Liga Contra El Silencio.- El representante a la
Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, es ahora dueño de una inmensa
finca en La Primavera, un municipio del departamento que representa.
Allí tiene
unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua
abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán, que desemboca allí mismo
en el río Tomo.
La finca se llama “Buenavista”, y en efecto, desde los balcones
de la casa se pueden ver parte de sus 6.633 hectáreas.
Londoño
obtuvo esta tierra —el doble de extensión de la Hacienda Nápoles— sin cumplir
los requisitos que exige la ley. Y podría enfrentar un conflicto de interés
debido a su investidura como congresista.
Gustavo
Londoño, nacido en Cartago*, Valle del Cauca, amasó fortuna vendiendo semillas
y luego como contratista público en el Meta. Quiso ser gobernador del Vichada,
pero se quemó en las elecciones de 2015. Según su perfil en la red LinkedIN, Londoño
es dueño de la Comercializadora del Pacífico, una empresa de insumos agrícolas
con sede en Villavicencio que surte a muchas ganaderías y plantaciones del
Vichada.
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AFICHE DE LA CAMPAÑA DEL ENTONCES CANDIDATO
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, GUSTAVO LONDOÑO,
CON EL LEMA ‘EL VICHADA ES DE TODOS’.
FOTO- FACEBOOK GUSTAVO LONDOÑO |
El
representante ganó su curul en agosto de 2018 por el partido Centro
Democrático, con la promesa de defender los intereses de los vichadenses. “El
Vichada es de todos” fue uno de sus lemas de campaña, pero a espaldas de todos
se hizo declarar dueño de miles de hectáreas que sólo podían entregarse a
campesinos sin tierra.
Para
adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño
una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía
la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda
de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural.
El 30 de agosto de 2017, en un fallo, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó
entregar la propiedad a Londoño García.
En su fallo, la
jueza desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una
constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece
de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto
significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación.
“La
jueza ha debido inadmitir la demanda desde el primer día y trasladarla a la
Agencia Nacional de Tierras”, explicó el abogado Alejandro Reyes, experto en
temas de tierras, a quien La Liga Contra el Silencio pidió leer y comentar el
fallo.
“Este es el caso clásico de apropiación ilegal de
baldíos mediante juicio de pertenencia concedido por un jueza que no está
aplicando el derecho. La sentencia se convierte en un título de propiedad”,
explicó Reyes.
Según
la Ley 160 de 1994,
los baldíos son tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Solo
pueden ser titulados a campesinos sin tierra por la ANT (antes Incoder). La
jueza nunca involucró a la agencia, y aunque dice que notificó del proceso al
procurador agrario, éste nunca participó ni hizo reparos.
El fallo enriqueció más al representante
Londoño y también a su socio en “Buenavista”, el empresario Nicolás Laserna.
Juntos interpusieron la demanda ante la jueza. Laserna es un ganadero y
arrocero del Tolima, y aparece como presidente de una empresa en Panamá, creada en
2009 a través del bufete Mossack Fonseca, famoso tras el escándalo
de los “Panama Papers” por constituir empresas fantasmas. Es familiar de la
senadora Paloma Valencia Laserna, copartidaria de Londoño.
La
Liga contactó al representante Londoño, quien negó haber obrado fuera de la
ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal
llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay
nadie”, dijo.
El
congresista, a quien le gusta presentarse como campesino y cultivador desde los
15 años, dijo que tenía derecho a reclamar esa tierra.
“Yo instauré esa demanda ante el juzgado porque
cuando usted demuestra que ha estado trabajando la tierra durante equis años,
bien habida, pasivamente, el Estado y la ley le da el derecho de que un juzgado
le otorgue la pertenencia sobre esa tierra”, argumentó.
El
empresario Nicolás Laserna también negó a La Liga que se tratara de tierras
baldías, pero reconoció haber indagado la posibilidad de que la Agencia
Nacional de Tierras se las adjudicara. “Pero nos pedían plata porque es una
agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”,
dijo.
Un gran negocio
A
Londoño y Laserna les salió barato ocupar este predio. Según consta en archivos
públicos, en 2008 el representante y su socio le dieron 50 millones de pesos al
señor Milciades Burgos Tuay, un colono que se asentó en esa tierra con sus ocho
hijos en 1976. Como miles de campesinos en Colombia, Burgos ocupaba esos baldíos
sin título de propiedad. Por ese dinero —menos de 10 mil pesos la hectárea— el
campesino dejó su casa y firmó una escritura de compra-venta a
través de la cual Londoño y Laserna adquirieron la posesión.
“Yo
ya no podía trabajar esa tierra y con la plata me pude pagar mi salud”, dijo
Burgos, de 71 años y con problemas de vista, a quien La Liga ubicó en una
alejada vereda del Vichada.
Pero
Burgos no podía vender, pues no tenía títulos; ni Londoño podía comprar, pues
esa tierra pertenece a la Nación. La escritura, registrada en una notaría, da
fe de que hubo una transacción entre los firmantes, pero no valida ni certifica
su legalidad.
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VISTA AÉREA DEL VASTO TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA,
FOTOGRAFIADA DESDE UNA AVIONETA DE LA FUERZA NAVAL
EN ALGÚN LUGAR SOBRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO Y CUMARIBO.
NOVIEMBRE 2018. FOTO: GENA STEFFENS |
Con
el fallo de la jueza, el congresista y el empresario quedaron a un paso de
adquirir el título de propiedad. Así multiplicaron de forma astronómica el
valor de esa tierra. “Una hectárea de una finca productiva en La Primavera
puede costar millón y medio de pesos”, dijo el vocero de un gremio agrícola que
conoce el mercado de la tierra en Vichada. “Si son tierras legalizadas con
título, claro”, dijo. Con el título de propiedad que la jueza ordena entregar,
la tierra de Londoño podría costar ahora, según eso, unos 10 mil millones de
pesos.
Hasta
la fecha, los dos hacendados se han eximido de obligaciones con la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. “Nosotros no hemos pagado impuestos
porque no nos han dado las fichas catastrales”, explicó Laserna.
La
acumulación y apropiación de tierras baldías se ha extendido en muchas regiones
de Colombia. Esta acumulación fraudulenta ha contribuido para ubicar a Colombia
como el país con la peor distribución de tierra en América Latina. El 81% de
nuestra tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, según un análisis de
la organización internacional Oxfam, basado en datos oficiales del último Censo
Nacional Agropecuario.
El
Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que la desigualdad en la
distribución de la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado en
Colombia. Vichada, según datos del gobierno,
es el cuarto departamento con mayor concentración de la propiedad rural en
Colombia; y el segundo, después del Meta, con mayor acumulación irregular de
tierras baldías, según una investigación de 2013 de
la Contraloría General de la República.
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| VICHADA ES EL CUARTO DEPARTAMENTO CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN COLOMBIA. EN LA FOTO, VIVIENDA DE UN POBLADOR A ORILLAS DEL RÍO TOMO, VICHADA, TOMADA DURANTE LA EXPEDICIÓN COLOMBIA BIO CON EL INSTITUTO HUMBOLDT. MARZO 2017. FOTO: CHINO ROMERO |
En
la apropiación y acumulación ilegal de estas tierras en Vichada han
participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del
gobierno pasado como Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura
(2013-2014), y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación
(2010-2014), junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio
Iragorri Valencia, ministro del Interior (2013-2014) y ministro de Agricultura
(2014-2017). Ninguno ha sido sancionado.
Este es el mismo Alcalde denunciado
por el periodista Luis Carlos Ortiz, de la emisora comunitaria La Voz de la
Inmaculada, de Rionegro, por haberlo atacado a tiros en la madrugada del 17 de
diciembre de 2017 tras las denuncias que el comunicador publicó en sus medios
virtuales sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Local.
