Ante el hundimiento al Derecho Fundamental al Agua en la Constitución Política colombiana.

El partido Alianza Verde expresa su más profundo sentimiento de rechazo e indignación por la manera como el día de ayer fue hundida la iniciativa legislativa que pretendía consagrar el Derecho Fundamental al Agua en la Constitución Política colombiana.

Cuando restaban apenas dos de ocho debates para lograr esta inaplazable reforma constitucional, aparecieron las maniobras y la arrogancia de los parlamentarios a cargo de las presidencias de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, quienes de manera abierta y sin reparar en la
trascendencia de esta importante decisión, ejecutaron todo tipo de maniobras dilatorias durante el proceso de segunda vuelta, y finalmente impidieron que se reuniera la Comisión Primera de la Cámara el día de hoy, miércoles 7 de diciembre, para que el proyecto de Acto Legislativo continuara su trámite en séptimo debate.

Telésforo Pedraza, Representante a la Cámara por el
partido Conservador y Presidente de la Comisión
Primera, principal responsable por el hundimiento de
la iniciativa legislativa que pretendía consagrar el
Derecho Fundamental al Agua en la Constitución
Política colombiana.

No podemos ocultar la indignación que este tipo de actuaciones producen, ante la actitud complaciente y pasmosa de un gobierno que se dice angustiado por la suerte de miles de niños del departamento de la Guajira, expuestos de manera vergonzosa a padecer hambre y sed por las intervenciones irresponsables de la industria minera.

Juez de conocimiento negó libertad a expresidente de Fidupetrol

El Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, negó las pretensiones de la defensa del expresidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano, de obtener la libertad mediante preacuerdo, luego de aceptar el cargo de tráfico de influencias en calidad de cómplice.

 En la audiencia, la juez advirtió que se trata de un delito contra la administración pública y que por lo tanto solicitar la libertad por esta vía no es posible, toda vez que está expresamente prohibido por la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia.

“Se trata de una violación al principio de estricta legalidad porque conlleva implícita la aplicación de una norma superior”, manifestó la togada.

Los hechos relatados por la Fiscalía General, vinculan a Caballero Lozano como determinador para que un grupo de abogados pagara 400 millones de pesos a magistrados de la Corte Constitucional para la revisión de una acción de tutela, la cual obliga a esta compañía al pago de 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare.

Expresidente de Fidupetrol,
 Abel Guillermo Caballero Lozano

Como elementos materiales probatorios el ente acusador cuenta con documentos, contratos y las declaraciones entregadas por el mismo funcionario, en las que afirma haber sostenido reuniones con el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, para estos efectos relatados por el ente acusador.

INCREMENTO DE ASESINATOS CONTRA LÍDERES SOCIALES EN 2016

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos,
preocupada por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población que habita zonas rurales

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.

Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.

Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.

El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose.

La Oficina observa la confluencia de dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios:

1. Por una parte la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz, iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.

DURO GOLPE A FINANZAS ILÍCITAS: DROGAS, CAPTACIÓN Y TERRENOS, OBJETIVOS ALCANZADOS.

I. OPERACIÓN REPÚBLICA 76 (VALLE DEL CAUCA) - Cocaina-.
II. OPERATIVO CONTRA CAPTADORA ILEGAL DE DINEROS (CUNDINAMARCA)

III. INTERVENCIÓN A LOCALES DE MICROTRÁFICO EN BOGOTÁ.
IV. OPERATIVO EN CAQUETÁ - FARC -.

En lo corrido de esta semana la Fiscalía afectó 51 bienes por $399 mil millones.

Golpes al narcotráfico y al microtráfico, a la captación de dinero, también golpeadas las FARC con extinción de dominios. 

Dentro del marco de la política contra las finanzas ilegales, en la última semana la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio (DFNEXT)  incautó y reintegró 51 bienes ubicados en Valle de Cauca, Cundinamarca, Bogotá y Caquetá, avaluados en más de $399 mil millones.

Estos bienes pertenecen a organizaciones dedicadas a diferentes actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, captación masiva e ilegal de dineros del público, microtráfico, rebelión, extorsión, financiación ilícita y conservación de plantaciones de coca.

Las operaciones realizadas esta semana son las siguientes:

I. OPERACIÓN REPÚBLICA 76 (VALLE DEL CAUCA)

En coordinación con la Policía Antinarcóticos se logró en el Valle del Cauca la captura de 7 personas con fines de extradición, quienes son investigadas como presuntas responsables del envío de más de 10 toneladas de cocaína hacia Centro y Norteamérica bajo la modalidad de lanchas rápidas.

Se afectaron 18 bienes de la organización, entre los que se encuentran 3 inmuebles urbanos, 12 motocicletas y 3 establecimientos de comercio con un valor aproximado de $1.500.000.000.

II. OPERATIVO CONTRA CAPTADORA ILEGAL DE DINEROS (CUNDINAMARCA)

Se trata de la Comercializadora G &G World Business, localizada en Chía y Ubaté (Cundinamarca), dedicada a captar dineros del público, sin la autorización de la Superintendencia Financiera.

Se afectaron 18 bienes, entre los que se encuentran 15 inmuebles, un establecimiento de comercio y dos vehículos, por un valor aproximado de $4.400.000.000.

Este operativo contó con el apoyo de la Dirección de Policía Judicial Especializada de Extinción de Dominio (PEED).

III. INTERVENCIÓN A LOCALES DE MICROTRÁFICO EN BOGOTÁ

En coordinación con la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, se afectaron 10 bienes urbanos dedicados al expendio de estupefacientes y de armas de fuego, en las localidades de Kennedy y Puente Aranda, por un valor de $1.230.000.000.

IV. OPERATIVO EN CAQUETÁ

El golpe más contundente se presentó en el sur del país, en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), con la colaboración del Ejército Nacional y la Superintendencia de Notariado y Registro. Allí fueron incautadas con fines de extinción de dominio 216 hectáreas, representadas en 2 inmuebles, que fueron adjudicados por el Incoder, según evidencias que obran en la Fiscalía, al parecer por órdenes de las Farc.

Los predios ya contaban con folio de matrícula inmobiliaria a nombre de personas vinculadas a las Farc.

Estos terrenos están avaluados en $432.000.000.

Allí mismo, la Fiscalía logró identificar 186.336 hectáreas, cuya extensión equivale a todo el departamento de Quindío y es más grande que el Distrito Capital de Bogotá.

En esos terrenos, que también estaban en manos del Bloque Sur del Frente 14 de las Farc, hay presencia de cultivos ilícitos. La Fiscalía General de la Nación logró establecer que corresponden a terrenos baldíos, que hoy fueron entregados a la Agencia Nacional de Tierras.

El valor comercial de dichos terrenos asciende a $372 mil 672 millones.

Como resultado de esta actuación se compulsaron copias para investigar y judicializar a los funcionarios del Incoder que participaron en los hechos delictivos

El Gobierno colombiano y las FARC firman un nuevo acuerdo de paz

actualidad.rt - El Gobierno de Colombia y las FARC han firmado un nuevo acuerdo de paz este jueves en Bogotá con objeto de poner fin al único conflicto armado vivo en la región, que dura más de medio siglo.

El documento ha sido rubricado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'. La ceremonia se ha celebrado en el Teatro Colón, recientemente remodelado y con capacidad para unas 800 personas. Tras la firma, el texto será llevado al Congreso, donde se espera que quede refrendado la próxima semana.

"Fin definitivo a la guerra"

"Para que la vida, la integridad personal y la libertad de pensamiento sean reales, Colombia cierra filas en torno a este acuerdo", ha declarado 'Timochenko'. "Nadie debe quedarse fuera. Hoy ponemos fin definitivo a la guerra (...) que la palabra sea la única arma de los colombianos", añade.

Asimismo, el líder de la guerrilla ha destacado "la importancia que tendría para el país un gobierno de transición" y se ha referido al presidente electo de EE.UU. Donald Trump al afirmar que espera que su gobierno "pueda jugar un destacado papel en la paz mundial".

"La paz devolverá la esperanza"

"La paz y la concordia es un sueño que llevamos buscando desde hace décadas (…) la paz nos devolverá la esperanza", ha comenzado diciendo Santos en su discurso. El mandatario ha indicado que "este conflicto lo han sufrido también todos los que indirectamente han tenido que verlo" y que "las FARC, como partido sin armas, podrá presentar y promover su proyecto político".

Santos ha añadido que en los más de 40 días dedicados a la reestructuración del acuerdo se han tenido en cuenta propuestas de todas las partes negociadoras a fin de lograr un trabajo conjunto encaminado a recuperar las regiones más afectadas por el conflicto. "Será una oportunidad para reconciliarnos y para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y progreso", ha insistido.

"Día D"

Durante su intervención el presidente colombiano ha explicado que, de ser aprobado el acuerdo por el Congreso la próxima semana, entraría en vigor inmediatamente. A partir del "día D" –como lo ha bautizado Santos—, paulatinamente las FARC se irán desplazando hacia las zonas transitorias y 90 días después se iniciaría el proceso de desarme. "En tan solo 150 días, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas y, como grupo armado, habrá dejado de existir", ha aseverado.

Las Farc y el presidente Santos debían decidir el mecanismo de refrendación: Claudia López

¿Está de acuerdo con la decisión del presidente Santos de someter la refrendación al Congreso de la República?
Claudia López: Más que estar de acuerdo lo que tengo que decir es que se debe reconocer que es a las Farc y al Presidente de la República a quienes les correspondía decidir, cuál era el mecanismo de refrendación de los nuevos acuerdos. El mandato de los colombianos que se manifestaron en favor del No en el plebiscito se cumplió, porque los pasados acuerdos quedaron atrás, no se van a implementar.

Explíquenos porque la ley de Amnistía es la primera que se debe presentar bajo la figura de implementación de los Acuerdos de Paz
Claudia López: Para darle seguridad jurídica a quienes vienen de la guerra a la paz. Dentro de la implementación que se debe dar, se tendrán que presentar varios proyectos de ley. Una de ellas es la ley de Amnistía, que se requiere porque la normatividad colombiana permite el indulto o la cesación de procesos, pero nunca la amnistía para delitos políticos, comunes y/o conexos. Esa amplitud no está dentro de lo que se tiene.

Para el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz se habla un total de 52 proyectos de ley, ¿Si habrá tiempo para tanta discusión?
Claudia López: Me di a la tarea de hacer la cuenta y calculo que alrededor de 11 leyes dentro de las que se encuentran la de Jurisdicción Especial para la Paz; Comisión de la Verdad; Amnistía, etc. Esto le implica al Congreso de la República una especie de “acuartelamiento de primer grado”, porque es un trabajo que no da espera.

¿Si la Corte Constitución le da la razón a la demanda que interpuso el Senador Iván Duque, corremos el riesgo de quedar con dos Acuerdos de Paz vigentes?
Claudia López: El Plebiscito ya produjo un mandato popular que fue el de no implementar los acuerdos pasados, por eso se renegociaron y se han presentado unos nuevos, que son los que se van a trabajar.

¿Considera usted que el proyecto de ley que presentó a discusión del Congreso el Centro Democrático, con el que se busca proteger derechos adquiridos a “Compradores de Buena Fe”, supone cambios a la ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras?

Ese proyecto del Centro Democrático, lo que busca es bloquear la Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras. Hasta el día de hoy no existe ningún problema con los “Compradores de Buena Fe”, porque la norma lo que hace es invertir la carga de la prueba, obligando a estos señores a demostrar que es cierto adquirieron esos bienes desconociendo los problemas que tenían. Lo que busca este movimiento con esta idea es justamente que no se cumpla.