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| El representante a la Cámara, Carlos Amaya, criticó la aprobación de la ley que permite al gobierno licitar los derechos a las empresas para explorar el patrimonio subacuático del país (Foto:Archivo) |
Dicho proyecto fue defendido, además de la cartera de Cultura, por el ministerio del Interior bajo el argumento de que "Colombia no tiene ni la tecnología ni los recursos para adelantar los procesos que permitan rescatar del fondo del mar los tesoros hundidos siglos atrás", de acuerdo con el informe presentado al Senado.
Medios de comunicación colombianos reportaron que la iniciativa busca regular la exploración y el rescate de unos mil 500 galeones o naufragios hundidos y le permitiría al Estado contratar empresas privadas.
Para muchos críticos, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, esta Ley del Patrimonio Sumergido es inconstitucional y pone en manos de los cazatesoros el patrimonio arqueológico que yace en el fondo del mar colombiano.
El representante a la Cámara, Carlos Amaya, aseguró que esta iniciativa “prácticamente le regala el patrimonio cultural y la riqueza sumergida a empresas internacionales de caza tesoros”.
Amaya agregó que “vamos a entrar a la lista negra de los países que venden y regalan su patrimonio, lo grave es que por ejemplo si se encuentran 100 lingotes de oro o 100 monedas de plata, sólo una será considerada patrimonio, el resto podrán ser vendidas”.
Explicó que las empresas internacionales obtendrán regalías que le pertenecen a los colombianos. “Todo lo que encuentre la empresa que se gane la licitación para explorar, será vendido y al país le corresponderá la mitad”.
El ministro del Interior Fernando Carrillo respaldó lo presentado en el informe y dijo que “Colombia no tiene la capacidad ni la tecnología para extraer estos 'tesoros', y que si no se aprueba este proyecto quedarán a merced de los saqueadores que durante años los han usufructuado de manera ilegal”.
En un principio en el seno de la Procuraduría colombiana se señaló que el proyecto era inconstitucional, para posteriormente ser aprobado después de un álgido debate.
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