Sicarios matan a un concejal y ya son 95 líderes sociales asesinados este año

La víctima fue identificada como Rubén Darío Melo Delgado, de 43 años de edad, y falleció tras recibir varios impactos de bala.

El asesinato ejecutado contra el concejal Rubén Darío Melo Delgado se ha convertido en el número 95 registrado contra un líder social en Colombia durante el presente año.

La información fue detallada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) a través de Twitter, donde se informó que Melo fue víctima de dos sicarios que lo interceptaron a las 7:45 de la noche del jueves 15 de julio, en el barrio Popular de la ciudad de Armenia, en Quindío.

Melo, de 43 años, había sido electo concejal de Armenia por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) en 2019. De acuerdo a Indepaz, en esa zona hay presencia del grupo irregular armado denominado "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (AGC), que atentan contra personas que denuncian hechos de corrupción y realizan movilizaciones sociales a favor de la ciudadanía.

Rubén Darío Melo Delgado
15/07/21
Armenia, Quindío

Rubén Darío era actualmente concejal por el Partido Alianza Social Independiente, ASI en Armenia, la capital quindiana.

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— 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 ​🇿 (@Indepaz) July 16, 2021

"Los hechos ocurrieron en un establecimiento público del barrio luego de que dos personas lo abordaron y le dispararon sin mediar palabra", confirmó a un medio local el comandante (e) de la Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia.

La Justicia de Paz de Colombia imputa a 10 militares y un civil por 'falsos positivos'

Los imputados estarían involucrados en el asesinato de por lo menos 120 personas en el Catatumbo.

Imagen ilustrativa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 militares y un civil por su presunta vinculación en los denominados 'falsos positivos', asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo con la institución, los imputados habrían tenido una participación determinante "en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión" en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander.

Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el objetivo de "aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar", precisó la JEP.

"Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 de la JEP.

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021

En concreto, por estos delitos, las 11 personas fueron imputadas por "crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Los imputados

Los imputados, identificados como máximos responsables de haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar, son:

- El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.

- Los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).

- El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña.

- El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15.

- El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Los otros imputados, "por haber contribuido de manera amplia y efectiva" en los delitos, señala la JEP, son:

- El capitán Daladier Rivera Jácome.

- El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz.

- El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN.

- El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15.

- El tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares (BRIM15 y BISAN).

Modalidad de los crímenes

De acuerdo con el comunicado de la JEP, se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.

La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales; mientras que la segunda consistió en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.

"La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 ('ejecuciones extrajudiciales') pic.twitter.com/HxJ9rcpM7F

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021

Las 120 personas asesinadas, señala la JEP, "tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi", explicando que las víctimas "fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno" y, además, "fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales".

Según la institución, los imputados actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil.

Estas personas "o aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la justicia transicional", señaló Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Estas imputaciones, informa la JEP, hacen parte del primero de por lo menos seis casos territoriales sobre 'falsos positivos' en Colombia; los otros hechos priorizados por la institución están en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.

En febrero pasado, la JEP elevó a 6.402 el número de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2006, los primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Hace 30 Años se creyó en la paz, con derechos y progreso.

El 4 de julio se cumplieron 30 años de la aprobación en el congreso de la república de la constitución política de 1991. En la mencionada fecha de ese año se sancionó la ley que permitía conformar el grupo que entraría a sesionar ese 1 de noviembre.
 

Claudio Chuquen.- La Constitución del 91 fuè también el fruto de un acuerdo de paz entre los grupos insurgentes desmovilizados de la época (M19, EPL, Quintín Lame) y el Estado colombiano, un acuerdo que se venía gestando desde 1984 a partir del inicio de las conversaciones de paz durante el gobierno de Belisario Betancourt que diò lugar a un periodo histórico de ingrata recordación como la toma del palacio de justicia, el genocidio de la UP, el asalto a Casa Verde y los asesinatos de candidatos presidenciales.

La Constitución precedente es decir, la de 1887 no presentaba un marco institucional que permitiera dar cabida a los nuevos procesos políticos y económicos que se estaban presentando por aquella época, entre ellos; la necesidad de generar espacios democráticos de participación para sectores de la sociedad tradicionalmente excluidos por el racismo o el sexismo como por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes entre otros, si bien hasta ese momento la constitución de 1887 en plena vigencia era ya arcaica aún cuando a mediados de la década de 1980 se introdujeron normas en función del Derecho Internacional Humanitario ante la necesidad de iniciar la regularización de la guerra endémica que asola nuestro país desde tiempos inmemoriales.

La Constitución de 1887 se fundaba en principios medioevales pues la iglesia católica tenía incidencia total en la educación y se oponía a la educación laica y liberalizante pues, como bien lo expresaba el profesor Rubén Jaramillo Vélez estaba concebida para formar “buenos cristianos y no buenos ciudadanos”. Era profundamente conservadora y excluyente por cuanto garantizó a la Iglesia Católica desplegar un poder omnímodo por todas las instancias del Estado y mediante el concordato firmado con “la santa sede” en la práctica ostentaron el poder de manera consustancial.

Por la época alcaldes y gobernadores eran elegidos “a dedo” lo mismo que los concejales y los representantes a la cámara y al senado, conformados básicamente por sectores bipartidistas, con lo cual se negaba el derecho a la libertad de cultos y al pluralismo en las ideas políticas. De ahí que la Constitución de 1991 representó una ruptura radical con la antidemocracia y la intolerancia y un avance hacia la modernización del Estado pues en ella se reconocen derechos de participación política a sectores anteriormente marginados. De sus 76 miembros (aún la mayoría procedente de la política tradicional) cuatro fueron destacadas mujeres como Aida Avella y María Mercedes Carranza, lo mismo que delegados indígenas del cauca como Lorenzo Muelas y por parte de los grupos desmovilizados Antonio Navarro Wolf por el M19, Darío Mejía por el EPL, Álvaro Gómez por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) - (Conservador) y Horacio Serpa por el partido liberal.

Mediante la aprobación de ley de tutela en función de la participación popular en temas relacionados con juzgamiento a hechos de corrupción Y toma de decisiones, y mediante la legalización de la elección popular de alcaldes y gobernadores, se rompe el bipartidismo.

Alvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa

Hasta la actualidad la Constitución del 91 ha sido objeto de 56 reformas, no todas ellas para desarrollarla en función de las necesidades de la sociedad, como por ejemplo (la ley 100), la concepción mercantil de los derechos sociales y económicos como la educación y la salud, sin embargo 6 de esas reformas fueron concebidas para garantizar la implementación del acuerdo de Paz de la Habana el cual hace parte del “bloque de constitucionalidad” y se presenta como de obligatorio cumplimiento, salvo que tiene unos plazos para su ejecución y debe contar con la buena voluntad política de los gobiernos de turno lo cual no caracteriza precisamente al gobierno actual que representa solamente al partido Centro Democrático.

Colombia: reportan presencia de paramilitares "para atemorizar" a protestas

DW.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia alertó este jueves (01.07.2021) de la "preocupante" situación debido al aumento de los "eventos de conflicto armado" durante las protestas de estos pasados meses y aseguró que tiene evidencia de que surgieron "grupos de civiles armados" en al menos 27 ciudades del país.

El último informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en Colombia de la JEP resalta el "surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social". La entidad informó que tienen evidencias del surgimiento de "grupos de civiles armados" en al menos 27 ciudades que realizaron 56 acciones violentas entre el 28 de abril y el 30 de mayo pasados.

JEP advierte que tratamiento dado a la protesta social generó hondas repercusiones en el trabajo del Sistema Integral para la Paz.
?Durante el paro nacional han aumentado los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema. pic.twitter.com/E7vYldeL8E

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 1, 2021

Estas acciones van desde amenazas hasta los homicidios registrados en Dosquebradas y Pereira (en el departamento de Risarada, oeste), y en Caicedonia, Tuluá, Cali y Palmira (en Valle del Cauca, suroeste). Hasta ahora se destacaban sobre todo hechos de civiles armados disparando contra manifestantes en Cali y en Pereira, que dejaron homicidios como los de Lucas Villa en esta segunda ciudad, o casos como el de un motociclista armado, trabajador de la Fiscalía, que disparó contra jóvenes en un bloqueo del centro de Cali y después fue linchado hasta la muerte.

"Estos 'grupos de civiles armados' han reivindicado ideas de autodefensa o paramilitarismo en el sentido en que en los lugares donde cometen los hechos dejan grafitis pintados con siglas alusivas a las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", se lee en el informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que también revela que exmiembros de estas milicias han denunciado haber sido contactados para volverse a unir a organizaciones criminales.

#Alertamos que durante el paro nacional han aumentado los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz. Lea el informe completo aquí?https://t.co/ya0uO6HH2s pic.twitter.com/tkMINyEesi

— Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (@UIA_JEP) July 1, 2021

Además, "en 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en (los cuatro) años anteriores", asegura el documento. Es decir -según la JEP- que en esos 32 días aumentaron en 111 "municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz" hechos como "las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado".

#Alertamos que durante el paro nacional han aumentado los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz. Lea el informe completo aquí?https://t.co/ya0uO6HH2s pic.twitter.com/tkMINyEesi

— Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (@UIA_JEP) July 1, 2021

En el marco del paro nacional, también se registraron 12 casos de violencia sexual contra manifestantes y uno contra una policía y al menos 16 afectaciones de organizaciones que participan en los procesos del Sistema Integral de Paz, en el que está integrado la JEP. Por todo ello, la entidad considera que la "situación es alarmante", ya que ve "probable" que empeore la situación de seguridad de organizaciones y personas que intervienen en el Sistema Integral para la Paz, surgido en el acuerdo con las FARC de 2016 y compuesto por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El informe concluye señalando que Colombia ha sido el segundo país -después de Birmania- con la tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (una muerte cada 36 horas) y que el paro nacional de 2021 ya cuenta con las cifras de muertes violentas más altas en los últimos 44 años en el país.

Dos meses sin tregua

Las manifestaciones en Colombia -que comenzaron el pasado 28 de abril, pero que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta casi desaparecer- dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, en las que 48 se apunta directamente a la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 decesos y solo tres por acción de los cuerpos uniformados

Qué o quién es responsable?

Cumplidos dos meses de protesta social Duque propone “LEY antivandalismo' desviando la atención de los “reclamos sociales”  

Siendo el causante directo del “estallido social colombiano” el presidente de la república Iván Duque no asume su responsabilidad política y pretende desviar la atención criminalizando la protesta social.

Cuando se presentó la fatídica y fallida “reforma tributaria” acompañada de otras tres reformas; A LA SALUD, PENSIONAL y LABORAL, proyectos de reformas QUE obligaron A millones DE personas salir a las calles a manifestarse ya que el presidente y su mayoria parlamentaria no escucharon las expresiones, desde diferentes sectores políticos y sociales, expresiones que reclamaban lo injusto de las reformas propuestas, esta situación acompañada de la tremenda crisis social, económica y sanitaria que vive el país a causa de la pandemia desencadenó el “estallido social “

El presidente de Colombia,
Iván Duque

 Ahora el señor presidente pretende que el país le preste mayor atención a unos cuanto actos violentos ocurridos en los últimos días de protestas, actos violentos generados por la misma institucionalidad cuando desatiende el justo reclamo y cuando a la protesta pacífica responde con violencia policial, actos violentos que si bien no debieron ocurrir no son más que el degeneramiento de una situación provocada, auspiciada e incrementada por el gobierno nacional.

Cuando la gente en las calles es golpeada, “gaseada”, cuando los jóvenes son perseguidos, desaparecidos y asesinados es de esperar que algunas personas se dejen arrastrar por ese clima violento, caigan en la trampa y respondan con hechos violentos que terminan desdibujando la causa inicial.

Algunos analistas piensan que precisamente ese es el objetivo, al desatender, por parte del gobierno nacional, las reclamaciones de la ciudadanía, es posible que se busque crear el clima de caos, de violencia, para luego entrar a justificar medidas extremas que coartan la libertad de movilización, de expresión y el derecho a la protesta.

Se recuerda cómo, cuando las protestas transcurrían pacíficamente eran infiltradas por personas que propiciaban conatos violentos para justificar la arremetida policial contra el conjunto de la protesta.

No propone el presidente una ley que castigue la desatención oficial a la reclamación ciudadana, Duque propone una ley para que, con el pretexto de castigar el vandalismo se limite el ejercicio de los derechos protegidos por la constitución nacional.

Concentración en Bogotá, el 28 de Mayo

Dice el presidente que la protesta pacífica está garantizada, pero no habla de su responsabilidad ante la misma protesta, responsabilidad por haberla generado y responsabilidad por no atenderla.

Está registrado el que la mayoría de muertos han sido personas participantes en el desarrollo del Paro Nacional, está registrado y denunciado como el estamento oficial ha violado la ley en muchas oportunidades, a esto le llama el señor presidente “casos aislados que serán investigados y sancionados” pero al tiempo no contempla los actos violentos por parte de manifestantes como hechos aislados sino que generaliza y ubica en mayor importancia.

Durante el acto de ascenso del director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, Duque pidió "rechazar con claridad la violencia y el vandalismo". Días atrás, la promoción de Vargas Valencia se aprobó en el Senado con 66 votos a favor y dos en contra debido a que la oposición se retiró de la sesión por considerar que el funcionario era responsable de los excesos cometidos por la Fuerza Pública.

la propuesta

Durante su discurso, el mandatario colombiano pidió tener "una discusión clara, participativa, deliberativa" sobre la diferencia entre una protesta pacífica y una con actos vandálicos. Además, se refirió al 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial', que también presentará ante el Parlamento el próximo 20 de julio, y que ha sido tildado por sus opositores como un "cambio cosmético" tardío ante el reclamo no atendido de la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuya actuación para contener las movilizaciones ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.

Duque pretende acabar con la critica, con el reclamo de quienes se atreven a cuestionar los excesos de los cuerpos de seguridad. El presidente pide que "quienes posan desde tribunas morales y posiciones públicas" para insultar "a quienes le sirven a la patria" deben ser investigados y sancionados. Servir a la patria es golpear periodistas? Servir a la patria es disparar al pecho a jóvenes desarmados?

Manifestantes en Medellín, Colombia,
el 28 de junio de 2021AFP

Si bien Duque ha dejado esta propuesta de ley sobre la mesa, según las cifras oficiales los hechos de violencia en las manifestaciones han sido minoritarios. El registro del Ministerio de Defensa, del que depende la Policía, da cuenta de que solo hubo disturbios en 1.527 de las 13.433 actividades de calle, lo que significa que 11.906 fueron pacíficas, por lo que solo hubo alteraciones del orden público en el 12,8 % de las movilizaciones.

En varias ciudades donde se protestó sin la presencia del SMAD no se presentaron hechos violentos, por lo que una de las exigencias para sentarse a dialogar del Comité de Paro, principal coordinador de las manifestaciones, era el retiro del SMAD de las zonas de manifestaciones.

La oposición reacciona

Aunque el nuevo periodo legislativo comienza el 20 de julio, los congresistas opositores ya repudiaron el planteamiento de Duque.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, compartió en sus redes un corto video donde afirma que el Gobierno sabe que en el Código Penal hay suficientes disposiciones contra los disturbios y el vandalismo y que su objetivo es "crear una norma mediante la cual se censure, se recorte e incluso se prohíba la legítima movilización social de manera pacífica".

Graban a miembros del Esmad golpeando brutalmente a un joven y agrediendo a dos periodistas en Colombia

En su opinión, el Ejecutivo "sabe que por las vías de la violencia no ha logrado acabar con la justa indignación" y que la iniciativa debería ser el diálogo, que el Comité de Paro suspendió de forma unilateral debido a que consideró que sus exigencias para sentarse a negociar no fueron atendidas.

En la misma línea se expresó María José Pizarro Rodríguez, representante a la Cámara por la coalición opositora Decentes, quien tachó de "abiertamente ilegal" la propuesta presidencial y agregó que "insistir en la militarización y criminalización de la protesta social solo muestra incapacidad y falta de visión".

Ley para ¿Criminalizar la protesta, desatender los reclamos sociales o proteger la violencia oficial?

Hallazgo de una bolsa con la cabeza de un joven que participó en las protestas en el Valle del Cauca

Según informó una senadora, la víctima es Santiago Ochoa, a quien "capturaron, torturaron y decapitaron", aunque no precisó quiénes serían los responsables.

El hallazgo de una cabeza humana en el interior de una bolsa de plástico, que fue abandonada en el antejardín de una vivienda, ha conmocionado a Colombia.

El escalofriante suceso se produjo en el corregimiento Aguaclara, en el Tuluá del departamento colombiano de Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia.

Según informó la senadora Griselda Lobo, mejor conocida como Sandra Ramírez, la víctima es Santiago Ochoa, a quien "capturaron, torturaron y decapitaron", aunque no precisó quiénes serían los responsables.

 Sin embargo, en un tuit anterior, la legisladora había denunciado que "están encontrando jóvenes decapitados y desmembrados en los ríos y bodegas", que "fueron capturados por la policía y paramilitares".

En una muestra de la consternación vivida la artista Adriana Lucia comentó en la red social Twitter: “nadie merece morir así”

Santiago Ochoa, apareció decapitado, un joven de Tuluá, Valle que hacía parte de la primera línea. No puedo creer que esto pase como cualquier noticia; sólo pienso en esa madre que tiene que vivir este horror.
Santiago, tú no merecías morir así. Nadie merece morir así. NADIE. pic.twitter.com/VI9GIvd1lC

— Adriana Lucía (@AdrianaLucia) June 21, 2021

Ochoa, de 23 años, había participado en las protestas antigubernamentales que se registran en Colombia desde el 28 de abril; y formó parte de la "primera línea" en las manifestaciones que se registraron en Tuluá, según reseñó Semana.

El joven había salido el pasado sábado de su casa en una bicicleta, no volvió durante el día y su familia reportó la desaparición en algunas redes sociales, hasta que finalmente se produjo el hallazgo. De acuerdo con las primeras versiones, la bolsa habría sido abandonada en el lugar por unos motorizados.

Recompensa de 10 millones de pesos

El comandante de la Policía del departamento del Valle del Cauca, Jorge Urquijo Sandoval, publicó un video en su cuenta en Twitter, en donde exime de responsabilidad de este hecho a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial al que le atribuyen violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones.

"Es importante aclarar que una vez retornado el orden público en el municipio de Tuluá, desde hace aproximadamente un mes, no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos", enfatizó Urquijo.

#ATENCIÓN: la @DevalPolicia descarta de plano la participación de integrantes del ESMAD en el lamentable y atroz hallazgo de la cabeza de un hombre en zona rural de #Tuluá, como de forma irresponsable se difundió en redes sociales. pic.twitter.com/Pr676L21Nj

— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 21, 2021

El comandante policial anunció que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos (poco más de 2.600 dólares) "para lograr la captura de los autores materiales e intelectuales" de este hecho.

De momento, se desconoce el lugar donde se encuentra el resto del cuerpo del joven asesinado.