Greenpeace: “La prohibición del asbesto es una victoria histórica y una muestra del empoderamiento ciudadano”

Tras la sanción presidencial de la ley Ana Cecilia Niño

Luego de la aprobación unánime de la Cámara de Representantes, el Presidente Iván Duque sancionó la ley Ana Cecilia Niño, que prohíbe el uso de asbesto en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero del 2021. 

 La organización ambientalista Greenpeace, que llevó adelante una campaña activa en conjunto al movimiento Colombia sin asbesto desde 2017 celebró la noticia. “Se terminó de hacer historia”, dijo Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia. “Finalmente, Colombia dejó de pertenecer al pequeño grupo de países que no había prohibido el asbesto para pasar a ponerse del lado de la salud de todos los colombianos”, agregó la vocera.

La norma sancionada prohíbe la explotación, producción, comercialización, importación, distribución y exportación de cualquier variedad de este mineral.

Además de destacar la voluntad presidencial y política de un amplio espectro de partidos, Greenpeace destacó el poder ciudadano y la presión pública, fuerzas que lograron que, luego de que el proyecto se hundiera siete veces, finalmente se convierta en ley nacional.

“Este proyecto se hundió siete veces por el lobby de la industria. Hoy podemos decir que el asbesto se prohibió finalmente en Colombia y que buena parte de la explicación tiene que ver con la voluntad, insistencia, compromiso y empoderamiento ciudadano”, dijo Gómez. “También es un homenaje a las víctimas del asbesto y a la lucha incansable y emocionante de familiares como Daniel Pineda, viudo de Ana Cecilia, quien nunca bajó los brazos”.

Fuera de todo protocolo y de manera sorpresiva,
activistas de Greenpeace le pidieron al presidente
Iván Duque que priorice la salud de los colombianos
al desplegar una pancarta con el mensaje
“¡Colombia sin asbesto ya!”.
La actividad, desarrollada de manera pacífica,
se realizó durante un acto en la Plaza San Martín
en Buenos Aires, ciudad donde el mandatario estuvo
en reuniones bilaterales con su par argentino.
- © Pepe Mateos / Greenpeace

Más de 200 mil personas firmaron la petición de Greenpeace y Change.org para que se prohíba el uso del asbesto en todo el territorio colombiano.

 La organización ambientalista ha trabajado junto a la Fundación Ana Cecilia Niño y llevó a cabo diversas acciones públicas para lograr el objetivo, pidiéndole a los senadores y congresistas por la aprobación del proyecto de ley durante dos años. “La prohibición del asbesto finalmente ya es un hecho. Ahora es responsabilidad del gobierno formular una política efectiva de sustitución del asbesto, que esperemos que se efectivice lo antes posible”, finalizó  Gómez. 

Prohibicion del Asbesto - “Las experiencias positivas de casi un centenar de países alrededor del mundo demuestran que la prohibición y el reemplazo del asbesto es posible. Las consecuencias económicas y laborales no justifican el uso de una sustancia tóxica y que daña la salud de los colombianos. La evidencia social y científica está del lado de la prohibición del asbesto”, dijo Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, ha sido responsable de 1744 muertes por cáncer de pulmón entre 2010 y 2014. - © Camilo Rozo / Greenpeace

Así están las carreteras colombianas

Derrumbes que inhabilitan vías importantes, carreteras sin pavimentar y proyectos inconclusos o fallidos. ¿Realmente es todo culpa de la geografía y el clima?

Fernando Guerra Rincón*

Un país desconectado

Durante los últimos meses, como en todos los inviernos, el país presenció la fragilidad de la red vial: derrumbes, muertos y cierre de vías estratégicas. La carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio, por ejemplo, muchos días cerrada y los costos son inmensos para la economía y la población.

Teniendo en cuenta de lo que es capaz la ingeniería actual, la excusa de la juventud de nuestra geología como causa primera de los desastres en las vías nacionales es cada vez menos convincente.

En realidad, lo que causa las calamidades en Colombia no es la geología, no es tampoco el clima. Es:

- El mal uso del suelo;

- La ingeniería deficiente de los proyectos;

- La corrupción en las corporaciones ambientales, alcaldías y gobernaciones;

- La improvisación en los proyectos de infraestructura; y

- La minería con la consecuente deforestación.

Por sugerencia del Banco Mundial, en los años setenta-ochenta del siglo XX, la dirigencia colombiana decidió acabar con los ferrocarriles después de tantos esfuerzos humanos, técnicos y financieros para construirlos en medio de nuestra difícil geografía. Para reemplazar ese vital medio de transporte, debieron construir buenas carreteras. Pero no lo hicieron.

El resultado es que inmensos territorios están desconectados de los principales mercados, perpetuando su abandono, su atraso y las complicadas condiciones de vida de sus gentes. Las carreteras que existen están en pésimas condiciones y además son insuficientes. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, nos hacen falta 45.000 kilómetros de vías adicionales.

Inclusive en comparación con otros países del mismo nivel de desarrollo, la brecha en dotación y calidad de carreteras es del 52 por ciento. La densidad vial de Colombia, es decir, el número de kilómetros por millón de habitantes es de solo 530, mientras que en México es de 1.188 y en Brasil de 1.066 kilómetros.

El estado de las principales vías nacionales

Nuestra actual red vial tiene 206.700 kilómetros. Toda ella es vulnerable a factores climáticos y cuenta con poca inversión gubernamental. Además, las conexiones entre ciudades y hacia el interior de los departamentos son precarias. En algunos, los más lejanos, las conexiones son nulas o iguales a las que existían en el siglo XIX.

Todas estas características indeseables se acentúan dramáticamente en los 142.284 kilómetros de las llamadas vías terciarias: el 94 por ciento está sin pavimento y el 84 por ciento se encuentra en regular o pésimo estado.

La poca planeación de las carreteras las hace vulnerables a los cambios climáticos. Foto: Alcaldía de Caquezá

 Los programas para la adecuación de esas vías terciarias son precarios, y eso que son piedra angular del programa de sustitución de cultivos. Para este año se proyecta mejorar 400 kilómetros y hacerle mantenimiento a 15.000, pero no se contempla ni un solo kilómetro nuevo de vía terciaria.

Las vías principales tampoco son motivo de orgullo. Los dos mercados más importantes, Bogotá y Medellín, no están unidos por una carretera fiable y en el tramo entre Puerto Triunfo y Remedios, en la mal llamada autopista Medellín-Bogotá, sus habitantes siembran árboles en los huecos de la vía en señal de protesta por su mal estado.

La excusa de la juventud de nuestra geología como causa primera de los desastres es cada vez menos convincente.

El Túnel de la Línea, paso con el que se ha intentado franquear la Cordillera Central, ha visto pasar 29 presidentes, 18 ministros de Obras Públicas y ocho documentos CONPES, desde el 3084 del año 2000 al 3845 del 2015. A partir del año 2000 se han gastado más de 2,2 billones de pesos para una obra que fue adjudicada por 649.000 millones. Y lo que falta, pues aún no se termina.

El corredor Buga-Buenaventura, una vía de solo 118 kilómetros hasta el puerto, lleva 13 años en construcción y aún no tiene fecha de terminación. Esto, a pesar de que diariamente la transitan 2.000 tractomulas y de que es la vía que conecta al país con el Asia-Pacífico, el área más dinámica de la economía mundial.

Actualmente la Buga-Buenaventura está obstruida por un deslizamiento de la banca en el kilómetro 89 del tramo Loboguerrero-Lago Calima, y es posible que se inutilice la otra calzada. Ese tramo está construido sobre una falla geológica que viene desde El Carmen y termina en Calima. Por tanto, todo lo que se ha hecho está en riesgo. A estas alturas se dice que debió construirse sobre el otro lado del río. Aún faltan 34 kilómetros, sin contar los 10 kilómetros de la entrada a la zona portuaria.

De Medellín hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta la situación es la misma. La vieja carretera bordea la montaña, como hace casi un siglo. Los derrumbes impiden el paso cada que cae una gota de lluvia. En la carretera Medellín-Quibdó, que se está construyendo hace 180 años y es una de las más peligrosas del país, ha habido más de cien muertos en los últimos seis años.

La carretera al Llano

La carretera al Llano es el súmmum del desastre de nuestras vías. Sobre una carretera vital para la conectividad del país cayeron en los últimos días más de 120.000 metros cúbicos de tierra que se desprendieron de la montaña y bloquearon la vía. La población de Guayabetal ahora duerme sobre una amenaza latente y las pérdidas para la economía nacional se estiman en 50.000 millones diarios. No parece haber un fin para esta crisis.

Mapas de amenaza por deslizamientos, útiles para los POT

Agencia de Noticias UN- A partir de esta herramienta se observó que la parte alta de la cuenca de la quebrada El Rosario, en Manizales, tiene una amenaza media y alta debido a su pendiente, mientras que en la parte baja predomina la amenaza baja. 

Agencia de Noticias UN-
 Los movimientos en masa predominantes corresponden
a deslizamientos y procesos erosivos.
Fotos: archivo particular

En la cuenca de la quebrada se asientan barrios,
corregimientos y edificios, además de una amplia
zona industrial de relevancia económica para la ciudad.

El investigador Francisco Salas, magíster en Ingeniería – Geotécnica de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), comenta que la mayoría de los materiales presentes en esta cuenca son de origen sedimentario del Nevado del Ruiz.

Mientras la categoría de “amenaza” corresponde al 70 % del área acumulada de todos los movimientos en masa para cada amenaza por deslizamientos, la “amenaza media” va hasta el 25 % y la “baja” es menor del 5 %.

Los análisis de susceptibilidad arrojaron que las variables uso de suelo, pendiente, clasificación agrológica de suelos, aspecto y geología son las que definen en gran medida la vulnerabilidad del terreno para la cuenca.

La aplicación móvil permite recopilar y almacenar información
de un deslizamiento de manera óptima y precisa.

“Los movimientos en masa predominantes corresponden a deslizamientos y procesos erosivos. El inventario de deslizamientos definido a partir de la metodología propuesta para la cuenca de estudio cuenta con 142 registros de procesos de remoción en masa”, comenta el investigador.

La importancia de esta cuenca radica en que en ella se proyecta la vía principal de acceso a Manizales con el occidente; además allí se asientan barrios, corregimientos, edificios y una amplia zona industrial de relevancia económica para la ciudad.

La quebrada El Rosario, en Manizales,
tiene una amenaza media y alta debido a su pendiente.

La metodología para elaborar mapas de amenaza por procesos de remoción en masa promueve el uso de herramientas de acceso libre con las que se pueden adelantar análisis adecuados y a bajos costos, en especial los aspectos de recolección de información y geoprocesamiento mediante sistemas de información geográfica (SIG), que “permiten delimitar de manera precisa las laderas individuales del terreno, acotando las áreas de análisis”, explica el investigador.

Además de la metodología se desarrolló la aplicación móvil LandSlide Collector V0 para recopilar y almacenar información de deslizamientos en campo. La herramienta es óptima y precisa para el levantamiento y la caracterización de movimientos en masa en campo y se puede emplear en el ordenamiento del territorio a partir de políticas de gestión del riesgo en las que se requiere determinar la vulnerabilidad y la amenaza.

La herramienta se puede utilizar en el ordenamiento
del territorio a partir de políticas de gestión del riesgo.

“Esta metodología permite definir adecuadamente tanto el inventario de procesos de remoción en masa –como base para los análisis a escala 1:25.000– como las laderas a partir de sus características. La herramienta sirve en la actualización de los planes de ordenamiento territorial municipales (POT) para las zonas rurales y para los planes de ordenamiento y manejo de cuenca hidrográfica (Pomca)”, concluye el magíster.

DOC:CO PRESENTA: TORMENTERO

Hace muchos años, Romero Kantún, hoy un pescador retirado, descubrió un yacimiento petrolero cerca de su isla, que le causó el rechazo de sus amigos y vecinos quienes perdieron su trabajo como pescadores.

 Ahora, sumido en la nostalgia y atormentado por su pasado, él siente que es tiempo de recuperar el amor y el honor que le fueron arrebatados décadas atrás, cuando el destino lo hizo descubrir aquella gran mancha de aceite.

 

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La vía al Llano es la mina de oro de Sarmiento Angulo

Las pérdidas que ha dejado el cierre de la vía al Llano contrastan con las ganancias que la carretera le ha dejado a Sarmiento.

Libardo Espitia*

 ¿Una mina para Sarmiento?

Desde que se cerró la vía al Llano por los continuos deslizamientos de tierra, cada día se pierden aproximadamente 18 mil millones de pesos. En total, las pérdidas ya superan el billón y medio de pesos.

Desde 1994, la obra ha estado a cargo de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes), una sociedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. A pesar de los constantes problemas en la vía, en 2015 el Gobierno Nacional suscribió un nuevo contrato de concesión con un objeto distinto con la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), también del grupo de Sarmiento.

Las pérdidas por el cierre de la vía contrastan con las cuantiosas sumas con las que se ha quedado el concesionario durante la ejecución de los contratos. ¿Por qué la organización de Sarmiento ha ganado tanto, mientras que los colombianos pierden cada día?

El contrato con Coviandes

Luis Carlos Sarmiento, dueño de Coviandes
Foto: Histórico de la Presidencia de la República

En 1993, durante el gobierno de César Gaviria, el Conpes 2654 autorizó la construcción de la vía Bogotá-Villavicencio.

 Entonces, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) abrió la licitación pública 066-93 con el objetivo de seleccionar al concesionario que realizara (1) los estudios y diseños definitivos; (2) las obras de rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del sector Bogotá-Cáqueza-km 55+000 y (3) el mantenimiento y operación del sector km 55+000-Villavicencio.

La licitación fue declarada desierta y por tanto el Estado quedó autorizado por la ley para seleccionar al concesionario por contratación directa, es decir, sin realizar una convocatoria pública.

¿Por qué la organización de Sarmiento ha ganado tanto, mientras que los colombianos pierden cada día?

El 2 de agosto de 1994, el INVIAS seleccionó a Coviandes y celebró con él el contrato de concesión 444 de 1994, por un plazo de 16 años y un costo total de más de 79 mil millones de pesos.

En el contrato se pactó que a cambio de la construcción de la vía, el concesionario recaudaría los ingresos de las siguientes estaciones de peaje:

• El Antojo
• Sector El Antojo-Cáqueza
• Sector Cáqueza-Villavicencio

El corredor vial tiene una longitud de 86 km y fue dividido en tres tramos como se ve en la siguiente imagen.

 Sin embargo, el contrato tuvo problemas desde el comienzo. Cuando se firmó el contrato, el concesionario no contaba con los diseños definitivos. Esa deficiente planeación provocó prórrogas, adiciones y modificaciones que alteraron el objeto, plazo y valor del contrato, lo que violó los principios de economía y responsabilidad del Estatuto de Contratación Pública.

En total, fueron 53 acuerdos modificatorios, que además no contaron con sus respectivos estudios de conveniencia que sustentaran por qué eran la mejor opción para el interés general. Esas modificaciones en los valores y los plazos afectaron el equilibrio económico del contrato en perjuicio de la Nación.

Prórrogas, adiciones y modificaciones

En 2008, el Gobierno Nacional de entonces expidió los documentos Conpes 3535 y 3563, mediante los cuales emitió un concepto previo favorable para la prórroga o adición de los contratos de concesión vial y férrea.

En dichos documentos se autorizó la ejecución de obras en el corredor vial Bogotá-Villavicencio. El alcance de dichas obras fue la “estabilización de puntos críticos y atención de emergencias” para 2009, 2010 y 2011 por 22.950 millones de pesos.

El gremio camionero ha sido uno de los más
afectados con el cierre de la vía al Llano.
Foto: Ministerio de Agricultura

 Según los cálculos financieros del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) -hoy, Agencia Nacional de Infraestructura-, la adición no afectaría el plazo del contrato de concesión, y los montos previstos cubrirían las obras en su totalidad.

Sin embargo, los cálculos del INCO fallaron y la necesidad de nuevas obras exigió adicionar y prorrogar el contrato de concesión. El Conpes 3612 de 2009 —modificado por el 3633 de 2009— emitió concepto favorable para hacerlo.

Duque también tiene su parte en cifras récord de coca y cocaína

 DW-María Santacecilia.- En 2017, Colombia alcanzó cifras récord en hectáreas de cultivo de coca y producción de cocaína. ¿Qué factores propiciaron ese incremento? ¿Tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz?   

 Son cifras que ya se hicieron públicas en 2018 y que este miércoles (26.06.2019) presentó en Viena la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su Informe Mundial sobre las Drogas. Tanto el cultivo como la producción coca alcanzaron niveles récord en Colombia en 2017.
 Los cultivos aumentaron desde las 46.000 hasta las 171.000 hectáreas durante el período comprendido entre 2013 y 2017 y la producción de cocaína ascendió a las 1.976 toneladas, lo que representa un 25 por ciento más que en 2016.
 "Los factores del aumento vienen dándose en Colombia desde 2013 y 2014”, dice a DW Isabel Pereira, asesora política sobre drogas en el Centro de Estudios De Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
 La experta menciona, por un lado, factores económicos, como la devaluación del peso colombiano frente al aumento del valor del dólar, lo que hace más rentable las transacciones con productos de exportación. Además, la bajada a nivel global del precio del oro forzó a la gente que dejó coca por este metal a volver a su cultivo. "También hay una demanda de cocaína permanente por parte de Estados Unidos y Europa, que nunca ha cesado”, apunta la experta.  

Isabel Pereira.

El peso de las expectativas

Pero hay otros factores que explican el aumento récord de los cultivos y que tienen que ver con las expectativas generadas a raíz del Acuerdo de Paz. "Los lugares donde se cultiva coca en Colombia tienen unas condiciones de pobreza rural y desconexión con el Estado muy graves”, continúa Isabel Pereira.
 Eso implica que no hay servicios de salud, no hay acceso a educación, no hay carreteras que comuniquen con centros donde se pueda comerciar con productos agrícolas. Durante décadas, estas comunidades reclamaron una presencia efectiva del Estado.
 Con los acuerdos de paz, vieron una posibilidad de que la ansiada atención estatal se hiciera finalmente realidad, ya que, desde 2015, se supo que el capítulo de drogas en el Acuerdo de Paz comprendía no solo los subsidios sino una asistencia técnica en esas zonas priorizadas y la implementación de proyectos productivos que permitieran la transición a cultivos legales y alternativas económicas viables.

"Más allá de los subsidios, la expectativa era la de poder ser beneficiario de esa atención integral”, dice Pereira.
 "Gente que ya había arrancado sus matas ante la posibilidad de tener la atención del Estado en una zona profundamente pobre descubrió que plantar podía ser un camino para ser priorizado por el Estado”, agrega la experta, aunque considera que este no es uno de los factores de mayor peso en el aumento del cultivo.

La paz y las drogas: "El Gobierno de Duque debilita la construcción de la paz"

Para Pereira, se ha producido "una combinación desafortunada” de factores. "Ni el Gobierno de Santos dejó la financiación ni la capacidad técnica suficiente para la implementación del programa de sustitución, ni el Gobierno de Duque le ha dado la continuidad que le debía dar. 
En el último año del Gobierno de Santos se debió haber avanzado más rápido en el cumplimiento de las promesas del Acuerdo de Paz. Pero el avance fue muy lento y muy desigual.

 Esta situación se ha intensificado con el nuevo Gobierno porque no hay un compromiso claro en el mantenimiento de la capacidad del programa y hay muchos cambios en cuanto a cuál va a ser la entidad encargada de este tema y de dónde van a salir los fondos para él”, dice la experta.
 A ello debemos sumarle la entrada de otros grupos ilegales armados, interesados en tomar el control que antes tenían las FARC sobre el negocio, porque la demanda sigue presente. "Estos grupos presionan a los campesinos, a veces de manera violenta, para que sigan cultivando coca”, asegura Pereira.

¿Echará marcha atrás Duque en la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz sobre el programa de cultivos ilícitos? "En la práctica lo está haciendo, sentencia la experta. Un incumplimiento o una negligencia es echar para atrás los avances alcanzados.
 "Si las personas que se acogieron al programa de sustitución erradicaron sus matas de coca y ahora se quedaron sin absolutamente nada, eso lo que hace es exponerlos a ciclos de violencia y de sometimiento a la ilegalidad. Yo creo que el Gobierno de Duque, por medio del incumplimiento, debilita el Acuerdo y la construcción de paz”.

(jov)

Una nueva educación para una nueva ciencia

El modo de producir conocimiento científico ha cambiado. Por eso hay que cambiar la forma de educarnos y de orientar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. 

 

David Vásquez Muriel**

La importancia de la regulación

Hace poco fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022, Un pacto por Colombia, un pacto por la equidad.

Entre otras muchas cosas, este documento establece las bases para la política pública de ciencia, educación, tecnología e innovación de los próximos 25 años y delinea los principios del futuro Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (CT+i).

Aunque a veces se crea que el asunto es secundario, la regulación de la ciencia y la tecnología es de vital importancia porque define el papel del conocimiento dentro de una sociedad y reduce los riesgos que ciertos tipos de investigación o aplicación del saber pueden representar para los ciudadanos.

La violencia generalizada, el asesinato de líderes sociales, la informalidad laboral o la desigualdad social son algunos de los problemas que agobian a la sociedad colombiana. Por difíciles que sean o parezcan, la experiencia de la humanidad ha confirmado que la producción de conocimiento científico y tecnológico es la mejor manera de confrontar estas y otras dificultades.

Pero no se trata de cualquier tipo de conocimiento, sino de aquel que responde al contexto donde se produce, que involucra diversos actores y que intenta satisfacer el bien común.

Ciencia: de la confianza a la participación. 

«La ciencia es el motor del progreso», repetíamos como credo en el siglo XX, pues el desarrollo de los computadores, la píldora anticonceptiva, los primeros trasplantes de órganos, el radar o el descubrimiento sobre la estructura de doble hélice del ADN nos hicieron sentir que así era. Creíamos que, si el Estado financiaba las ciencias básicas y les garantizaba autonomía, se produciría conocimiento que indefectiblemente redundaría en bienestar social.

El informe “Ciencia: la frontera sin fin” que Vannevar Bush, el entonces director de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo de Estados Unidos, le presentó al presidente Franklin Roosevelt en 1945 ejemplifica esa confianza ciega en las ciencias básicas, pues aseveraba que “el progreso científico […] es el resultado del juego libre de intelectos libres, que trabajan en temas escogidos por ellos, en la manera que su curiosidad les dicte que deben explorar lo desconocido».

Sin embargo, en la década de los sesentas, en medio del movimiento contracultural, esa confianza se vería perturbada por accidentes nucleares, envenenamientos farmacéuticos y hallazgos sobre los efectos adversos de los pesticidas.

La regulación de la ciencia y la tecnología es de vital importancia porque define el papel del conocimiento dentro de una sociedad. 

En ese momento entendimos que el progreso científico podía traer repercusiones negativas para la humanidad y, por eso, era necesario regularlo. Desde entonces, nos ha acompañado lo que se conoce como el síndrome de Frankenstein, esto es, el temor de que la ciencia se voltee contra nosotros y nos diga, como la criatura imaginada por Mary Shelley, “tú eres mi creador, pero yo soy tu señor”.

Este cambio en la manera de relacionarnos con la ciencia ha sido objeto de estudio de la academia. En su libro Las fronteras de la ilusión, Daniel Sarewitz, profesor de Ciencia y Sociedad de la Universidad de Arizona y codirector del Consortium for Science, Policy, and Outcomes, expone cinco mitos que muchos Estados han reproducido en sus políticas científicas sin examinar sus fundamentos teóricos ni empíricos. Estos son:

·       Mito del beneficio infinito: la ciencia y tecnología conducirán indefectiblemente a lograr beneficios sociales;

·       Mito de la investigación sin trabas: cualquier línea razonable de investigación sobre procesos naturales produce beneficio social en igual medida;

·       Mito de la rendición de cuentas: las responsabilidades morales e intelectuales de los científicos se limitan a garantizar el arbitraje entre pares, la reproducibilidad de los resultados y otros controles de calidad de la investigación científica;

·       Mito de la autoridad: la investigación científica proporciona una base objetiva para resolver disputas políticas;

·       Mito de la frontera sin fin: el conocimiento producido por la ciencia es independiente de sus consecuencias para la naturaleza y para la sociedad.

¿Cómo regular la ciencia?

En el afán de combatir esos mitos y regular el conocimiento científico y tecnológico, han surgido iniciativas estatales como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, el Comité de Tecnología en Dinamarca, el Center for Working Life en Suecia y las “tiendas de ciencia” en los Países Bajos. A ellas se les suman los organismos de ciencia y tecnología encargados de orientar las políticas públicas en esta materia, como lo hace Colciencias en Colombia.