Investigan a otros dos soldados que estarían implicados en abusos sexuales a dos menores de edad en Colombia

Protestas contra la violación de una niña indígena por parte de soldados, en Bogotá (Colombia), 29 de junio de 2020.Luisa Gonzalez/ Reuters

El Ejército de Colombia anunció la apertura de una investigación disciplinaria y puso en conocimiento la situación para investigación penal contra dos soldados que estarían involucrados en un caso de abusos sexuales a dos menores de edad en Nariño, en la zona fronteriza con Ecuador, donde se encuentran prestando el servicio militar.

Los dos soldados implicados en los hechos, ocurridos el 2 de julio, fueron reasignados. No obstante, desde el Ejército precisaron que las circunstancias de tiempo, modo y lugar deberán ser esclarecidas por la Fiscalía.

Cómo la violación de una adolescente indígena en Colombia avivó el debate sobre la Justicia y la acción del Ejército

"La unidad apenas tuvo conocimiento de estos hechos, informó de manera expedita a las autoridades y entidades competentes. Somos nosotros, los soldados del Ejército Nacional, los que queremos que se conozca la verdad y se aplique justicia conforme en derecho corresponda", informó el organismo.

Este viernes, el Ejército colombiano comunicó que "fueron retirados de la institución 31 militares: 12 suboficiales y 19 soldados", sin especificar el motivo de esta decisión. No obstante, según fuentes periodísticas, se trata de personas investigadas por casos de agresiones sexuales a menores de edad.

Los efectivos hacen parte de un grupo de 118 soldados investigados por casos de abusos sexuales a menores cometidos desde 2016. De todos ellos, 45 ya fueron retirados del Ejército porque "no son dignos", mientras que la situación de los otros 73 uniformados será analizada teniendo en cuenta los avances de las investigaciones penales, confirmó el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.

Las declaraciones de Zapateiro se produjeron después del escándalo desatado la semana pasada por la violación de una niña indígena de 12 años por parte de soldados.

Gringos, Go Home.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al gobierno nacional que; en el término de 48 horas le informe al Senado de la República sobre la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional y suspenda las actividades de la brigada estadounidense.

La decisión se da, al responder una tutela presentada por la bancada alternativa en el Congreso de la República.

Procuraduría abrió investigación contra comandante del ESMAD por la muerte a Dilan Cruz

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el capitán de la Policía Nacional, Manuel Cubillos Rodríguez (2019), por los hechos que originaron la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, durante manifestaciones del 23 de noviembre de 2019 en el centro de Bogotá.

Se investiga el presunto uso excesivo de la fuerza por parte del oficial, en desarrollo de un procedimiento policial.

El caso tiene origen en los hechos ocurridos en inmediaciones de la calle 19, entre carreras 5ª. y 4ª., donde el uso por parte del capitán de una escopeta calibre 12 habría causado una herida al joven Cruz Medina, quien posteriormente falleció en un centro hospitalario.

Tras el cierre de la etapa de indagación preliminar y la apertura de la investigación contra el oficial, la comisión disciplinaria de “Verificación control operaciones policiales a marchas ciudadanas” ordenó visita al Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar o donde curse la investigación penal.

La comisión conformada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Auxiliar Disciplinaria anexará copia de las principales piezas procesales que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, que hayan sido practicadas después del 15 de febrero de 2020.

El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.

Soldados son acusados de violar a otra menor indígena.

DW. - Una joven de 15 años fue presuntamente violada por dos soldados colombianos en septiembre de 2019, en un nuevo caso de violencia sexual de menores que involucra al Ejército.

La joven indígena de 15 años, perteneciente a la etnia Nukak Makú, "habría sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París", que opera en el departamento selvático del Guaviare, según una publicación revelada este lunes (29.06.2020) por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

 Foto simbólica
 de soldado colombiano

La organización que investiga el conflicto armado aseguró que la joven habría sido agredida de forma repetida "especialmente por dos militares" dentro de las instalaciones del batallón, agrega Pares en su página web. Los abusos habrían sucedido entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, cuando pudo escapar del lugar, de acuerdo con el reporte del investigador y subdirector de Pares, Ariel Ávila.

"Al parecer, las autoridades y el Ejército tenían conocimiento del caso cuando ocurrieron los hechos y no tomaron las acciones correspondientes", indicó Ávila en declaraciones a la revista Semana recogidas en el boletín.

En un comunicado, el ejército repudió el hecho y aseguró que inició una investigación disciplinaria "tan pronto" tuvo conocimiento de la denuncia. La indagación, señaló, fue "verificada" por el ministerio público y se está a la espera de los resultados.

"En cuanto a la investigación penal, los hechos son conocidos por la Fiscalía", apuntó, sin precisar el número de militares involucrados ni sus rangos.

El caso se suma al conocido el 25 de junio y que conmocionó a Colombia. Ese día autoridades indígenas denunciaron que una niña de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí, en el oeste colombiano. Siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y fueron recluidos en una guarnición militar a la espera de juicio.

El gobierno y el alto mando militar condenaron el ataque que se dio a conocer precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años. 

Sin embargo, a los uniformados no les aplicará esta norma porque no ha sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas. Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.

Respeto a personas privadas de la libertad.

PGN. - Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.

La USPEC con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria, declarado en el país desde el pasado 17 de marzo.

Asimismo, el falló, que acogió la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios por la pandemia del coronavirus, impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de detención. 

La Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico para que solicite dentro de las actuaciones penales el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020 para evitar la propagación de casos positivos de la covid-19 en estos lugares.

De acuerdo con la sentencia, la alcaldía y la Gobernación del Atlántico deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar pruebas permanentes de la covid-19 y brigadas para el manejo y control del contagio del virus.

Por último, el Tribunal pidió que se garantice la prestación efectiva del servicio de salud para las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom, espacios que tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y epidemias y garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.

Covid-19 hoy en Colombia.