Aunque tenemos suficientes vacunas para
el personal de salud y la población de mayor riesgo, aún desconocemos las
condiciones de la negociación y estamos a la espera de la aprobación del
INVIMA.
Carolina Gómez Muñoz*
¿Qué ha pasado?
El pasado viernes 16 de diciembre, el presidente Iván Duque anunció el cierre del contrato con AstraZeneca y Pfizer por 10 millones de dosis. A estas dosis hay que agregarles los 10 millones que el gobierno había comprado anticipadamente a través del mecanismo multilateral de agregación oferta y demanda COVAX.
El día de hoy tenemos vacunas suficientes para 20 millones de personas. Sin embargo, el Ministerio de Salud estima que es necesario vacunar a un poco más de 34 millones de colombianos, lo cual implica que aún es necesario conseguir casi 30 millones de dosis más.
Veamos lo bueno, lo malo y lo incierto de este negocio.
Lo bueno
Lo mejor del anuncio del presidente es que ya tenemos vacunas suficientes para el personal de salud y la población de mayor riesgo (adultos mayores y personas con comorbilidades) No somos los primeros en la fila, pero tampoco los últimos. Como el país de ingreso medio que somos, estamos en la mitad.
En este caso, es bueno no ser los primeros, pues cuando las vacunas empiecen a ser aplicadas de forma masiva en Colombia (seguramente a finales del primer trimestre del año entrante), ya se habrán vacunado miles de personas en los países desarrollados y sabremos un poco más al respecto.
Ganar un par de meses es positivo porque las vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord y los ensayos clínicos fueron más cortos de lo habitual, así que aún hay incertidumbre en torno a la seguridad y la eficacia de las mismas. Además, fueron diseñados deliberadamente para medir desenlaces o resultados fáciles y rápido, sin que necesariamente fueran los más relevantes. Por ejemplo, actualmente sabemos que las vacunas previenen el desarrollo de síntomas severos de la infección que conducen a la hospitalización y a la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no sabemos si previenen la transmisión de la infección ni conocemos todos los efectos adversos que pueden producir.
Las autorizaciones para el uso de las vacunas por parte de las agencias sanitarias de los países desarrollados se han dado bajo la figura “de emergencia”, lo que quiere decir que se trata de una aprobación provisional y bajo condiciones especiales que requiere seguimiento estricto para mitigar los riesgos resultantes de la falta de evidencia. El objetivo es poder detectar los casos de reacciones raras y severas para aumentar los perfiles de seguridad y eficacia de las vacunas.
Las vacunas previenen el desarrollo de síntomas severos de la infección que conducen a la hospitalización y a la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no sabemos si previenen la transmisión de la infección
Lo malo
Lo peor de la gestión del gobierno es que la ciudadanía desconoce completamente los términos de la negociación: ignoramos las condiciones que pusieron las empresas, las obligaciones que adquirió el gobierno y los precios a los que compramos las vacunas. Todo se ha decidido en secreto.
Nos tramaron con el cuento de que todo es confidencial, a pesar de ser un asunto de interés público, que nos afecta a todos, en el cual se están invirtiendo cantidades cuantiosas de recursos públicos, que salen de los impuestos que pagamos de nuestro bolsillo. Nos dijeron que involucra información muy delicada y de alto valor comercial y que entonces no tenemos derecho a conocerla ni podemos opinar nada al respecto. Y que además agradezcamos que tuvieron la generosidad de venderle a Colombia las vacunas, porque todo el mundo las quiere y ya se van a acabar y, por favor decidamos rápido, porque si no aceptamos lo que nos piden, pues no hay problema porque hay cientos de países más con ganas de comprar y dispuestos a aceptar todo. “¡Y decidan de una vez, porque si no se quedan sin nada!”
El problema es que eso no es negociar, sino someterse a una extorsión. Las farmacéuticas ejercieron una presión inaceptable sobre el gobierno al exigirle que firmara acuerdos de confidencialidad. Estos acuerdos tienen un efecto intimidatorio que debilita a la contraparte. Es inverosímil que ningún funcionario pudiera consultar con expertos externos los asuntos técnicos y jurídicos que forman parte de la negociación. Seguramente, habría sido más fácil negociar si se hubiera hecho de forma transparente y con el respaldo de la opinión pública.
Lo cierto es que el comportamiento de la industria farmacéutica no es nuevo. Hace 10 años, cuando apareció la gripa porcina H1N1, muchos países gastaron millones de dólares en Tamiflú (oseltamivir), un tratamiento recomendado por la OMS. Años después, el British Medical Journal y la Colaboración Chocrhane emprendieron una batalla titánica contra las farmacéuticas y demostraron que Tamiflú no era más efectivo que los medicamentos comunes para la gripa, pero sí más peligroso, y que sus fabricantes habían ocultado esta información deliberadamente.
En el caso de AstraZeneca, ya hay motivos para preocuparnos, pues hace varios meses la farmacéutica reveló que vendería su vacuna a los países pobres y a COVAX por un precio que oscilaría entre 2,5 y 3 dólares por dosis, que equivaldría al precio de costo; pero la semana pasada se filtró que el precio de la dosis para la Unión Europa sería de 1,78 euros, es decir, 2,1 dólares. ¿Cuál es entonces el precio de costo? ¿Qué sentido tiene que la vacuna sea más barata para los países ricos que para los pobres?
El otro lunar negro tiene que ver con la idea que nos quiere vender el partido de gobierno de que gracias a ellos las vacunas para COVID serán gratis para los ciudadanos; que, de no haber sido por su intervención a través de la ley de vacunas, expedida a principio de este mes, los ciudadanos tendrían que haber comprado las vacunas con plata de su bolsillo. En Colombia, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Esto quiere decir que el Estado debe garantizarlo. Un pilar fundamental del derecho a la salud es el acceso a las tecnologías en salud, dentro de las cuales se encuentran las vacunas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara al respecto y desde que emitió la Sentencia T-760, en el año 2008, es claro que es obligación del Estado pagar por esas tecnologías.
La ciudadanía desconoce completamente los términos de la negociación: ignoramos las condiciones que pusieron las empresas
De esta manera, que las vacunas sean gratuitas, no es un logro del Centro Democrático. Es el resultado de años de activismo y movilización social, de la lucha de los pacientes en las cortes para acceder a las tecnologías a las que tenían derecho y también de las decisiones de los jueces, muchas de las cuales no comparto, pero que al fin y al cabo nos llevaron a ser uno de los países con el plan de beneficios más generoso del mundo.
Foto:
Alcaldía de Bogotá El plan de vacunación para Colombia fue anunciado el pasado
viernes.
Lo incierto
Aunque las vacunas ya fueron compradas, aún no han sido evaluadas ni aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), nuestra agencia sanitaria. Por eso, es importante que en los contratos con Pfizer y AstraZeneca, el gobierno haya incluido la condición de que las vacunas obtengan la aprobación para hacer el desembolso.
El panorama no es claro porque en Colombia la regulación para las aprobaciones de emergencia aún está en construcción. El Ministerio de Salud sometió a consulta pública un borrador del decreto que recibirá comentarios el próximo 24 de diciembre.
Una vez que sea expedida la regulación, el INVIMA deberá aplicarla para evaluar las vacunas. Idealmente, esta labor debería ser ejercida de forma independiente y libre por entero de presiones para que todas las dudas queden despejadas y las decisiones se basen en resultados científicos y no en intereses políticos ni económicos.
En esta ocasión, la presión sobre el INVIMA es enorme, pues las vacunas ya fueron compradas, los líderes de opinión han celebrado este anuncio de forma unánime y la mayor parte de la población espera ansiosamente la vacuna. El costo de “aguarles la fiesta” a millones de colombianos sería enorme. Se corre el riesgo de que la decisión del INVIMA sea tomada por motivos políticos y no científicos.
Además, el hecho de que las agencias sanitarias de los países desarrollados ya hayan aprobado las vacunas agrega aún más presión al INVIMA. Muchos piensan que, si los países ricos las aprobaron, nosotros debemos hacer lo mismo automáticamente, pero lo cierto es que no siempre las decisiones de las agencias sanitarias de otros países son acertadas. Incluso la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se ha equivocado. En la pandemia, por ejemplo, ha sido criticada por estar al servicio de intereses políticos y haber perdido su carácter científico.
Esperemos que el INVIMA logre resistir estas presiones y exija un seguimiento estricto a los productores y los prestadores de las vacunas, pues es su tarea recolectar evidencia sobre los efectos adversos y actuar con prontitud si se presentan irregularidades. Justamente por eso, no puede limitarse a imitar las decisiones de otros países. Es hora de que ejerza el papel que le corresponde de forma
autónoma.
https://razonpublica.com/lo-bueno-lo-malo-lo-incierto-la-compra-las-vacunas/
