Desarrollado con éxito el Campeonato Nacional de Atletismo en Armenia

Foto cortesía Federación Colombiana de Atletismo.
Antioquia, como campeón por puntos (468), y Bogotá, líder del medallero general con un total de 34 preseas (19 de oro), fueron las delegaciones protagonistas durante el Campeonato Nacional de Atletismo, realizado este fin de semana en la pista del estadio de la Unidad Deportiva Ancízar López de Armenia.

En la prueba de los 100 metros planos, Ronal Longa lideró la final con una marca de 10.13 segundos, seguido por Carlos Palacios con 10.16 y Carlos Flórez con el mismo tiempo. Longa, quien ostenta el récord nacional de la prueba con 9.96, también lideró el heat 4 con 10.10 (mejor registro de la competencia).

Marleth Ospino lideró la final femenina de los 100 metros con un tiempo de 11.22 segundos, siendo el segundo puesto para la vallecaucana Angélica Gamboa (11.33) y el tercero para la antioqueña María Maturana (11.38).

Pasando a los 200 metros planos, Longa también lideró la prueba con un tiempo de 20.59, mientras que Neiker Abello y Carlos Flórez completaron el podio de la prueba con sus respectivas marcas de 20.61 y 20.84. En la rama femenina, Lina Licona obtuvo el primer puesto con 23.03, Marleth Ospino fue segunda con 23.05 y Laura Martínez ocupó el tercer lugar con 23.16.

Los 400 metros planos tuvieron como protagonistas a Evelis Aguilar (50.89) y Bernardo Baloyes (46.07), mientras que, en los 800 metros, Karla Vélez lideró con 2:04.68 y Miguel Cifuentes lo hizo con un registro de 1:49.31. En los 1.500 femeninos, Shellcy Sarmiento obtuvo el primer puesto con 4:31.31 y en los masculinos la primera casilla fue para Frank Durán (3:51.45).

Carolina Tabares (16:38.36) y Carlos Sanmartín (14:13.00) se destacaron con el primer puesto en los 5.000 metros. En los 10.000 metros, Leydy Romero (35:13.92) e Iván González (29:58.29) se llevaron el triunfo y en los 10 km. marcha Eider Arévalo se ubicó en el primer escalón (39:36.80) y Lucy Mendoza hizo lo propio en la prueba femenina (45:43.87).

En los 110 metros vallas masculinos, Yohan Chaverra obtuvo el triunfo con 13.47 y en los 100 metros vallas femenino, Martha Valeria Araújo consiguió el triunfo con 13.06. Los 400 metros vallas femenino contó con el primer puesto de María Rocha con una marca de 56.30, mismo lugar que obtuvo Sebastián Mosquera en la rama masculina con 51.28.

Carlos Sanmartín consiguió su segundo oro con el registro de 9:10.56 en los 3000 obstáculos y Laura Camargo triunfó en la rama femenina con 10:35.37. El heptatlón femenino tuvo como protagonista a María Fernanda Murillo con un total de 6323 puntos y el decatlón masculino lo lideró Julio Angulo con 7908 puntos.

Saliendo de la pista, en el salto alto Gilmar Devinson obtuvo el primer lugar con una marca de 2.16 metros y María Arboleda registró 1.86 m. para el oro femenino. En el salto con perdiga femenino, Luna Nazarit lideró con un registro de 4.10 y José Nieto fue primero con 5.35.

En el salto largo, Jhon Berrío fue líder con 7.81 metros y Natalia Linares consiguió el primer lugar en la prueba femenina con 6.66 metros. En el salto triple, Nerli Cantoñi obtuvo la medalla de oro con una marca de 13.08 y Geiner Moreno hizo lo propio con 16.62. En el lanzamiento de peso masculino, Ronald Grueso obtuvo el oro con 18.56 y Yerlin del Carmen lo hizo en la rama femenina con 16.39.

Yerlin también lideró el lanzamiento de disco con una marca de 55.67 y Mauricio Ortega también consiguió el primer lugar con 60.63 metros. En el lanzamiento de martillo, Mayra Gavira obtuvo el oro con 68.31 y Fabián Serna lo hizo en la rama masculina con 70.70 metros.

Billy Julio se adjudicó el primer lugar en el lanzamiento de jabalina con una marca de 77.30 metros y Flor Denis Ruíz se quedó con el oro femenino con 61.26. En los relevos masculinos 4×100 metros, el triunfo fue para Óscar Caicedo, Carlos Florez, Óscar Baltán y Jhonny Rentería con 39.15.

En la rama femenina, el triunfo fue para Yuximar Polo, María Maturana, Laura Martínez y Evelin Rivera con 44.85. En los relevos 4×400 masculino, Luis Palacios, Luis Belarcazar, Yosman Barrera y Fabián Arciniegas lideraron con 3:16.15 y en las damas lo hicieron Karla Vélez, Lina Licona, Melany Bolaño y Evelis Aguilar con 3:29.99.

Bernardo Baloyes, Lina Licona, Nicolás Salinas y Evelis Aguilar se adjudicaron el triunfo en la prueba de relevo mixto 4×400 metros con un tiempo de 3:16.07.

Teniendo en cuenta la puntuación del campeonato, como se define el título por reglamento, Antioquia se adjudicó el título de campeonato con 468 puntos, seguido por Valle con 441 y Bogotá con 405.

Por otro lado, la delegación de la capital colombiana lideró el medallero general con 19 oros, 10 platas y cinco bronces (total de 34), Valle fue segundo con 11 oros, 11 platas y 15 bronce (total de 37) y el tercer lugar fue para Antioquia con siete oros, ocho platas y 14 bronces (total de 29).

Puede consultar todos los resultados del certamen nacional dando clic aquí.

Foto cortesía Federación Colombiana de Atletismo.

Abiertas inscripciones para prestar servicio militar: son 15 mil cupos, ahora con mejores beneficios.

​Durante agosto, el Ejército Nacional invita a los jóvenes a prestar servicio militar.
Hay 15 mil cupos para hombres y mujeres.
Los hombres y mujeres interesados en incorporarse a las filas deben contar mínimo con 18 años, hasta los 24, y pasar los exámenes médicos y de aptitud exigidos.

El Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército ofrece 13.320 cupos para hombres, y 1680, para mujeres, por 12 o 18 meses, en las diferentes tareas y especialidades con las que cuenta la Fuerza.

El Ejército busca generar un efecto positivo en los jóvenes de Colombia y los invita a que hagan parte del tercer contingente de 2025, para fortalecer su proyecto de vida.

Los interesados que resulten aptos en el proceso de incorporación podrán contribuir a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, prestar seguridad en las vías, brindar atención humanitaria o coadyuvar en tareas administrativas para fortalecer la misión institucional, entre todas las actividades que en función del servicio se requieran.

Beneficios:

Una bonificación mensual equivalente al 70 % de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), es decir, 996.450 pesos.

Al momento de licenciarse el soldado recibirá un SMLMV ($1.423.500) para dotación civil.

La última bonificación del soldado corresponderá a 1,5 SMLMV ($2.135.250).

Servicios de salud prioritaria o general y atención en las necesidades básicas.

Estadía y alimentación con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición, durante el tiempo de permanencia.

Bancarización y contribución para iniciar y fortalecer la vida crediticia, comenzando a manejar productos bancarios.

Otorgamiento de un permiso anual con auxilio de transporte equivalente a un salario mínimo legal vigente ($1.423.500).

Quienes se destaquen en la prestación del servicio militar como dragoneantes, obtendrán un reconocimiento adicional mensual del 5 % del SMLMV.

Aplicación de descuentos en importante número de almacenes, restaurantes y tiendas en virtud de alianzas comerciales.

Transporte para traslado al lugar de destinación, sostenimiento durante el viaje y regreso a su domicilio, una vez culminado el tiempo de servicio o desacuartelado.

Permisos y devolución económica proporcional de la partida de alimentación.

Orientación opcional y voluntaria en programas de formación laboral productiva del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Líneas de crédito especial con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

Descuento y estudio institucional para otorgamiento de matrícula cero, financiada en la carrera militar en las diferentes escuelas de formación militar y policial (oficial, suboficial y soldado profesional).

El tiempo que el ciudadano permanezca en la prestación del servicio militar se tendrá en cuenta para la sumatoria de semanas de cotización en los fondos de pensión públicos y privados.

En las instituciones de la Fuerza Pública, el tiempo de servicio militar le es computado para efectos de cesantías y prima de antigüedad, en los términos de Ley.

Tarjeta de reservista de primera clase física y digital con constancia electrónica, acreditación que le permite ser priorizado en programas o políticas de generación de empleo y promoción de enganche laboral.

Prioridad para acceder a cursos de capacitación en el marco de las Políticas de Servicio Público de Empleo.

Capacitación para la adaptación a su regreso a casa en el último mes de su servicio militar.

El soldado que terminando su servicio militar quiera de manera voluntaria extender este servicio militar en la Fuerza, podrá hacerlo hasta por 12 meses más, recibiendo los mismos beneficios, derechos, obligaciones y deberes que la Ley establece.
La información sobre el proceso de incorporación al servicio militar se brinda en las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares del país, por medio de la página web www.reclutamiento.mil.co, o en el centro de llamadas 601 4261420.

Efectivo...

MinAgricultura establece por resolución libertad vigilada de precios para el arroz paddy verde

El Gobierno nacional expidió la Resolución 000241 de 2025 mediante la cual se somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, luego del concepto favorable que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio tras considerar que el acto administrativo “cumple con finalidades constitucionales relacionadas con la protección especial del campesinado, la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria, y la promoción del desarrollo rural integral como manifestación del interés general”.

De esta manera, el Gobierno nacional da cumplimiento al acuerdo pactado el pasado 24 de julio​ con los gremios arroceros y que permitió levantar el paro nacional que se extendió por varios días.

De acuerdo con la Resolución, quedan establecidos los siguientes precios por tonelada de arroz paddy verde, según cada zona de producción: 

Bajo Cauca $1.491.478;
Centro, $1.589.489;
Costa norte, $1.512.785;
Llanos, $1.457.387,
y Santanderes $1.555.398.

La resolución establece, además, que “todo comprador deberá reportar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados por arroz paddy verde, las toneladas compradas, el municipio de compra, el molino, planta o agencia, y la forma, plazo, condiciones de pago y financiamiento”.

El incumplimiento de estas disposiciones será puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia, agrega la disposición.

“Este acto administrativo, cuya naturaleza es excepcional y transitoria, será objeto de monitoreo permanente por parte de este Ministerio, y estará acompañado de la puesta en marcha de un régimen de libertad regulada de precios para el arroz blanco, un plan de choque para el control de contrabando con participación de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), y otras medidas de competencia del Ministerio de Comercio”, sostuvo la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

Por su parte, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “hemos asumido el compromiso de evaluar la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios. Haremos el análisis de instrumentos de defensa comercial y la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos”, señaló la funcionaria.

Sostenibilidad de la cadena

De acuerdo con los dos ministerios, esta estrategia integral “es una demostración del compromiso que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro con las y los productores de arroz, la sostenibilidad de la cadena y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria”.

El comunicado señala que “el Gobierno nacional reitera la invitación a todos los actores inmersos en el proceso productivo, de transformación y comercialización del arroz, para avanzar en la consecución de un acuerdo de cadena que recupere prontamente la estabilidad del sector y garantice su competitividad y sostenibilidad”.

75 % de eventos no deseados en atención en salud en Colombia se podrían prevenir


El 75 % de los eventos adversos en salud en Colombia son prevenibles.
Fotos: archivo Unimedios.
agenciadenoticias.unal.- Aunque el 97 % de los colombianos están asegurados en salud, cerca del 30 % no acceden realmente a los servicios, y eso se traduce en enfermedades prevenibles que castigan con más dureza a las regiones rurales, pobres y marginadas del país. Chocó y Nariño reportan altas tasas de tétanos neonatal y sífilis congénita; en Atlántico se registraron las mayores incidencias de infecciones posparto; y en Putumayo las infecciones del torrente sanguíneo asociadas con el catéter si no se siguen protocolos de higiene adecuados superan por mucho el promedio nacional.

El impacto de estas enfermedades no se distribuye equitativamente: mientras en algunas regiones la atención médica oportuna permite detectar, tratar y prevenir estas enfermedades, en otras los errores del sistema —desde falta de controles prenatales hasta condiciones inseguras en los hospitales— se traducen en fallas que afectan más a quienes habitan territorios históricamente marginados.

Así lo evidencia el estudio “Determinantes de las inequidades en la seguridad en la atención sanitaria del paciente y las personas en Colombia”, realizado por la médica cirujana Kelly Patricia Estrada Orozco, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Una de sus conclusiones más reveladoras es que, según el territorio, el riesgo de adquirir una infección en hospitales o unidades de cuidados intensivos puede ser hasta 180 veces mayor, una brecha que expone la fragilidad del sistema ante condiciones estructurales como la ruralidad, la pobreza, la baja disponibilidad de personal médico o la ausencia de protocolos estandarizados.

La investigación demuestra que los “eventos reportables con efecto no deseado” (EREND) —fallas del sistema de salud que causan daño y deben ser notificadas— no solo ocurren dentro de los hospitales por errores clínicos o humanos, sino también antes del ingreso a los servicios, durante las etapas de prevención y promoción. Estas afectan con mayor frecuencia a poblaciones rurales, marginadas, indígenas y afrodescendientes, en donde las barreras de acceso agravan los riesgos y limitan las oportunidades de atención oportuna.

Eventos prevenibles, desigualdad territorial y barreras invisibles

La región de ocurrencia también influye de forma decisiva. En los últimos 10 años el 60 % de los casos de tétanos neonatal en Colombia se concentraron en Antioquia (zona rural), Chocó y La Guajira, seguidos por Nariño y el Valle del Cauca (también en zonas rurales).

Niños indígenas enfrentan mayores tasas de desnutrición por fallas en
prevención y acceso a salud.
Entre los EREND documentados en el país se incluyen enfermedades completamente prevenibles como la sífilis congénita —tratada fácilmente con antibióticos—, el tétanos neonatal, la desnutrición crónica infantil, el sobrepeso u obesidad en la infancia, la otitis media (una inflamación del oído medio que puede causar dolor, fiebre y pérdida auditiva si no se trata a tiempo), y eventos derivados de esquemas de vacunación incompletos o mal aplicados. También se reportaron enfermedades transmitidas por alimentos en programas escolares.

La investigadora Estrada identificó que la falta de atención oportuna, tanto fuera como dentro de las instituciones de salud, contribuye al empeoramiento de enfermedades de base como el estatus epiléptico, las infecciones urinarias complicadas o la anemia secundaria a hemorragias uterinas no tratadas.

“El concepto tradicional de seguridad del paciente se ha limitado al ámbito hospitalario, pero en Colombia muchas personas ni siquiera alcanzan a llegar a un hospital”, advierte la investigadora. “Los riesgos están condicionados por el lugar donde se nace, el nivel educativo, el tipo de aseguramiento, el estrato socioeconómico o el género”, agrega.

El estudio se desarrolló durante más de 4 años e integró 5 investigaciones articuladas. Se analizaron más de 18.000 documentos —entre literatura indexada y reportes técnicos— y se cruzaron con bases de datos oficiales del periodo 2012-2023, como las del Instituto Nacional de Salud (INS), el DANE, el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro) y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Para dimensionar el impacto humano y social de estas fallas, la investigación incorporó testimonios de personas de distintas regiones del país, los cuales permitieron identificar los factores que impiden el acceso y fragmentan la atención en salud: desde la imposibilidad de comprar medicamentos hasta los efectos de esperar meses por una cita.

Los hallazgos confirman el patrón denominado como “centro-periferia”: a medida que se alejan del centro político y económico del país, aumentan los riesgos de sufrir eventos adversos y disminuyen las capacidades de respuesta del sistema de salud, debido a la falta de infraestructura, la escasez de personal médico, la inseguridad y la pobreza extrema.

Altas tasas de infecciones posparto en Atlántico

Fallas en vacunación explican la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles
en varias zonas del país
En esta región se registraron las tasas más altas de endometritis poscesárea y posparto, infección prevenible con protocolos de atención adecuados. Sin embargo, allí el riesgo es hasta 180 veces mayor que en otros departamentos. Las infecciones asociadas con catéter, con el sitio quirúrgico o con ventilación mecánica también mostraron alta incidencia, con mayor frecuencia en hospitales de baja y mediana complejidad.

Se evidenciaron déficits en cobertura vacunal, especialmente en zonas rurales y con población indígena o afrodescendiente, lo que ha contribuido a la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles, como el tétanos neonatal que se puede evitar mediante vacunación.

En el Pacífico reinan las desigualdades

En Cauca, Nariño y Valle del Cauca se observaron valores altos de las infecciones asociadas con dispositivos. En esta zona los hallazgos evidencian inequidades asociadas con pobreza, ruralidad, conflicto armado y barreras geográficas.

Para el caso de la infección sintomática del tracto urinario asociada con catéter —una afección frecuente cuando bacterias ingresan al sistema urinario a través de un catéter y causan síntomas como dolor al orinar, fiebre o necesidad urgente de orinar—, los valores más elevados se encontraron en Valle del Cauca y Nariño y los más bajos en Chocó.

La inseguridad territorial, la falta de transporte y la baja disponibilidad de personal médico dificultan la atención oportuna. También se documentaron eventos adversos por desnutrición y falta de acceso a programas de promoción de salud, como los de alimentación escolar o lactancia materna.

Región Central, la salud entre zonas urbanas y rurales

La atención médica deficiente o tardía incrementa el riesgo de infecciones
graves en hospitales públicos.
En general Antioquia, Caldas, Cundinamarca (excepto Bogotá), Huila, Quindío, Risaralda y Tolima cuentan con mejores indicadores, anque el estudio muestra una gran disparidad entre zonas urbanas e intermedias frente a zonas rurales dispersas. En el ámbito rural se detectaron dificultades en la entrega de medicamentos, demoras en la atención y barreras económicas para el transporte.

En el caso de la infección del torrente sanguíneo asociada con catéter se encontró que el departamento con más alto riesgo es Caldas. La desnutrición crónica infantil también persiste en varias provincias, al igual que enfermedades transmitidas por alimentos asociadas con fallas en programas de alimentación institucional.

Pobreza y fragmentación del sistema en la Región Oriental

Boyacá, Meta, Norte de Santander y Santander mostraron una variabilidad mucho menor respecto a la tasa de incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas con catéter siendo mayor para Santander, seguido de Norte de Santander y Meta.

Estas infecciones asociadas con dispositivos médicos –como catéteres y ventiladores– fueron comunes en hospitales con baja supervisión técnica. Para el caso de endometritis poscesárea, el departamento que más reportó casos fue Boyacá con una incidencia acumulada de 0,14 %.

Bogotá: mejor infraestructura, pero con brechas sociales

La capital colombiana mostró las tasas más bajas de eventos adversos, gracias a su infraestructura hospitalaria y mayor disponibilidad de personal especializado. Sin embargo, persisten inequidades con las personas del régimen subsidiado, migrantes y quienes viven en zonas periféricas.

Aquí se registraron casos de desnutrición, eventos por falta de vacunación y fallas en programas de promoción de la salud, sobre todo en población infantil en condición de vulnerabilidad.

El lugar de residencia y el nivel socioeconómico determinan el riesgo de sufrir
eventos adversos en salud.
Ausencia de vías y seguridad territorial

En Arauca, Caquetá, Casanare, Putumayo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Vichada se registraron tasas con valores extremos, especialmente en Putumayo, que presentó una tasa de incidencia de 8,4 casos por cada 100.000 habitantes de infección del torrente sanguíneo asociada con catéter.

La ausencia de vías, seguridad territorial y limitados profesionales de la salud hacen casi imposible la implementación efectiva de programas de prevención o control. También identificaron elevadas tasas de abandono de tratamientos, especialmente en enfermedades crónicas, debido a la lejanía entre los usuarios y los puntos de atención.

En las zonas marginadas del país las personas deben decidir entre ir a una cita o salir a trabajar para comer, otras no tienen dinero para transporte. Algunas enfrentan la inseguridad o el control armado en su territorio, y la mayoría debe esperar meses por una cita o un medicamento.

Uribe es sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria

Álvaro Uribe, 12 años de prisión.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una histórica decisión que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en Colombia.

El exgobernante de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años, según un documento del veredicto.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.

Otras investigaciones relacionan al exmandatario con esos escuadrones de ultraderecha, responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

Tras la condena, Uribe demandó al actual mandatario Gustavo Petro por "hostigamiento" y "calumnia", indicaron sus abogados este viernes.

Se ha anunciado por diferente sectores, la posibilidad de impulsar otros procesos judiciales contra Álvaro Uribe por la posible relación con hechos relacionados con la violencia que azotó el país antes y durante su mandato.

Seguridad y confianza...

Entró en vigor el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo

El Gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0858 de 2025 para reorganizar el sistema de salud fortaleciendo la atención primaria, priorizando la prevención de enfermedades y mejorando la prestación de los servicios.

“Adoptar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política en salud para la población habitante en el territorio colombiano”, señala el decreto que en su primer punto e involucra a todos los actores del sistema y estará en cabeza del Ministerio de Salud.

La medida lleva las firmas del presidente Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se expide en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y desarrolla lo ya aprobado.
Su fundamento es la implementación de una política pública prioritaria para garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de calidad y dignidad en todo el territorio nacional, como lo obliga la Constitución, la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015 y la legislación vigente.

El decreto no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS. Establece lineamientos para mejorar la coordinación de todos los actores del sistema y garantizar que la atención se brinde con oportunidad, calidad y continuidad.

La implementación del decreto será progresiva y con enfoque territorial, en especial en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención y, de esa forma, consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria.

La disposición brinda herramientas para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión VII del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema.

La financiación del Modelo se hará con recursos del aseguramiento en Salud que maneja la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Presupuesto General de la Nación.

Puntos clave

Conforma las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) que articularán a prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención.

Los RIITS serán organizados y conformados por las entidades territoriales departamentales y distritales, en coordinación con las Entidades promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), con la participación de los prestadores de Servicios Salud públicos, privados y mixtos, junto con los proveedores de tecnologías en salud que entrarán a operar como o Centros Atención Primaria en Salud (CAPS).

Orienta los recursos disponibles hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reorganización de la red pública hospitalaria, evitando que factores de rentabilidad financiera pongan en riesgo el acceso de la población a los servicios de salud.

Contempla el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, con inversiones en infraestructura y tecnología, y la formalización del talento humano en salud para garantizar condiciones laborales dignas, que permitan una mayor continuidad en la prestación del servicio.

Los mecanismos que permiten la formalización en el sector quedan en cabeza del Ministerio de Salud y las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, los cuales deberán ser adoptados por los prestadores de servicios de salud públicos.

El Ministerio de Salud pondrá en marcha un plan progresivo de fortalecimiento institucional y asistencia técnica dirigida a las entidades territoriales, para garantizar que el modelo preventivo, predictivo y resolutivo pueda implementarse de manera efectiva y equitativa en todo el país.

Fortalece el primer nivel de atención, optimiza el uso de los recursos y prioriza la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, acciones indispensables en medio de la crisis de desfinanciación que atraviesa el sistema, debido a las dificultades que experimenta el modelo de intermediación actual.

Refuerza las capacidades locales para la adopción, ejecución y evaluación del modelo en cada uno de sus pilares, comenzando por aquellas entidades con menor capacidad resolutiva.

Contempla la transferencia de herramientas, la formación del talento humano, el acompañamiento operativo y la definición de criterios de priorización territorial con enfoque diferencial, asegurando que ningún territorio quede rezagado en la puesta en marcha de estas medidas.

El nuevo modelo contemplado en el decreto busca reorganizar los servicios de salud para hacerlos cercanos y resolutivos, especialmente en los territorios más apartados.

Con la adopción de este modelo el Gobierno Nacional avanza en la consolidación de un sistema de salud más preventivo, equitativo y centrado en las necesidades de las personas, familias y comunidades de los territorios.

Ante el Congreso: paquete legislativo para fortalecer seguridad y nuevos beneficios a uniformados

​El paquete de leyes para este periodo legislativo que radicó el sector Defensa cuenta con el apoyo de otros ministerios.
Son cuatro los proyectos de ley presentados a consideración del legislativo, orientados a enfrentar amenazas tecnológicas emergentes, modernizar el marco normativo de la defensa, dignificar la carrera militar y ampliar los beneficios para los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias.

El Gobierno de Gustavo Petro aspira a que las iniciativas sean aprobadas en el Congreso para garantizar la seguridad nacional y el bienestar de la fuerza pública.

​Regulación de drones

El primer articulado define un marco normativo para la regulación de drones y sistemas antidrones, ante el crecimiento del mercado de estas tecnologías y su uso por parte de grupos armados ilegales, que este año ya han ejecutado más de 160 ataques contra la Fuerza Pública.

La iniciativa define competencias entre autoridades civiles y militares para su regulación, crea registros nacionales y modifica el Código Penal para sancionar con mayor severidad el uso de estas aeronaves en actos terroristas.

Ley de Defe​nsa Nacional

El segundo proyecto busca dotar al país de una Ley de Defensa Nacional que articule las capacidades del Estado, el sector privado y la ciudadanía en la protección de la soberanía, los derechos humanos y la gobernanza.

La propuesta incluye la creación del Sistema de Defensa Nacional y del Consejo de Defensa Nacional como instancias permanentes de articulación, planificación y asesoría al Presidente de la República.

​Estatuto pa​ra soldados profesionales

El tercer proyecto propone un nuevo estatuto para soldados profesionales e infantes de marina profesionales con el fin de mejorar sus condiciones de ingreso, carrera, formación y retiro, luego de más de dos décadas sin modificaciones en esos aspectos.

Se contempla una profesionalización más sólida, incentivos durante la formación, nuevas distinciones y ascensos, y mayores beneficios para quienes se retiren tras años de servicio o mueran en cumplimiento del deber.

​Vivie​nda

También se presentó la iniciativa que fortalece a Caja Honor, entidad encargada de facilitar el acceso a vivienda para los miembros de la Fuerza Pública.

En el articulado se plantea que el aumento del aporte del Estado para subsidios y amplia su capacidad para ofrecer productos financieros que mejoren la calidad de vida de los uniformados.

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Importante.

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