La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario indicó que este es “un paso fundamental para orientar una política pública de Estado coherente y con enfoque participativo”.
El Gobierno del Cambio expidió decreto 0552 del 1 de junio de 2026, mediante el cual se establecen lineamientos en materia de empresas y Derechos Humanos en el país.
En este sentido, la norma estableció los lineamientos para la protección, respeto y reparación de los Derechos Humanos en contextos empresariales y creó una instancia para la gobernanza de esta agenda.
Según un comunicado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, este es “un paso fundamental para orientar una política pública de Estado coherente y con enfoque participativo”.
Indicó que se trata de “un legado del Gobierno del Cambio, que impulsa el dialogo y las conversaciones necesarias en un contexto global cambiante y en clave territorial, centrada en la dignidad y la justicia social”.
Este instrumento normativo parte de considerar el enfoque de Derechos Humanos para pensar los instrumentos de política pública que se requieren para la garantía de los Derechos Humanos en contextos de actividades empresariales.
A través del decreto se dan directrices claras a las entidades de gobierno sobre cómo desarrollar instrumentos sectoriales para la aplicación de ese enfoque de Derechos Humanos en el desarrollo de actividades empresariales.
Para su implementación, se crea un espacio técnico de coordinación y articulación institucional, denominado Comité Técnico Especializado en Derechos Humanos y Empresas, como una instancia especializada de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
“Este instrumento normativo es un primer paso hacia un marco regulatorio vinculante y coherente, que permita la diversificación de las actividades productivas y el crecimiento económico desde la cultura del respeto por los Derechos Humanos”, destacó la Consejería Presidencial.
Con esta apuesta, Colombia da un paso del compromiso a la acción, que busca avanzar hacia un camino de transformaciones para el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos en contextos de actividades empresariales.
