Buscar en METROnet

Vestidos...

Se ALQUILAN
VESTIDOS
para NOVIA y QUINCEAÑERA.
Callle 3 # 4 - 16 Fusagasugá.
Télefono: 313 731 0677

La venta de Medimás: un negocio dudoso y por capítulos


La antigua Cafesalud vuelve a cambiar de dueños y sus afiliados volverán a pasar a manos de otro consorcio, esta vez internacional. ¿Será para mejorar?


Iván Jaramillo Pérez*

Compras con la copia de la cédula

Entramos a otro capítulo de esta novela. Primero SaludCoop entregó a Cafesalud, Cafesalud vendió a Medimás y Medimás parece que venderá a Dynamic Business and Medical Solutions (DBMS). El proceso se parece a una canción de Celia Cruz por aquello de “Songo le dio a borondongo…”.
Cuando los socios de Prestmed y Prestnewco, integrados por ocho grupos empresariales y 192 IPS, conocidos como Prestasalud, se ofrecieron a comprar Medimás por el doble del precio base, me atreví a pronosticar en esta revista que sería una transacción extraña en la que los compradores tendrían la intención de quedarse con el negocio, pero no necesariamente la de pagar en efectivo.
En realidad, la EPS se estaba comprando con facturas o cuentas por cobrar, en forma similar a como la Federación Médica (Femec) se hizo propietaria de la EPS Unimec hace quince años. Esa fue una transacción amparada por la Ley 550 sobre reestructuración empresarial (que permitía que los acreedores se convirtieran en socios de la empresa emproblemada).
Al parecer no había entre los compradores la disponibilidad ni la voluntad para desembolsar el dinero en efectivo. Un auditor amigo dijo entonces que: “A Medimás lo compraron con una fotocopia de la cédula”.
Hoy, después de más de un año, el balance consiste en que aún se deben dos tercios de los 1,2 billones de pesos ofrecidos por los compradores. Esto sin incluir lo adeudado por Medimás a las IPS de las cuales obtuvo servicios para sus afiliados durante el último año.
Todo esto significa que, si la parte pagada por Prestasalud por la compra de Cafesalud equivale a la parte no pagada a las IPS empleadas durante más de un año, los compradores todavía no están desembolsando recursos propios.

¿Por qué la quieren vender?

Sede Medimás.
Foto- Ministerio de Salud y Protección Social.
Si bien los socios de Prestasalud, compradora inicial de Medimás, al parecer no desembolsaron ni un solo peso para comprar la EPS, sí cumplieron sus objetivos, pues posiblemente se autopagaron todas las facturas que se les debían por cuentas viejas de servicios prestados a SaludCoop, a Cafesalud y al propio Medimás.
No en vano la Procuraduría abrió investigación a los seis miembros de la Junta Directiva de Medimás y en el proceso se han encontrado indicios del presunto giro de cuantiosos anticipos a IPS de sus propios accionistas y del pago de facturas con sobrecostos a varios proveedores.
Por otra parte, la EPS viene arrastrando múltiples incumplimientos, no solo con los pagos pactados en la supuesta compra sino con los servicios a los afiliados, lo cual ha obligado al procurador a solicitar la “reversión” del proceso de venta.
Este giro, unido a otras demandas, entre ellas una acción popular contra la venta de Cafesalud liderada por el senador Jorge Robledo, pueden dar al traste con la consolidación de esta venta y con las utilidades futuras de Medimás.
En consecuencia, una vez recuperada la plata de las facturas para los compradores iniciales de Cafesalud, al parecer sin pagar un peso de sus bolsillos, y ante los enormes riesgos futuros y múltiples demandas, Prestasalud dirá que es mejor vender a un tercero extranjero, pues cualquier precio que se negocie será una ganancia efectiva.
Además, el prominente comprador se compromete a pagar todas las deudas que quedan por la compra de las instalaciones de Cafesalud y SaludCoop. Por eso la venta de Medimás a un extranjero se ha calificado como un “acuerdo entre particulares” y el propio superintendente de Salud la calificó como “buena noticia”.

¿Por qué la quieren comprar?

Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de salud.
Foto- Gobernación del Quindío.
El norteamericano y el árabe que se dice están detrás del nuevo comprador, DBMS, o bien son unos oportunistas con dineros de origen dudoso o tienen recursos bien habidos y no saben en la que se están metiendo.
De todas maneras, lo que vale en una EPS son sus afiliados, que son negociados como “vacas” según expresión del senador Robledo. Pues Medimás tiene 4,2 millones de este tipo de “bovinos” que reciben cada año una Unidad de Pago por Capitación de 787.323 pesos por un valor total de 3,3 billones (sin incluir el no POS). De este dinero, al menos trescientos mil millones se pueden destinar a gastos de administración y a utilidades. Lo cual quiere decir que si la EPS se compra como sugieren los extranjeros, en 1,17 billones, pueden recuperar la inversión en cuatro años.

Hidroituango: el desastre más complejo que ha vivido Colombia en el último siglo

Estas son las razones.
 Los peores desastres
Gustavo Wilches-Chaux* 
Cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, “La Violencia” ya se venía gestando desde hacía una década, en el intento de frenar cualquier cambio en la tenencia y los usos de la tierra en Colombia.
Bajo otras denominaciones y con otras características, ese conflicto armado se mantiene hasta ahora. Puede decirse entonces que este desastre continuado durante más de ocho décadas es el que ha causado y sigue causando más pérdidas de vidas, más comunidades desplazadas, más destrucción y más dolor para los colombianos.
En términos de personas muertas y desaparecidas en un solo evento, no cabe duda de que la destrucción de Armero el 13 de noviembre de 1985 es el peor de los desastres de nuestra historia ocasionados por un fenómeno natural.
Recordemos que ya dos Armeros habían sido destruidos en 1595 y en 1845 porque fueron construidos junto al cauce del río por el cual descienden las “avalanchas” o flujos de lodo provenientes de las erupciones del volcán Nevado del Ruiz / Cumanday. Puesto que por tercera vez esa población se volvió a construir en el sitio, mal podríamos atribuirle al volcán toda la responsabilidad por ese desastre.
En cuanto a la extensión del área afectada por un solo evento natural, posiblemente el desastre causado por el terremoto del Eje Cafetero, del cual este 29 de enero se cumplieron veinte años, es el que más municipios ha afectado hasta ahora.
Pero el desastre ocasionado por el proyecto de Hidroituango en toda su zona de influencia, constituye el más complejo que ha vivido el país, por lo menos en el último siglo.
Las siguientes son algunas de las razones en las cuales sustento mi afirmación.

El origen de la amenaza

Es sorprendente que la empresa orgullo del gobierno antioqueño
y del país haya recurrida en tantos errores. Foto: Facebook- EPM

La amenaza que desató y que sigue alimentando este desastre no es un evento puntual sino un proceso de largo plazo.
Y no es de origen natural sino humano y tecnológico: el desastre de Hidroituango resulta de la manera como se concibió, se planificó y se ha venido llevando a cabo el proyecto en sus dimensiones técnica, ambiental y social.
Esto marca una diferencia sustancial con los desastres desencadenados por fenómenos naturales, porque en este caso la responsabilidad por causar la amenaza, por los daños y riesgos ambientales y sociales que el proyecto está creando en su zona de influencia, tiene un rostro identificable: las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
No quiero decir, por supuesto, que EPM haya tenido la intención de crear los riesgos que se están convirtiendo en desastres. Pero sorprende que una empresa que ha sido orgullo de Antioquia y un modelo para el resto del país, no haya llevado a cabo una necesaria y efectiva gestión del riesgo, sobre todo tratándose del proyecto de generación eléctrica más ambicioso y costoso en que Colombia se haya embarcado.
El desastre ocasionado por el proyecto de Hidroituango constituye el más complejo que ha vivido el país, por lo menos en el último siglo.
Por ejemplo: no se entiende cómo no previeron los riegos de la decisión que tomaron en abril de 2018. Con el propósito de acelerar el llenado del embalse, resolvieron taponar los dos túneles por donde estaba fluyendo parte del agua del río Cauca mientras se acabada de construir la represa.
Tampoco se entiende por qué (como también sucedió en el Quimbo) no removieron la materia orgánica procedente de la tala de los bosques que se encontraban en la zona que iba a ser inundada. Este descuido evidente contribuyó a taponar el único túnel que le quedaba al agua para ejercer su Derecho a Fluir. Otra prueba de que como que no tenemos capacidad de aprendizaje.

Hidroituango: una catástrofe que pudo ser evitada.

El desastre comenzó hace más de veinte años

La emergencia que se presentó a principios de mayo del año pasado constituyó apenas el comienzo de una nueva etapa del desastre a que ha dado lugar este megaproyecto.
Las medidas para controlar esa emergencia y las nuevas que surgieron a partir de allí, han logrado evitar que se produzca la pérdida de más vidas humanas. Pero no han podido evitar los traumatismos de todo tipo que desde que comenzó el proyecto han afectado a las comunidades de su zona de influencia.
La investigadora Juana Afanador resalta una de las dimensiones más trágicas de este desastre: “En la zona escogida para construir Hidroituango se concentran unas 15 mil personas afectadas por el conflicto armado. De ellas, 4.500 sufrieron desplazamiento forzado entre 1990 y 2012 […] Además de Ituango, en la que queda el corregimiento de El Aro, hay otros 11 municipios afectados por la represa: Valdivia, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Briceño, Sabanalarga, Toledo, Liborina y Olaya. Y en la mayoría de ellos, se experimentaron masacres. En cifras aproximadas, se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas, de 62 masacres cometidas por paramilitares”.

Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año


Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas. 



Álvaro Pardo*

Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?
En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.
Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.
Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.
Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

Marmato, Remedios y Segovia

 La población se ha comprometido contra
el proyecto de Minesa en Santurbán.
Foto: Gobernación de Norte de Santander.
Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.
Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.
Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

¿Regular o no regular las redes sociales?


Un proyecto de ley y una polémica declaración reabrieron el debate. ¿Está en peligro la libertad de expresión?


    Víctor Solano*

Senadores contra redes sociales

El pasado nueve de enero, el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín afirmó en un debate del programa radial Partida W que las redes sociales deben ser “controladas”.
Pocos días atrás, Zabaraín había sido noticia por su desatinada intervención durante el debate en el Congreso acerca de Odebrecht, que despertó burlas e indignación y que llevó a muchos a preguntarse si el senador estaría ebrio en el momento de hablar.
Esta vez el congresista volvió a ser noticia por su polémica defensa del fiscal Martínez. Según Zabaraín, “hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales”, porque han sido el arma predilecta de muchos antisociales” para poner “en tela de juicio la honorabilidad” del Fiscal.
Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos.
Antonio Zabaraín es además el ponente de un proyecto de ley que “establece mecanismos para ejercer un mayor control sobre la libertad de publicación de contenidos en la web”. El proyecto fue presentado por el senador del Partido de la U, José David Name, según él, con el propósito de “proteger la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales”.

Más ojos sobre los corruptos

 Intentar regular las redes sociales no solo es ingenuo sino innecesario.Foto: Royal air force Lakenheath

Las propuestas de Name y Zabaraín parecen intentos desesperados de complacer a un fiscal poderoso —o quizás de congraciarse con sus jefes políticos—.
Pero recoger esos réditos tendría un costo social muy alto. El proyecto de Name y las declaraciones de Zabaraín se dan cuando todos los países del mundo quieren aprovechar el potencial de internet, por ejemplo, para estimular el emprendimiento o para fortalecer las instituciones promoviendo la participación ciudadana.
De hecho, las redes sociales pueden ser una herramienta para hacer más transparente la gestión pública. Se trata de un espacio donde los ciudadanos pueden hacer control político y veeduría a todas las ramas del poder.
La corrupción nunca había sido tan visible como ahora. Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos y, por lo tanto, implican un camino más estrecho para los corruptos.
Eso es, precisamente, lo que le “da alergia” a Zabaraín y a sus padrinos políticos, los Char, lo mismo que molesta al senador Name en la misma Barranquilla, lo mismo que no les gusta a todos quienes proponen regular las redes para evitar que los ciudadanos vigilen y hagan denuncias.

Autoritarismo y censura

 Redes sociales Foto: U.S Fire Administration
Las redes sociales no son buenas ni malas en sí mismas. Se trata de plataformas que los seres humanos utilizan para comunicarse e interactuar entre ellos.
Por definición, las redes sociales son un espacio de libertad. Por eso causa tanta molestia que un político hable de “controlar” las redes sociales. Más aún si ese “control” tiene el propósito de silenciar denuncias o, inclusive, de evitar las burlas de las que ha sido víctima el mismo Zabaraín en todas las redes, en especial en Twitter.
La singular “propuesta” de los senadores Name y Zabaraín es retrógrada y autoritaria. El deseo de controlar las redes es propio de los regímenes totalitarios, que quieren controlar la vida privada de sus ciudadanos.
Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales.
En China, Cuba y Venezuela se han tomado medidas para censurar o limitar las redes sociales. Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales para evitar que se convirtieran en plataformas de odio “contrarevolucionarias”.
En un modelo político diametralmente opuesto, el presidente Trump ha acusado a Google, Facebook y Twitter de tener un sesgo político. Paradójicamente, Trump ha hecho de Twitter una de las principales armas para atacar a sus contradictores.

Otro asesinato de líder social en Colombia


La líder social colombiana Maritza Ramírez murió este jueves como consecuencia de un ataque sufrido el 14 de enero en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

Foto @Otohiguita
Según informó la Confederación Nacional de Acción Comunal, la víctima se debatió entre la vida y la muerte en los últimos 10 días luego de ser brutalmente golpeada en un sector rural de Tumaco, fronterizo con Ecuador.
La líder social asesinada tenía 42 años y dos hijos y se desempeñaba como presidenta de una Junta de Acción Comunal, al frente de labores de sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco.
Registros de la fundación Indepaz señalan que del 1 de enero de 2016 al 10 de enero de 2019 fueron asesinados 566 líderes sociales en Colombia.
Con Maritza ya son 5 atentados y 5 homicidios de la organización social de la Acción Comunal, en lo que va del año 2019.
La Confederación Nacional de Acción Comunal exige resultados ágiles sobre los actores intelectuales y materiales de los más de 300 homicidios, en los últimos tres años, de Dignatarios y Dignatarias de la Organización social de la Acción Comunal.

Colombia acude a FITUR para promover su riqueza cultural y musical


Madrid, 23 ene (EFECOM).- Colombia quiere atraer a empresas hoteleras españolas que construyan establecimientos en destinos turísticos y de playa, para lo que les ofrece beneficios fiscales a una década con una nueva legislación, ha explicado este miércoles el viceministro colombiano de Turismo, Juan Pablo Franky.
"Buscamos una segunda etapa de crecimiento de nuestra oferta hotelera. Hoy tenemos 220.000 habitaciones, es una oferta limitada para la geografía de nuestro país", ha explicado Franky durante un encuentro con periodistas en Madrid, con motivo de la participación de Colombia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
El responsable del turismo colombiano ha explicado que la inversión hotelera en el país está centrada en las grandes ciudades, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y que su objetivo es complementar esa infraestructura con inversiones en hoteles de playa y turísticos.
"Muchas compañías españolas tienen una participación importante en el Caribe y esperamos atraerlas hacia destinos como en el corredor entre Cartagena y Barranquilla, las islas de San Andrés y Providencia, el Pacífico, la Amazonia y la zona cafetera", ha añadido.


El ELN reconoce la autoría del ataque de Bogotá

La organización guerrillera calificó el atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional como una "operación lícita" dentro del derecho de la guerra, destacando que "no hubo ninguna víctima no combatiente".

 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reivindicado este lunes la autoría del atentado mortal perpetrado en Bogotá, la semana pasada. La explosión de un coche bomba en la Escuela General Santander de Cadetes dejó 21 personas fallecidas y más de 60 heridas.
A través de un comunicado desde La Habana, el ELN manifestó que el ataque fue una respuesta a las actividades militares realizadas por el Gobierno colombiano, que preside Iván Duque, durante el cese al fuego unilateral que ofreció la guerrilla en Navidad y fin de año.

Según el comunicado, el presidente "no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz" de esa guerrilla. "Su respuesta fue realizar ataques militares en contra nuestra, en todo el territorio nacional. Pese a ello, cumplimos rigurosamente el cese unilateral de operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019", reza el documento.
"Las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de conseguir sin el cese", detalla la publicación.

Una "operación lícita"

La guerrilla indicó que había elegido a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional como blanco de su ataque ya que es "una instalación militar" y allí "reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente".
De esta manera, el ELN calificó el atentado de Bogotá como una "operación lícita" dentro del derecho de la guerra, destacando que "no hubo ninguna víctima no combatiente". "Valoramos necesario que instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada", dice el comunicado. 
La organización guerrillera calificó de "muy desproporcionado" que, mientras el Gobierno los ataca, plantee que el ELN no pueda responder "en legítima defensa". 

Retornar a la mesa de diálogo

VIDEO: Un enorme caimán aguja sorprende en una playa en Colombia

Según la dirección de Parques Nacionales, la aparición del reptil en ese lugar turístico es una buena señal.
Imagen ilustrativa Jon G. Fuller-VW Pics/UIG - Gettyimages.ru

El avistamiento de un enorme caimán aguja en una de las playas del Parque Nacional Tayrona (Colombia) fue captado por las cámaras de los turistas el fin de semana pasado. En las imágenes se puede apreciar cómo los bañistas, en pánico, se alejan del reptil corriendo y saltando, mientras el animal se dirige hacia el agua.
Al comentar el incidente, Luz Elvira Angarita, directora territorial Caribe de Parques de Colombia, afirmó que se trata de una buena señal para esa zona protegida, ya que evidencia que las labores de conservación y preservación de especies se efectúan de manera eficaz.
"Esto ya es algo normal, pues han sido muchos los avistamientos que desde hace años se hacen", cita a la funcionaria El Heraldo. Agregó que en la zona habitan unos 15 caimanes aguja (una especie en peligro de extinción), respecto a los cuales se lleva a cabo un "especial seguimiento".

MÁS DE 134 MIL COLOMBIANOS SE HAN ACERCADO A INSCRIBIR SU CÉDULA PARA VOTAR EN ELECCIONES DE 2019

El periodo de inscripción se extenderá por 10 meses, es decir hasta el 27 de agosto de 2019
 71.570 colombianos inscribieron su documento de identidad en los puntos de inscripción de cédulas instalados por la entidad en 76 centros comerciales del país.
 316 extranjeros residentes en Colombia han realizado el proceso de inscripción de su cédula de extranjería para votar el próximo año.

Luego de dos meses del inicio del periodo de inscripción de cédulas en todo el país, 134.668 colombianos ya se han acercado a inscribir su documento para votar en las elecciones de Autoridades Locales que se realizarán el 27 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, informó que “de los 134 mil inscritos, 64.732 son hombres y 69.642 son mujeres. 134.058 son colombianos y 316 ciudadanos extranjeros residentes en Colombia”.

El funcionario resaltó que “para las elecciones de Autoridades Locales de 2015 en este mismo periodo 70.173 colombianos se habían acercado a inscribir su documento, es decir que este año con la implementación de los nuevos puntos de inscripción de cédulas en centros comerciales, la inscripción aumentó un 91% en relación con 2015”.

Los puntos de inscripción en centros comerciales han facilitado y agilizan el proceso de inscripción de cédulas. Están ubicados en 76 centros comerciales de 23 ciudades capitales y en el municipio de Soacha. Estos puntos de inscripción prestan atención al público de lunes a sábado, en horario de 11:00 am a 8:00 pm.

Este proceso de inscripción de cédulas para las elecciones 2019 ha tenido varias innovaciones:

Importante.

COP 16.- Presidente Petro alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial sin una regulación pública, racional y colectiva

“Todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación humana, sin una regulación construida pública, racional y colectivam...

Agencia de Publicidad

Agencia de Publicidad