En principio acusados
por ser aparentemente responsables de las explosiones contra la entidad
Porvenir; Luego por supuestas relaciones con la red urbana del Ejército de
Liberación Nacional –ELN-; Al final, acusados de participar en disturbios en la
Universidad Nacional.
Bajo esa última
acusación la juez 72 de garantías dictó medida de aseguramiento para todos los
detenidos, por considerarlos "un peligro para la sociedad". Esta
decisión fue inmediatamente apelada por los abogados defensores, que consideran
que hay argumentos poco sólidos para
explicar su fallo y hay varias irregularidades en el proceso.