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Atentado contra Gustavo Petro en Cúcuta

El aspirante a la presidencia sufrió la agresión mientras se encontraba en Cúcuta.




La camioneta en la que se movilizaba el candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, fue atacada durante su visita a Cúcuta, ciudad fronteriza ubicada al noreste de Colombia.
Petro denunció al ex alcalde de Cúcuta (2004-2007) Ramiro Suárez, como responsable de los hechos, tras acusarlo de "asesino y paramilitar". De acuerdo a su testimonio, el acto de sabotaje fue perpetrado por personas que llegaron al lugar "en siete buses".
En redes sociales circularon imágenes desde el interior de la camioneta de Petro, que mostraban el presunto impacto de objetos contundentes en los vidrios. La candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, María José Pizarro, dijo que el ataque había tenido como propósito "atentar contra la vida" del candidato, por lo que exigió al Estado mayores "garantías para la participación".
El suceso ocurrió a las 5:30 de la tarde en medio de una manifestación de apoyo a la candidatura del ex alcalde de Bogotá, que trató de ser dispersada por la policía de Cúcuta por motivos de "seguridad". De hecho, la tarima donde Petro tenía previsto realizar su mitin político fue desmontada por las autoridades locales.
Los seguidores de Petro denunciaron la actuación de la policía por considerarla desmedida. En videos difundidos vía Twitter se observan columnas de gas lacrimógeno mientras los adeptos del candidato permanecen en las inmediaciones del parque Santander coreando "resistencia, resistencia".

Cada tres días muere asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia

El Programa Somos Defensores contabiliza 106 asesinados en 2017, un tercio más que el año anterior. La Defensoría aumenta la cifra hasta los 282 asesinatos 
 DW.- La violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales, que en 2017 se cobró 106 vidas, un 32,5 por ciento más que en 2016, es una "piedra en el zapato" de la política de paz del Gobierno colombiano, según el informe anual de la organización no gubernamental Programa Somos Defensores hecho público este jueves (01.03.2018). Eso significa que el año pasado "en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia", se señala en el documento, que además critica la respuesta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a este problema.

El "Informe Anual 2017. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia" contabiliza además 560 agresiones a líderes sociales en 2017, un 16,42 por ciento más que en 2016. Incluidas amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones, uso arbitrario del sistema penal, hurto de información o violencia sexual. Y, desde ya, la ONG advierte que "la cifra de homicidios tiende a incrementarse en 2018" pues al cierre de enero ya habían sido registrados "al menos 18 muertos" entre los líderes sociales.

México, Colombia y Brasil, puntos negros para activistas

Dos informes publicados recientemente sitúan a tres países latinoamericanos entre los más letales para los activistas. Además de la muerte, deben enfrentar amenazas, intimidaciones y campañas de difamación. (17.02.2018)
Cifras oficiales aún más altas

La Defensoría de Colombia

Procuraduría destinará agentes especiales en procesos que afecten la libertad de prensa

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció que designará agentes especiales para intervenir en los procesos penales donde se investiguen hechos que puedan afectar la libertad de prensa y los derechos de los periodistas.Al intervenir en la IV Cátedra de Libertad de Expresión Antonio Nariño 2018, en la Universidad de los Andes, el Jefe del Ministerio Público dijo que con esa medida se “busca asegurar que no se den ese tipo de agresiones y poner un semáforo rojo al acoso judicial”.
Carrillo Flórez señaló que con base en la Directiva Interna No 002 del 14 de junio de 2017 que contiene los lineamientos para la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, la entidad va a intervenir en los procesos de protección a los periodistas.

“Vamos a tener acciones territoriales de protección en las comunidades, y a partir de la Directiva al lado de los líderes sociales caben los periodistas”.
El Procurador resaltó el concepto de la Corte Suprema de Justicia que admitió que los periodistas sí pueden proteger sus fuentes de información, porque es un paso adelante en la defensa de la libertad de prensa, y en el caso de la procuraduría “es una herramienta útil en la lucha contra la corrupción. Yo les diría que buena parte de las investigaciones que ha hecho la Procuraduría responden a este tipo de fuente”.
Dijo que el sistema de justicia debe comprometerse en la garantía del derecho de libertad de expresión. “No se trata únicamente de la capacitación a los jueces sino de todo un sistema de justicia que tenga conciencia absoluta de cuáles son los riesgos en materia de consolidación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa”.

Importante.

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