Servicios Públicos: quejas de usuarios y viejos problemas, los temas de Superservicios con empresas.

El Grupo Aqualia en el país. La empresa presta servicios a un millón 200 mil habitantes en 33 municipios, incluyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR El Salitre, en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico, Magdalena y Tolima. Tiene dos acueductos en propiedad y 33 concesiones municipales.

 En el mundo: Aqualia es la empresa de gestión del agua participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y por el fondo ético australiano IFM Investors (49%). La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del Mundo, según el último ranking de la publicación Global Water Intelligence (diciembre de 2022).

En la actualidad presta servicio a 43,5 millones de usuarios de 17 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Perú, Egipto, Emiratos Árabes, España, Francia, Italia, México, Omán, Portugal, Qatar, República Checa, Rumanía y Georgia.

Superservicios inició con Aqualia los encuentros con grupos empresariales para resolver problemas en la prestación de servicios públicos

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, inició con el Grupo FCC Aqualia S.A. las mesas de trabajo con los grupos empresariales que prestan servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en el país. El objetivo de estos encuentros es dar solución a problemas estructurales y reclamaciones recurrentes de usuarios en los territorios donde operan, a través de filiales.

 El superintendente, Dagoberto Quiroga, determinó hacer estos encuentros luego de identificar falencias en la operación y quejas comunes sobre las filiales de los grupos empresariales, durante los diálogos regionales con la ciudadanía realizados en diferentes territorios en 2023. “Hemos identificado problemas de carácter estructural en la calidad y eficiencia de los servicios públicos prestados en capitales y pequeños municipios, así como reclamaciones comunes que requieren una solución integral. Por esto estamos convocando a los directivos de los conglomerados empresariales del sector de servicios públicos para presentar la situación de sus operaciones locales, escuchar sus argumentos y establecer en conjunto decisiones de alto nivel para mejorar las condiciones de prestación de los servicios.”

Para el caso de Aqualia, la Superservicios informó a los representantes del grupo empresarial situaciones críticas como deficiencias en la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, cobros por promedio, falta de micromedición y fallas en los canales de atención a las comunidades donde operan. Estas situaciones han originado continuas alertas, inconformidades de la población e incremento en el número de peticiones, quejas y reclamos ante la entidad.

En este encuentro, el director país de Aqualia Colombia, José Ramón Díez-Caballero, explicó las complejidades y realidades de los 32 municipios donde opera, “Presentamos la problemática de la infraestructura que hemos recibido que, en algunos casos es obsoleta, o no existe. Recibimos servicios con problemas históricos de 30 años donde no se ha realizado ninguna inversión, con fallas en continuidad, fallas en presión, en calidad del servicio. Hemos informado al superintendente lo que estamos trabajando, las inversiones que estamos haciendo, los planes de desarrollo y cómo estamos evolucionando todos los servicios para cumplir con las obligaciones contractuales para mejorar el servicio y la calidad de vida de los usuarios”.

Entre los compromisos de este encuentro, se acordaron mesas de trabajo en el corto plazo, para revisar aspectos técnicos y operativos de la prestación del servicio a cargo del Grupo Aqualia en el país.

En esta jornada también participaron por Aqualia, la directora comercial, Ángela Yepes; el director de operaciones, Manuel Ruíz, y el director Jurídico Gabriel Romero, entre otros. Por parte de la Superservicios, asistieron los superintendentes delegados para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen; y para la Protección al Usuario, Ulver Triviño; y sus equipos de trabajo.

Diálogo con operadores para restringir comunicaciones en las cárceles.

Luego de que el pasado 12 de febrero el Consejo Directivo del Inpec declarara la emergencia carcelaria en todos los establecimientos penitenciarios del país, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, se reunió con los directores, comandantes de vigilancia y cónsules de los 126 centros carcelarios, para manifestarles su apoyo y solidaridad por los hechos de violencia ocurridos recientemente contra guardias y funcionarios del sistema penitenciario. Asimismo, tuvo ocasión de recibir sus inquietudes y preguntas sobre la situación actual y sus iniciativas para optimizar las medidas por adoptar en el contexto de la crisis carcelaria.

“Decir que la vida de un guardia se pierde es un fracaso para el sistema en general y para el Estado colombiano. En este ministerio ustedes van a tener apoyo, respaldo y cercanía suficientes. Sé que muchas veces la gestión de las cárceles, en el día a día, en las noches largas, en ser 'pabelloneros' y cuidar a tantas personas, es una tarea difícil. Por eso, hemos trabajado por rodear el sistema carcelario llevando iniciativas y acercando a otras instituciones para que sepan que no están solos", expresó el viceministro.

En el encuentro, que se realizó de manera virtual con los altos mandos de los establecimientos, Camilo Umaña indicó que esta declaratoria de emergencia carcelaria se sostiene sobre dos argumentos: primero, la protección y preservación de la vida e integridad de la guardia y, segundo, el incremento del fenómeno de extorsión desde las cárceles. En ese sentido, explicó que, entre las acciones que se van a implementar, se consolidará una articulación con la Fiscalía General de la Nación que propuso la designación de un fiscal y 10 policías judiciales dedicados únicamente a investigar los casos de hostigamiento, amenazas y crímenes contra funcionarios de la guardia del INPEC.

Asimismo, indicó que se hizo una articulación con la fuerza pública, para que haya una asistencia perimetral en los centros penitenciarios con énfasis en las horas en las que la guardia hace cambios de turno o desplazamientos fuera de las cárceles. Además, afirmó que, en caso de amenazas o potencial riesgo para los funcionarios, eventualmente se podrán realizar traslados o el estudio de la situación laboral de los funcionarios para determinar la medida idónea de protección.

El viceministro agregó que se está trabajando en la posibilidad de materializar la solicitud elevada por funcionarios del INPEC respecto a ser cobijados por un seguro de vida colectivo.

Frente al fenómeno de extorsión desde las cárceles indicó que continuará la lucha frontal y determinada contra este delito con estrategias de registro y control como la Operación Dominó, que también procura combatir la corrupción dentro del sistema. Además, agregó que se están realizando unas mesas de diálogo con los operadores de telefonía para consensuar la implementación de tecnologías que restrinjan las comunicaciones en los establecimientos carcelarios.

Finalmente, el viceministro puso sobre la mesa la necesidad de que los directores de las cárceles puedan dar a entender y comunicar, de manera clara y precisa, los impactos que la emergencia carcelaria puede traer sobre las personas privadas de la libertad y sus familias, de manera que estén informados frente a lo que está ocurriendo y que se dé un cabal cumplimiento de las condiciones de dignidad que les corresponde.

“Nuestra idea de humanización del sistema penitenciario parte por un criterio básico: pensar que quienes integramos el sistema somos personas con familia, intereses, inquietudes, deseos de progresar y de no ser amenazados por nuestra función. Como Estado, tenemos el deber de actuar de una forma contundente y de observar lo que pasó, no como una simple noticia más de nuevas amenazas, ataques y acosos al sistema penitenciario, sino que seamos capaces de trascender esa zozobra y generar las acciones que hagan que el sistema sea más seguro para las personas privadas de la libertad y para la guardia", concluyó el viceministro Umaña.

Senado continúa realizando audiencias públicas en los territorios sobre la Reforma a la Salud

Barranquilla y Cartagena, el 15 y 16 de febrero próximos serán el destino de las Audiencias Públicas que la Comisión Séptima del Senado viene adelantando para socializar y recoger aportes de la ciudadanía sobre el proyecto de ley No. 216 de 2023 de Reforma a la Salud.

El martes 13 de febrero, en Cali, asistieron alrededor de 2.000 personas a la Audiencia en la que el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión superior a $20.485 millones para la conformación de equipos médicos con 880 profesionales en salud en el Valle del Cauca.

“Ya están en diferentes hospitales públicos estos recursos para conformar equipos con 110 médicos, 110 enfermeras jefe, 400 enfermeras auxiliares, psicólogos, odontólogos y nutricionistas para atender a la población en los sitios más vulnerables”.

En la Audiencia participaron, además del ministro de Salud y Protección Social, el congresista ponente del proyecto en el Senado Wilson Arias del Polo Democrático, representantes de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES), academia, pacientes, ciudadanía, talento humano en salud, empresas promotoras de salud-EPS, instituciones prestadoras de salud-IPS, gremios y sindicatos del sector salud del Valle del Cauca.

El ministro de Salud recordó que lo que se propone con la reforma es hacer un cambio sustancial para que la salud no continúe siendo un negocio y pueda llegar con todos los servicios a las zonas más apartadas del país.

En estos espacios se busca recoger los aportes de la ciudadanía y distintos participantes del sector, para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos, y de manera especial, de las personas que viven en los territorio más alejados y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante la audiencia en Cali se destacó el fortalecimiento de la ADRES para la gestión de los recursos, el giro directo de recursos para hospitales y clínicas y la dignificación del talento humano del gremio de la salud.

Después del ciclo de 15 audiencias de las cuales ya se han realizado 7 en Santander, Magdalena, La Guajira, Meta, San Andrés, Nariño y Valle del Cauca se retomará el estudio del proyecto de ley en la Comisión VII del Senado, la cual tiene como misión legislar sobre asuntos sociales, fundamentales para el bienestar de los colombianos, tales como vivienda, trabajo, deportes, pensión, comunidad, infancia y salud.

Posterior a las Audiencias de Bolívar y Atlántico, también se llevarán a cabo en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Amazonas.

ONU se suma a los llamados internacionales a la Corte Suprema de Justicia para concluir la elección de fiscal general

A través de un comunicado en su cuenta de la red social X, ONU Derechos Humanos señala que ha hecho “seguimiento a la situación de Derechos Humanos en Colombia y, en particular, al proceso de nombramiento de la nueva persona titular de la Fiscalía General".

​Según el organismo, la Fiscalía General de la Nación cumple una función trascendental en el Estado de Derecho, las garantías de acceso a la justicia y la consolidación democrática, por lo que “alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de Fiscal en el menor tiempo posible".

“La selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la ​autonomía y la transición oportuna en esta entidad, y previene el debilitamiento de la justicia", subraya el organismo.

Para la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, las candidatas de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro Urrego “cumplen con las cualidades requeridas para este importante cargo" y destacan “la inclusión del enfoque de género" en la selección de las tres juristas elegidas por el mandatario.

ONU Derechos Humanos explica en su comunicado que la selección de la nueva fiscal general debe cumplir con “los criterios de transparencia, publicidad, no discriminación, acceso a la información, formación, mérito y no interferencia", en línea con los principios internacionales de la organización.

También hicieron un llamado al Gobierno Nacional para brindar las garantías a la Corte Suprema de Justicia para “concluir la selección de una nueva persona Fiscal, sin interferencias, de ningún tipo".

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se expresó en las últimas horas en su cuenta de X respecto a este comunicado:

“La representación del consejo de Derechos Humanos de la ONU pide la elección de la nueva fiscal. Ya no es el pueblo de Colombia solo, que es el verdadero soberano, ahora es el mundo. Se trata de cumplir con la Constitución y con la decencia".

Este pronunciamiento de la ONU se suma a los que hicieron recientemente otros organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes se manifestaron a favor de que la Corte Suprema de Justicia lleve a término la elección de la nueva fiscal general de la Nación.