El
presidente de Chile, Sebastián Piñera, ofreció este viernes ser sede de los
diálogos de paz que adelantan el Gobierno de Colombia con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
Presidente Piñera ofreció a Colombia que Chile sea sede de diálogos de Paz con el ELN
El
mandatario hizo la oferta luego que Ecuador, donde se llevaban a cabo las
conversaciones, decidiera que no sería más intermediario.
"Esta
mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera y me dijo: Chile se ofrece con
entusiasmo", reveló el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante
la entrega de unos proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural en
el departamento de Caldas, reseñó Canal 1.
Santos
dijo que también se ofrecieron Brasil, Noruega y Cuba, en este último se
realizaron las conversaciones que llegaron a un acuerdo de paz con las FARC.
La
oferta la presentó luego que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decidiera
que su país ya no será sede de las conversaciones, lugar donde se venían
realizando desde hace año y medio. El mandatario alegó que se retira de ese
proceso de paz "mientras el ELN no se comprometa a dejar de realizar esas
actividades terroristas".
En
un comunicado conjunto del Gobierno Colombiano y el ELN, ambas partes agradecen
a Ecuador por el tiempo que brindaron al diálogo de paz y señalan que están
"examinando conjuntamente las opciones de nueva sede" para continuar
el quinto ciclo de las conversaciones.
ACEPTARON PARTICIPACIÓN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Aceptado preacuerdo entre la
Fiscalía y procesados por defraudación en programas de atención a adultos
mayores en Pereira
El
Juzgado 5° Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) avaló el preacuerdo
celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y los defensores del
exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira para el año 2016,
Jhon Jairo Lemus y de otras cinco personas investigadas por irregularidades
presentadas en la adjudicación de cuatro contratos por $700’000.000, que tenían
como objeto la atención de los adultos mayores.
Los
procesados aceptaron su participación en delitos contra la administración
pública, y en ese sentido, recibirán diferentes condenas de acuerdo con el tipo
de participación que tuvieron.
Así,
Jhon Jairo Lemus será sentenciado a 60 meses de prisión (5 años); Diana
Carolina Sánchez Lema, exsecretaria de Población Vulnerable, cumplirá 73 meses
(6 años); Alejandro Ospina Coll, funcionario de la Alcaldía de Pereira para el
momento de la captura, sería condenado a 48 meses (4 años); mientras que
Libardo López Guerrero, representante de la Fundación Fundacol, recibiría 57
meses y 15 días de prisión.
Otros
procesados como Diana Inés García Benítez, interviniente; y Carlos Alberto Valencia, representante de la
Fundación Jóvenes del Presente, se les impondrán sentencias de 48 meses y 39
meses, respectivamente.
Rápido
-
Del 2 de mayo al 15 de junio, se realizará el primer ciclo de vacunación contra
la fiebre aftosa
-
El ICA realiza actividades de control fitosanitario a la movilización de
material vegetal en el departamento de Bolívar
Fiscalía imputó 5 delitos a exalcaldesa de Armenia por presuntas irregularidades en la contratación de obras de valorización
La
Fiscalía imputó cargos por los delitos de peculado, falsedad
ideológica en documento público, concierto para delinquir, contrato
sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en
celebración de contratos en calidad de autora, a la exalcaldesa de
Armenia (Quindío), Luz Piedad Valencia Franco, por la presunta
apropiación de $12.000’000.000 de cobros de valorización y
supuestas anomalías en la contratación de obras para la ciudad.
El
23 de diciembre de 2015, una semana antes de vencerse el período de
la administración local, se celebró el segundo contrato por valor
de $80.000’000.000 para la construcción de seis obras de
infraestructura urbana; de las mismas, se suprimieron tres obras
entre 2016-2017 y las tres restantes tienen un porcentaje de
ejecución promedio inferior al diez por ciento (10%). Los dineros de
este segundo contrato sirvieron, según las evidencias obtenidas por
la Fiscalía, para terminar las tres obras del primer contrato.
La
exfuncionaria fue detenida el 6 de abril del presente año, junto a
otras seis personas, entre ellas su esposo Francisco Javier Valencia,
a quienes la Fiscalía también les formula cargos por diferentes
conductas como peculado por apropiación y concierto para
delinquir agravado.
Las
anomalías detectadas habrían iniciado en 2014, cuando la hoy
imputada presentó al Concejo de Armenia un proyecto de acuerdo para
que le fuera autorizada la ejecución de obras por valorización por
$100.000’000.000.
Los
proyectos previstos le fueron confiados en abril y mayo del 2015, a
la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua), para que
seleccionara a los contratistas de las obras, los diseñadores e
interventores. El 21 de julio de ese mismo año, sin que se hubiera
efectuado el recaudo de la valorización, se celebró el primer
contrato de obra por $30.000’000.000 para la construcción de
cuatro vías. De estas obras a la fecha se han concluido tres.
El
23 de diciembre de 2015, una semana antes de vencerse el período de
la administración local, se celebró el segundo contrato por valor
de $80.000’000.000 para la construcción de seis obras de
infraestructura urbana; de las mismas, se suprimieron tres obras
entre 2016-2017 y las tres restantes tienen un porcentaje de
ejecución promedio inferior al diez por ciento (10%). Los dineros de
este segundo contrato sirvieron, según las evidencias obtenidas por
la Fiscalía, para terminar las tres obras del primer contrato.
Igualmente,
se pudo detectar que las interventorías y los diseños fueron
adjudicados a empresas vinculadas al mismo contratista, el señor
Fernando León Diez Cardona. Esos diseños que deberían ser previos,
habrían sido contratados con posterioridad y contrario a los
parámetros legales.
INDÍGENAS SIKUANI SE OPONEN A OCUPAMIENTO DE PREDIOS POR EMPRESA POLIGROW
La
comunidad de indígenas Sikuani que habitan en el resguardo de Caño
Ovejas en Mapiripán, Meta, manifestaron su oposición al ocupamiento
y la siembra de palma de aceite por
parte de la empresa Poligrow en predios que hacen parte de una
demanda de restitución de tierra.
Diferentes organizaciones sociales
han venido reiterando que esta empresa ha generado afectaciones al
ambiente y en especial a las comunidades indígenas.
De
acuerdo con un comunicado enviado por los Sikuani, los indígenas
recibieron el documento sobre la evaluación de los impactos
socio ambientales para
poder desarrollar proyectos de plantación por parte de la empresa
Poligrow. Allí, la empresa manifiesta las intenciones de realizar la
siembra de palma en un área de 818,97 hectáreas de territorios
indígenas.
TERRITORIOS SON ANCESTRALES PARA LOS INDÍGENAS SIKUANI
Dentro
de los predios que hacen parte de las intenciones de la empresa para
la siembra de palma hacen parte La Cristalina, el Mojadero, el Yamú,
el Bogante y el predio el Cazualito. Estas tierras han sido
declaradas como territorios ancestrales y hacen parte de la demanda
de restitución de tierras que
lleva a cabo el Juez Segundo de Restitución de Villavicencio, razón
por la cual los indígenas manifestaron su oposición a la ocupación
y siembra por parte de la multinacional.
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