Respeto a personas privadas de la libertad.

PGN. - Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.

La USPEC con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria, declarado en el país desde el pasado 17 de marzo.

Asimismo, el falló, que acogió la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios por la pandemia del coronavirus, impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de detención. 

La Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico para que solicite dentro de las actuaciones penales el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020 para evitar la propagación de casos positivos de la covid-19 en estos lugares.

De acuerdo con la sentencia, la alcaldía y la Gobernación del Atlántico deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar pruebas permanentes de la covid-19 y brigadas para el manejo y control del contagio del virus.

Por último, el Tribunal pidió que se garantice la prestación efectiva del servicio de salud para las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom, espacios que tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y epidemias y garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.

Covid-19 hoy en Colombia.

Judicializados funcionarios y contratista de la Alcaldía de Cartago (Valle), por presuntas irregularidades en contratos.

Cartago (Valle del Cauca). - Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento contra cuatro funcionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca) y un contratista, por supuestas irregularidades en 3 contratos, uno de ellos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid -19.

El despacho judicial ordenó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los cuatro servidores públicos: Gloria Syrley Salazar, Secretaria General de Cartago; Gustavo Adolfo Rojas Giraldo, Secretario Jurídico; Johana Andrea Betancourt Ramírez, Jefe Oficina de Planeación Educativa; y Mauricio Andrés Cerezo Osorio, auxiliar administrativo del Municipio, a quienes se les formuló cargos por los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades; interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad Juan Diego Osorio Peláez, contratista representante legal de la Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General, evidenció que los hoy imputados habrían suscrito 3 contratos por 80, 135 y 230 millones de pesos; este último, relacionado con la emergencia sanitaria por el Covid-19, con la empresa Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales, con la que supuestamente tenían vínculo a través de terceros y habrían buscado su favorecimiento.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la orden judicial de captura de las 5 personas y la hicieron efectiva el 23 de junio pasado.

Se dispara el número de menores de edad que cruza la selva del Darién entre Colombia y Panamá

UNICEF/William Urdaneta - Los hermanos angoleños Romeu y Kulutwe y sus familias cruzan el río Tuquesa hacia el Bajo Chiquito, el primer pueblo panameño en la frontera con Colombia.

El Fondo de la ONU para la Infancia anunció que el número de niños migrantes que cruzan el Tapón del Darién, una zona selvática que separa a Colombia de América Central se ha multiplicado por más de siete, hasta llegar a los casi 4000 durante el año pasado por los 522 del 2018.

Alrededor del 50% de los niños migrantes que cruzaron en 2019 eran menores de 6 años y procedían de más de 50 países diferentes, entre ellos India, Somalia, Camerún, la República Democrática del Congo y Bangladesh.

UNICEF informó que los hallazgos se basan en datos de los servicios nacionales de migración.

El organismo de la ONU advirtió además de los graves riesgos a los que se enfrentan los niños migrantes y sus familias durante este peligroso viaje, como la falta de acceso al agua potable, la exposición a peligros naturales, animales peligrosos, robo, abuso y explotación.

"El espectacular aumento del número de niños y niñas migrantes que se movilizan a lo largo del Tapón del Darién indica la urgente necesidad de adoptar medidas para proteger a los menores y garantizar su acceso a servicios esenciales, tales como atención sanitaria, el agua y la higiene", dijo la representante de UNICEF en Panamá, Kyungsun Kim.

"Esto requiere esfuerzos coordinados y reforzados sobre el terreno de los Gobiernos y los organismos humanitarios en respuesta al flujo de niños en tránsito y a sus necesidades", añadió.  

Los migrantes que llegan a Panamá después de cruzar el Tapón del Darién son atendios en la Oficina de Recepción de Migrantes de La Peñita en la provincia del Darién, una de las menos desarrolladas de Panamá.

Posteriormente, las autoridades los envían a la Oficina de Los Planes en la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. La mayoría de ellos continuará su periplo hacia el norte, con la intención de llegar a Estados Unidos o Canadá.

Actividades de asistencia

Mientras están en tránsito en Panamá, UNICEF y sus socios realizan las siguientes actividades:

- Abastecimiento de ayuda humanitaria, exámenes para determinar el nivel de nutrición, pruebas de embarazo y atención sanitaria.

- Instalación de sistemas de agua capaces de almacenar a diario más de 30.000 litros de agua potable por para los migrantes, las comunidades de acogida, las escuelas y las instituciones gubernamentales.

- Apoyo para mejorar las condiciones de saneamiento y las prácticas de higiene.

- Establecimiento de espacios adaptados para los niños migrantes y locales donde puedan jugar y recibir apoyo psicosocial, y en los que las madres puedan descansar y amamantar a sus bebés con seguridad.

UNICEF continuará prestando estos servicios durante todo el año ya que se espera que aumente el número de niños migrantes que cruzan el Tapón del Darién.

Recomendaciones

El Fondo de la ONU insta a los Gobiernos y a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas para ayudar a proteger a todos los niños refugiados y migrantes, y entre otras medidas:

- Afrontar las razones de fondo que expulsan a los niños de sus hogares.

- Garantizar el acceso a la educación, la atención sanitaria y otros servicios esenciales para todos los niños y niñas migrantes.

- Mantener a las familias unidas.

- Poner fin a la detención de los niños migrantes y establecer medidas sustitutivas de cuidado.

- Erradicar la xenofobia y la discriminación.

- Proteger a los niños migrantes de la explotación y la violencia.