No es cierto que existan deudas del gobierno con ninguna EPS.

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no pueden dejar de atender a ningún paciente con la excusa de que no hay recursos, porque no es cierto que existan deudas del gobierno con ninguna.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha garantizado recursos para el financiamiento del sistema de salud en todo el país, ratificó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes y se pagan a tiempo”, dijo.

Por lo tanto, si a un colombiano le niegan el derecho fundamental a la salud, “lo invito a que radique su queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, porque desde el Gobierno del Cambio seguimos financiando la atención en salud de todos los colombianos”, puntualizó.

El cálculo para el incremento del 16,23% del Pago por Capitación (UPC) de 2023 se obtuvo con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación, subrayó el ministro.

“Nunca antes, dijo, un gobierno destinó tantos recursos para la salud. Los dineros que se giran a las EPS no son de las EPS; son dineros públicos, aportados por todas y todos los colombianos a través de sus impuestos y las cotizaciones que pagan las personas del régimen contributivo”.

Se escucha decir que mueren los niños en La Guajira estando afiliados al sistema de salud y que un niño menor de un año tiene una UPC de 4 millones de pesos, dinero que se le gira a la EPS para que lo cuide durante un año.

“¿En dónde se están quedando esos 4 millones de pesos si se mueren los niños? ¿Qué se está haciendo con ese dinero con el cual estamos todos contribuyendo?”, cuestionó el titular de la cartera de Salud.

Presup​​uesto histórico

​El Presupuesto General de la Nación asignado para el sector salud en la presente vigencia se incrementó en un 25% comparado con el año anterior, pasando de 40,3 billones a 50,59 billones de pesos, informó el Ministerio de Salud.

Hasta julio del presente año, el gobierno nacional, a través de la Administradora de Recursos del Sistema (ADRES), ha pagado, cada mes, de manera anticipada, lo correspondiente a la UPC, con lo cual las EPS deben garantizar la atención de sus afiliados, así como los recursos para los denominados presupuestos máximos, por un valor de 46,5 billones de pesos para asegurar la prestación de servicios de salud a los colombianos.

Durante el 2023 se han entregado 2,3 billones de pesos adicionales para financiar la prestación de servicios y entrega de medicamentos que no se respaldan con la UPC, en lo que se denomina presupuestos máximos y 1,4 billones para el pago de incapacidades y licencias.

Félix Martínez, director de la ADRES, explicó que entre enero y julio de 2023 se les ha girado a las EPS 46,5 billones de pesos, de los cuales el 98% fueron pagados mes anticipado y tan solo el 2% correspondió a pagos como los ajustes de presupuestos máximos y algunos recobros, que requieren procesos administrativos y de la debida verificación de las cuentas por pagar.

“No hay evidencia para afirmar que los cálculos de la UPC, realizados para el 2023 con base en la información de las EPS, resulten insuficientes ocho meses después”, subrayó el director de la Adres.

Con tecnología y apoyo de empresas de vigilancia, gobierno fortalece la seguridad ciudadana.

El gobierno nacional hará una importante inversión en tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana en las grandes ciudades del país, en un trabajo conjunto de la Fuerza Pública con las empresas de vigilancia privadas.

La próxima semana ​se realizará una reunión entre el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y empresas de seguridad privada, para analizar una estrategia encaminada a mejorar la seguridad urbana, para lo cual se realizará una inversión en tecnología del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Hay todo un plan para responder a las demandas ciudadanas y especialmente a las amenazas de la delincuencia urbana y rural”, dijo.

La noticia se conoció al término de la reunión del Consejo de Paz y Seguridad Ciudadana, este martes en la Casa de Nariño, liderada por el presidente Gustavo Petro y que contó con la participación de los ministros de Interior y Defensa, el director de la Policía y los altos mandos de las Fuerzas Militares.

El ministro Velasco reveló que en la actualidad se adelantan operaciones ofensivas de la Fuerza Pública “que buscan desarticular estructuras financieras de grupos insurgentes y de bandas criminales (bacrim)”.

“Cuando hay este tipo de ofensivas fuertes, la reacción que ocurre generalmente es tratar de distraer a las fuerzas golpeando por fuera de las zonas en donde están siendo atacadas estas estructuras”.

“¿Cuál es la lógica nuestra? Si nosotros logramos controlar y golpear las estructuras financieras de la insurgencia y de las bandas criminales será mucho más fácil el sometimiento a la justicia y hacer una negociación con ellos. Y en esta lógica, ellos estás reaccionando”, dijo el titular de la cartera del Interior.

“Tenemos que prepararnos, como evidentemente la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada lo están haciendo para evitar el contragolpe de estos grupos delincuenciales”.

En todo el país se está cumpliendo la orden del presidente de la República de retirar a los policías bachilleres de las cabeceras donde hay mayor riesgo y conflicto y de “llevar, estrictamente, profesionales de la Policía para que protejan a la c​iudadanía y eviten ser golpeados”, puntualizó el ministro Velasco.

Nunca se había registrado aumento en recursos para la salud como en este gobierno

El Presidente Gustavo Petro ratificó su compromiso de llevar atención oportuna y adecuada a las poblaciones más vulnerables en los territorios dispersos de Colombia, en desarrollo del Consejo de Salud realizado hoy en la Casa de Nariño.

El mandatario, reunido con el ministro de salud y protección social, el superintendente de salud, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), el director del Instituto Nacional de Salud (INS), trazó unos derroteros para el sector.

“El presidente Petro sigue marcando el derrotero de la salud en beneficio, fundamentalmente, de todos los colombianos sin ningún distingo, pero muy especial de los que hoy desafortunadamente no tienen la atención oportuna y adecuada que se merecen dentro del sistema”, dijo el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Entre los derroteros trazados por el mandatario se destaca el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud (INS).

El presidente está comprometido con recuperar el Instituto Nacional de Salud​ para darle la importancia que tuvo hace dos décadas. Esto implica, indicó el ministro, que el INS vuelva a producir vacunas y se convierta en un referente internacional.

Para el presidente Petro –agregó el ministro de salud- también es fundamental que el país avance en materia de calidad en salud pública.

“Tenemos muchos mecanismos de leyes, decretos y sentencias para trabajar en el proceso de –primero- hacer viables muchos sectores del país en los temas de salud pública, especialmente todo lo que es atención primaria. Y, por otro lado, que cada una de las entidades cumpla con sus compromisos: el Invima tiene su trabajo específico; la Superintendencia de Salud, con todo el trabajo que viene haciendo de controlar y hacer vigilancia, inspección y control. Y, por otra parte, el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) pagando anticipadamente como lo ha venido haciendo de forma religiosa”, manifestó.

Gobierno aumentó 25% el ​presupuesto de salud

En el Consejo de Salud se resaltó que el Gobierno del Cambio aumentó en 25% el presupuesto del sector para el 2023 y lo propio hizo con la Unidad de pago por capitación (UPC).

Este Gobierno aumentó en el 25% los recursos de salud este año, y también aumentó la UPC, en un 16,23%; nunca antes se había registrado un aumento tan importante, cinco veces por encima del costo de vida, sostuvo el ministro. “El Gobierno ha cumplido a cabalidad con sus compromisos”.

El ministro de salud, el médico Guillermo Alfonso Jaramillo, subrayó: “El presidente Petro goza de buena salud, el sector goza de buena salud; aquí no hay ninguna crisis ni nada por el estilo”.

Grupo Aval y Corficolombiana estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado.

En un mes tendría Colombia las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país, estimó Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

“Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, aseguró la funcionaria que recordó su pedido al canciller Álvaro Leyva de pedir dichas pruebas.

“Si la Superintendencia de Sociedades aplica un procedimiento sancionatorio esto llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado”, explicó la directora.

“Colombia tiene una legislación muy importante para el seguimiento de este tipo de decisiones proferidas en el exterior. Y es una función de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por disposición del Decreto 1358 de 2020, solicitar la inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a terminar los contratos de esas empresas con el Estado por corrupción”, agregó.

La justicia estadounidense, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) multó a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana tras el reconocimiento en ese país de dichos grupos de haber pagado sobornos en Colombia, para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II.

“En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, enfatizó Zamora.

Zamora recordó que, en caso de ser sancionadas, estas compañías estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado. “Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”.

La Directora de la entidad que protege a Colombia en materia jurídica también reiteró que la legislación interna permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales por la justicia del país.

“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.

La directora Zamora explicó que los casos de conglomerado económico Aval y Corficolombiana, su despacho tramita la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond, por acciones que afectaron los recursos del Estado colombiano.

Por instrucción del presidente Gustavo Petro, del pasado 15 de agosto, la Cancillería utiliza todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de EE.UU. y de Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”, según dijo, entonces, el Mandatario.

El Jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, “reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.

Siendo congresista, el hoy Presidente de la República, realizó sendos debates por el caso Odebrecht y, desde entonces, instó a las autoridades judiciales del país a incorporar los resultados obtenidos en tribunales estadounidenses contra estas compañías por este emblemático caso de corrupción.

Tanto Corficolombiana como Grupo Aval fueron acusadas y sancionadas en Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La SEC determinó que Corficolombiana, a través de su expresidente (José Elías Melo) y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato en la Ruta del Sol II.

En Colombia, el entonces Superintendnete de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, imputó cargos a Corficolombiana y a Grupo Aval por soborno, tráfico de influencias y acceso a información indebida, en septiembre de 2018.

En diciembre de 2016, Odebrecht - hasta entonces una firma de infraestructura en toda la región, firmó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el que confesó los sobornos.

Boletín preparado con información del Informativo Colombia Hoy Radio, emisión agosto 22 de 2023.

Empaques a base de almidón de yuca, versátiles y biodegradables

agenciadenoticias.unal.- El grupo de investigación en Procesos Químicos y Bioquímicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), que busca soluciones sostenibles y con menor impacto ambiental, identificó en la yuca una materia prima versátil y fácil de procesar en diversas formas, por lo que se puede aprovechar como componente principal en la elaboración de empaques que reduzcan el uso de plásticos y materiales no biodegradables.

Almidón de yuca. Archivo

También conocida como mandioca o casava, la yuca es el quinto cultivo agrícola más importante del país, después de la caña panelera, el plátano, la papa y el arroz.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), en el segundo semestre de 2020 se comercializaron en el mercado mayorista nacional unas 81.307 toneladas de yuca, lo que representa alrededor del 3 % del volumen anual estimado para este cultivo.

Así se obtuvo

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Profesor Néstor Ariel Algecira Enciso, del Departamento

de Ingeniería Química y Ambiental de la UNAL.

Foto- Nicol Torres, Unimedios.

Para elaborar las películas biodegradables, los profesores Néstor Ariel Algecira Enciso y Jairo Ernesto Perilla, del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la UNAL, diseñaron un método de experimentación que les permitió modificar un almidón natural proporcionado por dos fábricas nacionales.

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En el proceso se gelatiniza el almidón al mezclarlo con

agua y se calienta para formar una consistencia viscosa.

Foto- Nicol Torres, Unimedios.

El proceso se hizo mediante reacciones químicas y enzimáticas, y se incorporaron plastificantes naturales para mejorar la flexibilidad y resistencia de las películas resultantes.

El primer paso fue gelatinizar el almidón; para lograrlo, se mezcla con agua y se calienta para formar una mezcla viscosa. La gelatinización implica la ruptura de las estructuras del almidón y la absorción de agua, lo que resulta en una mezcla viscosa y homogénea.

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En el proceso la mezcla se somete a diferentes

temperaturas para obtener la consistencia ideal.

Foto- Nicol Torres, Unimedios.

“La temperatura y el tiempo de gelatinización son factores esenciales que influyen en las propiedades finales de las películas”, explica el profesor Algecira, coordinador de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería.

Luego, para mejorar la flexibilidad y resistencia de las películas, a la mezcla de almidón gelatinizado se le incorporan plastificantes naturales como glicerol o sorbitol, que ayudan a reducir la rigidez de las películas y permiten que se adapten a diferentes formas y tamaños.

Esterificación, ¿cómo funciona?

La esterificación es uno de los aspectos innovadores de la metodología aplicada en el estudio. En esta etapa se introduce un ácido orgánico –como el cítrico o el málico– para promover la “esterificación”, una reacción química que implica el entrecruzamiento de cadenas de almidón, lo que aumenta la resistencia y la estabilidad de las películas resultantes.

Después de este proceso, la mezcla de almidón gelatinizado, plastificantes y ácidos se pone en moldes a altas temperaturas y luego se seca a 40 °C para eliminar el exceso de agua y promover la formación de una película sólida que une a cada uno de los componentes.

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La película se degrada un 80 % en apenas un mes.

Foto- Nicol Torres, Unimedios.

Cuando las películas están completamente secas se someten a una serie de pruebas y análisis para evaluar sus propiedades físicas, mecánicas y de biodegradación que incluyen resistencia a la tracción, flexibilidad, solubilidad, permeabilidad y capacidad de biodegradación en condiciones controladas.

“En las pruebas que hicimos con muchas muestras, identificamos que, en las proporciones adecuadas de cada insumo, la película aumenta su hidrofobicidad, modifica la permeabilidad al vapor de agua, son flexibles y más resistentes, y en las pruebas de biodegradación vimos que en un mes el material se degradaba un 80 %, lo cual nos indica que tiene un buen desempeño”, explica el profesor Algecira.

AgenciaUNAL-160823.

Muestras de las películas de hidrolizados de almidón de yuca.

Foto- Néstor Ariel Algecira Enciso, profesor del Departamento

de Ingeniería Química y Ambiental de la UNAL.

Este innovador desarrollo representa un paso importante hacia la sustentabilidad en la industria alimentaria, pues el uso de materias primas como el almidón de yuca para crear estas películas no solo reduce la dependencia de materiales plásticos no biodegradables, sino que también impulsa la economía local al fomentar el uso de recursos naturales disponibles en el país.

ONU demanda que la Fiscalía General investigue amenazas contra la vida del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, exhortó a la comunidad internacional y a las instancias nacionales a reforzar el acompañamiento de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Urgimos a la Fiscalía General de la Nación hacer una investigación inmediata, exhaustiva”, de las amenazas de muerte contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y de sus funcionarios Daniel Augusto Jorge El Saieh e Israel Adalberto Franco y sus familias.

Mediante una declaración a través de su cuenta en Twitter, expresó su apoyo a las acciones de “limpieza de la corrupción en la institución y de mejorar los servicios para proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos de este país”.

Luego de reunirse con el director y los asesores jurídico y disciplinario de la UNP, quienes han sido objeto de las amenazas, la representante de la ONU condenó este hecho y pidió a la comunidad internacional reforzar las medidas de acompañamiento a la UNP.

“Deploramos absolutamente estas amenazas de muerte y las condenamos. Queremos llamar a la comunidad internacional a reforzar todas las medidas de acompañamiento que tenemos con la UNP Colombia”.

 Augusto Rodríguez.
Director de la Unidad Nacional de Protección

Las amenazas de muerte fueron denunciadas por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien reveló que las mismas llegaron a su correo institucional mencionando a su hija, a los funcionarios de la entidad Daniel Augusto Jorge El Saieh e Israel Adalberto Franco, quienes adelantan investigaciones penales y disciplinarias por “hechos de corrupción al interior y en el entorno protectivo y de contratación de la entidad”.

El director de la UNP elevó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y convocó a los miembros de la entidad a cerrar filas contra los violentos y los delincuentes.

El pasado 7 de marzo el director fue víctima de un atentado cuando regresaba a su residencia en las horas de la noche.