martes, julio 06, 2021

Hace 30 Años se creyó en la paz, con derechos y progreso.

El 4 de julio se cumplieron 30 años de la aprobación en el congreso de la república de la constitución política de 1991. En la mencionada fecha de ese año se sancionó la ley que permitía conformar el grupo que entraría a sesionar ese 1 de noviembre.
 
Claudio Chuquen.- La Constitución del 91 fuè también el fruto de un acuerdo de paz entre los grupos insurgentes desmovilizados de la época (M19, EPL, Quintín Lame) y el Estado colombiano, un acuerdo que se venía gestando desde 1984 a partir del inicio de las conversaciones de paz durante el gobierno de Belisario Betancourt que diò lugar a un periodo histórico de ingrata recordación como la toma del palacio de justicia, el genocidio de la UP, el asalto a Casa Verde y los asesinatos de candidatos presidenciales.

La Constitución precedente es decir, la de 1887 no presentaba un marco institucional que permitiera dar cabida a los nuevos procesos políticos y económicos que se estaban presentando por aquella época, entre ellos; la necesidad de generar espacios democráticos de participación para sectores de la sociedad tradicionalmente excluidos por el racismo o el sexismo como por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes entre otros, si bien hasta ese momento la constitución de 1887 en plena vigencia era ya arcaica aún cuando a mediados de la década de 1980 se introdujeron normas en función del Derecho Internacional Humanitario ante la necesidad de iniciar la regularización de la guerra endémica que asola nuestro país desde tiempos inmemoriales.

La Constitución de 1887 se fundaba en principios medioevales pues la iglesia católica tenía incidencia total en la educación y se oponía a la educación laica y liberalizante pues, como bien lo expresaba el profesor Rubén Jaramillo Vélez estaba concebida para formar “buenos cristianos y no buenos ciudadanos”. Era profundamente conservadora y excluyente por cuanto garantizó a la Iglesia Católica desplegar un poder omnímodo por todas las instancias del Estado y mediante el concordato firmado con “la santa sede” en la práctica ostentaron el poder de manera consustancial.

Por la época alcaldes y gobernadores eran elegidos “a dedo” lo mismo que los concejales y los representantes a la cámara y al senado, conformados básicamente por sectores bipartidistas, con lo cual se negaba el derecho a la libertad de cultos y al pluralismo en las ideas políticas. De ahí que la Constitución de 1991 representó una ruptura radical con la antidemocracia y la intolerancia y un avance hacia la modernización del Estado pues en ella se reconocen derechos de participación política a sectores anteriormente marginados. De sus 76 miembros (aún la mayoría procedente de la política tradicional) cuatro fueron destacadas mujeres como Aida Avella y María Mercedes Carranza, lo mismo que delegados indígenas del cauca como Lorenzo Muelas y por parte de los grupos desmovilizados Antonio Navarro Wolf por el M19, Darío Mejía por el EPL, Álvaro Gómez por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) - (Conservador) y Horacio Serpa por el partido liberal.

Mediante la aprobación de ley de tutela en función de la participación popular en temas relacionados con juzgamiento a hechos de corrupción Y toma de decisiones, y mediante la legalización de la elección popular de alcaldes y gobernadores, se rompe el bipartidismo.

Alvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa
Hasta la actualidad la Constitución del 91 ha sido objeto de 56 reformas, no todas ellas para desarrollarla en función de las necesidades de la sociedad, como por ejemplo (la ley 100), la concepción mercantil de los derechos sociales y económicos como la educación y la salud, sin embargo 6 de esas reformas fueron concebidas para garantizar la implementación del acuerdo de Paz de la Habana el cual hace parte del “bloque de constitucionalidad” y se presenta como de obligatorio cumplimiento, salvo que tiene unos plazos para su ejecución y debe contar con la buena voluntad política de los gobiernos de turno lo cual no caracteriza precisamente al gobierno actual que representa solamente al partido Centro Democrático.

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