La necesidad de la reforma en salud.

Solicitud de desmonte de EPS Sura responde a fallas estructurales del sistema de salud y ratifica la necesidad de una reforma integral

Presidencia de la República - Comunicado a la opinión pública

Ante la solicitud de desmonte progresivo de la EPS Sura, anunciada este martes, el Gobierno Nacional se permite informar a usuarios, pacientes, cuidadores, hospitales y clínicas y a toda la ciudadanía que:

1. Los usuarios actuales de la EPS Sura en toda Colombia pueden tener un parte de tranquilidad. Mientras se surta el proceso administrativo de solicitud de desmonte progresivo, todos los pacientes continuarán recibiendo los mismos servicios en las mismas instituciones donde los han recibido hasta ahora. No tendrán que cambiar de médico, solicitar nuevas citas de especialista o de operaciones pendientes, ni solicitar nuevas autorizaciones para los servicios previamente aprobados.

2. No es cierto que el Gobierno Nacional esté destruyendo el sistema de salud. La crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años, y no a situaciones coyunturales recientes. El sistema de salud requiere una transformación inmediata que asegure una atención digna y de calidad para todos los colombianos, sin distinción alguna.

3. No es cierto que el Gobierno no haya garantizado los giros de recursos a la EPS Sura, ni a ninguna otra EPS. El Gobierno Nacional ha asegurado cada obligación financiera a las EPS. A Sura le giró, entre el 1° de enero y el 30 de abril, más de $3,5 billones.

4. La solicitud de desmonte progresivo que ha elevado la EPS Sura a la Superintendencia Nacional de Salud requiere un estudio previo, un análisis de su viabilidad y puede ser aprobada o negada, siempre buscando proteger la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

5. La situación de la EPS Sura, al igual que la de otras entidades que han tenido que cesar operaciones, demuestra la urgencia de establecer un nuevo sistema de atención en salud en Colombia, con el paciente como eje central.

6. Desde 2023 el Gobierno Nacional se ha reunido con las EPS para explorar soluciones que permitan atender la crisis del sistema de salud e, incluso, se ha ajustado el articulado de la reforma de manera concertada.

7. De ser aprobada la Reforma a la Salud, las EPS podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida para contribuir a mejorar la prestación de los servicios de salud, acercarse más a los colombianos, incluso en​ los territorios más alejados, y ofrecer servicios de atención oportunos y eficientes, donde el Estado sea quien asuma el riesgo financiero. La EPS Sura le había expresado al Gobierno Nacional que está de acuerdo con dicha transformación.

8. El Gobierno Nacional seguirá trabajando de manera coordinada y planificada para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de todos los colombianos.

Derecho a la Salud. La Corte ordena cumplir con el transporte, alojamiento y alimentación

Corte Constitucional reiteró la jurisprudencia sobre la relación del derecho a la salud con el suministro de los servicios de transporte, alojamiento y alimentación

 La Sala Sexta de Revisión estudió siete acciones de tutela en contra de distintas EPS y autoridades. Su análisis se concentró, inicialmente, en el derecho a la salud y sus componentes de accesibilidad física y económica, ya que a los accionantes no se les suministraron los siguientes servicios: transporte intermunicipal, transporte urbano, alimentación y hospedaje; transporte, alimentación y hospedaje de un acompañante, y la exoneración de copagos. De otro lado, se estudió la presunta vulneración de los derechos a la educación y la salud en relación con los estudiantes cuyos padres solicitaron la asignación de un acompañante sombra.

La Sala consideró que en cuatro de los siete casos las EPS vulneraron el derecho a la salud al no haber suministrado el servicio de transporte intermunicipal. Lo anterior, debido a que los usuarios del sistema tienen citas o tratamientos que fueron ordenados por la EPS en un municipio distinto al de su residencia. Por lo tanto, la obligación a cargo de la EPS surge cuando esta determina el lugar en el que se prestará el servicio.

La Corte aclaró que, de acuerdo con la jurisprudencia, el servicio de transporte aéreo es, en algunos casos, procedente para garantizar el acceso a los servicios de la salud. En virtud de las condiciones particulares de los pacientes, así como la distancia que deban recorrer a la IPS determinada por la EPS, puede resultar desproporcionado que estos se vean obligados a emprender el viaje de manera terrestre.

Respecto de los casos restantes, la Corte consideró que no se vulneró el derecho a la salud, toda vez que no hubo una autorización de la EPS que remitiera a los solicitantes a un lugar diferente al de su residencia para atender las citas médicas otorgadas. No obstante, la Sala estimó necesario amparar el derecho en su faceta de diagnóstico, debido a que no solo se conduce a cumplir con el objetivo de establecer la patología que padecen, sino que obliga a iniciar el tratamiento con prontitud.

Respecto de la vulneración de los derechos a la salud y a la educación de los estudiantes que requieren de un acompañante sombra, en uno de los casos, la Corte consideró que, aunque el colegio procuró adaptarse a las necesidades de los estudiantes por medio del docente de apoyo pedagógico, lo cierto es que incurrió en un yerro en cuanto al manejo dado para determinar la necesidad de adoptar el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) para el accionante.

La Sala de Revisión reiteró la jurisprudencia constitucional en relación con el acompañante sombra curricular personalizado como un servicio educativo y un ajuste razonable que se puede ordenar de manera excepcional, siempre y cuando sea contemplado en el PIAR o en un concepto técnico y, en su adopción, se integre a los docentes de aula, al padre acompañante y al niño, y se tengan en cuenta las valoraciones y recomendaciones médicas.

Sentencia T-159 de 2024

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:

Derecho fundamental a la salud: se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución y señala: “[l]a atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” (Sentencia T-159 de 2024).

Gastos de transporte, alojamiento y alimentación para el paciente y un acompañante: de acuerdo con el literal c del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, “los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información”.

Conforme a dicha cláusula y si bien los servicios de transporte, alojamiento y alimentación no constituyen, en estricto sentido, servicios de salud, sí pueden llegar a ser indispensables para garantizar la accesibilidad física y económica a los servicios de salud, razón por la que el Estado debe asegurar su financiación o suministro en determinadas circunstancias relacionadas con la oferta de los servicios de salud y/o con las condiciones particulares de los usuarios (Sentencia T-159 de 2024).

Con 12 medallas, Colombia cerró del Campeonato Panamericano de Karate Senior Uruguay 2024

Foto: Federación Colombiana de Karate

Anyi Montes, Sara Cardona, Leidy Castaño y María José Duque consiguieron la medalla de oro en la modalidad de kata equipos durante el último día del Campeonato Panamericano de Karate que se disputó de 23 al 26 de mayo en Punta del Este Uruguay, destacando que Colombia cerró el certamen con 12 medallas (2 oros, 4 platas y 6 bronces).

El equipo femenino de kata inició su participación, en el grupo 1, derrotando al equipo de Estados Unidos con un apretado resultado 37.70 – 37.60, posteriormente cerró el pool con una victoria frente al equipo de Perú con un 37.80 – 37.50. De esta forma, las colombianas llegaron a la final donde superaron ampliamente (39.40 – 37.60) a Brasil; obteniendo la presea de oro de la modalidad.

Por su parte, Samuel Giraldo, Alejandro Ramírez y Danny Díaz, integrantes del equipo colombiano de kata masculino, vencieron a República Dominicana en su primera presentación en el grupo 2, posteriormente, superaron a Perú y avanzaron a la final. El equipo brasileño derrotó a los nuestros luego de un ajustado resultado final de 41.60 a 41.40.

Asimismo, el bronce de la jornada, disputada el pasado domingo 26 de mayo, llegó gracias al equipo kumite masculino conformado por: Juan Forero, Rubén Henao, Diego Lenis, Guillermo Ramírez, Juan Landazuri, Juan Fernández y Carlos Sinisterra.

En el primer combate del grupo 3, el equipo colombiano venció 3 – 2 a República Dominicana, posteriormente, superaron a Perú con un contundente 3 – 0, consiguiendo el paso al cuadro final. En dicha instancia, el seleccionado brasileño derrotó a Colombia por un justo 3 – 2, por tal motivo, los nuestros disputaron y ganaron (3 – 2) el bronce frente a Chile.

A su vez, los tres equipos colombianos(kata femenino, kata masculino y kumite masculino) clasificaron al WKF Team World Championships que se disputará en Pamplona, España.

Finalmente, el otro oro de nuestro país en el Campeonato Panamericano de Karate lo obtuvo Juan Camilo Fernández tras derrotar 8 – 5 al también colombiano Juan Forero en la categoría de kumite masculina de –60 kilogramos que se disputó el pasado viernes 24 de mayo.

Durante abril, la ADRES giró $7,26 billones a las EPS

 En abril de 2024, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) giró un total de $7,26 billones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en Colombia, para garantizar el servicio en los regímenes contributivo y subsidiado en el país.

Según se indicó, del total de recursos que giró la ADRES en abril, $3,8 billones fueron para pagos directos a hospitales, clínicas y otros proveedores de servicios de salud.

Para el régimen subsidiado se giraron $3,35 billones, de los cuales $2,37 billones se pagaron directamente a 2.966 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de servicios de salud y $980 mil millones a las EPS.

En cuanto al régimen contributivo se giraron $3,78 billones, con $1.57 billones dirigidos directamente a 2.267 IPS y proveedores de servicios y $2,19 billones a las EPS.

La ADRES giró además $149,6 mil millones a las EPS para cubrir incapacidades por enfermedad general y destinó $48,4 mil millones para actividades de promoción y prevención de enfermedades, y $96,1 mil millones para cubrir 14.607 licencias de maternidad, 6.423 de paternidad y 268 fallos de acción de tutela reportados por las EPS

Aumento sostenido en el reconocimiento de recursos

Entre enero y abril de 2024, la ADRES ha reconocido un total de $28,08 billones para asegurar la salud de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), mostrando un incremento del 12,72% en el régimen contributivo y un 14,67% en el régimen subsidiado en comparación con el mismo período del año anterior. Además, se observa un aumento del 39,37% por licencias de maternidad y paternidad.

Seguridad y confianza...

 

Suspensión preventiva de 23 Centros de Enseñanza Automovilística por presuntamente reportar información fraudulenta.

SuperTransporte ordena la suspensión preventiva de 23 Centros de Enseñanza Automovilística por presuntamente reportar en el RUNT información de clases dictadas por instructores fallecidos.

La Superintendencia de Transporte se encuentra adelantando 152 investigaciones en contra de Centros de Enseñanza Automovilística -CEA habilitados en el país, entes que cumplen una importante función de tránsito de conformidad con la Ley 769 de 2002. Así mismo, desde finales de 2022 se han proferido 110 resoluciones sancionatorias, por incumplimientos de diferentes obligaciones a su cargo, previstas las normas vigentes aplicables a su actividad.

Ante las numerosas quejas que recibe la Superintendencia de Transporte sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de estos organismos de apoyo al tránsito, la Entidad ha venido implementando una estrategia que busca verificar el cumplimiento de las normas sobre la prestación del servicio de capacitación de conducción; (i) tanto de mantenimiento de los requisitos iniciales de obligatorio cumplimiento para la obtener la habilitación y/o registro en el RUNT, como del (ii) cumplimiento de los requisitos de operación, especialmente la observancia estricta de sus deberes a la hora de validar rigurosamente la identidad de los aspirantes al momento de dictar las clases, y (iii) el reporte de información veraz en el RUNT.

Este ejercicio ha evidenciado inconsistencias en los reportes de 23 CEA en el RUNT, al detectar que presuntamente habrían cargado información de clases impartidas por instructores que para la fecha ya habían fallecido. Por tales circunstancias se iniciaron investigaciones administrativas ordenando como medida preventiva la suspensión de su registro ante el RUNT.

Para la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, “la responsabilidad de la seguridad vial en nuestro país es de todos, pero la función que cumplen los Centros de Enseñanza Automovilística es fundamental para proteger la vida, pues tienen en sus manos la capacitación y certificación de los conductores que se movilizan y que van a movilizarnos por las vías. Cuando existe ilegalidad en su actividad se pone en riesgo la integridad de las personas y por eso debemos ejercer de manera rigurosa nuestras funciones de inspección, vigilancia y control sobre estos organismos de apoyo al tránsito. Con el proceso de transformación digital en el que se encuentra inmerso la Superintendencia, buscamos fortalecer la transparencia en los procesos a cargo de estos entes”.

Es importante destacar que la Superintendencia, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, continuará procesando y analizando información que los CEA han reportado en el pasado a los registros y sistemas de información dispuestos para ello, especialmente al RUNT, con el objetivo de determinar la veracidad y coherencia de la data que estos han cargado y están cargando en el registro público. Conforme esta Autoridad detecte inconsistencias en los reportes, ordenará e iniciará las actuaciones administrativas a que haya lugar.

Los resultados del proceso de verificación de datos e información de dicha estrategia generan preocupación, dada la responsabilidad que tienen los CEA al ser los únicos entes autorizados por la ley para certificar que un aspirante a obtener una licencia de conducción cuenta con aptitudes y conocimientos para realizar la actividad de riesgo de conducir vehículos.

La estrategia que la Superintendencia de Transporte está impulsando, a raíz de los hallazgos evidenciados, viene de la mano con la campaña denominada #EnseñaConLegalidad, mediante la cual busca recordar a los Centros de Enseñanza Automovilística, los deberes que deben observar a la hora de cumplir su función, y a su vez, informar a los usuarios (los aspirantes a obtener una licencia de conducción) sus derechos y deberes y especialmente la obligación que les asiste de tomar el curso en su totalidad (teórico y práctico) y no prestarse para la violación de las normas existentes, advirtiendo que dicha conducta los expone a investigaciones y sanciones administrativas y penales.