Contraloría logró resarcimiento de $90.782 millones por colapso del puente Chirajara

La Contraloría General de la República logró que Coviandes resarciera en su totalidad el daño patrimonial al Estado, por valor de 90.782 millones de pesos, ocasionado por el colapso del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, el 15 de enero de 2018.

El resarcimiento se hizo en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

La caída no permitió que tanto el puente como las obras aledañas a esta infraestructura pudieran entrar a servir a la comunidad, quedando así inconcluso el uso de las obras derivadas del Contrato de Concesión y, como consecuencia de ello, se dio apertura el 26 de marzo de 2021 a un proceso de Responsabilidad Fiscal.

La Contraloría ordenó cesar esta acción fiscal, tras el resarcimiento del daño patrimonial.

La obra se está ejecutando de forma satisfactoria.

En virtud del colapso de esta infraestructura vial, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Sociedad Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes S.A.S., suscribieron un contrato de transacción el 27 de noviembre de 2018, mediante el cual el Concesionario se obligó a pagar una suma de dinero a título de compensación equivalente a la suma de 8.558 millones de pesos, e igualmente a cancelar el valor de 120 millones de pesos por concepto de Asesorías Legales con respecto al contrato de transacción, y por último a construir un nuevo puente, por su cuenta y riesgo y con recursos privados del mismo Concesionario.

Las dos primeras obligaciones antes referidas, se cumplieron a cabalidad por parte del Concesionario; y la tercera obligación relativa a la construcción del nuevo puente, se viene desarrollando de la siguiente manera:

La obra se está ejecutando de manera satisfactoria, con una inversión desde el inicio de la misma y hasta el 30 de mayo de 2022 equivalente a 49.856 millones de pesos, y con un avance del proyecto igual al 47,77%, quedando pendiente por ejecutar un avance de obra en porcentaje igual a 52,23%, de tal manera, que para efectos de garantizar la inversión de los recursos faltantes para culminar la obra, el Concesionario constituyó un Fideicomiso con Corficolombiana, por valor de 32.247 millones de pesos, suma de dinero que está asegurada para efectos de fondear la finalización del proyecto Nuevo Puente Chirajara.

Terminación anticipada del proceso

Por lo anterior, al encontrar la Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que el hecho que se viene investigando, ha sido superado y resarcido en su totalidad, profirió el 2 de agosto de 2022 un Auto de Cesación de la Acción Fiscal derivada del Resarcimiento del Daño Patrimonial, de tal manera, que este proceso termina de manera anticipada, garantizando que los recursos por invertir dentro del proyecto Nuevo Puente Chirajara, se encuentran depositados en un Fideicomiso con destinación especifica.

Es así como se tiene previsto que, como fecha máxima, el 4 de febrero de 2024 el nuevo puente Chirajara será entregado al país, para uso y disfrute por parte de la comunidad que recorra el anillo vial denominado Doble Calzada Carretera Bogotá - Villavicencio.

Desvinculación de terceros civilmente responsables

Se ordenó igualmente desvincular como terceros civilmente responsables a las compañías de seguros Seguros Alfa y Liberty Seguros.

Reforma tributaria del Gobierno Nacional aspira recaudar $ 25 billones adicionales en 2023 y aumentar a $ 50 billones con normas antievasión y eliminación de exenciones

Ministerio de Hacienda.- La financiación de los programas sociales del Gobierno es el objetivo central del proyecto de reforma tributaria, que fue radicado este lunes ante el Congreso de la República, y con el que se aspira a recaudar $ 25 billones, en 2023, y aumentar a $ 50 billones, en forma gradual, con la eliminación de exenciones y con medidas contra la evasión.

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó en rueda de prensa, el articulado de la iniciativa, denominada “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”.


“El Estado colombiano tiene una deuda social histórica. Los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes. El hambre se ha convertido en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos. No hay justicia social cuando esto ocurre, y menos cuando simultáneamente existen privilegios, gabelas tributarias injustificadas y mecanismos que facilitan la evasión y la elusión de las obligaciones fiscales”, dice la exposición de motivos del proyecto.


Las propuestas centrales de la iniciativa de ley se centran en limitar los beneficios tributarios a personas naturales con más de $ 10 millones de ingresos mensuales, que representan tan solo el 2 % de la población colombiana.

En cuanto a los llamados profesionales independientes que ganan más de los $ 10 millones mensuales, el Ministro Ocampo afirmó que otro de los objetivos de la propuesta y del Gobierno es fortalecer los sistemas informáticos de la DIAN “para poder detectar a más personas y frenar la evasión”.

“Lo que se busca es que estos independientes declaren sus rentas como cualquier asalariado. Los asalariados no tenemos forma de evadir nuestra renta. Hay historias de muchos médicos que no facturan; ahora deberán”, declaró.

Reiteró que se aplicarán mayores controles a la evasión y elusión de impuestos y su aplicación en forma gradual son las que permitirán aumentar el recaudo de $ 25 a $ 50 billones.

“Esta reforma reduce parte de la deuda histórica del Estado con la población colombiana, al incrementar progresivamente la tarifa efectiva de tributación de las personas de mayores ingresos. Lo anterior se da como resultado de la unificación de las rentas líquidas gravables en una única tarifa y la disminución de los topes nominales de rentas exentas y deducciones”, indica el articulado.

Impuestos a bebidas azucaradas y medidas para minero-energéticos

El Ministro Ocampo explicó que otros de los apartes centrales del proyecto de reforma tributaria son los de la salud y el medio ambiente.

Por eso, se impondrá impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que en sus etiquetas adviertan sobre riesgos para la salud.

“La base gravable del impuesto correspondería al contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (ml), mientras que la tarifa se define a partir de tres categorías asociadas a la cantidad de azúcar incorporada en cada una de las bebidas. Esta diferenciación tarifaria contribuye a promover la reducción del consumo de los productos con mayor contenido de azúcar, al tiempo que incentiva a la oferta a reformular el contenido de azúcar que tienen los bienes producidos”, reseña el articulado.

En cuanto a los alimentos ultraprocesados y con azúcares añadidos, “el impuesto corresponderá a un tributo con una tarifa del 10 % sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica o en planta para su distribución, y posterior venta”.

En el campo ambiental, se impondrá un impuesto a los plásticos de un solo uso, como complemento de otras normas regulatorias, de acuerdo con la tendencia internacional al respecto, y se amplía la base al impuesto al carbono.

“Este será de 0,00005 UVT (Unidad de Valor Tributario) por cada (1) gramo del envase a los plásticos de un solo uso, el cual grava la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez”, dice el texto del articulado.

También, habrá tributo para las plataformas digitales. “Pasado cierto nivel de ventas se considera que están establecidas en el país, y que paguen impuesto de renta como las empresas que están en Colombia”, afirmó.

Explicó que un bloque de reformas importantes se propone para algunos sectores mineros, especialmente para petróleo, carbón y oro, que se exportan y que reciben beneficios por “altísimos precios internacionales”.

“Proponemos impuesto a la exportación de esos productos; hay un precio base, que permite la producción estable de ese producto, y al diferencial entre el precio de mercado y ese precio base, se le quita el 10 % para financiar el gasto social”, agregó.

El monto propuesto será del 4,6 % del valor de las exportaciones petroleras; 7,6 %, para el carbón; y 7,8 % para el oro. Esta iniciativa es una tendencia internacional y recordó que Reino Unido acaba de imponer un 25 % adicional de impuesto a las empresas petroleras que están aprovechando la bonanza actual de precios mundiales.

Regalías y Zonas Francas

Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo
Foto:PresidenciaColombia.
El Ministro Ocampo detalló que el proyecto de reforma tributaria también establecerá que las regalías no son deducibles ni descontables como gasto del impuesto de renta. “Las regalías son, si se quiere, cuando el Estado le da recursos a una empresa; el recurso es del Estado, es de la Nación; estas empresas compran un recurso del Estado, por tanto, no es un costo de producción, es la compra de un activo que es del Estado”, aclaró.

Otra medida planteada es el plazo de un año para que las Zonas Francas presenten un plan de internacionalización, con la meta de exportar del 40 %, inicial, al 70 %.

“Las Zonas Francas son para exportar; los beneficios tributarios son para que exporten, no para que vendan en el mercado interno. (La idea) tiene mucha resistencia en ese sector, pero no; el objetivo de las Zonas Francas es exportar; así que exporten”, recalcó.

El Ministro agregó que el impacto social con esta reforma es realmente significativo. “Podremos reducir la pobreza extrema en cerca de 5 puntos porcentuales a través de gastos sociales con estos recursos a recoger, y los coeficientes GINI se reducen significativamente, por cuanto los sectores pudientes pagan más impuestos y esos recursos van a los sectores de bajos recursos. Este indicador mundial de desigualdad pasaría de 0,54 a 0,49, por primera vez en Colombia.

Complementó que los tres días sin IVA se eliminarán y confirmó que la regla fiscal se va a cumplir. “Es un compromiso del Gobierno y de quien les habla como Ministro de Hacienda”, concluyó.
(Fin/cfac)

La espada en la investidura de Petro: ¿buen inicio o error simbólico?

Gustavo Petro ha iniciado su mandato como presidente de Colombia con un poderoso acto simbólico, ordenando traer la espada de Bolívar a su ceremonia de investidura. ¿Qué revela esto sobre su manera de hacer política?

La espada de Bolívar durante el acto de investidura.

DW.- Nunca antes se había interrumpido un acto de investidura por orden del propio recién nombrado presidente. Gustavo Petro hizo historia el domingo (07.08.2022) cuando, durante su toma de posesión, detuvo la ceremonia y ordenó traer a la Plaza de Bolívar la espada del mismo Libertador.
"Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario", dijo Petro.
El nuevo presidente se opuso así a una de las últimas órdenes de su predecesor, Iván Duque, quien había rehusado ceder la espada de Bolívar para la ceremonia alegando motivos de seguridad.

Para Pedro Viveros, analista político y columnista en El Espectador, es justamente esta decisión de interrumpir el acto para hacer traer la espada la que ha generado un simbolismo alrededor del arma, convirtiéndola en una metáfora de las divergencias políticas entre el actual y el anterior mandatario. "Si Duque le hubiese prestado la espada y esta hubiese estado allí durante todo el acto, no hubiese causado tanta polémica", dice Viveros.

Al mantener su discurso presidencial junto a la espada de Bolívar, Petro quiso transmitir un mensaje muy claro, comenta Viveros: "Que es un revolucionario que ha llegado al poder por la vía democrática, pero que sigue representando los ideales por los que comenzó su lucha, entre otras cosas, el pensamiento bolivariano."

Dos militares custodian la espada de Bolívar, mientras Gustavo Petro, ya presidente de Colombia, toma la palabra.

Símbolo del pasado guerrillero de Petro

No es la primera vez que los caminos de Gustavo Petro y la espada de Bolívar se cruzan. La guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), de la que el actual presidente formó parte, se dio a conocer en enero de 1974 a través del robo del arma, que sustrajo de la Quinta de Bolívar, una casa museo en el centro de Bogotá. El M-19 la devolvió años después, en 1991, tras firmar un acuerdo de paz con el Estado colombiano, pero la espada se volvió un mito y, sin duda, un símbolo de la lucha guerrillera y luego política de Gustavo Petro.

Aunque no solo representa el pasado personal del jefe del Estado colombiano. También es símbolo "de diferentes luchas históricas”, dice el historiador Sebastián Vargas Álvarez, de la Universidad del Rosario. Su presencia en este acto "trae estas demandas del pasado al presente y simboliza cómo su Gobierno se compromete con luchas de justicia social y de justicia ambiental inconclusas”.

"Juego de poder político"

Desde la visión de la psicología política, el profesor de la Universidad Técnica de Pereira Álvaro Díaz Gómez sugiere que la intervención de Petro ayuda a implementar una nueva cultura política, invitando a ciudadanos a convertirse en sujetos políticos, creando una identidad a través de rituales. "Es un símbolo que ayuda a crear una noción del momento y forjar una indentidad grupal,” dice Díaz Gómez.

Sin duda, demuestra un "juego de poder político” entre la izquierda y la derecha, prosigue Díaz, porque "Duque no cedió la espada, pero Petro la hizo traer”.

Por parte de la oposición, el gesto ha sido recibido con críticas, interpretando la orden de Petro como un acto autoritario, al traer al escenario un arma que también puede ser asociada con el conflicto armado.

"Hay una aparente contradicción”, admite el historiador Sebastián Vargas, "porque la espada es un objeto militar y se puede malinterpretar el actuar de Petro como un llamado a la beligerancia”. Sin embargo, para Vargas es más bien la muestra de que Petro "quiere encontrar una nueva forma de hacer política y de entender la historia, haciendo una resignificación de este objeto a partir de las necesidades del presente.”

Política simbólica

Aunque la espada de Bolívar se ha llevado gran parte de la atención mediática, todos los expertos entrevistados coinciden en que otra parte del acto de investidura estuvo impregnada por un hecho simbólico al menos igual de importante: la imposición de la banda presidencial por María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, candidato presidencial del M-19 asesinado en 1990.

Con este acto performativo, incluso se rompió el protocolo, que indica que es el presidente del Congreso, en este caso Roy Barreras, quien debe colocar la banda. Según el analista Pedro Viveros, durante la ceremonia de investidura Petro se mantuvo fiel a su línea de "persona que siempre ha hecho su política mediante símbolos".

El Consejo de Seguridad pide el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales en Colombia

Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia y, en ese contexto dieron la bienvenida al compromiso del presidente electo Gustavo Petro de profundizar en su implementación e, incluso, “buscar una paz más amplia a través del diálogo con otros grupos armados ilegales”.

Marcos Guevara- Yarledys Olaya (izquierda) trabaja junto a otros excombatientes y pobladores locales para construir una tubería de agua.
En un comunicado, los miembros del Consejo de Seguridad indicaron, además, que han sido informados sobre la intención de la administración entrante de iniciar conversaciones con el ELN y reiteraron una vez más que el proceso de paz de Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo de la posibilidad de resolver el conflicto armado a través del diálogo.

Pero en el comunicado, los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad también subrayaron su “preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, incluidas las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas”.

Por ello, reafirmaron su llamamiento para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte rápidamente una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y subrayaron la necesidad de aumentar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.

En ese contexto, los miembros del Consejo celebraron el compromiso de la administración entrante de crear las condiciones necesarias para el cese de las hostilidades entre todos los grupos armados ilegales y la prevención de la violencia contra los civiles.

UN Multi-Partner Trust Fund for Sustaining Peace in Colombia-
Clasificación de granos de café en Colombia.
Otros retos pendientes

Además, subrayaron la importancia de abordar los retos pendientes en materia de reforma rural y de reintegración y seguridad de los excombatientes, incluyendo la ampliación del acceso a la tierra y a la vivienda, la mejora de las oportunidades de educación y de empleo, y la garantía de apoyo a los muchos que viven fuera de las antiguas Zonas Territoriales de Capacitación y Reintegración para garantizar la reintegración sostenible de los excombatientes.

El documento también destaca la importancia de seguir aplicando el plan de acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderes y Defensoras de los Derechos Humanos.

Todas estas reacciones del Consejo se producen días después de que conociera el último informe trimestral del Secretario General sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, presentado ante ese órgano por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Tras reafirmar también su pleno apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acogieron con beneplácito la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad a la que señalaron “como una oportunidad sin precedentes para que los colombianos se reconcilien con su pasado y como un peldaño para la reconciliación a largo plazo y la paz duradera”.

Los miembros del Consejo de Seguridad también aplaudieron los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos meses, incluidas las audiencias públicas, en las que los autores reconocieron, en presencia de las víctimas, su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El nuevo mapa del Congreso colombiano

Las pasadas elecciones cambiaron el mapa del Congreso colombiano, con el ascenso de la izquierda, el retroceso del Centro Democrático, de la U y de Cambio radical, el leve avance del centro y la persistencia de los dos partidos tradicionales.
razonpublica-YANN BASSET*


Un nuevo mapa

Las elecciones legislativas del 13 de marzo estuvieron marcadas por el empuje del Pacto Histórico, el retroceso del Centro Democrático, la resistencia de los partidos tradicionales, la perdida de fuerza de la U y de Cambio Radical, y el leve avance de la alianza Verde- Centro Esperanza.

La conformación del nuevo Congreso es por eso distinta de la de su antecesor, y esto seguramente incidirá sobre el funcionamiento del Legislativo y su relación con el gobierno que comenzará en agosto.

En este breve artículo reviso el nuevo mapa legislativo a partir de los datos electorales disponibles.

La victoria de la izquierda

El Pacto Histórico logró su propósito de propulsar la izquierda al rango de fuerza más votada en las elecciones legislativas y mejor representada en el Senado.

Tradicionalmente, las legislativas no favorecían a la izquierda, cuya influencia se limitaba al ámbito de las grandes ciudades y difícilmente llegaba a los pueblos y las zonas rurales. Pocas figuras de izquierda lograban un arraigo suficiente en las regiones. Así, en 2018, la lista de la Decencia apoyada por Gustavo Petro apenas consiguió poner 3 senadores mientras que el Polo Democrático Alternativo, de más amplia trayectoria, consiguió 5 curules.

Sin embargo, el empuje de Petro como favorito en la carrera presidencial permitió que la izquierda esta vez superara las barreras habituales. Y esta vez además fue posible aplacar las divisiones que habían sido la marca tradicional de la izquierda, para presentar una lista cerrada al Senado —integrada también por políticos tradicionales como Roy Barreras— y a la Cámara en muchos departamentos.

Esta jugada logró “presidencializar” la elección y atar el voto del Pacto Histórico al de Gustavo Petro en la consulta presidencial, aunque sin lograr el mismo nivel de votos. Como se puede ver en el mapa siguiente, este amarre tuvo distinta intensidad en distintas regiones:

Lista más votada al Senado por municipio

El arrastre de Petro funcionó particularmente en el suroccidente del país, con unos excelentes resultados en el Valle de Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Esta región fue la más afectada por las dos grandes olas de movilizaciones de paro nacional, y no hay duda de que el inconformismo que se manifestó entonces se tradujo ahora en votos.

Lo anterior fue visible ante todo en las grandes ciudades, como Bogotá, Cali y todas las capitales del sur del país. El Pacto Histórico llegó a la cabeza en Popayán, Pasto, Villavicencio y hasta en Neiva, tradicionalmente uribista.

Como siempre, la costa Caribe dio un gran apoyo al candidato presidencial que no se tradujo del todo en votos para el Pacto en el Congreso.

Un voto sanción contra el uribismo

El uribismo sale duramente castigado de estas elecciones. Podemos explicar su retroceso por la ausencia de Álvaro Uribe, que siempre encabezó la lista del partido y que por primera vez no fue candidato.

Uribe fue muy activo en la campaña, pero no lo suficiente para salvar al Centro Democrático de un gran castigo electoral. Claramente, la bancada oficialista sale derrotada después de cuatro años de gobierno de un presidente que no logró conectarse con la opinión y fue incapaz de lidiar con la movilización social.

Medellín es la única gran capital que sigue siendo fiel al uribismo. En los otros grandes centros urbanos del país, el retroceso es fuerte.

Lo anterior resultó en retroceso del Centro Democrático en el ámbito urbano, cuando otrora la bancada había sabido interpretar la opinión en las grandes urbes. El mapa vuelve a decirlo:

Lista más votada al Senado por municipio con visualización del número de votos

(cada círculo representa el número de votos válidos en el municipio mientras el color indica la lista más votada)

Medellín es la única gran capital que sigue siendo fiel al uribismo. En los otros grandes centros urbanos del país, el retroceso es fuerte.

Pero estos resultados son más graves si tomamos en cuenta las ciudades intermedias y zonas rurales del centro del país. Este electorado constituyó siempre el bastión de la bancada uribista, pero esta vez fue asaltado con éxito por los partidos tradicionales: el partido Liberal en el Eje cafetero, el partido Conservador en el Tolima, Cambio Radical en el Huila, la U en el Valle del Cuaca, y así sucesivamente.

Los llanos orientales, y particularmente la Orinoquía, son la única región fiel al Centro Democrático, que sigue dominando en Arauca, Casanare, Vaupés y Vichada.

La Alianza Verde-Centro Esperanza es el tercer partido que llega a la cabeza de más municipios, lo cual deja prever buenos resultados para las elecciones locales de 2023.

Por lo anterior vale decir que el retroceso del uribismo es más que un movimiento coyuntural de desafección. Afecta las bases territoriales de la bancada y la deja mal parada para las elecciones locales del año próximo.

Foto: Facebook: Centro Democrático -
Medellín es la única gran capital que sigue siendo fiel
al uribismo. En los otros grandes centros urbanos del
país, el retroceso es fuerte.
El retorno de los tradicionales

Los partidos tradicionales Conservador y Liberal resistieron el proceso electoral e inclusive lograron aumentar sus cuotas en el Congreso.

Como muestran los mapas anteriores, los buenos resultados se explican en buena parte por el arraigo territorial de estas bancadas, que dominan las zonas rurales y los municipios pequeños. Son de lejos las bancadas que ganan en el mayor número de municipios —303 para los conservadores y 244 para los liberales—.

Más allá de las zonas rurales, los dos partidos tradicionales logran mantenerse en algunas capitales, como Pereira para los liberales y Cartagena, Ibagué o Montería para los conservadores.

Por otra parte, Cambio Radical y la U no gozan de una fuerza territorial tan homogénea y tan bien arraigada en el mundo rural, lo cual explica su derrota en el plano nacional. Estas dos organizaciones están reducidas a sumar fuerzas regionales como las de Atlántico, Magdalena, Norte de Santander y Huila para Cambio Radical —que no logró tan buenos resultados como en 2018 en el resto de la costa Caribe—, y Valle, Cesar y La Guajira para la U que disputa también Córdoba con el conservatismo.

El caso del centro

Finalmente, conviene mencionar el caso de la Alianza Verde-Centro Esperanza. La alianza de centro tuvo que competir en condiciones difíciles con la ausencia de Antanas Mockus, quien fue de lejos su senador más votado en 2018, y además con la falta de arrastre de una consulta que fue la menos votada.

Sin embargo, el centro logró mantener su presencia en el Congreso y además logró crecer un poco. Esto se explica por su apoyo en las ciudades, como ya es tradicional, pero también por un principio de arraigo territorial más amplio en el centro del país, en particular en los departamentos de Boyacá, Caldas y Santander.
YANN BASSET - *Director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

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El Congreso de Colombia inició una nueva legislatura este miércoles 20 de julio con un Congreso renovado electo el 13 de marzo.

Tras las legislativas, el Congreso tuvo un cambio definitivo en el que los partidos tradicionales —Partido Liberal y Partido Conservador— perdieron terreno, el actual gobiernista Centro Democrático perdió mayorías y el Pacto Histórico, una coalición de partidos de izquierda del presidente electo Gustavo Petro, se impuso como uno de los más votados para este periodo, liderando plazas tanto en Senado como en Cámara de Representantes.

Congreso Colombiano 2022

Senado de Colombia en el periodo 2022-2026:

  Pacto Histórico: 20   -     Conservador: 15   -     Liberal: 14   -     Alianza Verde-Centro Esperanza:13   -     Centro Democrático: 13   -     Cambio Radical: 11   -     Partido de la U: 10   -     Comunes: 5   -     Colombia Justa Libres-MIRA: 4   -     Liga de Gobernantes Anticorrupción: 1   -     MAIS: 1   -     AICO: 1

Cámara de Representantes de Colombia en el periodo 2022-2026:   Partido Liberal: 32   -     Pacto Histórico: 28   -     Partido Conservador: 25   -     Cambio Radical: 16   -   CITREP: 16   -     Centro Democrático: 15   -     Partido de la U: 15   -     A.Verde: 11   -     Partido Comunes: 5   -     Liga Gob. Anticorrupción: 3   -     Centro Esperanza: 2   -     Alternativos (AV-PDA): 2   -     Pacto H.-A.Verde: 2   -     CJL-MIRA: 1   -     Nuevo Liberalismo: 1   -     CR-CJL-MIRA: 1   -     PC-PU: 1   -     PC-CD: 1   -     CR-MIRA: 1   -     PL-CJL: 1   -     Fuerza Ciudadana: 1   -     Colombia Renaciente: 1   -     Gente en Movimiento: 1   -     Juntos por Caldas: 1   -     PU-CJL: 1   -     Vamos Juntos: 1   -     Polo a Polo: 1   -     MAIS: 1   -     Población Raizal: 1

Denuncia la FLIP: Avanza el acoso judicial de Néstor Humberto Martínez contra Cecilia Orozco

La Fiscalía citó a la directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, a una diligencia de arraigo en el proceso de injuria y calumnia iniciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Alertamos sobre el avance en el proceso y las graves consecuencias que puede traer para la periodista, ya que con la diligencia de arraigo, por lo general, la Fiscalía busca verificar datos para notificar la imputación y el inicio formal del proceso penal.


En el 2019, con el propósito de silenciar e intimidar a la periodista, Martínez la denunció penalmente por opiniones emitidas en el programa Revelados, titulado “la Fiscalía espía a líderes políticos y periodísticos”. La directora de Noticias Uno criticó que, en un debate de control político, el exfiscal haya divulgado mensajes privados entre Orozco y un reportero del noticiero.

Frente a esta situación, preocupa el avance en la investigación penal cuando evidentemente es un caso de acoso judicial emprendido por Martínez, con el que se desconoce las garantías mínimas de la libertad de expresión y el deber de tolerancia al escrutinio público que debía soportar como funcionario público. En julio del año pasado, la FLIP solicitó el archivo de este proceso al ser un intento de censura de un asunto de alto interés público.

Preocupa, además, que esta citación coincide con la publicación de varias opiniones de Orozco en las que pone en duda el accionar de la Fiscalía cuando Martínez la dirigía. En concreto, la reactivación de la investigación se da después de una publicación en la que se evidencia que la Fiscalía de Martínez imputó indebidamente a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora.

La denuncia iniciada por el exfiscal y el impulso del proceso, sabiendo que se judicializa un asunto protegido por la libertad de expresión y que tienen como fin acallar críticas, sugiere un mal uso de la función pública para contrarrestar algunas discusiones de trascendencia social. Esto tiene un fuerte potencial silenciador porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas.

Advertimos nuestra preocupación porque, como en el caso de Yohir Ackerman, la Fiscalía impulsa las investigaciones contra periodistas a pesar de que el mismo ente investigador no tiene la misma diligencia para la investigación de los crímenes en los que la víctima es la prensa.

Por todo esto, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las denuncias por injuria y calumnia contra periodistas aplicando los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, y conforme a esto desestime las denuncias que buscan censurar expresiones protegidas y fundamentales para el debate público. En este caso concreto, la FLIP reitera su solicitud para que se archive el caso en contra de la periodista Cecilia Orozco.

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Importante.

ADRES reportará a la Fiscalía primeros 10 casos de hospitales que no pudieron demostrar su existencia física

Por no demostrar que cuentan con infraestructura física en la dirección reportada, como lo ordenan las normas, la Administradora de los Rec...

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