Gringos, Go Home.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al gobierno nacional que; en el término de 48 horas le informe al Senado de la República sobre la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional y suspenda las actividades de la brigada estadounidense.

La decisión se da, al responder una tutela presentada por la bancada alternativa en el Congreso de la República.

Procuraduría abrió investigación contra comandante del ESMAD por la muerte a Dilan Cruz

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el capitán de la Policía Nacional, Manuel Cubillos Rodríguez (2019), por los hechos que originaron la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, durante manifestaciones del 23 de noviembre de 2019 en el centro de Bogotá.

Se investiga el presunto uso excesivo de la fuerza por parte del oficial, en desarrollo de un procedimiento policial.

El caso tiene origen en los hechos ocurridos en inmediaciones de la calle 19, entre carreras 5ª. y 4ª., donde el uso por parte del capitán de una escopeta calibre 12 habría causado una herida al joven Cruz Medina, quien posteriormente falleció en un centro hospitalario.

Tras el cierre de la etapa de indagación preliminar y la apertura de la investigación contra el oficial, la comisión disciplinaria de “Verificación control operaciones policiales a marchas ciudadanas” ordenó visita al Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar o donde curse la investigación penal.

La comisión conformada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Auxiliar Disciplinaria anexará copia de las principales piezas procesales que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, que hayan sido practicadas después del 15 de febrero de 2020.

El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.

Soldados son acusados de violar a otra menor indígena.

DW. - Una joven de 15 años fue presuntamente violada por dos soldados colombianos en septiembre de 2019, en un nuevo caso de violencia sexual de menores que involucra al Ejército.

La joven indígena de 15 años, perteneciente a la etnia Nukak Makú, "habría sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París", que opera en el departamento selvático del Guaviare, según una publicación revelada este lunes (29.06.2020) por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

 Foto simbólica
 de soldado colombiano

La organización que investiga el conflicto armado aseguró que la joven habría sido agredida de forma repetida "especialmente por dos militares" dentro de las instalaciones del batallón, agrega Pares en su página web. Los abusos habrían sucedido entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, cuando pudo escapar del lugar, de acuerdo con el reporte del investigador y subdirector de Pares, Ariel Ávila.

"Al parecer, las autoridades y el Ejército tenían conocimiento del caso cuando ocurrieron los hechos y no tomaron las acciones correspondientes", indicó Ávila en declaraciones a la revista Semana recogidas en el boletín.

En un comunicado, el ejército repudió el hecho y aseguró que inició una investigación disciplinaria "tan pronto" tuvo conocimiento de la denuncia. La indagación, señaló, fue "verificada" por el ministerio público y se está a la espera de los resultados.

"En cuanto a la investigación penal, los hechos son conocidos por la Fiscalía", apuntó, sin precisar el número de militares involucrados ni sus rangos.

El caso se suma al conocido el 25 de junio y que conmocionó a Colombia. Ese día autoridades indígenas denunciaron que una niña de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí, en el oeste colombiano. Siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y fueron recluidos en una guarnición militar a la espera de juicio.

El gobierno y el alto mando militar condenaron el ataque que se dio a conocer precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años. 

Sin embargo, a los uniformados no les aplicará esta norma porque no ha sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas. Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.

Respeto a personas privadas de la libertad.

PGN. - Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.

La USPEC con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria, declarado en el país desde el pasado 17 de marzo.

Asimismo, el falló, que acogió la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios por la pandemia del coronavirus, impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de detención. 

La Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico para que solicite dentro de las actuaciones penales el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020 para evitar la propagación de casos positivos de la covid-19 en estos lugares.

De acuerdo con la sentencia, la alcaldía y la Gobernación del Atlántico deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar pruebas permanentes de la covid-19 y brigadas para el manejo y control del contagio del virus.

Por último, el Tribunal pidió que se garantice la prestación efectiva del servicio de salud para las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom, espacios que tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y epidemias y garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.

Covid-19 hoy en Colombia.

Judicializados funcionarios y contratista de la Alcaldía de Cartago (Valle), por presuntas irregularidades en contratos.

Cartago (Valle del Cauca). - Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento contra cuatro funcionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca) y un contratista, por supuestas irregularidades en 3 contratos, uno de ellos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid -19.

El despacho judicial ordenó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los cuatro servidores públicos: Gloria Syrley Salazar, Secretaria General de Cartago; Gustavo Adolfo Rojas Giraldo, Secretario Jurídico; Johana Andrea Betancourt Ramírez, Jefe Oficina de Planeación Educativa; y Mauricio Andrés Cerezo Osorio, auxiliar administrativo del Municipio, a quienes se les formuló cargos por los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades; interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad Juan Diego Osorio Peláez, contratista representante legal de la Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General, evidenció que los hoy imputados habrían suscrito 3 contratos por 80, 135 y 230 millones de pesos; este último, relacionado con la emergencia sanitaria por el Covid-19, con la empresa Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales, con la que supuestamente tenían vínculo a través de terceros y habrían buscado su favorecimiento.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la orden judicial de captura de las 5 personas y la hicieron efectiva el 23 de junio pasado.

Se dispara el número de menores de edad que cruza la selva del Darién entre Colombia y Panamá

UNICEF/William Urdaneta - Los hermanos angoleños Romeu y Kulutwe y sus familias cruzan el río Tuquesa hacia el Bajo Chiquito, el primer pueblo panameño en la frontera con Colombia.

El Fondo de la ONU para la Infancia anunció que el número de niños migrantes que cruzan el Tapón del Darién, una zona selvática que separa a Colombia de América Central se ha multiplicado por más de siete, hasta llegar a los casi 4000 durante el año pasado por los 522 del 2018.

Alrededor del 50% de los niños migrantes que cruzaron en 2019 eran menores de 6 años y procedían de más de 50 países diferentes, entre ellos India, Somalia, Camerún, la República Democrática del Congo y Bangladesh.

UNICEF informó que los hallazgos se basan en datos de los servicios nacionales de migración.

El organismo de la ONU advirtió además de los graves riesgos a los que se enfrentan los niños migrantes y sus familias durante este peligroso viaje, como la falta de acceso al agua potable, la exposición a peligros naturales, animales peligrosos, robo, abuso y explotación.

"El espectacular aumento del número de niños y niñas migrantes que se movilizan a lo largo del Tapón del Darién indica la urgente necesidad de adoptar medidas para proteger a los menores y garantizar su acceso a servicios esenciales, tales como atención sanitaria, el agua y la higiene", dijo la representante de UNICEF en Panamá, Kyungsun Kim.

"Esto requiere esfuerzos coordinados y reforzados sobre el terreno de los Gobiernos y los organismos humanitarios en respuesta al flujo de niños en tránsito y a sus necesidades", añadió.  

Los migrantes que llegan a Panamá después de cruzar el Tapón del Darién son atendios en la Oficina de Recepción de Migrantes de La Peñita en la provincia del Darién, una de las menos desarrolladas de Panamá.

Posteriormente, las autoridades los envían a la Oficina de Los Planes en la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. La mayoría de ellos continuará su periplo hacia el norte, con la intención de llegar a Estados Unidos o Canadá.

Actividades de asistencia

Mientras están en tránsito en Panamá, UNICEF y sus socios realizan las siguientes actividades:

- Abastecimiento de ayuda humanitaria, exámenes para determinar el nivel de nutrición, pruebas de embarazo y atención sanitaria.

- Instalación de sistemas de agua capaces de almacenar a diario más de 30.000 litros de agua potable por para los migrantes, las comunidades de acogida, las escuelas y las instituciones gubernamentales.

- Apoyo para mejorar las condiciones de saneamiento y las prácticas de higiene.

- Establecimiento de espacios adaptados para los niños migrantes y locales donde puedan jugar y recibir apoyo psicosocial, y en los que las madres puedan descansar y amamantar a sus bebés con seguridad.

UNICEF continuará prestando estos servicios durante todo el año ya que se espera que aumente el número de niños migrantes que cruzan el Tapón del Darién.

Recomendaciones

El Fondo de la ONU insta a los Gobiernos y a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas para ayudar a proteger a todos los niños refugiados y migrantes, y entre otras medidas:

- Afrontar las razones de fondo que expulsan a los niños de sus hogares.

- Garantizar el acceso a la educación, la atención sanitaria y otros servicios esenciales para todos los niños y niñas migrantes.

- Mantener a las familias unidas.

- Poner fin a la detención de los niños migrantes y establecer medidas sustitutivas de cuidado.

- Erradicar la xenofobia y la discriminación.

- Proteger a los niños migrantes de la explotación y la violencia.

El ventilador de Aida Merlano

 Análisis - Pedro Santana Rodríguez.- En marzo del año 2018 fue allanada la sede política de la entonces representante a la Cámara y aspirante al Senado de la República por el partido Conservador, Aida Merlano. La policía que practicó el allanamiento dijo haber encontrado dinero en efectivo, bases de datos y planillas así como un aplicativo que tendría como función el comprobar que efectivamente los votos comprados se depositaran a favor de la candidata. Al mismo tiempo se encontraron unas armas de fuego que desde el comienzo Merlano rechazó que fueran de su propiedad y que señaló como elementos “sembrados” allí para implicarla. En septiembre de 2019 la sala de instrucción de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a 15 años por corrupción al elector, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Esta sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Quince días después Merlano Rebolledo protagonizó una fuga espectacular desde un consultorio odontológico descolgándose por una cuerda y huyendo de la guardia del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, que la custodiaba. El plan de fuga contó con la participación de funcionarios del INPEC que están siendo investigados toda vez que se comprobó que las medidas de seguridad fueron flexibilizadas días antes de la fuga. Según dos recientes comparecencias públicas una ante la Justicia Venezolana que la acusa de entrada ilegal al país y de porte de documentos falsificados y una entrevista a la revista Semana, Merlano ha señalado que la fuga fue organizada por dos de los clanes electorales más poderosos de la región Caribe, el Clan de la familia Char y el clan de la familia Gerlein que dominan desde hace muchos años la política local en el departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla.

Aida Merlano - 

Foto: Youtube

Merlano dice no conocer los detalles del plan de fuga pero señala que quienes organizaron su huida fueron estos clanes que con ello querían que Merlano no los implicara en las investigaciones que la Sala de Instrucción que la condenó ordeno contra 17 personas del entorno político de Merlano. La Corte ordenó investigar a Arturo Char senador electo de la casa Char y a quien Merlano acusa de ser el organizador de su fuga así como al empresario Julio Gerlein, junto a ellos la Corte ordenó investigar a otras 15 personas entre ellos también al representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña Díaz, a la diputada Margarita Ballén y a la excandidata a la Cámara de Representantes que era su fórmula, Lilibeth Llinás de la casa Char y que no fue electa por no alcanzar los votos necesarios para ser electa. La fuga tendría entonces como propósito evitar que Merlano los implicara en estas investigaciones.

Recapturada en el estado de Maracaibo y conducida a Caracas, Merlano desde entonces ha prendido el ventilador. Dice que una vez concretada la fuga sus cómplices prácticamente la retuvieron en contra de su voluntad y que en estas condiciones decidió escapar pues lo que querían era asesinarla. Y aquí comienzan los señalamientos más graves, dice que el presidente Duque estaba al tanto su fuga y que justo cuando escapa el presidente aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que condujera a su captura, también señala que Duque estaba al tanto de la compra de votos para su elección en la segunda vuelta presidencial en junio de 2018 y que con este propósito se habría reunido con los Gerlein y los Char en Barranquilla. Admite que en su campaña se compraron votos como también señala que lo hicieron en la campaña de Cambio Radical y que los verdaderos cerebros de su campaña fueron los Char y los Gerlein que llegaron a un acuerdo para apoyarla a ella como candidata del partido Conservador al senado de la República y a Lilibeth Llinas por el partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes.

Denuncia así mismo la corrupción en la Alcaldía de Barranquilla ocupada hasta el pasado 31 de diciembre por Alex Char. Todos los contratos pagaban un porcentaje para las campañas políticas no solo de los Char sino para las campañas presidenciales y en este contexto dice que Germán Vargas Lleras habría sido el responsable de repartir entre los caciques electorales en el año 2014, 15 mil millones de pesos para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Estos dineros provendrían de los clanes de los Char y los Gerlein y de la corrupta firma brasilera Odebrecht. Sobre esa repartija ya se había referido en noviembre de 2017 el senador del Partido de la U, Armando Benedetti quien además de Vargas Lleras implicó al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. A pesar de esas denuncias nada ha pasado. Obvio porque el Fiscal Martínez no se iba a investigar así mismo ni tampoco a su jefe político Vargas Lleras.

Merlano afirma cosas que el país sabe de sobra. Que detrás de Néstor Humberto Martínez estaba Germán Vargas Lleras. Que una vez decide colaborar con la fiscalía en el proceso que se abre contra los otros implicados, el Clan de los Char y los Gerlein, se enteran y la costriñen para que no declare, sería ese temor el que activa el plan de fuga. Mucho dinero se repartió para ese plan ella dice que cerca de 1700 millones de pesos. Denuncia actos puntuales de corrupción para entregar licitaciones de obras públicas como el aeropuerto de Barranquilla o el contrato de Navelena, intervención para la navegabilidad del rio Magdalena, en el que estarían el grupo de Luis Carlos Sarmiento y Valorcon de Julio Gerlein. En esa trama de corrupción que compromete a Sarmiento Ángulo, al clan de los Char a través de sus negocios y del Clan Gerlein a través de Valorcon. Dice tener pruebas concretas de esa trama de corrupción en la contratación y en la política del Atlántico y de la Costa Caribe. Califica estos clanes como criminales.

Muchas cosas que dice Aida Merlano han sido documentadas por investigaciones académicas desde hace ya muchos años. El modelo político del Atlántico es sencillo y perverso. Durante más de cuarenta años la casa Gerlein hizo elegir a Robeto Gerlein Echeverria como senador de la República por el partido Conservador, su hermano Julio Gerlein era quien manejaba los negocios para lo cual conformó una empresa de construcción que contrataba con el Estado, Valorcon. Las gestiones para la adjudicación de contratos en el orden municipal, departamental y nacional las hacía el senador Roberto Gerlein a favor de Valorcon y a cambio su hermano era quien organizaba la compra de votos que Gerlein en varias entrevistas periodistas reconocía como algo natural en la Costa caribe y en otras regiones del país y de las cuales por decenas de años se benefició.

Con el poder político adquirido penetraron y dominaron y aún lo hacen los aparatos de la justicia y los organismos de control como la fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General, de esta manera garantizaban y garantizan aún la impunidad para sus actos de corrupción. Nada se investiga. Esto llega al colmo bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez militante y dirigente activo de Cambio Radical que es el partido del Clan de los Char. Por eso dice Merlano que más se tardó ella en contactar a la fiscalía para colaborar en las investigaciones en contra de Arturo Char y Julio Gerlein, que ellos en saberlo.

Lo que describe en muchos aspectos es creíble pues ella no solo fue la amante de Julio Gerlein sino que fue una mochilera como se le dice a quienes como activistas reclutan a líderes sociales en los barrios de Barranquilla y de las otras ciudades de la Costa Caribe para la compra de los Votos. Fueron más de 20 años que convivió con los poderes locales y se benefició de ellos. Tiene porque saber su funcionamiento pues estuvo en sus entrañas. Ahora ha decidido hablar pero la suerte de lo que está contando es incierta pues el ordenamiento institucional de la Justicia favorece la impunidad. El reciente nombrado fiscal General, Francisco Barbosa, es un íntimo amigo del presidente Iván Duque que lo ternó, ¿qué interés tendría en investigar la compra de votos, los pagos ilegales y la corrupción que dice Merlano que se presentó en la segunda vuelta presidencial que condujo a la elección de Iván Duque a la presidencia de la República?

Mientras los organismos de control e investigación estén nominados y nombrados por el poder sean los alcaldes y concejos municipales que eligen a los personeros y contralores o el presidente que terna los candidatos a fiscal General que los elige la Corte Suprema de Justicia, poco podremos esperar de la independencia de estos funcionarios y de estos organismos. Es clarísimo que el nombramiento de Néstor Humberto Martínez fue propiciado para encubrir la corrupción de Odebrecht y el entramado de corrupción en el financiamiento de las campañas presidenciales del Uribismo que en el año 2014 presentó como candidato a Oscar Iván Zuluaga. Odebrecht financió al publicista Duda Mendoza quien oriento la campaña publicitaria de Zuluaga y un grupo de empresarios del Valle del Cauca sirvieron de intermediarios para hacer llegar los miles de millones de pesos a la campaña de Santos, eso se sabe, pero nadie investiga. La justicia requiere una profunda reforma para que sea realmente independiente pero esa reforma no será presentada por los personeros del régimen que nos domina.

Tendrá que presentarse una verdadera revolución ciudadana para que los organismos de control e investigación del Estado estén en manos probas y para que los organismos de la Justicia sean realmente independientes. Esas reformas solo podrán hacerse si electoralmente se derrota al régimen.

Bogotá 20 de febrero de 2020.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)

https://www.alainet.org/es/articulo/204856