Thomas Piketty presentó sus propuestas para que Colombia supere la desigualdad

Implementación de tasas e impuestos progresivos para renta, herencia, y emisiones de carbono, son algunas de las iniciativas planteadas por el economista francés con las que países como Colombia, considerado como uno de los más desiguales del mundo, pueden mejorar el bienestar social de sus ciudadanos.

agenciadenoticias.unal.edu.co .- Piketty, profesor de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de su país, ha afirmado que “el sistema tributario de Colombia no es muy progresivo según los estándares internacionales. El país necesita un sistema tributario con el más alto nivel de transparencia, que favorezca un flujo de información necesario para su análisis y fiscalización, y luego algo esencial: hacer que los más ricos paguen más impuestos”.

AgenciaUNAL-02.
El economista Piketty dio una conferencia magistral
en el marco de la celebración de los 70 años de
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.
En el marco del Hay Festival Cartagena 2022, el experto ofreció la conferencia magistral “Aumento de la desigualdad y las emisiones de carbono: lecciones del informe mundial sobre desigualdad 2022”, con motivo de la conmemoración de los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Este fue uno de los primeros eventos públicos presenciales que la Institución realizó después de dos años en los que sus campus han estado cerrados a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

AgenciaUNAL-03.
El 59 % de la población latinoamericana tiene acceso
al 1 % de la riqueza, mientras que solo un 10 %
es propietaria del 70 u 80 %.
En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Piketty afirmó que “el 59 % de la población latinoamericana no tiene prácticamente nada de la riqueza, mientras que solo un 10 % es propietaria del 70 u 80 % de los activos: tierras y riqueza neta, entre otros, y Colombia figura como un caso representativo de este patrón”.

Según el experto, la desigualdad de la riqueza en el mundo es más grande que la desigualdad del ingreso, lo cual resulta más importante, porque la distribución de la riqueza en la sociedad dice mucho acerca de la distribución del poder y las oportunidades económicas.


Afirmó además que los países deben ir en una dirección que les permita que al menos el 50 % de la población tenga acceso a la riqueza, como ha venido ocurriendo desde el siglo pasado con la clase media, y para esto es necesario adelantar acciones articuladas entre política y educación gratuita que permitan acumular riquezas. Sin embargo aclaró que, “aunque es posible, históricamente ha demostrado ser insuficiente”.

“Mi propuesta principal es la redistribución, es decir que todo el mundo por encima de los 25 años debe recibir un nivel mínimo de herencia que puede ser del 60 % de la riqueza promedio. Por ejemplo en Francia serían 120.000, es decir que todo el mundo debería recibir esta cantidad cuando tenga 25 años, lo que se pagaría por impuestos progresivos sobre herencia y riqueza”.

Aclaró que “este tipo de propuestas deberá contar con limitaciones y regulaciones para la población joven, y debe incluir a todas las clases sociales: bajas, medias y altas”.

Desigualdad con enfoque de género

Según el profesor Piketty, “en todos los países siguen estando muy lejos de la paridad de género, sobre todo si se observa la participación de mujeres con respecto al tiempo que dedican al trabajo, tanto doméstico como remunerado”.
AgenciaUNAL-05.
Los impuestos a la energía o a las emisiones de carbono
deben ser proporcionales al nivel de consumo.
“En países como Francia o Alemania actualmente hay una participación de mujeres cuyo ingreso puede llegar a ser del 38 % en comparación con 68 % de los hombres, es decir, que cada vez que se distribuyen 100 euros, las mujeres reciben 38 y los hombres 62, un 50 % más que ellas”.

“Hasta el momento los gobiernos no tienen un objetivo cuantitativo claro ni un monitoreo muy estricto sobre estas mediciones de género, lo que deja en duda si se logrará una paridad de género del 50 % en un tiempo cercano”.

“Impuestos a las emisiones de carbono deben ser proporcionales”

Otro punto presentado por el profesor Piketti y que forma parte de su informe tiene que ver con las emisiones de carbono. Se evidenció que en todos los países se tiene una enorme desigualdad en dicho aspecto.

“Esto significa que cuando hablamos de soluciones, impuesto a la energía o a las emisiones, hay que tener mucho cuidado, pues debe ser proporcional al nivel de consumo, y no lo que ocurre con otros países que lo han implementado, donde el 50 % de la población (que es la que menos emisiones produce), paga sobre una tasa general, viéndose más afectados que las grandes empresas multinacionales o un pequeño porcentaje de personas responsable de una mayor emisión”.

“Contrario a lo que temen los países, las emisiones de carbono se pueden medir de manera precisa, pero para que sea eficiente es necesario construir confianza en la administración encargada de este tema.

La influencia de Piketty en los estudios sobre desigualdad

Antes de la conferencia magistral ofrecida por el economista francés, tres expertos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas participaron en el panel “La economía colombiana y las ideas de Thomas Piketty”, en el cual ofrecieron importantes aportes sobre el estudio de la desigualdad en Colombia.
AgenciaUNAL-04.
Antonio Hernández Gamarra, exministro y docente de la UNAL,
aseguró que en Colombia ha habido una gran concentración
del ingreso y un fracaso en la política fiscal.
El economista Antonio Hernández Gamarra, exministro de Agricultura, presentó un trabajo que evidencia que en Colombia ha habido una gran concentración del ingreso y el fracaso de la política fiscal.

“Tenemos recaudo que, además de ser bajo, es inequitativo pues representa solo 19 % del PIB, cuando en América Latina la cifra es de 22 % y en la OCDE del 33 %. A esto se le suman problemas como los recaudos indirectos como el IVA y el 4 x 1.000 que ha tenido una alta evasión y morosidad”.

La demógrafa Piedad Urdinola abordó el tema de la dimensión demográfica de la inequidad en Colombia y el profesor Roberto Sánchez Torres hizo un recorrido por las cifras de la desigualdad y cómo este fenómeno afecta más a las mujeres que a los hombres.

Creado por /SMC/dmh/LOFN.° 870

¿Resolverá el punitivismo de Duque la violencia en Colombia?

La violencia estructural de Colombia se intensifica, en la antesala de las presidenciales y tras un 2021 sangriento. En ese contexto, Iván Duque sancionó una Ley de Seguridad Nacional, que ha suscitado muchas críticas.

Autor María Santacecilia-DW.- El 2021 volvió a ser un año de violencia en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hubo 96 masacres, y fueron asesinados 171 líderes sociales y 48 firmantes del Acuerdo de Paz. El propio ministerio de Defensa cifró en 12.787 los homicidios en el país hasta el mes de noviembre, la cifra más elevada desde 2014.

Además, la Policía colombiana fue señalada por la ONU como responsable de al menos 28 muertes de las 46 reportadas durante las protestas ciudadanas entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en las que también murieron dos policías. Casi un tercio de estas muertes serían responsabilidad del polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). Cinco años después de la firma del acuerdo con las FARC, la violencia ha cobrado nuevas formas, pero sigue muy presente en las vidas de los colombianos.

"Un problema estructural"

El escenario de la violencia colombiana es complejo y heterogéneo. Para Kristina Birke Daniels, directora de la oficina en Colombia de la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al partido socialdemócrata alemán SPD, se trata de un "problema estructural", en el que observa tres dinámicas instaladas:

"En primer lugar, conflictos del post-acuerdo y de la falta de implementación del Acuerdo de Paz en algunas regiones, en las que compiten varios actores armados y criminales por el poder. En segundo lugar, las represiones a la protesta social, mayoritariamente pacífica. Y, por último, las violencias políticas, como reacción al posible éxito de líderes sociales en sus aspiraciones a cargos de elección popular. Los amenazan y asesinan porque apoyan una transformación democrática y pacífica de Colombia, que puede molestar a los múltiples autoritarismos locales", explica a DW.

Control del territorio y rutas del narcotráfico

2022 también se ha iniciado de forma sangrienta en Colombia. En el departamento de Arauca, la tensión entre el ELN y los frentes Décimo y Veintiocho de las extintas FARC ha escalado brutalmente y ya hay al menos 34 muertos desde comienzos de año.

"Ahí hay una disputa territorial, particularmente por las economías ilegales, que son muchas en Colombia, pero principalmente el narcotráfico y la minería", dice a DW Rosembert Ariza, experto en Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.

Ariza subraya además que, en contextos locales, se ha creado una suerte de alianza "entre carteles de la droga, políticos y grupos armados locales, residuales o no". Esa disputa territorial "mata concejales, mata candidatos que no tienen el visto bueno de las alianzas entre políticos, grupos armados, carteles, etcétera", señala.


Por otro lado, arrecian los ataques del ELN contra diversos objetivos, como los tres registrados el 27 de enero de 2022 contra bases militares en Cesar y Norte de Santander, con un balance de un soldado muerto y 22 heridos.


"Eso tiene que ver con su estrategia político militar. En su guerra contra la explotación de los recursos naturales, como el petróleo, vuelan oleoductos, y ahora se concentran en los ataques militares. En el marco de las próximas elecciones, actúan así para tener protagonismo político, para poner a discutir a los candidatos sobre sus propuestas de paz y de negociación con el ELN", opina Ariza.

Las elecciones, una palanca que impulsa la violencia

La violencia deja de ser una realidad local o regional con la que los colombianos están tristemente familiarizados y pasa a convertirse en noticia de impacto nacional y herramienta política en la antesala de los comicios presidenciales del 29 de mayo.

"Lamentablemente, es una situación que ya hemos visto antes. Grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y otros intentan fortalecer sus posiciones antes de las elecciones, y cometen ataques contra la fuerza pública, representantes del Estado y la sociedad civil independiente que se opone a su control", dice a DW Stefan Reith, de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana al partido democristiano alemán CDU.

"La marca de la violencia se acentúa en el período preelectoral", coincide Rosembert Ariza. "Los ataques se intensifican por protagonismo, por ver quién mantiene los controles político-territoriales, y se incrementan los ataques directos a la participación. Al acercarse el período electoral, va a haber muchos asesinatos de políticos relacionados con esas disputas microterritoriales", advierte el experto.

"Otro factor es el aumento de las operaciones por parte de la fuerza pública contra los grupos armados, para demostrar presencia y resultados exitosos de la política de seguridad del Gobierno", señala, por su parte, Stefan Reith, de la KAS. "Los actores criminales responden con ataques y atentados para demostrar su poder y la debilidad del Estado. La que más sufre es la población civil en estos territorios", insiste Reith.
Polémica Ley de Seguridad Nacional

En este contexto de intensificación de la violencia, el presidente colombiano, Iván Duque, sancionó el martes (25.1.2022) la Ley de Seguridad Ciudadana. Presentada por el Ejecutivo como "un triunfo de la legalidad" y un "logro para los colombianos", la oposición la critica como como una iniciativa que "criminaliza la protesta" y da vía libre a la autodefensa con armas privadas.

Stefan Reith no ve elementos en la ley que criminalicen la movilización pacífica. Y en esta última palabra está la clave: "Si una protesta es, o se vuelve violenta, sí, se endurecen las penas. Como siempre, hay que ver la implementación y el uso de la ley", advierte el director de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer.

Por otro lado, "la ley aumenta drásticamente las penas contra asesinos de integrantes de la fuerza pública, periodistas, menores de edad y líderes sociales", apunta Reith.

"Medida cortoplacista, de populismo punitivo"

También endurece penas por atentar contra la infraestructura pública o portar armas blancas en un evento masivo. Una señal de mano dura, tras un año marcado por las protestas contra el Gobierno de Duque y ante unas presidenciales en las que, tradicionalmente, el tema de la seguridad ha jugado una carta importante, advierten los expertos.

Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert, opina que se trata de "una señal equivocada en un momento crucial", además de una medida "cortoplacista, de populismo punitivo, que con mucha probabilidad aumentará las inseguridades y las violaciones de derechos humanos, al estar solo centrada en aumentar penas y en el uso excesivo del derecho penal para solucionar los problemas de seguridad".

En ese sentido insiste también el profesor de la Universidad Nacional Rosembert Ariza, quien considera, además, que la Corte Constitucional declarará inconstitucionales muchos de los artículos de esta recién sancionada Ley de Seguridad Nacional, "porque son violatorios de los derechos humanos".

El Pacto Histórico se mueve.


Abriendo la campaña electoral que busca llevar a 55 senadores y 86 representantes a la cámara, así como a Gustavo Petro a la Presidencia de la República, en diferentes sitios se iniciaron las actividades públicas cuyo objetivo es motivar al electorado a participar en las próximas elecciones el 13 de marzo, en dichas elecciones se votará para elegir a quienes integrarán el próximo congreso (Senado y Cámara) que deberá marcar la diferencia puesto que este cuerpo legislativo es una de las instituciones con menor favorabilidad en la opinión pública.

 Villavicencio

Gustavo Petro abrió plaza en Villavicencio donde miles de seguidores le acompañaron demostrando una vez más su capacidad de convocatoria y la gran respuesta, con la presencia viva de amplios círculos de la población. Petro hizo el llamado para que el Llano sea una “potencia de la vida y no de la muerte

Yeisson Cajamarca en Facatativá
Cundinamarca

Espera la ciudadanía que por fin en Colombia haya un cuerpo parlamentario que legisle con interés nacional.

Con una pandemia a cuestas, el país necesita el máximo esfuerzo, no para recuperarse sino para lograr definir un camino de progreso con equidad.

También en Cabrera, provincia del Sumapaz en Cundinamarca, se dieron cita Aida Avella, Clara Lopez y Alirio Uribe dirigentes nacionales, estuvieron acompañados por los candidatos a la Cámara Cundinamarca Alexandra Vásquez y Eduard Sarmiento. En este encuentro con delegados de Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Pasca, Arbeláez y Fusagasugá se conformó el Comité del Pacto en el Sumapaz.

Yeisson Cajamarca candidato a la Cámara, en Chía
En otro escenario de campaña, por Cundinamarca se movió el candidato a la Cámara Yeisson Cajamarca; Facatativá, Chía y Cajicá, algunos de los municipios visitados. Por estos días el candidato Yeisson Cajamarca ha centrado su actividad realizando pedagogía sobre que es el Congreso y para qué sirve.

Esmeralda Hernández, candidata a Senado por el Pacto Histórico
Finalmente, Fusagasugá contó con la visita de Esmeralda Hernández, Candidata al Senado por el Pacto Histórico. Esmeralda impulsa el apoyo hacia Camilo Romero quien se medira en la consulta para definir el candidato presidencial el próximo 13 de marzo, dicha consulta se realizará al tiempo con la elección de parlamento.

 Quienes van a votar deberán solicitar el tarjetón para la consulta.

Por las calles de Fusagasugá

Ley de Seguridad Ciudadana: criminalizar la protesta

Crece polémica alrededor del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Varios congresistas han criticado la iniciativa. Mayorías en el Congreso aprobaron proyecto de ley que criminaliza la protesta social

Al ser aprobado en la Cámara de Representantes este proyecto de ley de seguridad ciudadana son varios los congresistas que han criticado esta iniciativa. El representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Leon Freddy Muñoz, señaló que: “Este proyecto es una respuesta contra los jóvenes que salieron a protestar desde el 28 de abril. Esto le pone una lápida en la espalda a los jóvenes”. 

Con mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley “Seguridad ciudadana” para que fuese debatido en época decembrina, en un solo día y en sesión extraordinaria en el Congreso de la República; una iniciativa que busca, en palabras de la Representante María José Pizarro, “revivir el Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno de Julio César Turbay Ayala”.
«Estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo», dijo la Congresista.
Así mismo señaló “Este proyecto de ley tiene un enfoque militarista, guerrerista y represivo”, dijo Pizarro al denunciar que se pretende responder al legítimo derecho a la protesta y a la movilización social con una gran carga de populismo punitivo y criminalización de la protesta social, a través de disposiciones inconstitucionales e inconvenientes:

1. Crea conductas punibles innecesarias y aumento de penas desproporcionadas, que como se ha demostrado NO previenen la ocurrencia de los delitos, generando disposiciones de populismo punitivo.

2. Aumenta la pena máxima de prisión a de 50 a 60 años, implementando así una cadena perpetua de manera indirecta donde el único efecto real es el aumento del hacinamiento carcelario. El aumento de las penas estaría configurando “un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas”, como lo estableció la Corte Constitucional en el análisis de constitucionalidad del acto legislativo que creó la cadena perpetua.

3. Crea disposiciones peligrosas que criminalizan la protesta social y facilitan la judicialización y encarcelamiento de las y los manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado en materia del derecho a la protesta.

4. No se establecen parámetros de prevención de carácter intersectorial, como tampoco soluciones contextualmente pertinentes para contribuir a hacer realidad un mundo libre de temor, miseria y falta de dignidad.

Los artículos que se debían eliminar

Habiendo sido negada la proposición de archivo de este proyecto de ley, la Congresista, propuso la eliminación de 16 artículos entre ellos: Art.3, que legitima el uso de la fuerza letal; art. 13, con el que se busca perseguir y judicializar a la ciudadanía, en especial a las comunidades indígenas; art.16, que limita el ejercicio libre de la protesta y de la libertad de expresión, al impedir que las personas que salgan a manifestarse usen elementos que oculten su identidad; art. 18, con el que se quiere legitimar las judicializaciones injustificadas y masivas; art. 20, el que obstaculiza la defensa de los derechos humanos en el marco de la protesta social y criminaliza la labor que realizan organizaciones y líderes sociales, entre otros, las cuales fueron negadas por las mayorías del Congreso.

Desde el 2018, venimos alertando y denunciando en debates de control político y mociones de censura cómo las movilizaciones están siendo reprimidas brutalmente, hemos denunciado los patrones de horror generalizados en el manejo de la protesta por parte de la fuerza pública. 
El presidente más joven que ha tenido el país le ha declarado la ‘guerra a las juventudes‘.
Nos oponemos a este proyecto de ley que presentan ante el Congreso a hurtadillas, a escondidas, en el último momento. Con broche de oro cierra el Gobierno de Iván Duque, no son capaces de dar el debate abiertamente”. afirmó María José Pizarro en una de sus intervenciones.


Por su parte, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó que desde la oposición se va a demandar esta iniciativa.

“Es absolutamente inconveniente, no solamente no responde al llamado de la ciudadanía, sino que con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana introduce populismo punitivo con aumento penas, creación de nuevos delitos, judicializa asuntos que deberían ser únicamente de convivencia”, explicó la representante.

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional celebraron esta aprobación e indicaron que está pensado para que quienes atenten contra los derechos de los ciudadanos y hagan daño en bien ajeno asuman su responsabilidad.

Atacan a Firmantes de Paz luego de haber sIdo amenazados.

 

Excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz quienes se encontraban ubicados en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) en los Llanos del Yarí (Meta) y quienes han sido amenazados de muerte se desplazaban hoy 17 de diciembre entre el Meta y el Caquetá.
 Iniciaron el viaje a las 9 a.m., sobre las 10 a.m., en un sector entre La Siembra y La Machaca fueron atacados con ráfagas de fusil, la caravana estaba compuesta por 3 buses y 33 camiones, los Firmantes de Paz y sus familias buscaron refugio en el sector, sobre la una de la tarde no se conocía de victimas o heridos, pero existe preocupación por la suerte de la Concejal Karen Andrea Flórez quien quedó aislada en medio del ataque.

El objetivo de los Firmantes de Paz era llegar al municipio de Doncello (Caquetá) para asentarse y continuar con el proceso de reincorporación. Desde el partido COMUNES elevan la exigencia al gobierno nacional para que asuma medidas efectivas destinadas a proteger la vida de quienes le apostaron al proceso de paz. Al tiempo, alertan a la comunidad internacional sobre el Grave Riesgo para los Firmantes de Paz

REVIVEN PERSONERÍA JURÍDICA DE VERDE OXÍGENO Y SALVACIÓN NACIONAL

La sala tuvo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional que le otorgó personería al Nuevo Liberalismo.

CNE revive personerías jurídicas de Verde Oxígeno y Salvación Nacional. Fotografías Juan Carlos Sierra y Zurek Gómez Abogados.

El Consejo Nacional Electoral, en sala celebrada hoy, otorgó personería jurídica al partido Verde Oxígeno y al Movimiento de Salvación Nacional.

Con ponencia de los magistrados Pedro Felipe Gutiérrez Sierra y Hernán Penagos Giraldo, quienes asumieron respectivamente los casos, el Tribunal consideró que en ambas actuaciones administrativas se presentaron hechos de violencia a causa del conflicto armado, que terminaron con el secuestro de la excandidata Ingrid Betancourt y el magnicidio del también excandidato Álvaro Gómez Hurtado; similares a las vividas por el Partido Nuevo liberalismo, con el asesinato del entonces aspirante presidencial Luis Carlos Galán.

Los magistrados tuvieron en consideración la decisión de la Corte Constitucional, en su sentencia SU-257 del 2021, que ordenó otorgar personería al Nuevo Liberalismo.

Para la sala plena del CNE, se presentaron similares situaciones fácticas, jurídicas y hechos de violencia a las vividas por los miembros del partido Nuevo Liberalismo, respecto de los miembros del movimiento de Salvación Nacional y Verde Oxígeno, que afectaron su permanencia en las contiendas electorales a partir de 1990 y, por tanto, deben hacer parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.

Buscar en METROnet

Importante.

Preservar el queso de hoja, una apuesta por la gastronomía y el futuro rural colombiano

El queso de hoja es un alimento que se ha fabricado artesanalmente durante más de 50 años. Foto: Óscar Carrillo, estudiante Maestría en Segu...

Agencia de Publicidad

Agencia de Publicidad