La Fiscalía General de
la Nación acusó formalmente ante el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de
Bogotá, al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por presuntos hechos de
corrupción en la Rama Judicial, y deberá responder en juicio por los delitos de
concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u
ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de
información oficial privilegiada en calidad de interviniente.
El escrito señala al
exfuncionario de conformar una organización criminal en la que estarían
involucrados el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado
Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en
los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y
gobernadores procesados penalmente.
Al justificar su
petición, el fiscal delegado advirtió que Ricaurte Gómez, en compañía de sus
socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado
testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de
comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.
Hechos
delictivos
1.
Caso excongresista Ashton Giraldo
Contra el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, la Corte
Suprema adelanta varias investigaciones, una de ellas por presuntos nexos con
el Bloque Norte de las Autodefensas en Atlántico. La indagación preliminar por
este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el
abogado Luis Ignacio Lyons España. En 2013, el proceso quedó en manos del
magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar, el doctor José Reyes.
Para la Fiscalía, el señor Ashton se habría comunicado
directamente con Francisco Ricaurte. Juntos se reunieron días después en el
Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso de la Republica y en su
apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente
la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación
presuntamente acordaron el pago de $1.200’000.000.
Agregó el fiscal que: “…como consecuencia,
cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación y
con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.
