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MinAgricultura establece por resolución libertad vigilada de precios para el arroz paddy verde
El Gobierno nacional expidió la Resolución 000241 de 2025 mediante la cual se somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, luego del concepto favorable que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio tras considerar que el acto administrativo “cumple con finalidades constitucionales relacionadas con la protección especial del campesinado, la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria, y la promoción del desarrollo rural integral como manifestación del interés general”.
De esta manera, el Gobierno nacional da cumplimiento al acuerdo pactado el pasado 24 de julio con los gremios arroceros y que permitió levantar el paro nacional que se extendió por varios días.
De acuerdo con la Resolución, quedan establecidos los siguientes precios por tonelada de arroz paddy verde, según cada zona de producción:
Bajo Cauca $1.491.478;
Centro, $1.589.489;
Costa norte, $1.512.785;
Llanos, $1.457.387,
y Santanderes $1.555.398.
La resolución establece, además, que “todo comprador deberá reportar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados por arroz paddy verde, las toneladas compradas, el municipio de compra, el molino, planta o agencia, y la forma, plazo, condiciones de pago y financiamiento”.
El incumplimiento de estas disposiciones será puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia, agrega la disposición.
“Este acto administrativo, cuya naturaleza es excepcional y transitoria, será objeto de monitoreo permanente por parte de este Ministerio, y estará acompañado de la puesta en marcha de un régimen de libertad regulada de precios para el arroz blanco, un plan de choque para el control de contrabando con participación de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), y otras medidas de competencia del Ministerio de Comercio”, sostuvo la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.
Por su parte, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “hemos asumido el compromiso de evaluar la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios. Haremos el análisis de instrumentos de defensa comercial y la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos”, señaló la funcionaria.
Sostenibilidad de la cadena
De acuerdo con los dos ministerios, esta estrategia integral “es una demostración del compromiso que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro con las y los productores de arroz, la sostenibilidad de la cadena y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria”.
El comunicado señala que “el Gobierno nacional reitera la invitación a todos los actores inmersos en el proceso productivo, de transformación y comercialización del arroz, para avanzar en la consecución de un acuerdo de cadena que recupere prontamente la estabilidad del sector y garantice su competitividad y sostenibilidad”.
75 % de eventos no deseados en atención en salud en Colombia se podrían prevenir
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| El 75 % de los eventos adversos en salud en Colombia son prevenibles. Fotos: archivo Unimedios. |
agenciadenoticias.unal.- Aunque el 97 % de los colombianos están asegurados en salud, cerca del 30 % no acceden realmente a los servicios, y eso se traduce en enfermedades prevenibles que castigan con más dureza a las regiones rurales, pobres y marginadas del país. Chocó y Nariño reportan altas tasas de tétanos neonatal y sífilis congénita; en Atlántico se registraron las mayores incidencias de infecciones posparto; y en Putumayo las infecciones del torrente sanguíneo asociadas con el catéter si no se siguen protocolos de higiene adecuados superan por mucho el promedio nacional.
El impacto de estas enfermedades no se distribuye equitativamente: mientras en algunas regiones la atención médica oportuna permite detectar, tratar y prevenir estas enfermedades, en otras los errores del sistema —desde falta de controles prenatales hasta condiciones inseguras en los hospitales— se traducen en fallas que afectan más a quienes habitan territorios históricamente marginados.
Así lo evidencia el estudio “Determinantes de las inequidades en la seguridad en la atención sanitaria del paciente y las personas en Colombia”, realizado por la médica cirujana Kelly Patricia Estrada Orozco, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Una de sus conclusiones más reveladoras es que, según el territorio, el riesgo de adquirir una infección en hospitales o unidades de cuidados intensivos puede ser hasta 180 veces mayor, una brecha que expone la fragilidad del sistema ante condiciones estructurales como la ruralidad, la pobreza, la baja disponibilidad de personal médico o la ausencia de protocolos estandarizados.
La investigación demuestra que los “eventos reportables con efecto no deseado” (EREND) —fallas del sistema de salud que causan daño y deben ser notificadas— no solo ocurren dentro de los hospitales por errores clínicos o humanos, sino también antes del ingreso a los servicios, durante las etapas de prevención y promoción. Estas afectan con mayor frecuencia a poblaciones rurales, marginadas, indígenas y afrodescendientes, en donde las barreras de acceso agravan los riesgos y limitan las oportunidades de atención oportuna.
Eventos prevenibles, desigualdad territorial y barreras invisibles
La región de ocurrencia también influye de forma decisiva. En los últimos 10 años el 60 % de los casos de tétanos neonatal en Colombia se concentraron en Antioquia (zona rural), Chocó y La Guajira, seguidos por Nariño y el Valle del Cauca (también en zonas rurales).
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| Niños indígenas enfrentan mayores tasas de desnutrición por fallas en prevención y acceso a salud. |
La investigadora Estrada identificó que la falta de atención oportuna, tanto fuera como dentro de las instituciones de salud, contribuye al empeoramiento de enfermedades de base como el estatus epiléptico, las infecciones urinarias complicadas o la anemia secundaria a hemorragias uterinas no tratadas.
“El concepto tradicional de seguridad del paciente se ha limitado al ámbito hospitalario, pero en Colombia muchas personas ni siquiera alcanzan a llegar a un hospital”, advierte la investigadora. “Los riesgos están condicionados por el lugar donde se nace, el nivel educativo, el tipo de aseguramiento, el estrato socioeconómico o el género”, agrega.
El estudio se desarrolló durante más de 4 años e integró 5 investigaciones articuladas. Se analizaron más de 18.000 documentos —entre literatura indexada y reportes técnicos— y se cruzaron con bases de datos oficiales del periodo 2012-2023, como las del Instituto Nacional de Salud (INS), el DANE, el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro) y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).
Para dimensionar el impacto humano y social de estas fallas, la investigación incorporó testimonios de personas de distintas regiones del país, los cuales permitieron identificar los factores que impiden el acceso y fragmentan la atención en salud: desde la imposibilidad de comprar medicamentos hasta los efectos de esperar meses por una cita.
Los hallazgos confirman el patrón denominado como “centro-periferia”: a medida que se alejan del centro político y económico del país, aumentan los riesgos de sufrir eventos adversos y disminuyen las capacidades de respuesta del sistema de salud, debido a la falta de infraestructura, la escasez de personal médico, la inseguridad y la pobreza extrema.
Altas tasas de infecciones posparto en Atlántico
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| Fallas en vacunación explican la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles en varias zonas del país |
Se evidenciaron déficits en cobertura vacunal, especialmente en zonas rurales y con población indígena o afrodescendiente, lo que ha contribuido a la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles, como el tétanos neonatal que se puede evitar mediante vacunación.
En el Pacífico reinan las desigualdades
En Cauca, Nariño y Valle del Cauca se observaron valores altos de las infecciones asociadas con dispositivos. En esta zona los hallazgos evidencian inequidades asociadas con pobreza, ruralidad, conflicto armado y barreras geográficas.
Para el caso de la infección sintomática del tracto urinario asociada con catéter —una afección frecuente cuando bacterias ingresan al sistema urinario a través de un catéter y causan síntomas como dolor al orinar, fiebre o necesidad urgente de orinar—, los valores más elevados se encontraron en Valle del Cauca y Nariño y los más bajos en Chocó.
La inseguridad territorial, la falta de transporte y la baja disponibilidad de personal médico dificultan la atención oportuna. También se documentaron eventos adversos por desnutrición y falta de acceso a programas de promoción de salud, como los de alimentación escolar o lactancia materna.
Región Central, la salud entre zonas urbanas y rurales
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| La atención médica deficiente o tardía incrementa el riesgo de infecciones graves en hospitales públicos. |
En el caso de la infección del torrente sanguíneo asociada con catéter se encontró que el departamento con más alto riesgo es Caldas. La desnutrición crónica infantil también persiste en varias provincias, al igual que enfermedades transmitidas por alimentos asociadas con fallas en programas de alimentación institucional.
Pobreza y fragmentación del sistema en la Región Oriental
Boyacá, Meta, Norte de Santander y Santander mostraron una variabilidad mucho menor respecto a la tasa de incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas con catéter siendo mayor para Santander, seguido de Norte de Santander y Meta.
Estas infecciones asociadas con dispositivos médicos –como catéteres y ventiladores– fueron comunes en hospitales con baja supervisión técnica. Para el caso de endometritis poscesárea, el departamento que más reportó casos fue Boyacá con una incidencia acumulada de 0,14 %.
Bogotá: mejor infraestructura, pero con brechas sociales
La capital colombiana mostró las tasas más bajas de eventos adversos, gracias a su infraestructura hospitalaria y mayor disponibilidad de personal especializado. Sin embargo, persisten inequidades con las personas del régimen subsidiado, migrantes y quienes viven en zonas periféricas.
Aquí se registraron casos de desnutrición, eventos por falta de vacunación y fallas en programas de promoción de la salud, sobre todo en población infantil en condición de vulnerabilidad.
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| El lugar de residencia y el nivel socioeconómico determinan el riesgo de sufrir eventos adversos en salud. |
En Arauca, Caquetá, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Vichada se registraron tasas con valores extremos, especialmente en Putumayo, que presentó una tasa de incidencia de 8,4 casos por cada 100.000 habitantes de infección del torrente sanguíneo asociada con catéter.
La ausencia de vías, seguridad territorial y limitados profesionales de la salud hacen casi imposible la implementación efectiva de programas de prevención o control. También identificaron elevadas tasas de abandono de tratamientos, especialmente en enfermedades crónicas, debido a la lejanía entre los usuarios y los puntos de atención.
En las zonas marginadas del país las personas deben decidir entre ir a una cita o salir a trabajar para comer, otras no tienen dinero para transporte. Algunas enfrentan la inseguridad o el control armado en su territorio, y la mayoría debe esperar meses por una cita o un medicamento.
Uribe es sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria
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| Álvaro Uribe, 12 años de prisión. |
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una histórica decisión que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en Colombia.
El exgobernante de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años, según un documento del veredicto.
Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.
Otras investigaciones relacionan al exmandatario con esos escuadrones de ultraderecha, responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.
Tras la condena, Uribe demandó al actual mandatario Gustavo Petro por "hostigamiento" y "calumnia", indicaron sus abogados este viernes.
Se ha anunciado por diferente sectores, la posibilidad de impulsar otros procesos judiciales contra Álvaro Uribe por la posible relación con hechos relacionados con la violencia que azotó el país antes y durante su mandato.
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Entró en vigor el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo
El Gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0858 de 2025 para reorganizar el sistema de salud fortaleciendo la atención primaria, priorizando la prevención de enfermedades y mejorando la prestación de los servicios.
“Adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política en salud para la población habitante en el territorio colombiano”, señala el decreto que en su primer punto e involucra a todos los actores del sistema y estará en cabeza del Ministerio de Salud.
La medida lleva las firmas del presidente Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se expide en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y desarrolla lo ya aprobado.
Su fundamento es la implementación de una política pública prioritaria para garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad y dignidad en todo el territorio nacional, como lo obliga la Constitución, la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015 y la legislación vigente.
El decreto no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS. Establece lineamientos para mejorar la coordinación de todos los actores del sistema y garantizar que la atención se brinde con oportunidad, calidad y continuidad.
La implementación del decreto será progresiva y con enfoque territorial, en especial en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención y, de esa forma, consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria.
La disposición brinda herramientas para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión VII del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema.
La financiación del Modelo se hará con recursos del aseguramiento en Salud que maneja la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Presupuesto General de la Nación.
Puntos clave
Conforma las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) que articularán a prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención.
Los RIITS serán organizados y conformados por las entidades territoriales departamentales y distritales, en coordinación con las Entidades promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), con la participación de los prestadores de Servicios Salud públicos, privados y mixtos, junto con los proveedores de tecnologías en salud que entrarán a operar como o Centros Atención Primaria en Salud (CAPS).
Orienta los recursos disponibles hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reorganización de la red pública hospitalaria, evitando que factores de rentabilidad financiera pongan en riesgo el acceso de la población a los servicios de salud.
Contempla el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, con inversiones en infraestructura y tecnología, y la formalización del talento humano en salud para garantizar condiciones laborales dignas, que permitan una mayor continuidad en la prestación del servicio.
Los mecanismos que permiten la formalización en el sector quedan en cabeza del Ministerio de Salud y las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, los cuales deberán ser adoptados por los prestadores de servicios de salud públicos.
El Ministerio de Salud pondrá en marcha un plan progresivo de fortalecimiento institucional y asistencia técnica dirigida a las entidades territoriales, para garantizar que el modelo preventivo, predictivo y resolutivo pueda implementarse de manera efectiva y equitativa en todo el país.
Fortalece el primer nivel de atención, optimiza el uso de los recursos y prioriza la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, acciones indispensables en medio de la crisis de desfinanciación que atraviesa el sistema, debido a las dificultades que experimenta el modelo de intermediación actual.
Refuerza las capacidades locales para la adopción, ejecución y evaluación del modelo en cada uno de sus pilares, comenzando por aquellas entidades con menor capacidad resolutiva.
Contempla la transferencia de herramientas, la formación del talento humano, el acompañamiento operativo y la definición de criterios de priorización territorial con enfoque diferencial, asegurando que ningún territorio quede rezagado en la puesta en marcha de estas medidas.
El nuevo modelo contemplado en el decreto busca reorganizar los servicios de salud para hacerlos cercanos y resolutivos, especialmente en los territorios más apartados.
Con la adopción de este modelo el Gobierno Nacional avanza en la consolidación de un sistema de salud más preventivo, equitativo y centrado en las necesidades de las personas, familias y comunidades de los territorios.
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