El presidente de Colombia, Iván Duque, designó este martes a Diego Molano como su nuevo ministro de Defensa, tras la muerte por covid-19 de Carlos Holmes Trujillo, quien ocupó ese cargo hasta la semana pasada.
Molano pertenece a Centro Democrático, partido fundado por Álvaro Uribe, y hasta ahora se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Luego de una reunión con la cúpula de la Fuerza Pública colombiana, Duque catalogó a Molano como "un gran profesional" que tiene entre sus tareas garantizar la seguridad ciudadana y "enfrentar las estructuras criminales que asesinan líderes, personas en proceso de reincorporación e intimidan poblaciones".
Pte @IvanDuque agradezco designación como @mindefensa Trabajaremos hombro a hombro con cada soldado y policía para garantizar la tranquilidad de los colombianos en todos los rincones de la Patria.Combatiremos sin tregua a los narcocriminales que amenazan la vida y futuro del país https://t.co/Tv8HEARELc
Tras su nombramiento, Molano, quien también fue concejal de Bogotá entre 2016 y 2019, agradeció en su cuenta de Twitter la designación y afirmó que trabajaría "hombro a hombro con cada soldado y policía para garantizar la tranquilidad" de los ciudadanos. "Combatiremos sin tregua a los narcocriminales que amenazan la vida y futuro del país", añadió.
2020, un año marcado por la violencia en Colombia: las masacres se triplican y los asesinatos de líderes sociales no cesan
Uno de los principales retos del nuevo ministro es cumplir con la exigencia de proporcionar mayores garantías de seguridad a la población colombiana ante el incremento sostenido de masacres y asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros.
En lo que va de año, ha habido nueve masacres y 19 defensores de los derechos humanos han sido ultimados, al igual que seis miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reporta el Instituto de Estudios para el desarrollo de la Paz (Indepaz). El año pasado cerró con 91 masacres y los homicidios de 310 líderes sociales y de 64 firmantes de la paz, según el registro del mismo organismo.
Según Indepaz, 2020 cerró con 91 masacres que dejaron 381 personas asesinadas.
Un hombre sostiene una bandera durante el funeral de dos de los seis hombres masacrados en Popayán, Cauca, el 25 de agosto de 2020 Luis Robayo / AFP
actualidadrt.- Tres jóvenes colombianos fueron asesinados a tiros en Popayán, capital del departamento del Cauca (Colombia), el pasado domingo.
El hecho ocurrió en del barrio El Recuerdo del Sur en la comuna 6 del barrio, las víctimas fueron abordadas en una cancha por desconocidos que les dispararon, según informó la secretaria de Gobierno de Popayán, Elvia Rocío Cuenca.
Uno de los jóvenes falleció en el lugar, mientras que los otros dos murieron mientras recibían atención médica. Las víctimas fueron identificadas como Deybi Zúñiga, Daniel Mauricio Fuly y Joan Moreno Chimunja.
Investigaciones
Las autoridades manejan la hipótesis de que estos homicidios fueron producto de una disputa anterior con otros habitantes del sector, sin embargo, aún se adelantan las investigaciones.
Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Popayán.
Atención! Confirman masacre en Popayán. Sicarios asesinan esta noche a 3 jóvenes en la cancha del barrio el recuerdo sur de la capital caucana.
Sería la cuarta masacre en lo corrido del 2021.
Mañana lunes habrá reunión de la CNGS en Argelia, Cauca.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó en su cuenta de Twitter que esta es la cuarta masacre en Colombia en lo que va de año. Al respecto, el presidente de Indepaz, Camilo González Posso, dijo que "2021 comenzó de manera trágica" debido a que ha habido "un asesinato por día de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación" y dos masacres por semana, recoge Canal 1. El año 2020, según esta institución colombiana de Defensa de los derechos humanos, cerró con 91 masacres que dejaron 381 personas asesinadas.
A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de las Naciones Unidas instó una vez más a que se cumpla de manera integral para impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad en el país.
Misión de Verificación de la ONU en Colombia-Melissa.
Líderes comunitarias rinden homenaje a activistas sociales
asesinados en el Chocó, en Colombia
En su informe trimestral sobre la nación sudamericana, publicado este jueves, António Guterres consideró que en el 2021, un año centrado en la recuperación de la pandemia de COVID-19, la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos.
El estudio, que analiza el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, reconoce la reducción en los niveles de violencia, los avances en la justicia transicional, los adelantos en la reincorporación de excombatientes y la instrumentación de los programas de desarrollo con enfoque territorial; sin embargo, reitera que la seguridad sigue siendo el principal reto para la consolidación de la paz.
Recuperación del COVID-19 y Acuerdo de Paz
“Los avances en el proceso de reincorporación y en los programas de desarrollo con enfoque territorial deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera”, señala Guterres.
Según el titular de la ONU, los esfuerzos de recuperación de la crisis sanitaria y económica deben incluir la implementación del Acuerdo de Paz, puesto que éste contempla los instrumentos que abren las oportunidades al desarrollo, la seguridad y la paz a las comunidades que sufrieron los peores efectos del conflicto y que ahora han sido afectadas por la pandemia.
Misión de Verificación de la ONU en Colombia-Nadya González.
Brazaletes de reconciliación
para promover el proceso de paz en Colombia.
Cinco puntos de atención urgente
Además de evaluar los progresos en el cumplimiento del Acuerdo, el informe sobre Colombia plantea cinco aspectos que deben atenderse sin dilación.
La seguridad y protección de excombatientes encabeza las prioridades toda vez que desde la firma del Acuerdo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha dado fe de 248 asesinatos de ex integrantes de las FARC-EP, 73 de ellos en 2020. También recibió información sobre 42 asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos y trece masacres.
En los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por ejemplo, los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la escasa presencia del Estado para ampliar sus operaciones, atacar a excombatientes y sabotear las iniciativas económicas, políticas y sociales de la zona.
La segunda prioridad delineada por el Secretario General son las medidas para asegurar que el proceso de reincorporación de excombatientes sea sostenible. Menciona la atención que se debe dar a los proyectos productivos mediante asistencia técnica y mayor acceso a los mercados, así como aumentando la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones.
En tercer lugar, el Secretario General aboga por la presencia integral del Estado como condición para una paz duradera y para el desarrollo sostenible. Para ello, hace falta consolidar esa presencia en las zonas afectadas por el conflicto.
El punto número cuatro es reforzar el diálogo constructivo entre las partes a través de los mecanismos estipulados en el Acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, que constituye el principal foro de diálogo y que, de acuerdo con el informe, no se ha utilizado a toda su capacidad.
La quinta prioridad es fortalecer las condiciones para la reconciliación valiéndose del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. António Guterres recalca que es más importante que nunca “que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades” y que todas las instituciones cooperen plenamente con el sistema, además de que la sociedad colombiana en su conjunto apoye el sistema para lograr la reconciliación.
Mision de Verificación de la ONU en Colombia -
Antiguos combatientes de las FARC producen mascarillas
en Pondores, en el dapartamento colombiano de La Guajira,
para ayudar en la lucha contra el coronavirus
Primeras sanciones y verificación
El informe destaca que para mediados de año, la Jurisdicción Especial para la Paz dictará sus primeras sanciones por delitos cometidos durante el conflicto.
Refiere, asimismo, que el presidente del país, Iván Duque, solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe el mandato de la Misión de las Naciones Unidas de manera que incluya la verificación de las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial.
“Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz en el marco del Acuerdo Final, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente”, concluye el Secretario General.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentará el informe al Consejo de Seguridad el 21 de enero próximo.
Aunque tenemos suficientes vacunas para
el personal de salud y la población de mayor riesgo, aún desconocemos las
condiciones de la negociación y estamos a la espera de la aprobación del
INVIMA.
Carolina Gómez Muñoz*
¿Qué ha pasado?
El pasado viernes 16 de diciembre, el presidente Iván Duque anunció el cierre del contrato con AstraZeneca y Pfizer por 10 millones de dosis. A estas dosis hay que agregarles los 10 millones que el gobierno había comprado anticipadamente a través del mecanismo multilateral de agregación oferta y demanda COVAX.
El día de hoy tenemos vacunas suficientes para 20 millones de personas. Sin embargo, el Ministerio de Salud estima que es necesario vacunar a un poco más de 34 millones de colombianos, lo cual implica que aún es necesario conseguir casi 30 millones de dosis más.
Veamos lo bueno, lo malo y lo incierto de este negocio.
Lo bueno
Lo mejor del anuncio del presidente es que ya tenemos vacunas suficientes para el personal de salud y la población de mayor riesgo (adultos mayores y personas con comorbilidades) No somos los primeros en la fila, pero tampoco los últimos. Como el país de ingreso medio que somos, estamos en la mitad.
En este caso, es bueno no ser los primeros, pues cuando las vacunas empiecen a ser aplicadas de forma masiva en Colombia (seguramente a finales del primer trimestre del año entrante), ya se habrán vacunado miles de personas en los países desarrollados y sabremos un poco más al respecto.
Ganar un par de meses es positivo porque las vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord y los ensayos clínicos fueron más cortos de lo habitual, así que aún hay incertidumbre en torno a la seguridad y la eficacia de las mismas. Además, fueron diseñados deliberadamente para medir desenlaces o resultados fáciles y rápido, sin que necesariamente fueran los más relevantes. Por ejemplo, actualmente sabemos que las vacunas previenen el desarrollo de síntomas severos de la infección que conducen a la hospitalización y a la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no sabemos si previenen la transmisión de la infección ni conocemos todos los efectos adversos que pueden producir.
Las autorizaciones para el uso de las vacunas por parte de las agencias sanitarias de los países desarrollados se han dado bajo la figura “de emergencia”, lo que quiere decir que se trata de una aprobación provisional y bajo condiciones especiales que requiere seguimiento estricto para mitigar los riesgos resultantes de la falta de evidencia. El objetivo es poder detectar los casos de reacciones raras y severas para aumentar los perfiles de seguridad y eficacia de las vacunas.
Caricaturizando un poco el asunto, estamos presenciando un ensayo clínico masivo sin precedentes, que está sucediendo en los países ricos. Cuando llegue nuestro turno, la incertidumbre será menor, sabremos mucho más sobre el funcionamiento de las vacunas y sobre los efectos secundarios que producen.
Las vacunas previenen el desarrollo de síntomas severos de la infección que conducen a la hospitalización y a la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no sabemos si previenen la transmisión de la infección
Lo malo
Lo peor de la gestión del gobierno es que la ciudadanía desconoce completamente los términos de la negociación: ignoramos las condiciones que pusieron las empresas, las obligaciones que adquirió el gobierno y los precios a los que compramos las vacunas. Todo se ha decidido en secreto.
Nos tramaron con el cuento de que todo es confidencial, a pesar de ser un asunto de interés público, que nos afecta a todos, en el cual se están invirtiendo cantidades cuantiosas de recursos públicos, que salen de los impuestos que pagamos de nuestro bolsillo. Nos dijeron que involucra información muy delicada y de alto valor comercial y que entonces no tenemos derecho a conocerla ni podemos opinar nada al respecto. Y que además agradezcamos que tuvieron la generosidad de venderle a Colombia las vacunas, porque todo el mundo las quiere y ya se van a acabar y, por favor decidamos rápido, porque si no aceptamos lo que nos piden, pues no hay problema porque hay cientos de países más con ganas de comprar y dispuestos a aceptar todo. “¡Y decidan de una vez, porque si no se quedan sin nada!”
El problema es que eso no es negociar, sino someterse a una extorsión. Las farmacéuticas ejercieron una presión inaceptable sobre el gobierno al exigirle que firmara acuerdos de confidencialidad. Estos acuerdos tienen un efecto intimidatorio que debilita a la contraparte. Es inverosímil que ningún funcionario pudiera consultar con expertos externos los asuntos técnicos y jurídicos que forman parte de la negociación. Seguramente, habría sido más fácil negociar si se hubiera hecho de forma transparente y con el respaldo de la opinión pública.
Lo cierto es que el comportamiento de la industria farmacéutica no es nuevo. Hace 10 años, cuando apareció la gripa porcina H1N1, muchos países gastaron millones de dólares en Tamiflú (oseltamivir), un tratamiento recomendado por la OMS. Años después, el British Medical Journal y la Colaboración Chocrhane emprendieron una batalla titánica contra las farmacéuticas y demostraron que Tamiflú no era más efectivo que los medicamentos comunes para la gripa, pero sí más peligroso, y que sus fabricantes habían ocultado esta información deliberadamente.
En el caso de AstraZeneca, ya hay motivos para preocuparnos, pues hace varios meses la farmacéutica reveló que vendería su vacuna a los países pobres y a COVAX por un precio que oscilaría entre 2,5 y 3 dólares por dosis, que equivaldría al precio de costo; pero la semana pasada se filtró que el precio de la dosis para la Unión Europa sería de 1,78 euros, es decir, 2,1 dólares. ¿Cuál es entonces el precio de costo? ¿Qué sentido tiene que la vacuna sea más barata para los países ricos que para los pobres?
El otro lunar negro tiene que ver con la idea que nos quiere vender el partido de gobierno de que gracias a ellos las vacunas para COVID serán gratis para los ciudadanos; que, de no haber sido por su intervención a través de la ley de vacunas, expedida a principio de este mes, los ciudadanos tendrían que haber comprado las vacunas con plata de su bolsillo. En Colombia, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Esto quiere decir que el Estado debe garantizarlo. Un pilar fundamental del derecho a la salud es el acceso a las tecnologías en salud, dentro de las cuales se encuentran las vacunas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara al respecto y desde que emitió la Sentencia T-760, en el año 2008, es claro que es obligación del Estado pagar por esas tecnologías.
La ciudadanía desconoce completamente los términos de la negociación: ignoramos las condiciones que pusieron las empresas
De esta manera, que las vacunas sean gratuitas, no es un logro del Centro Democrático. Es el resultado de años de activismo y movilización social, de la lucha de los pacientes en las cortes para acceder a las tecnologías a las que tenían derecho y también de las decisiones de los jueces, muchas de las cuales no comparto, pero que al fin y al cabo nos llevaron a ser uno de los países con el plan de beneficios más generoso del mundo.
Aunque las vacunas ya fueron compradas, aún no han sido evaluadas ni aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), nuestra agencia sanitaria. Por eso, es importante que en los contratos con Pfizer y AstraZeneca, el gobierno haya incluido la condición de que las vacunas obtengan la aprobación para hacer el desembolso.
El panorama no es claro porque en Colombia la regulación para las aprobaciones de emergencia aún está en construcción. El Ministerio de Salud sometió a consulta pública un borrador del decreto que recibirá comentarios el próximo 24 de diciembre.
Una vez que sea expedida la regulación, el INVIMA deberá aplicarla para evaluar las vacunas. Idealmente, esta labor debería ser ejercida de forma independiente y libre por entero de presiones para que todas las dudas queden despejadas y las decisiones se basen en resultados científicos y no en intereses políticos ni económicos.
En esta ocasión, la presión sobre el INVIMA es enorme, pues las vacunas ya fueron compradas, los líderes de opinión han celebrado este anuncio de forma unánime y la mayor parte de la población espera ansiosamente la vacuna. El costo de “aguarles la fiesta” a millones de colombianos sería enorme. Se corre el riesgo de que la decisión del INVIMA sea tomada por motivos políticos y no científicos.
Además, el hecho de que las agencias sanitarias de los países desarrollados ya hayan aprobado las vacunas agrega aún más presión al INVIMA. Muchos piensan que, si los países ricos las aprobaron, nosotros debemos hacer lo mismo automáticamente, pero lo cierto es que no siempre las decisiones de las agencias sanitarias de otros países son acertadas. Incluso la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se ha equivocado. En la pandemia, por ejemplo, ha sido criticada por estar al servicio de intereses políticos y haber perdido su carácter científico.
Esperemos que el INVIMA logre resistir estas presiones y exija un seguimiento estricto a los productores y los prestadores de las vacunas, pues es su tarea recolectar evidencia sobre los efectos adversos y actuar con prontitud si se presentan irregularidades. Justamente por eso, no puede limitarse a imitar las decisiones de otros países. Eshora de que ejerza el papel que le corresponde de forma
autónoma.
Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía de Antioquia, dijo que los atacantes llegaron en "tres lanchas" y que vestían "prendas de uso privativo de la fuerza pública".
Al menos tres personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas en una nueva masacre perpetrada en la población de Cuturú, que hace parte del municipio colombiano de Caucasia (noroeste) y de la subregión del Bajo Cauca, informaron este domingo (13.12.2020) las autoridades.
El coronel Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía del departamento de Antioquia, donde ocurrió el crimen, detalló que los atacantes llegaron a Cuturú en "tres lanchas" en la madrugada de este domingo y que vestían "prendas de uso privativo de la fuerza pública".
"Esas personas disparan indiscriminadamente contra algunos habitantes que se encontraban allí. Se identifican como integrantes del Clan del Golfo (la principal banda narcotraficante del país y autodenominada como Autodefensas Gaitanistas de Colombia)", agregó el coronel.
Cabra dijo que hasta el momento han encontrado "tres cuerpos, dos de ellos en el parque principal, y otro más a orillas del río" Nechí y que de los cinco heridos, dos tienen lesiones por disparos. "De los heridos, dos son mujeres y tres son hombres. Las personas que fallecen todos son hombres, estamos en proceso de identificación de las víctimas", expresó y añadió que los asesinatos ocurrieron cuando estas personas estaban "departiendo" en una reunión.
El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, afirmó que -ante esta situación- tropas de esa unidad acompañan a la Policía y a la Fiscalía, "que adelantan investigaciones para esclarecer los hechos".
Sobre un hecho violento ocurrido en el corregimiento de Cuturú, en Caucasia, Ant; tropas de @Ejercito_Div7 acompañan a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol que adelantan investigaciones para esclarecer los hechos. Ordené el desplazamiento del comandante del Batallón Rifles al sitio.
— Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo (@GralJuanRamirez) December 13, 2020
La masacre sigue a la perpetrada el viernes pasado en el municipio de El Bagre, ubicado a unos 50 kilómetros por carretera de Cuturú, donde fueron asesinadas cuatro personas por desconocidos. "El Ejército Nacional se encuentra en el lugar los hechos, para prestar el acompañamiento al equipo de investigación criminal, de la Fiscalía, la Policía Nacional, para adelantar los actos urgentes correspondientes", expresó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una declaración a la prensa el sábado.
El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el Clan del Golfo y Los Caparros, bandas de origen paramilitar, se enfrentan por el control del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal en la zona. "Es el narcotráfico el causante de la muerte y el dolor de los habitantes de la región del Bajo Cauca. En tal virtud, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 14.500 dólares) para quien brinde información que conduzca al esclarecimiento y la captura de los criminales que realizaron este condenable hecho", declaró Trujillo sobre la masacre de El Bagre.
El departamento del Cauca, es uno de los departamentos en Colombia que cuenta con mayor presencia de los cuerpos de seguridad estatales. Las comunidades no se explican cómo, los grupos al margen de la ley se movilizan rápidamente por la región.
