miércoles, junio 20, 2018

Los retos ambientales del próximo gobierno


El cuidado del medio ambiente es una urgencia del mundo y un asunto vital para Colombia. Por eso el presidente electo, que poco habló sobre el tema, debe ahondar desde ahora en la preguntas y en cómo irá a responderlas. 

Ernesto Guhl Nannetti*

Derrame de petróleo - Foto: CORPONOR 
 Puntos clave
A principios de este año publiqué un artículo donde enumeré los retos más urgentes que Colombia debería abordar en materia de sostenibilidad. Los cinco principales son:
  • transición energética;
  • La ocupación del espacio y el uso del suelo;
  • Los La conflictos centro – periferia:
  • La ciencia y la tecnología, y
  • La conservación
Transcurridos apenas cinco meses han surgido nuevos problemas que generan aún más incertidumbre en materia ambiental. Ahora que Colombia ha escogido su nuevo presidente, es de vital importancia que el gobierno atienda esos asuntos con toda decisión.  

Transición energética

En esta materia Colombia enfrenta la catástrofe de Hidroituango que, además de presentar enormes riesgos sociales y ecológicos, reduce la disponibilidad de energía eléctrica y amenaza el desarrollo económico del país. El proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia debería comenzar a funcionar en diciembre de este año y abastecer paulatinamente la demanda nacional hasta 2024. Sin embargo, las fallas presentadas sugieren que esta meta no será cumplida e inclusive, pronostican un apagón hacia 2021 o 2022.  
Pese a ser crítica, esta situación le ofrece a Colombia un escenario excepcional para acelerar el desarrollo de fuentes energéticas limpias y renovables. Para lograrlo sería necesario adelantar estudios que aseguren una canasta de generación eléctrica segura que aproveche las fortalezas naturales del territorio nacional (como la alta radiación solar) y disminuya los riesgos del cambio climático.
Además de tener un menor impacto ambiental, las fuentes energéticas renovables permitirán idear soluciones descentralizadas acordes con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Planificación territorial

Se estima que hacía el año 2050, el 86 por ciento de la población colombiana se concentrará en las ciudades: 70 de más de 100.000 habitantes y 7 de más de un millón. Además de que el sistema actual de administración territorial no es capaz de manejar poblaciones de tal magnitud, se ha acelerado la aparición de territorios insostenibles como Bogotá, ciudad que actualmente presenta los índices más altos de riesgo frente al cambio climático.
Medio ambiente constituye un factor esencial para el desarrollo sostenible integral y, por tanto, para garantizar la paz “estable y duradera”.
La planificación territorial vigente ignora que las ciudades se ubican en una unidad espacial con componentes rurales y urbanos interdependientes, basados en el intercambio de servicios socioecositémicos indispensables para la vida, el progreso y la generación de impactos ambientales concentrados.   
El nuevo gobierno debería aprovechar la formulación de los nuevos POT para redefinir los lineamientos de ocupación y uso del suelo, distanciándose de la visión municipalista y urbana que los ha caracterizado. Sólo así propiciaría la construcción de visiones regionales compartidas que respondan a las diversas realidades socio-ambientales que conforman el territorio nacional. Esto impulsaría formas diferenciadas de desarrollo y ocupación del espacio que permitirían que Colombia se convierta en un conjunto armónico de territorios sostenibles.

Posconflicto

Pese a los múltiples inconvenientes que ha tenido el desarrollo de los Acuerdos de Paz, se han logrado avances irreversibles que deberán tener continuidad bajo los tres gobiernos que le siguen al actual.
Sorprendentemente, al medio ambiente no se le ha otorgado un papel relevante en el proceso de “implementación” de los acuerdos. Con esto se desconoce que el medio ambiente constituye un factor esencial para el desarrollo sostenible integral y, por tanto, para garantizar la paz “estable y duradera”.
Durante el posconflicto, será necesario reconocer el doble papel protagónico de las variables ambientales: por un lado, como originadoras de violencia, y por otro, como instrumentos fundamentales para consolidar la paz. 
Algunas de estas variables son la destrucción de los ecosistemas, la contaminación del agua en sectores urbanos y rurales, la baja calidad del aire en las ciudades, la destrucción y contaminación del suelo y la distribución de las tierras. Todas ellas afectan profundamente la calidad de vida de la población colombiana, pues históricamente han reforzado los niveles de desigualdad. 
Estudios adelantados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han advertido que la mala administración ambiental podría tener efectos sumamente nocivos para el posconflicto colombiano. En esta misma línea, un estudio reciente1 analiza los impactos del conflicto sobre las variables ambientales en diversos países de América Latina, África y Europa mostrando que, pese a las grandes diferencias naturales y sociales  entre ellos, todos presentaron situaciones comunes como:

·       Relegar los asuntos ambientales para atender las urgencias socioeconómicas producto de los acuerdos logrados.
·       Reorientar otra vez la economía hacia las actividades primarias (explotación minera y petrolera) para financiar esas urgencias y en perjuicio relativo de las actividades secundarias y terciarias (industria, agricultura, servicios).
·       Adoptar políticas de desarrollo sectorial en contravía de las tendencias globales para asegurar la sostenibilidad.
·       Relocalizar a los desplazados en nuevas tierras sin contar con instrumentos de planificación y control territorial, lo cual conlleva un aumento de la deforestación y, por tanto una pérdida de biodiversidad en zonas que estaban “protegidas” por el temor que inspiraba la guerra.

Deforestación

Colombia no escapa a las tendencias mencionadas arriba, y hoy por hoy en efecto presenta síntomas alarmantes.  
El Estado no ha provisto los bienes y servicios públicos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por la guerra, ni ha logrado que las FARC pierdan el dominio de algunos territorios en el Caquetá, Meta, Guaviare, Catatumbo y Chocó.
En todos ellos la deforestación se ha disparado debido a que ciertos grupos de poder pretenden adquirir nuevas tierras para la ganadería y algunos grupos delincuenciales –muchos residuales de las FARC– se dedican a la minería ilegal y a la siembra de coca.
Según el IDEAM, la deforestación en zonas de posconflicto aumentó un 44 por ciento entre 2015 y 2016.
Esta cifra, alarmante, como dije, ya hizo que el ministro de Ambiente2 declarara que no será posible cumplir la meta de eliminar la deforestación en 2020 ni la de reducir la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de bosque.
La destrucción de la biodiversidad y del patrimonio ambiental amerita la intervención de la fuerza pública, pues ha llegado a extenderse incluso a zonas protegidas como el parque natural nacional Tinigua.
Instituciones y financiamiento
Deforestación. Foto- Parques Nacionales Naturales de Colombia
Contar con unas instituciones ambientales más eficientes y mejor coordinadas es una condición necesaria para enfrentar exitosamente los retos señalados.
Aunque en numerosas ocasiones se ha intentado reformar el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), no se ha tenido en cuenta que con casi 25 años de vida las instituciones del sistema tienen la madurez y el deseo de contribuir a su propia reforma.   
Según el IDEAM, la deforestación en zonas de posconflicto aumentó un 44 por ciento entre 2015 y 2016.
Otra prioridad es revocar la separación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) entre los ministerios de Vivienda y Ambiente, así como reasignarle la potestad sobre todo lo relativo al ciclo del agua y la expedición de licencias ambientales eliminando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  
Un notable ejemplo del desinterés en el medio ambiente es la destinación de los recursos producidos por el impuesto al carbono aprobado por la reforma tributaria de 2016. Aunque por ley deberían destinarse a facilitar la transición hacia una economía baja en carbono, el 70 por ciento de ellos fueron asignados al fondo Colombia en Paz, cuyos programas no son necesariamente ambientales, ni están relacionados con la lucha contra el cambio climático.
Así mismo es preocupante que los recursos asignados a la investigación, la ciencia y la gestión de las áreas protegidas provenientes del Presupuesto General de la Nación hayan decrecido en los últimos años.

Conflictos centro-periferia

La explotación de recursos naturales mediante macro-proyectos impulsados por el Gobierno nacional, sin consultar las visiones, intereses y deseos de los habitantes de esos territorios, ha hecho que Colombia sea el país latinoamericano con mayor cantidad de conflictos socioambientales.
La proliferación de consultas populares contra la ejecución de proyectos mineros, petroleros, energéticos y de infraestructura impuestos desde el centro, es un claro indicador de esta situación. Es necesario propiciar espacios y mecanismos para la participación ciudadana, de lo contrario los conflictos centro-periferia podrían representar una amenaza para consolidar la paz.

Diez preguntas para el nuevo gobierno

Finalmente, es responsabilidad del nuevo gobierno resolver los siguientes interrogantes en materia ambiental:
No será posible cumplir la meta de eliminar la deforestación en 2020 ni la de reducir la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de bosque.
·       ¿Cómo hacer compatible la sostenibilidad que exige una visión de largo plazo con las necesidades de corto plazo?
·       ¿Cómo hacer la transición hacia un modelo ambiental que busque la sostenibilidad y la equidad?
·       ¿Cómo crear un sistema de energías limpias y renovables que no perjudique el desarrollo económico? 
·       ¿Cómo aprovechar la biodiversidad para impulsar el desarrollo económico en lugar de atentar contra ella?
·       ¿Cómo poner los recursos y experiencia de las instituciones del Sistema Nacional Ambiental (como el MADS y las CAR) en función de la paz?
·       ¿Cómo eliminar prácticas nocivas para el ambiente como la minería ilegal y los cultivos ilícitos sin generar más desempleo e inequidad?
·       ¿Cómo hará el Estado para proveer los bienes y servicios básicos a las zonas más afectadas por el conflicto armado?
·       ¿Cómo promover el desarrollo armónico respetando la heterogeneidad natural y cultural de las diferentes regiones? 
·       ¿Cómo construir una unidad dinámica entre el campo y la ciudad sin reproducir las desigualdades históricas entre ellas? 
·       ¿Cómo consolidar una Reforma Agraria Integral que reconozca el campo como un agente fundamental para el desarrollo y, por tanto, mejore sus condiciones de vida?
*Ingeniero civil de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Notre Dame. Exviceministro del medio ambiente. Ex Vicerrector de la Universidad de los Andes. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Director del Instituto Quinaxi.
1 Suárez, A., Árias-Arévalo, P.A., Martínez-Mera, E., 2018 Environmental sustanibility in post-conflict countries: insights for rual Colombia, Environments, Developmnent and Sustainability. doi:10.1007/s10668-0179925-9 
2. El Tiempo, 27 de febrero de 2018.