Gobierno Nacional sancionado nuevamente por no cumplir la sentencia T–052 del 2017

 Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.

La Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, el Pueblo Indígena Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, resaltan la decisión tomada el pasado 28 de junio de 2021 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Cúcuta – Sala Penal, respecto a las medidas sancionadoras en contra del Gobierno Nacional representado a través de la Agencia Nacional de Tierras, así como la enérgica orden emitida al Ministerio del Interior para que cumpla con sus deberes misionales.

La razón de ser de esta decisión tiene su origen en el fallo proferido por la Corte Constitucional en Sentencia T–052 de 2017, mediante la cual se da reconocimiento a derechos territoriales del Pueblo Barí y a las comunidades campesinas representadas en la ASCAMCAT, respecto de la delimitación, saneamiento y ampliación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura - La Gabarra; así mismo, de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo - ZRCC. A pesar que la Corte estableció un término específico de cumplimiento de las mencionadas órdenes en el lapso de 1 año, los destinatarios estatales de éstas han actuado de manera recurrente, omisiva e injustificada para su integral cumplimiento durante 4 años y 5 meses.

Con fundamento en lo anterior, las comunidades afectadas dieron lugar al inicio del trámite incidental de DESACATO, que fue decidido inicialmente el pasado 13 de diciembre de 2019, donde se declaró INCUMPLIDA la Sentencia y se impuso sanción de multa y arresto en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, decisión que fue confirmada el 18 de febrero de 2020 por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala Casación Penal.

• De esta manera alertamos a la sociedad y al Estado colombiano sobre la falta de voluntad política del Gobierno Nacional frente al acceso y goce de los derechos del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander; sin embargo, a pesar del incumplimiento de las medidas judiciales, seguiremos exigiendo el acceso a la administración de justicia con plenas garantías del ejercicio de nuestros derechos constitucionales incluyendo los de la Sentencia T – 052 de 2017.
  
  ASCAMCAT  -  PUEBLO BARÍ  -  ONIC  -  ANZORC

Diplomáticos colombianos viajarán a Haití para asistir a mercenarios

Una misión de diplomáticos colombianos viajará a Haití para asistir a los mercenarios detenidos por el magnicidio de Jovenel Moïse

Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato del mandatario, entre ellas, 19 colombianos.

Una misión consular de Colombia viajará el próximo domingo a Haití para asistir a los connacionales detenidos en el país caribeño por su presunta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

La cancillería informó que durante el viaje, que tendrá lugar entre el 25 y 27 de julio, se verificarán las condiciones de reclusión de los detenidos, así como "el respeto al debido proceso". Además, se gestionará la repatriación de los cuerpos de los tres colombianos fallecidos durante los enfrentamientos con la Policía tras el magnicidio.

"Colombia ha reiterado que seguirá colaborando con las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato del presidente de Haití –crimen rechazado enfáticamente por el Gobierno Nacional–, y de igual forma, velará para que los colombianos señalados de participar en el crimen, tengan todas las garantías humanitarias", añade el texto.

La delegación colombiana, que se encuentra a la espera de que el Gobierno haitiano le confirme el viaje, estará formada por Luis Fernando Cuartas, director de asistencia a connacionales, dos funcionarios de la embajada de Colombia en República Dominicana; y el cónsul honorario en Puerto Príncipe.

Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato de mandatario, entre ellas, 19 colombianos, en su mayoría militares retirados.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó a su homólogo haitiano, Renan Hedouville, información sobre las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos.

Carmargo también pidió apoyo para la repatriación de los fallecidos y manifestó su preocupación por los 80 colombianos que viven en Haití, tras los recientes acontecimientos.

Magnicidio de Moïse

Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio en su residencia privada en Puerto Príncipe, a manos de un comando de mercenarios colombianos y haitiano-estadounidenses.

Durante el ataque, la mujer del presidente, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada en estado crítico hasta un hospital de Florida, pero ya se recuperó y regresó a Haití. Está previsto que el viernes se celebre el funeral del presidente en la ciudad de Cap-Haitien.

Las autoridades haitianas apuntan a que se organizó un complot en el que el médico Christian Emmanuel Sanon habría sido uno de los autores intelectuales ya que, según la policía, aspiraba a ocupar el cargo de presidente.

En sus más recientes declaraciones, el director general de la Policía, Léon Charles, informó que tres personas que no son de nacionalidad haitiana, y que viven en EE.UU., habrían participado en la financiación del asesinato.

Hay al menos ocho órdenes de captura como parte de la investigación, entre ellas, la de John Joel Joseph, exsenador opositor y uno de los planificadores del asesinato, y la de de Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia, quien habría encargado y supervisado la operación.

Una de las piezas claves para esclarecer el magnicidio sería la empresa de seguridad CTU Security, con sede en Miami y dirigida por el venezolano Tony Intriago, que, según los investigadores haitianos, habría reclutado a los exmilitares colombianos que integraron el comando armado.

“El país les falló brutalmente a los jóvenes”

Las oportunidades que se brindan a los jóvenes para que puedan planear su vida, estudiar, trabajar y aportar a la sociedad, son muy escasas; cuando se implementan proyectos en pro de la educación superior muchas veces las ofertas son limitadas.

— Agencia de Noticias UN - Así lo afirmó, la politóloga María Emma Wills, doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad de los Andes, durante una charla organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Ante la evidencia de altas tasas de desempleo
y la falta de oportunidades, los jóvenes en Colombia
no tienen un futuro prometedor.
Foto: Brandon Pinto.

En dicho evento se analizaron las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril y que en la mayoría de las ciudades fueron protagonizadas por los jóvenes colombianos descontentos con el Gobierno y velando por derechos a la justicia, la igualdad, la educación, el empleo, la verdad y la paz, e intentando expresar que el futuro está en sus manos.

La falla se evidencia en las altas tasas de desempleo y en la deserción universitaria, pues desde 2016 el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) ha detectado una baja en el número de matrículas, incrementada por la pandemia de COVID-19 que obligó al cierre de los campus y espacios académicos presenciales.

Desde el 2016 el SNIES se ha detectado
una baja en el número de matrículas.
Foto: archivo Unimedios.

De otra parte, según el DANE el desempleo juvenil alcanzó en 2020 la histórica cifra de 3 millones de jóvenes desempleados, de los cerca de 11 millones en el país.

La académica reiteró que tales indicadores muestran que “se les falló a los jóvenes porque este es un país con falta de oportunidades, inclusión, educación y protección juvenil para que desarrollen el concepto de proyecto de vida y lo amplíen hasta la definición de buena vida que cada uno tiene”.

Agregó que “los jóvenes son la semilla del Acuerdo Final de Paz, pero lo que existe hoy es una profunda decepción hacia un Estado autoritario, que ve en las organizaciones del orden la mejor forma de solucionar las grandes brechas entre la sociedad y el Gobierno”.

El panorama es aún más desalentador cuando el 33 %
de los jóvenes son “ninis” (ni estudian ni trabajan).
Foto: archivo Unimedios.

Mirada autoritaria no es la solución

Durante su intervención, la politóloga Wills dijo que en Colombia hay dos miradas absolutamente contrarias sobre cómo organizar el poder y la autoridad en el país, entendiendo que las fuerzas públicas están para preservar los derechos de la sociedad y no de las esferas privadas.

“Hay una mirada autoritaria que propone que lo más importante para mantener el orden es la obediencia y seguir unas normas y leyes, así tu no creas en ellas”.

En su opinión, esta matriz cultural tiene su fundamento en un concepto de que la seguridad es esencial para que “podamos vivir juntos, sin matarnos”. Esto hace que se priorice la seguridad sobre otro tipo de aproximaciones a los conflictos que hay en Colombia.

Los jóvenes son la semilla del proceso de paz,
pero lo que existe hoy es una profunda rabia
hacia un Estado autoritario. Foto: Unimedios.

Indica que, de otro lado, hay una matriz que pone mucho más el énfasis en escuchar, si se quiere, a que el orden se sostenga sobre el consentimiento activo frente a la autoridad, en “esta segunda matriz vemos cómo para esas élites gobernantes lo fundamental es lograr y construir ese consentimiento y esas dos matrices, no hay puentes”.

Para la experta, se entiende que la mirada autoritaria ha dominado al país por mucho tiempo, y en momentos de grandes tensiones esa mirada no es la solución, lo fundamental es tener una seguridad sin homicidios, secuestros o violaciones.

Las fuerzas públicas están para preservar
los derechos de la sociedad
y no de las esferas privadas.
Foto: Brandon Pinto.

“Lo que se debe lograr es que, más que diálogos de negociación con una mirada autoritaria, lo que hay que hacer es convencer a los sectores de que la ruta que tenemos para resolver las diferencias tiene que la ruta reformista”.

Propone además que entre esas dos miradas se habiliten mesas de diálogo para encontrar puntos de acuerdos hacia un camino más democrático, por ejemplo con una mayor redistribución a través de las políticas públicas de salud y educación.

(Por: fin/PRC/dmh/LOF)

N.° 194

Sicarios matan a un concejal y ya son 95 líderes sociales asesinados este año

La víctima fue identificada como Rubén Darío Melo Delgado, de 43 años de edad, y falleció tras recibir varios impactos de bala.

El asesinato ejecutado contra el concejal Rubén Darío Melo Delgado se ha convertido en el número 95 registrado contra un líder social en Colombia durante el presente año.

La información fue detallada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) a través de Twitter, donde se informó que Melo fue víctima de dos sicarios que lo interceptaron a las 7:45 de la noche del jueves 15 de julio, en el barrio Popular de la ciudad de Armenia, en Quindío.

Melo, de 43 años, había sido electo concejal de Armenia por el Partido Alianza Social Independiente (ASI) en 2019. De acuerdo a Indepaz, en esa zona hay presencia del grupo irregular armado denominado "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (AGC), que atentan contra personas que denuncian hechos de corrupción y realizan movilizaciones sociales a favor de la ciudadanía.

Rubén Darío Melo Delgado
15/07/21
Armenia, Quindío

Rubén Darío era actualmente concejal por el Partido Alianza Social Independiente, ASI en Armenia, la capital quindiana.

Sigue...👇 pic.twitter.com/YqqFgxd7Xg

— 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 ​🇿 (@Indepaz) July 16, 2021

"Los hechos ocurrieron en un establecimiento público del barrio luego de que dos personas lo abordaron y le dispararon sin mediar palabra", confirmó a un medio local el comandante (e) de la Policía en Quindío, coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia.

La Justicia de Paz de Colombia imputa a 10 militares y un civil por 'falsos positivos'

Los imputados estarían involucrados en el asesinato de por lo menos 120 personas en el Catatumbo.

Imagen ilustrativa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó a 10 militares y un civil por su presunta vinculación en los denominados 'falsos positivos', asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo con la institución, los imputados habrían tenido una participación determinante "en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión" en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander.

Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el objetivo de "aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar", precisó la JEP.

"Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 de la JEP.

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021

En concreto, por estos delitos, las 11 personas fueron imputadas por "crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Los imputados

Los imputados, identificados como máximos responsables de haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar, son:

- El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30.

- Los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).

- El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña.

- El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15.

- El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

Los otros imputados, "por haber contribuido de manera amplia y efectiva" en los delitos, señala la JEP, son:

- El capitán Daladier Rivera Jácome.

- El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz.

- El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN.

- El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15.

- El tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares (BRIM15 y BISAN).

Modalidad de los crímenes

De acuerdo con el comunicado de la JEP, se pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.

La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales; mientras que la segunda consistió en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.

"La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales": magistrada Catalina Díaz, relatora del #Caso03 ('ejecuciones extrajudiciales') pic.twitter.com/HxJ9rcpM7F

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021

Las 120 personas asesinadas, señala la JEP, "tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi", explicando que las víctimas "fueron asesinadas en estado de indefensión por parte de los miembros de la fuerza pública, sin que mediara combate real alguno" y, además, "fueron señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales".

Según la institución, los imputados actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil.

Estas personas "o aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la justicia transicional", señaló Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Estas imputaciones, informa la JEP, hacen parte del primero de por lo menos seis casos territoriales sobre 'falsos positivos' en Colombia; los otros hechos priorizados por la institución están en Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.

En febrero pasado, la JEP elevó a 6.402 el número de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2006, los primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Hace 30 Años se creyó en la paz, con derechos y progreso.

El 4 de julio se cumplieron 30 años de la aprobación en el congreso de la república de la constitución política de 1991. En la mencionada fecha de ese año se sancionó la ley que permitía conformar el grupo que entraría a sesionar ese 1 de noviembre.
 

Claudio Chuquen.- La Constitución del 91 fuè también el fruto de un acuerdo de paz entre los grupos insurgentes desmovilizados de la época (M19, EPL, Quintín Lame) y el Estado colombiano, un acuerdo que se venía gestando desde 1984 a partir del inicio de las conversaciones de paz durante el gobierno de Belisario Betancourt que diò lugar a un periodo histórico de ingrata recordación como la toma del palacio de justicia, el genocidio de la UP, el asalto a Casa Verde y los asesinatos de candidatos presidenciales.

La Constitución precedente es decir, la de 1887 no presentaba un marco institucional que permitiera dar cabida a los nuevos procesos políticos y económicos que se estaban presentando por aquella época, entre ellos; la necesidad de generar espacios democráticos de participación para sectores de la sociedad tradicionalmente excluidos por el racismo o el sexismo como por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes entre otros, si bien hasta ese momento la constitución de 1887 en plena vigencia era ya arcaica aún cuando a mediados de la década de 1980 se introdujeron normas en función del Derecho Internacional Humanitario ante la necesidad de iniciar la regularización de la guerra endémica que asola nuestro país desde tiempos inmemoriales.

La Constitución de 1887 se fundaba en principios medioevales pues la iglesia católica tenía incidencia total en la educación y se oponía a la educación laica y liberalizante pues, como bien lo expresaba el profesor Rubén Jaramillo Vélez estaba concebida para formar “buenos cristianos y no buenos ciudadanos”. Era profundamente conservadora y excluyente por cuanto garantizó a la Iglesia Católica desplegar un poder omnímodo por todas las instancias del Estado y mediante el concordato firmado con “la santa sede” en la práctica ostentaron el poder de manera consustancial.

Por la época alcaldes y gobernadores eran elegidos “a dedo” lo mismo que los concejales y los representantes a la cámara y al senado, conformados básicamente por sectores bipartidistas, con lo cual se negaba el derecho a la libertad de cultos y al pluralismo en las ideas políticas. De ahí que la Constitución de 1991 representó una ruptura radical con la antidemocracia y la intolerancia y un avance hacia la modernización del Estado pues en ella se reconocen derechos de participación política a sectores anteriormente marginados. De sus 76 miembros (aún la mayoría procedente de la política tradicional) cuatro fueron destacadas mujeres como Aida Avella y María Mercedes Carranza, lo mismo que delegados indígenas del cauca como Lorenzo Muelas y por parte de los grupos desmovilizados Antonio Navarro Wolf por el M19, Darío Mejía por el EPL, Álvaro Gómez por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) - (Conservador) y Horacio Serpa por el partido liberal.

Mediante la aprobación de ley de tutela en función de la participación popular en temas relacionados con juzgamiento a hechos de corrupción Y toma de decisiones, y mediante la legalización de la elección popular de alcaldes y gobernadores, se rompe el bipartidismo.

Alvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa

Hasta la actualidad la Constitución del 91 ha sido objeto de 56 reformas, no todas ellas para desarrollarla en función de las necesidades de la sociedad, como por ejemplo (la ley 100), la concepción mercantil de los derechos sociales y económicos como la educación y la salud, sin embargo 6 de esas reformas fueron concebidas para garantizar la implementación del acuerdo de Paz de la Habana el cual hace parte del “bloque de constitucionalidad” y se presenta como de obligatorio cumplimiento, salvo que tiene unos plazos para su ejecución y debe contar con la buena voluntad política de los gobiernos de turno lo cual no caracteriza precisamente al gobierno actual que representa solamente al partido Centro Democrático.