Ministerio TIC socializó el plan de conectividad que dejará estructurados y financiados proyectos para los próximos 10 años

El ministro TIC, Mauricio Lizcano, instaló el tercer y último día del 26 Congreso Andesco, 'Servicios públicos TIC y TV con seguridad', que se realiza esta semana en Cartagena, anunciando la estrategia que convertirá a Colombia "en el país más conectado de Latinoamérica": el 'Plan Integrado de Expansión de Conectividad Digital', que tiene una visión a 10 años, y la tarea de potenciar la vida de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, lograr la inclusión y la conectividad para la equidad, además de mejorar el acceso y la información para los menos favorecidos.

Este plan, contempla impactar a 8,3 millones de hogares, beneficiando a 25 millones de personas en el país, con una inversión de $10 billones. "Hoy presentamos el Plan Estratégico de Conectividad para 2033, un Conpes que dejará todos los proyectos de conectividad financiados y estructurados, para que Colombia se convierta en el país más conectado y equitativo digitalmente de la región", señaló el ministro TIC, Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano).

Desde el Ministerio TIC ya se inició la ejecución de este plan con cerca de diez iniciativas, entre ellas los Centros PotencIA, las Escuelas Potencia Digital y las Zonas Comunitarias para la Paz, entre otras. Programas con los que se está impactando a más de 2 millones de personas, con una inversión cercana a los $2,5 billones.

El Plan responde a los grandes retos que presenta Colombia en conectividad de Internet, tanto en oferta de infraestructura de internet fijo y móvil como desde la demanda de los hogares. Superarlos es necesario para hacer del país una potencia digital y un referente en tecnologías emergentes y de Inteligencia Artificial en la región, explicó el jefe de la cartera TIC

Por otro lado, el Ministro anunció que el gobierno de Brasil confirmó la llegada del cable de fibra óptica que permitirá llevar Internet al Amazonas desde Brasil, fruto del acuerdo que hay entre Colombia y este país para conectar el departamento. El cable se conectará desde Tabatinga a Leticia, para resolver el problema de conectividad en "El pulmón de Colombia".

Por último, el ministro TIC dio otra noticia relevante para el avance del país en términos del desarrollo de la Inteligencia Artificial. "Fuimos aceptados como un país miembro de la Alianza Globa de Inteligencia Artificial 'AI Alliance'. Esto nos va a permitir ser parte de las decisiones más importantes del mundo en esta materia", agregó.

Con estos anuncios, el Ministerio TIC sigue generando oportunidades para que cada colombiano pueda aprovechar las tecnologías emergentes y la Inteligencia Artificial, llevando al país a ser una PotencIA Digital.

La Corte reiteró que el derecho a la salud mental es una garantía irrenunciable.

La Sala Segunda de Revisión, tras analizar una tutela presentada en favor de una adolescente de 15 años quien padecía ansiedad, depresión y que, por tal razón, se quitó la vida, concluyó que la EPS y la entidad de medicina prepagada a la que estaba vinculada vulneraron los derechos a la salud y a la vida de la joven, dado que no garantizaron la continuidad en la prestación del servicio que requería.

La madre de la adolescente invocó el amparo toda vez que, pese a contratar una entidad de medicina prepagada para atender la condición de salud de su hija, no recibió los servicios pertinentes porque, a juicio de la aseguradora, no le correspondía asumir dicha asistencia dado que existían cláusulas de exoneración en la póliza suscrita.

Si bien la adolescente estaba siendo atendida en un centro especializado en salud mental que hacía parte de la red de servicios adscrita a la entidad de medicina prepagada, fue trasladada a otro centro médico vinculado a la EPS a la cual estaba afiliada, donde se procedió con su hospitalización. Ante este escenario, su madre invocó el amparo, toda vez que se alteró abruptamente la continuidad de los tratamientos que ya se habían iniciado.

En primera instancia, se negó la protección y en segunda se declaró improcedente la tutela. Durante el trámite de la acción, antes de que llegara a revisión de la Corte Constitucional, la adolescente se quitó la vida. Debido a este fatal acaecimiento, la Sala corroboró la existencia del daño consumado. No obstante, procedió a pronunciarse de fondo y reprochó que tanto la EPS como la entidad de medicina prepagada decidieran no cubrir el tratamiento que ya se había iniciado, ignorando con ello la importancia de la intervención oportuna y continua para la evolución en el diagnóstico y tratamiento de la joven.

Para la Sala está claro que la prestación del servicio de salud en favor de la adolescente no podía quedar sometida a situaciones financieras o contractuales, que terminaran interfiriendo en la continuidad del tratamiento dispuesto por los médicos de la primera institución en la que fue internada.

La Corte reiteró que el derecho a la salud mental es una garantía irrenunciable, que comprende el acceso a asistencias clínicas de manera oportuna, continua y eficaz, sin barreras administrativas o burocráticas por parte de las entidades responsables. En el caso de los niños, niñas y adolescentes esta situación adquiere una connotación reforzada, dado que se está ante sujetos de especial protección constitucional.

En ese entendido, la jurisprudencia ha dicho que las EPS y las entidades que ofrecen planes adicionales de salud deben garantizar un nivel de prestación superior cuando quienes reclaman el servicio se encuentran en dicho grupo poblacional, puesto que cualquier retraso o negación en la prestación de aquel puede afectar de manera irreversible la condición médica de los niños, niñas y adolescentes, y afectar sus procesos relacionales con su entorno.

Asimismo, resaltó que la Corte ha estimado que los pacientes con enfermedades mentales, como los trastornos de ansiedad y depresión, se encuentran en estado de debilidad manifiesta por las características propias de estas patologías. Lo anterior, porque afectan múltiples aspectos de la vida de quienes las padecen, impiden el normal y adecuado desempeño de las actividades cotidianas, como el estudio o el trabajo, e implica un riesgo para la vida pues pueden ser causa de suicidios.

En suma, para la Corte Constitucional, en materia de salud mental las entidades encargadas de garantizar los servicios médicos deben asumir un nivel mayor de responsabilidad con los niños, niñas y adolescentes, para asegurarles la prestación del servicio en términos de prontitud, continuidad, eficacia y eficiencia, sin que resulte aceptable ningún obstáculo de tipo económico o administrativo.

Respecto de los convenios con las entidades de medicina prepagada, la Sala señaló que la celebración y ejecución de los contratos correspondientes deben observar las reglas y principios constitucionales que propenden por salvaguardar el derecho a la salud con un nivel de protección reforzada en el caso de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo anterior, se conminó a la EPS y a la entidad de medicina prepagada a que, en adelante, garanticen la prestación oportuna de los servicios y tecnologías en salud física y mental requeridos por niños, niñas y adolescentes, así como que se abstengan de imponer barreras administrativas que obstaculicen la continuidad de un tratamiento, especialmente en los que se refieren a la salud mental.

Asimismo, les advirtió a los jueces de instancia sobre el deber de valorar integralmente los conflictos constitucionales sometidos a su consideración, especialmente cuando involucren los derechos de niños, niñas y adolescentes con padecimientos relativos a su salud mental.

Sentencia T-178 de 2024

M.P. Juan Carlos Cortés González

Glosario jurídico:

Derecho a la salud mental: La Corte ha reconocido que la salud es un derecho fundamental autónomo, asociado al disfrute de toda una gama de atenciones, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar. Es decir, no solo comprende la salud física, sino la mental, entendida como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana, a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. (Sentencia T-178 de 2024).

Ley 1616 de 2013 o Ley de Salud Mental: Garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental para la población colombiana, mediante la promoción de la salud, la prevención del trastorno mental y la atención integral e integrada en salud mental, de acuerdo con lo establecido por el artículo 49 de la Constitución Política.

Gobierno Nacional pagará esta semana 5,1 billones de pesos por obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, informó que esta semana el Gobierno Nacional pagará 5,1 billones de pesos por obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), del segundo trimestre de 2023.

“La operación se hace de manera coordinada con Ecopetrol y refleja el compromiso de seguir honrado las obligaciones, tal y como se ha hecho desde el primer día de este gobierno, con el fin de proteger la salud financiera de la petrolera", dijo el jefe de la cartera de las finanzas del Estado colombiano en la cuenta de X del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Seguridad y confianza...

Fue aprobada la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo para enfrentar fenómenos por crisis climática. Algunas gobernaciones no han presentado plan.

Por unanimidad fue aprobada la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo para enfrentar fenómenos por crisis climática

El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CNGRD), liderado por el presidente Gustavo Petro, aprobó este lunes y de manera unánime el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, que busca preparar al país para enfrentar los fenómenos generados por la crisis climática.

Así lo dio a conocer el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Alberto Carrillo, quien destacó que el Plan tendrá un costo de 18 billones de pesos.

“El Plan Nacional de Gestión del Riesgo fue aprobado por unanimidad; es una buena noticia para el país, una buena noticia para esta Unidad y para sus trabajadores. De esta manera, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres deja una huella profunda en el futuro de la gestión del riesgo en Colombia", dijo Carrillo.

Agregó que este Plan “es la hoja de ruta con la cual el sistema de gestión del riesgo va a poder trabajar".

La inversión del Plan Nacional de Gestión del Riesgo se estima en 18 billones de pesos y sus fuentes de financiación incluyen tanto recursos propios de los responsables de su ejecución, como fondos específicos nacionales, territoriales y aliados estratégicos internacionales.

Entre los pilares de este importante documento se encuentran el fortalecimiento institucional y operativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), la educación y capacitación, la colaboración público-privada y el financiamiento y ejecución de los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo (FNGRD).

​Llamad​o a entes territoriales

El director de la UNGRD hizo un llamado a los gobernadores del país cuyos departamentos aún no han presentado a la entidad sus planes de prevención frente al fenómeno de La Niña.

“Esos planes se han venido entregando, aún faltan algunos, esperamos tener ajustada y armonizada esa estrategia de respuesta al fenómeno de La Niña. Es preocupante. Los pronósticos del Ideam y el histórico nos deja seriamente preocupados con lo que puede pasar. Estamos hablando de pérdidas enormes de presentarse un fenómeno fuerte por cerca de 20 billones de pesos", advirtió Carrillo.

En mayo, 5.382 IPS recibieron $4.6 billones por giro directo

Durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República, el director de la ADRES, Félix León Martínez Martín, reportó giros directos por $4.6 billones a 5.382 IPS del país en el mes de mayo.

En efecto, ADRES atendió pagos ordenados por EPS por $2.46 billones a 3.088 clínicas y hospitales del régimen subsidiado y $2.13 billones a 2.294 entidades y proveedores de salud del régimen contributivo.

Según el director de ADRES, estos avances en favor de las IPS se dan gracias a la expedición del Decreto 489 del 2024 y a la aprobación del artículo 150 del Plan Nacional de Desarrollo que ordenó ampliar el giro directo.

En desarrollo del debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, Martínez Martín afirmó que con el pago directo “estamos acabando con la incertidumbre, que es el problema mayor de los hospitales del país para poder prestar servicios, para pagar la nómina. Esa garantía de que los recursos llegan regularmente todos los meses, el mismo día está dando tranquilidad a hospitales y clínicas del país”.

En lo que va corrido del año, se han pagado más de $15 billones por giro directo.

El detalle completo de los recursos de las EPS transferidos mediante giro directo a cada IPS del país está dispuesto para todos los interesados, con el fin de garantizar total transparencia en el manejo de los recursos del Sistema. Puede consultarse en el tablero www.adres.gov.co/analitica

Efectivo...

 

En Neiva, la Policía incautó más de 4,5 toneladas de marihuana

En operaciones de vigilancia y control en la vía que de Neiva conduce al municipio de Palermo en el Huila, la Policía Nacional incautó 4,5 toneladas de marihuana, 3 vehículos, entre ellos 1 tractocamión tipo mula, y una motocicleta.

El Coronel Alexander Castillo Marín, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, dijo que en el operativo los uniformados “logran una importante incautación de cerca de 4 toneladas y media de marihuana, la inmovilización de tres vehículos y una motocicleta destinados a la distribución de este alucinógeno”.

El oficial confirmó que la afectación de las finanzas de los grupos ilegales fue del orden de los $8.000 millones, que era lo que se pretendía recaudar con la venta del alucinógeno en las calles.

Aseguró además que se continuarán los controles en las vías del departamento y en Neiva y manifestó que la Policía trabaja para garantizar la seguridad de la ciudadanía en estas fiestas de San Pedro.

UNAL propone hoja de ruta para fortalecer la investigación científica en Colombia

Los centros e institutos de investigación son esenciales en la producción
de conocimiento. Foto: archivo Unimedios.

El proyecto, liderado por el profesor Jesús Alberto Villamil, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, evaluó los centros e institutos públicos enfocados en áreas como salud, defensa, medioambiente, agricultura, cultura y humanidades. El objetivo del estudio es potenciar estas instituciones productoras de conocimiento a través de un diagnóstico detallado, destacando su rol como motores del desarrollo científico y tecnológico del país.

Con un equipo de más de 20 personas, entre ellas profesores, profesionales, estudiantes y pasantes, el trabajo se basó en dos pilares: (i) las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios de 2019, y (ii) la Política Nacional de Ciencia y Tecnología de 2022, los cuales enfatizan en la necesidad de fortalecer los centros e institutos públicos de investigación.

Durante la socialización de los resultados del estudio, la viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad de Minciencias, Ana Lucía Caicedo Laurido, destacó que el proyecto generó siete módulos y un documento final que contiene la propuesta de un plan maestro para implementar acciones concretas.

Más de 20 personas, entre profesores, profesionales, estudiantes
y pasantes, desarrollaron este estudio.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.

“Gracias a este importante esfuerzo hoy celebro la formulación del Plan de Fortalecimiento de Integración a Corto, Mediano y Largo Plazo como insumo para la política pública de interés. Este plan es uno de los primeros ejercicios que se formulan para los centros e institutos, construido de manera conjunta”, afirmó la viceministra.

Por su parte, la profesora Juanita Villaveces Niño, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, resaltó la importancia del estudio: “este proyecto, que durante más de 10 meses se trabajó de manera conjunta con Minciencias, los 23 Centros e Institutos y el CID, es un ejemplo de trabajo interinstitucional en equipo y con una alta dosis de empatía”, indicó.

La metodología del proyecto incluyó visitas, entrevistas y encuestas para evaluar los modelos de gestión, las capacidades en ciencia, tecnología e innovación, y el nivel de transformación digital de los centros: “encontramos que no todos tienen una planeación estratégica de largo plazo, que la mayoría responden a políticas de gobierno de corto plazo, y que muy pocos cuentan con planes robustos de ciencia y tecnología”, explicó el profesor Villamil.

El proyecto fue liderado por el profesor Jesús Alberto Villamil, de la
Facultad de Ciencias Económicas. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

Una de las principales conclusiones de los expertos es la seria restricción presupuestal que enfrentan estas entidades, pues aunque reciben recursos del Presupuesto General de la Nación, constantemente deben buscar financiación adicional a través de cooperación internacional o convocatorias de Minciencias.

El estudio también identificó limitaciones para el trabajo colaborativo entre los centros, debido en parte a barreras jurídicas y de contratación pública. “Para estos 23 centros existen 11 tipos de personería jurídica, lo que complica la articulación y el desarrollo de proyectos conjuntos”, indicó el director del proyecto.

Otra debilidad detectada es la baja capacidad de algunos institutos para transferir y lograr la apropiación social del conocimiento que producen. Esto es particularmente problemático considerando que son entidades públicas que tienen impacto directo en comunidades y territorios.

Al evento de socialización de resultados asistió Ana Lucía Caicedo
Laurido, viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad
de Minciencias. Foto: Nicol Torres, Unimedios.

A diferencia de otros países, en Colombia estos centros no cuentan con la figura del “investigador público”, lo que indica que para la carrera de investigador no existe un reconocimiento formal ni incentivos claros, lo cual los pone en desventaja.

¿Cuál es la ruta a seguir?

Para fortalecer el ecosistema público de ciencia y tecnología en Colombia, el equipo de la UNAL propuso las siguientes recomendaciones:

1. Impulsar la planeación estratégica de largo plazo en ciencia y tecnología en cada centro e instituto.

2. Crear dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología un Consejo Científico especializado para los centros e institutos públicos, para fomentar su articulación.

3. Desarrollar agendas y macroproyectos de investigación articulados por ejes temáticos como salud, defensa, medioambiente, etc.

4. Incrementar sustancialmente el presupuesto de estas entidades para investigación y desarrollo.

5. Establecer la figura del investigador público y una carrera asociada.

6. Fortalecer las capacidades de transferencia tecnológica, apropiación social y gestión de propiedad intelectual.

7. Implementar estrategias de diplomacia científica y cooperación internacional.

8. Simplificar los marcos jurídicos para facilitar la colaboración entre centros.

También se entregaron las certificaciones del Diplomado a los
representantes de cada centro e institución.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.

Como parte del proyecto se realizó el diplomado “Planeación estratégica y gestión de la investigación, desarrollo e innovación para la alta gerencia de los centros e institutos públicos de investigación”, programa que sirvió no solo como espacio de formación, sino que además permitió identificar acciones prioritarias para fortalecer el sector.

“El Diplomado nos ayudó a identificar las fortalezas y necesidades que tenemos como centro, pero también a conocer y aprender de otros institutos”, comentó Ingrid Lorena Herrera, representante del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, entidad con más de 90 años de experiencia en investigación en Colombia.

Se espera que los resultados de este estudio orienten la política pública para fortalecer los centros e institutos de investigación en los próximos años, consolidando el papel de estas entidades en el avance científico y tecnológico del país.