es la forma geográfica desde la Cordillera hasta el Océano Pacífico”.

“Obviamente, tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros, que utilizan el área difícil de El Naya para llegar hasta el Mar Pacífico”, puntualizó el Presidente de la República.

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