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ENTREVISTA / “Con esta ley superamos el símbolo de la tortura, de la dominación de los seres humanos sobre los otros animales”

En un acto especial en la plaza de toros La Santamaría, de Bogotá, el presidente Gustavo Petro sanciona este lunes la ley antitaurina conocida como ‘No Más Olé’, aprobada por el Congreso luego de 14 proyectos fallidos y de 30 años de lucha animalista por acabar con las corridas de toros.

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández explica la trascendencia e importancia de la histórica norma.

¿Cuáles son los aspectos más importantes de la ley ‘No Más Olé’?

- La Ley tiene varios componentes: primero, la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tiendas en todo el territorio nacional. Para la prohibición se estableció un proceso de transición de tres años que va a permitir identificar a las familias que subsistían de la práctica taurina e implementar un programa de reconversión laboral a fin de que esas familias transiten hacia otro tipo de actividades que no involucren la tortura de animales.

Se va a conformar un comité con participación de distintos sectores: cultura, ambiente, industria, comercio, turismo, con participación del sector taurino, para que se construya el programa y que quienes quieran ir hacia un proyecto productivo, una actividad cultural, deportiva, puedan hacerlo con el acompañamiento del Gobierno.

Hay otro punto adicional que es la transformación de las plazas de toros. Esos escenarios que antes eran para la tortura y la muerte de animales podrán ser destinados para otro tipo de eventos culturales, conciertos, actividades lúdicas, deportivas, ferias y tendrán que adecuarse dentro del plazo establecido.

Se definió que después de los tres años de la transición habrá un cuarto año para la adecuación de las plazas de toros que todavía estén en funcionamiento. En este momento ya se puede hacer la transformación de plazas que no desempeñan la práctica taurina.

¿Cuál es la historia de esta ley?

- Esta es una Ley que tiene una historia en el país y en el mundo. La lucha antitaurina en Colombia lleva más de 30 años. La ciudadanía venía reclamando que se prohibieran las corridas de toros y eso solamente se podía hacer mediante una ley de la República porque así lo ratificó en varios pronunciamientos y sentencias la Corte Constitucional.

El movimiento antitaurino ha hecho varios intentos; 14 proyectos de ley anteriormente se habían hundido en el Congreso. Este fue el proyecto número 15 que finalmente llegó a su fin con éxito. También se han hecho múltiples actividades ciudadanas como la consulta popular antitaurina en Bogotá, hay un referendo que se había trabajado, hasta que se logró.

Por fin el Congreso de la República respondió de manera positiva a ese clamor ciudadano y a ese rechazo masivo de la ciudadanía a la práctica de la tauromaquia. Hay encuestas, incluida una última de Datexco, que salió hace pocos meses que dice que el 86 por ciento de la población colombiana rechaza la tauromaquia. Ya era hora. Logramos llegar a un acuerdo con el Congreso de República.

¿Cuál es la problemática que se va a atacar y a solucionar a través de esta Ley?

- Con esta Ley superamos el símbolo de la tortura, de la dominación de los seres humanos sobre los otros animales. La tauromaquia validaba, legitimaba, legalizaba un espectáculo público de tortura animal y de extremo sufrimiento animal, simplemente para la diversión de unos pocos, en nombre de la cultura, ese es el principal logro.

El símbolo de la lucha animalista en Colombia y en el mundo es la lucha contra la tauromaquia, y Colombia lo logra. Hoy salimos de los únicos ocho países que tienen legalizada la tauromaquia. Hoy ya no estamos allí.

De otro lado, se reactiva la economía y la cultura a través del fortalecimiento de otros tipos de economía y del replanteamiento de las plazas de toros. Hoy la mayoría de plazas están abandonadas porque ya no se ejerce la práctica taurina pues la Corte Constitucional estableció requisitos y restricciones que hacen que sólo municipios como Cali y Manizales puedan hacerlo en territorio nacional.

¿Cómo fue el ambiente frente a este proyecto en el Congreso?

- Fue muy difícil, muy tenso, había un lobby taurino muy fuerte. El país sabe que ellos tienen personas ubicadas estratégicamente en distintas esferas de poder que ejercen una presión sobre el Congreso. El debate fue muy complejo, utilizaron muchas estrategias para dilatar, nos pusieron más de cien tutelas, interpusieron muchas recusaciones sin absolutamente ningún fundamento. Desarmaban el quorum, promovían el ausentismo. Tuvimos que interponer demandas, solicitar la apertura de procesos disciplinarios contra los congresistas que tenían esas conductas. Hoy hay un acuerdo mayoritario en el Congreso de la República que le da la razón a la ciudadanía que venía luchando contra la tauromaquia.

¿Cuáles son los tiempos que se tendrán para que se haga realidad la ley No Más Olé?

Una vez el Señor Presidente Gustavo Petro sancione la ley se tienen tres años en que se van a poder seguir haciendo corridas de toros en los municipios donde cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional

Hay municipios de Cundinamarca y Boyacá que aún tienen plazas de toros y hacen corridas. En el país hay más de 100 plazas de toros pero corridas se hace máximo en 20 municipios y en varios son ilegales pues no cumplen con los requisitos de la Corte. Una vez pasados esos tres años será ilegal, no se podrán volver a hacer corridas en ninguna parte del país, ni públicas ni privadas.

Condenado el exsenador Musa Besaile por los delitos de cohecho y peculado por apropiación.

Musa Abraham Besaile Fayad

La Sala Especial de Primera Instancia condenó al exsenador Musa Abraham Besaile Fayad por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación.

La condena anticipada es producto de la aceptación de cargos por parte del excongresista.

La Sala impuso a Besaile Fallad una condena de 81 meses y 20 días de prisión, multa de 415 millones de pesos y 83 meses y 3 días de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, una sanción de carácter intemporal que le impide ocupar cargos públicos y contratar con el Estado. Asimismo, deberá pagar al departamento de Córdoba $1.545.000.000 por concepto de daños y perjuicios.

La Sala determinó que el excongresista, con el objetivo de evitar una orden de captura y asegurar decisiones favorables en su caso, pagó una suma de 2.000 millones de pesos.

Este dinero, de acuerdo a la investigación, estaba destinado a incidir en una investigación que se adelantaba en su contra por nexos con grupos paramilitares.

Además, se comprobó que parte del dinero utilizado provenía de fondos públicos desviados por Besaile y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en un esquema de corrupción que involucraba contratos de regalías y pagos relacionados con tratamientos médicos para la hemofilia.

Mujeres privadas de la libertad en Medellín son protegidas por la Corte Constitucional

Corte protegió los derechos de 578 mujeres privadas de la libertad que reciben alimentos con deficiencias en calidad, cantidad e higiene en el Complejo Penitenciario y Carcelario El Pedregal de Medellín

La Sala Quinta de Revisión conoció la tutela de 578 mujeres privadas de libertad que solicitaron la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la alimentación. Las accionantes alegaron que sus derechos fueron vulnerados por parte de distintas entidades como el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y la Dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Medellín El Pedregal (COPED), toda vez que no contaban con las condiciones de calidad, cantidad e higiene de la alimentación suministrada.

La Corte advirtió que la privación de la libertad como consecuencia de una sanción penal o cumplimiento de una medida preventiva no debe anular la capacidad de las personas de ser titulares de derechos fundamentales y de Derechos Humanos como garantías universales.

En el caso concreto, la Sala concluyó que existe una clara violación de los derechos de las accionantes, así como de las demás personas privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal por la deficiente e irregular prestación del servicio de alimentación.

La Corte encontró que, si bien el establecimiento de reclusión cuenta con tres ranchos para preparar los alimentos, dos de ellos carecen de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento. Por ejemplo, el rancho ubicado en el pabellón de Media Seguridad fue clausurado por la Secretaría de Salud de Medellín hace más de un año sin que la USPEC haya adoptado medidas para su habilitación.

El rancho ubicado en el pabellón de Alta Seguridad funciona para abastecer a la totalidad de privados de la libertad, a pesar de no contar con la infraestructura para esto. Este rancho presenta múltiples problemas de funcionamiento relacionados con el deterioro de la infraestructura, la ventilación, la entrega a deshoras y las deplorables condiciones en las que se preparan los alimentos. Además, se evidenció la presencia de insectos.

A lo anterior, se suman las irregularidades presentadas en el cumplimiento de los contratos celebrados por la USPEC con los distintos contratistas para suministrar el servicio de alimentación. Si bien existen diferentes contratistas, los problemas relacionados con la calidad, la cantidad y la entrega a deshoras de los alimentos persisten sin que se adopten medidas reales para brindar una solución efectiva.

En consecuencia, la Sala le ordenó a la USPEC y al INPEC que bajo la articulación y supervisión del Ministerio de Justicia diseñen y ejecuten en un plazo de seis meses, un plan para mejorar, adecuar y construir la infraestructura faltante de los ranchos. El plan deberá abordar los problemas identificados y asegurar que se cumplan las condiciones básicas de operación establecidas por la Secretaría de Salud de Medellín y el estándar fijado por la USPEC.

Por último, la Corte también le ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y al contratista Unión Temporal Alimentación Integral adoptar los correctivos necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio de alimentación en concordancia con el cumplimiento respecto de cantidad, calidad, menú y horario de entrega.

Sentencia T-216 de 2024

M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar

Vocabulario jurídico:

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC): A través del Decreto Ley 4150 de 2011, el Gobierno Nacional creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por la necesidad de afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión.

Artículo 67. Provisión de alimentos y elementos: La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas de la libertad.

Presidente Petro pide a Bancóldex y al Banco Agrario convertirse en los bancos de la economía popular

Durante el ‘Primer Encuentro de Economía Popular y Solidaria - Más Talante’, realizado en el complejo empresarial de Corferias, en Bogotá", el presidente Gustavo Petro destacó la importancia de prestar atención y apoyo a los pequeños empresarios y pequeños propietarios de tierras.

En su intervención, el mandatario subrayó la necesidad de fomentar la asociatividad y el crédito asociativo, instando a Bancóldex y al Banco Agrario a convertirse en los bancos de la economía popular.

El presidente señaló que "es fundamental que se preste a la gente pobre, a los dueños de pequeños negocios y a los propietarios de pequeñas extensiones de tierra". Enfatizó que el acceso al crédito es crucial para el desarrollo económico de estos sectores económicos, y que los bancos deben desempeñar un papel central en este proceso.

El mandatario hizo un llamado específico a dos instituciones financieras: "Les pido a Bancóldex y al Banco Agrario que se conviertan en los bancos de la economía popular", y señaló que estas entidades públicas tienen la capacidad de transformarse y adaptarse para satisfacer las necesidades de los pequeños empresarios y agricultores.

Resaltó la importancia de la asociatividad, tras explicar que "el crédito asociativo puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento económico", pues al unirse, los pequeños empresarios y agricultores pueden acceder a mejores condiciones de financiamiento y aumentar su capacidad de inversión.

El Presidente también abordó el papel de los bancos en este contexto, indicando que "los bancos deben ser aliados de la economía popular, facilitando el acceso al crédito y ofreciendo condiciones favorables". Según el presidente Petro, esto no solo beneficia a los pequeños empresarios y agricultores, sino que también contribuiría al desarrollo económico del país en su conjunto.

Además, destacó que la economía popular es un sector clave para la reducción de la pobreza y la desigualdad en Colombia. "La economía popular es una fuente vital de empleo y sustento para millones de colombianos", afirmó, y subrayó que apoyar este sector es esencial para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

En su llamado a Bancóldex y al Banco Agrario, el jefe de Estado enfatizó la necesidad de un enfoque inclusivo y accesible: "Necesitamos bancos que entiendan las realidades y necesidades de la economía popular". Según dijo, esto implica no solo ofrecer crédito, sino también brindar asesoría y apoyo técnico para que los pequeños empresarios y agricultores puedan prosperar.

Finalmente, el presidente Petro reiteró la importancia de este cambio en el sistema financiero: "Transformar a Bancóldex y al Banco Agrario en los bancos de la economía popular es un paso crucial para construir un país más equitativo y próspero". Con este llamado, Petro busca impulsar una política de inclusión financiera que fortalezca la economía popular y promueva el desarrollo económico en todo el país.

Seguridad y confianza...